Al menos una centena de árboles de distintas especies fueron talados en el Río Jalpa, en Purísima del Rincón, debido a una autorización otorgada por la Coordinación de Ecología del Gobierno Municipal de Purísima del Rincón; la deforestación se realizó sin las autorizaciones de autoridades federales competentes que se requerían porque se realizó en las orillas de un afluente. 

Regidores han tomado acciones legales debido a que dicen, que no es la primera vez que la Coordinación de Ecología otorga permisos sin que se cumpla con las normas. 

El regidor de Movimiento Ciudadano, Salvador Cruz Villegas, y el abogado Juan Pablo Delgado anunciaron la presentación de denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado (PAOT) y la promoción de un amparo ante autoridades federales para evitar la remoción de más arbolado. El regidor del Partido Verde Ecologista de México, Héctor Pérez Guzmán, también anunció procedimientos legales ante las mismas instancias.

La tala de árboles se dio a conocer a través de denuncias ciudadanas y ocurrió porque la Coordinación de Ecología del municipio autorizó a la Unidad de Riego de la zona una limpieza en el río. Esto lo confirmó, en una comparecencia ante el Ayuntamiento, la titular de esta área, María Dolores Muñoz Estrada. Según la funcionaria había al menos 50 árboles enfermos, también dijo que estos habrían causado inundaciones el año pasado en la comunidad y que, por recomendaciones de las mismas autoridades federales, debía realizarse la limpieza. 

Aunque no existe un catálogo de las especies retiradas, el biólogo de la Asociación Mexicana de Arboricultura, Juan Pablo Macías, aseguró que se trata de vegetación riparia, fundamental para el equilibrio ecológico de los ríos, como sauces, fresnos y ahuehuetes.

Las formaciones de árboles que se desarrollan en las orillas de los ríos son denominadas por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) como Bosques de Galería. Dos de las funciones principales de estas especies son proteger los cuerpos de agua y evitar la erosión. 

El artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente refiere la competencia que tiene la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para establecer condiciones en la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico, mediante una evaluación de impacto ambiental.

La norma establece que, para obras y actividades en humedales, ecosistemas costeros, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, “quienes pretendan llevar a cabo alguna obra requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental”.

Apenas en enero de este año, el juez Efraín Frausto Pérez determinó la vinculación a proceso penal de los dos administradores únicos de La Cucursola por delitos contra la biodiversidad, por la pavimentación de caminos para un desarrollo en la Sierra de Santa Rosa. En el lugar se talaron encinos y pingüica, especies nativas. 

Arbolado clave para ecosistema del río 

Después de que se dio a conocer la tala y se viralizaron videos de la situación en redes sociales, el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde panista Roberto García Urbano, citó en una comparecencia con el Ayuntamiento a la coordinadora de Ecología, María Dolores Muñoz. Durante la reunión, la funcionaria fue cuestionada sobre la autorización, las razones y la cantidad de especies taladas en el predio denominado El Toyi.

Muñoz Estrada afirmó que al menos 50 árboles se desprendieron durante la temporada de lluvias registrada el año pasado. De hecho, se afirmó que debido a esta misma situación se registró una inundación en la zona habitacional de Jalpa de Cánovas, en septiembre del año pasado, contingencia registrada en medios de comunicación. 

En octubre del mismo año, la dependencia solicitó a través de un oficio a la Unidad de Riego de Purísima del Rincón apoyo con la limpieza y mantenimiento de un kilómetro en el río, otorgando como plazo para realizar esta actividad hasta el 23 de febrero de este año. La coordinadora de Ecología insistió en que al menos 50 árboles se cayeron debido a las lluvias, y aunque sostuvo que había algunas especies enfermas, no se mostraron evidencias.

En la comparecencia estuvo presente el biólogo Juan Pablo Macías, integrante de la Asociación Mexicana de Arboricultura, quien criticó la decisión porque se realizó sin la evaluación de impacto ambiental que deben realizar autoridades de Semarnat, ni otros estudios para determinar la salud de los árboles y la identificación de las 107 piezas que según la Coordinación de Ecología fueron las que se retiraron. 

