La búsqueda y posterior hallazgo sin vida del adolescente leonés, Mateo Santiago Ramírez Hernández, exhibieron la ausencia de protocolos de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad de León, dependencias que se plegaron a la presión mediática y dejaron de lado los derechos de la víctima y su familia.

Primeramente fue la emisión tardía y con errores de la ficha de la Alerta Ámber, más tarde filtraciones a medios de comunicación locales que provocaron falsas alarmas en un caso que despertó un amplio interés y participación social; finalmente el hallazgo del cuerpo de Mateo se hizo primero del conocimiento de los medios antes que de la familia, que aún lo estaba buscando.

El desaseo continuó con versiones extraoficiales publicadas en medios que revelan detalles de la evidencia encontrada en manos del presunto responsable del homicidio y ponen en riesgo el debido proceso.

“La obligación de las autoridades es cumplir con el interés superior de la niñez, así está establecido en el Artículo 4 de la Constitución, pero aquí hubo otros intereses y la fiscalía optó más por responder a su imagen pública, a la presión de las redes sociales y de los medios de comunicación”, explicó en entrevista para POPLab Juan Martín Pérez, director de la organización defensora de derechos de niños, niñas y adolescentes, Tejiendo Redes Infancia.

De acuerdo con Juan Martín, en los últimos cinco años, Guanajuato ha permanecido dentro de los cinco estados con más casos de muertes violentas, desapariciones y reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes.

Imagen: Juan José Plascencia

El psicólogo y activista señaló que las autoridades incumplieron el Protocolo para la Búsqueda Inmediata de Niñas, Niños y Adolescentes al no iniciar un rastreo inmediato. Asimismo, la filtración de información a través de los medios de comunicación ha vulnerado la privacidad y dignidad de la familia, y ha puesto en riesgo el debido proceso pues “el presunto perpetrador puede encontrar elementos para recurrir a amparos y evadir la justicia”.

Desde el día de la localización sin vida de Mateo Santiago, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad de León filtraron a medios como Milenio León, AM y Periódico Correo la ubicación del lugar del hallazgo. Desde ahí se realizaron transmisiones en vivo para confirmar el hecho, cuando aún la familia del adolescente no tenía una confirmación genética de la identidad de su hijo. Incluso, María Teresa Hernández, madre de Mateo, desmintió los datos publicados por medios, páginas y perfiles de Facebook, donde incluso ya se manejaba la identidad del presunto perpetrador.

Además, la emisión de la Alerta Ámber por parte de la Fiscalía hasta poco después de las 9 de la noche del 6 de febrero, casi dos días después de su desaparición, se hizo con errores como poner una estatura equivocada de Mateo y se describió una ropa distinta a la que usaba. Así lo señalaron los propios padres en un video en el que pidieron a la población que ignorara la ficha que estaba mal y que ésta se había tenido que corregir por parte de la FGE.

Las comunicaciones públicas que se hicieron desde la Fiscalía el pasado viernes 7 de febrero, así como la gobernadora, Libia Dennise García y la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos violan el Protocolo Homologado de Investigación para los delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, lo que fue evidenciado por la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato.

Este lunes, en una conferencia de prensa matutina, la Alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, reveló que aunque fueron los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana quienes detuvieron a Christian Jafet, presunto victimario de Mateo, fue la Fiscalía quien pidió dar la noticia del hallazgo del adolescente.

No es la primera vez que desde la FGE o corporaciones de seguridad se emite información sin dar previo aviso a las víctimas indirectas de casos de desaparición. En mayo, desde el Municipio de León se filtró al diario AM el hallazgo del niño jornalero tuun savi, Javier Modesto Moreno, mientras que organizaciones civiles y la ciudadanía aún acompañaban a la familia en brigadas de búsqueda en campo.

Fabrizio Lorusso

“La justicia pasa a segundo plano y se activan mecanismos casi de propaganda. La exposición de la investigación y del presunto responsable, y aún más grave, se colocó a la familia a varios vaivenes y problemáticas mediáticas y legales, con estos protocolos mal realizados, que culminaron en el aviso precoz con un efecto inmediatista”, señaló Fabrizio Lorusso integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato.

El asesor legal de la familia de Mateo, el abogado penalista Christian Valdivia, se ha esforzado en deslindar de cualquier omisión a la FGE por incumplir los protocolos de actuación, sin embargo, las filtraciones de información y los errores en la ficha de búsqueda, representan una oportunidad para el nuevo fiscal, Gerardo Vázquez Alatriste, de mejorar el tratamiento de casos de la administración anterior, considera Juan Martin Pérez.

“Aún cuando ha sido un nombramiento cuestionado y ya hay un poco de duda respecto a su seriedad en el seguimiento de casos complicados, creo que tendría la responsabilidad de cuidar todo el proceso y recordar que su obligación como institución es reconocer los problemas para cambiarlos, no evadirlos”, señaló Juan Martín.

