Representantes del Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato entregaron a autoridades estatales la solicitud para que se investigue si con recursos públicos se han financiado campañas de desprestigio a través de redes sociales en contra de algunos de periodistas y defensores de derechos humanos en Guanajuato.

El documento fue recibido por Adrián Nájera Ramírez, secretario técnico del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y Lucila Gallegos, directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno.

El compromiso de las autoridades fue llevar el documento a la primera sesión ordinaria del Consejo, que se realizará la próxima semana, para que sea la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y la Fiscalía General del Estado, las instancias responsables de investigar las cuentas de Twitter que de manera sistemática atacan a activistas y periodistas que cuestionan las decisiones y acciones de gobierno.

Lucila Gallegos y Adrián Nájera Ramírez. Foto: especial

El manifiesto que reunió más de 350 firmas entre periodistas, personas defensoras de derechos humanos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, expone la preocupación por los ataques digitales en contra de quienes cuestionan el trabajo de actores como el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, y del gobierno que encabeza Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El documento fue entregado a Nájera y a Gallegos por Verónica Espinosa, Kennia Velázquez, Raymundo Sandoval y Arnoldo Cuéllar, periodistas y activistas que han sido agredidos a través de redes sociales.

El pronunciamiento, respaldado por personas y organizaciones, contiene seis puntos en los que se pide, además de la investigación, la protección, reformas legales, intervención de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, pero también responsabiliza al gobernador si los ataques contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos escala.

Los puntos que incluyen el manifiesto son los siguientes:

1. Exigimos al Gobierno de Guanajuato colaborar con el Mecanismo Federal para otorgar medidas de protección para quienes integran el Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato, y en su caso otorgar medidas en lo local. Responsabilizamos al Gobernador en caso de que la violencia contra el Colectivo escale.
2. Las cuentas que encabezan la campaña al mismo tiempo defienden al Gobierno de Guanajuato, por ello exigimos al Gobernador que inicie una investigación al interior de su Gobierno que determine si hay o no funcionarios operando la campaña, y en caso de ser así, que emita una sanción.
3. El Consejo Estatal de Protección está obligado a establecer una política pública en materia de libertad de expresión con énfasis en la atención de las causas de las agresiones, incluidas las digitales.
4. La Fiscalía General de la República debe investigar los hechos constitutivos de delito a través de la FEADLE, llegando hasta la sanción de los responsables y cumpliendo el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.
5. Pedimos que la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) inicie una investigación por estos hechos, actuando de manera independiente y diligente; haciendo, en su caso, las recomendaciones que sean pertinentes.
6. Exhortamos al Congreso de Guanajuato que incluya en la Ley, en calidad de agresiones a las campañas de acoso selectivo en el ámbito digital, cuando éstas intenten limitar el trabajo de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Las agresiones comenzaron desde el 2018, durante el periodo de campañas políticas, pero se han incrementado a partir de febrero del presente año.