De acuerdo con Macías, a través de imágenes presentadas sobre la zona afectada se identificaron sauces, fresnos y otras especies típicas de zonas ribereñas. Dijo que estos ejemplares forman parte de la vegetación riparia, fundamental para el equilibrio ecológico de los ríos.

Detalló que estos árboles absorben humedad y estabilizan los márgenes del cauce, proveen refugio a fauna acuática y terrestre, generan hojarasca que nutre el ecosistema y funcionan como filtros naturales en ríos que atraviesan zonas urbanas con cierto grado de contaminación.
“La eliminación de este tipo de vegetación impacta directamente en la dinámica natural del río”, advirtió.

Explicó que, aunque autoridades municipales atribuyeron la tala a la presencia de ejemplares enfermos o afectados por insectos, no se explicó el método de evaluación ni el grado real de daño.

Indicó que la presencia de escarabajos o larvas no implica necesariamente la muerte del árbol, ya que muchas especies tienen mecanismos naturales de defensa y pueden sobrevivir décadas aun con afectaciones.

“Un árbol de riesgo debe diagnosticarse con criterios técnicos claros, especialmente si representa peligro para personas o infraestructura. En un entorno natural, incluso los árboles caídos cumplen funciones ecológicas”, explicó.

Además, dijo que en los tocones observados en fotografías no se apreciaban signos típicos de enfermedades graves, como pudriciones internas causadas por hongos, que suelen debilitar estructuralmente al ejemplar.

El biólogo dijo que otro de los argumentos expuestos en la comparecencia fue la realización de labores de limpieza derivadas de lineamientos federales. Sin embargo, Macías aclaró que dichas acciones suelen enfocarse en retirar basura, escombros, llantas y material seco que pueda obstruir el flujo del agua y provocar inundaciones. La funcionaria dijo que recibió un exhorto de autoridades federales para la realización de estas labores preventivas, pero no mostró evaluaciones de impacto ambiental, necesarias para una tala en la zona del río. 

Subrayó que intervenciones en zonas ribereñas o forestales deben contar con un manifiesto de impacto ambiental, ya sea estatal o federal, así como inventarios de flora y fauna que determinen posibles afectaciones a especies protegidas o a su hábitat, pues estos estudios permiten identificar la biodiversidad presente, evaluar riesgos ecológicos y definir medidas de mitigación o compensación ambiental.

El especialistas consideró que, además de las investigaciones correspondientes, ahora debe ser prioridad municipal implementar acciones de remediación ambiental, entre ellas, la reforestación con especies riparias, estudios técnicos para medir la afectación ecológica, programas de compensación y restauración del hábitat, así como capacitación del personal municipal en manejo del arbolado.

Asimismo, enfatizó que la sustitución de árboles debe realizarse mediante planes graduales y con asesoría especializada, no como acciones inmediatas.

“El manejo del arbolado es un proceso paulatino. Cuando un árbol debe retirarse, se hace con criterios técnicos y con reemplazos que aseguren la continuidad de los servicios ambientales”, indicó.

Había antecedentes que se ignoraron, señala MC 

La tala de árboles en la ribera del Río Jalpa debió contar con la autorización de instancias federales y estatales, aseguró el abogado Juan Pablo Delgado, secretario nacional de Derechos Humanos de Movimiento Ciudadano, quien señaló omisiones por parte de la autoridad municipal en el procedimiento autorizado a la Unidad de Riego de Purísima del Rincón.

Explicó que la Coordinación de Ecología municipal tenía la obligación de consultar previamente a las autoridades competentes antes de autorizar cualquier retiro de arbolado, porque en intervenciones previas, como el control del lirio acuático en la presa de Jalpa de Cánovas, sí se realizó este procedimiento.

De hecho, fueron los productores de la Unidad de Riego quienes realizaron las consultas formales a autoridades federales, y lamentó que en este caso no se haya tomado en cuenta ese antecedente.