Revictimización desde los medios

Mateo Santiago Ramírez Martínez, de 12 años de edad, fue visto por última vez alrededor de las 2 de la tarde del martes 4 de febrero. El adolescente salió de la secundaria, ubicada en la colonia Las Mandarinas con dirección a su domicilio, en la colonia Chapalita. Cámaras de videovigilancia mostraron algunos tramos del recorrido que hizo aquella tarde, y cuyo último rastro fue en un consultorio podológico en la avenida Manuel de Austria, que ahora se sabe pertenece a su presunto asesino.

Pese a tratarse del caso de una persona menor de edad, medios de comunicación han dado seguimiento al caso desde las filtraciones de información que han recibido desde la Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de León. Desde el día viernes, cuando fue localizado el cuerpo de Mateo, se ha difundido sin consentimiento de la familia información detallada de la desaparición, del presunto abuso que sufrió el adolescente, así como la identidad y domicilio del supuesto asesino.

“Claramente hay una responsabilidad de informar al público, pero muchos medios de información se están dejando guiar por el algoritmo del odio que circula en redes sociales y ya no hacen su tarea de investigación, verificación de datos, darle contexto a las audiencias para que tengan una opinión informada. Todo lo que están compartiendo son filtraciones o teorías de cosas que no tienen nada que ver, que solamente revictimizan a la familia”, advirtió Juan Martín Pérez.

Juan Martín Pérez

Aunque explicó que este tipo de contenido puede generar interacciones a los medios de comunicación, exhortó al periodismo profesional a “tener otro marco de actuación respetuoso de los derechos de las víctimas”.

El mismo viernes, al no tener la confirmación oficial del hallazgo que ya circulaba en medios y redes, la señora María Teresa Martínez, madre de Mateo, desmintió la información en su perfil de Facebook y en grupos de mensajería. Fue hasta las 7:30 de la noche cuando una tía del adolescente ratificó el hallazgo de los restos en un grupo de Whatsapp que la familia había creado, ante la movilización social que generó la desaparición de Mateo.

Casi a medianoche del viernes, la madre de Mateo Santiago confirmó la localización del cuerpo de su hijo, que fue entregado hasta la mañana del domingo.

“De inmediato le comunicamos a la familia que de acuerdo con los informes de los laboratorios de Servicios de Investigación Científica de la Unidad de Identificación de Personas Fallecidas, se pudo corroborar la identidad del cuerpo”, anunció la Fiscalía General del Estado a las 4:30 de la tarde, cuando ya circulaban varias notas periodísticas al respecto y se habían realizado transmisiones en vivo desde el lugar, un sitio alejado de las zonas urbanas, ubicado en el vecino estado de Jalisco, y al que no se pudo haber accedido sin información precisa de las autoridades de seguridad.

Pasadas las 5 de la tarde, la gobernadora Libia Dennise García confirmó el hallazgo del cuerpo de Mateo a través de su cuenta de X, donde advirtió que la persona detenida por su presunta participación en el caso, “se enfrentará a la justicia y no habrá impunidad”.

Imagen: Juan José Plascencia

Apenas cuatro horas antes, en entrevista, la mandataria había confiado en una positiva conclusión del caso: “hay líneas muy claras en el seguimiento a la investigación, esperamos que muy pronto la familia pueda estar reunida”.

Este “dispositivo sensacionalista”, es característico de la comunicación de la FGE, subraya el académico de la Ibero León, Fabrizio Lorusso: “No entiendo cuál fue la prisa de comunicar todo ésto cuando la familia estaba en búsqueda en una brigada. ¿Es para generar un efecto mediático, para ganar consensos de la población a costa del proceso penal, la reparación del daño, la restitución digna y de la propia familia?”, cuestionó.

Antes, el miércoles por la noche, la familia de Mateo Santiago tuvo que salir a aclarar en una transmisión de redes sociales que la ficha de Alerta Amber emitida por la FGE tenía imprecisiones en datos relevantes como la estatura de su hijo y la ropa que vestía al momento de su desaparición.

Para Lorusso la exposición mediática altera el comportamiento de la autoridad “es verdad que hacen más hincapié, pero también violan más derechos y protocolos, con tal de que el caso se resuelva rápido, echan a perder el trabajo y el resultado sale manchado”.

No son casos aislados

Ante un audio que circuló de forma masiva en plataformas de mensajería que advirtió de la desaparición de Mateo y de otros niños, niñas y adolescentes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de León desmintió los casos a reporteros de la fuente, argumentando que el caso de Mateo Santiago “era excepcional”.

La plataforma por la Paz y la Justicia documentó 163 casos de personas menores de 18 años denunciadas como desaparecidas en Guanajuato, sólo en el mes de enero de este año, de acuerdo a las alertas Ámber emitidas. De ellas, habrían sido localizadas 82 y permanecían activas 83 al final del mes.

Para Lorusso, la falta de indicadores de las localizaciones permite a la Fiscalía mostrar las fichas desactivadas como “logros”, pues no se conoce quién localizó a la persona y en qué condiciones.

“No han desarrollado indicadores y registros sobre el tiempo promedio de activación de las Alertas Amber y Alba, no hay indicadores para saber qué tanto están respondiendo a los reportes, sabemos que salen (las fichas) y que luego las anulan, en carretera vemos más alertas anuladas que las que realmente deberíamos estar viendo, de las personas que siguen desaparecidas”, evidenció el académico.