“Si tenemos antecedentes previos de cómo lidiar con este tipo de situación en cuerpos de agua, claramente en este caso tuvo que haber sucedido lo mismo… la normativa es muy clara respecto a qué acciones pueden realizarse sin la necesidad de que haya, digamos, intervención de las autoridades estatales y federales, y obviamente el caso de una tala no tiene esos alcances”, señaló.

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No obstante, insistió en que el municipio fue omiso al otorgar el visto bueno para el retiro de árboles sin realizar la consulta formal que permitiera determinar si era necesaria una Manifestación de Impacto Ambiental o, en su caso, la exención de dicho trámite.

“En este caso no hubo la actuación de la autoridad municipal de hacer la consulta frente a las autoridades federales. Si la autoridad federal dice ‘no tienes que hacer manifestación’ y la autoridad estatal dice ‘no tienes que hacer manifestación’, entonces pueden avanzar, pero se tuvo que haber hecho la solicitud descriptiva de lo que implicaba”, enfatizó.

Ante lo que consideran una actuación irregular, adelantó que se presentarán denuncias ante instancias ambientales para que se investigue la legalidad de los hechos, entre ellas la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y su homóloga estatal. Añadió que aún es posible observar en la zona afectada troncos, tocones y restos de los árboles retirados, lo que evidencia la magnitud de la intervención.

Asimismo, se interpuso una queja ante la Contraloría Municipal por la presunta omisión administrativa de la Dirección de Ecología. Además, en paralelo, se promueve un amparo con el objetivo de frenar cualquier nueva remoción de árboles hasta que se determine la viabilidad ambiental de las acciones.

El abogado consideró necesario implementar un programa de restauración ecológica que compense el daño ya ocasionado, tanto por las especies vivas taladas como por aquellas que no lo estaban, pues aseguró que incluso esta última vegetación presta servicios ambientales a los ecosistemas. 

Reportan 50 ejemplares enfermos y cortan el doble 

De acuerdo con información de la Coordinación de Ecología, la autorización de limpieza en el río contemplaba el retiro de 50 árboles presuntamente enfermos o muertos, aunque no se exhibieron documentos técnicos que acrediten tales condiciones, sostuvo el regidor de Movimiento Ciudadano, Salvador Cruz Villegas.

Detalló que la actividad estaba contemplada para realizarse en un tramo aproximado de un kilómetro lineal; sin embargo, en ese espacio se talaron 107 árboles, de los cuales además no existe un catálogo.

Cruz Villegas subrayó que, aunque la limpieza fue ejecutada por integrantes de la Unidad de Riego y no directamente por el municipio, la autoridad local tenía la obligación de supervisar los trabajos y garantizar que se apegaran a la normatividad ambiental.

Añadió que, hasta ahora, la explicación oficial se ha mantenido en que se trató de una autorización de limpieza preventiva, sin que se haya presentado documentación adicional que justifique técnicamente la magnitud de la intervención. Lamentó también que, desde un inicio, el asunto ha tratado de minimizarse por parte del Gobierno Municipal.

El funcionario mencionó que especialistas en arboricultura e ingeniería ambiental ya han realizado visitas de campo para recabar muestras y elaborar análisis que permitan determinar el daño ecológico y sustentar posibles acciones de remediación.

El regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Pérez Guzmán, también anunció la presentación de denuncias, pues aseguró que desde la Coordinación de Ecología, en un primer momento, se afirmó que los árboles retirados eran especies que habían colapsado después de la temporada de lluvias de 2025.

“No asumen su responsabilidad, nos quieren mentir, nos quieren confundir a la sociedad como que esto hubiera sido provocado de manera natural al haberse caído por sí solos”, sostuvo.

El edil también solicitó medidas de remediación, pues dijo que se trata de un ecocidio y no es un asunto aislado, ya que, de forma sistemática, el área de Ecología municipal ha otorgado permisos con criterios cuestionables.

“Y muchas veces ni siquiera tienen un sustento claro de las causas o motivos por las cuales se llevan a cabo los desmontes o las talas de muchos de los predios que hoy en día deberían estar cuidándose y priorizándose, porque quiero recordar que en esta zona tenemos un área protegida en el Cerro del Palenque”, concluyó.