Las hermanas Karla Alejandra y María Teresa Martínez Sánchez, beneficiadas con contratos de Juventudes observados por irregularidades en su asignación, también recibieron 759 mil 850 pesos del programa de "Apoyos Sociales a Personas en Situación de Vulnerabilidad" en 2019, recursos que salieron del DIF estatal con Alfonso Borja Pimentel como director, quien regresó al puesto en la actual administración.

A ambas proveedoras se les ha observado por su parentesco con José Luis Guerrero Méndez,quien fuera asesor de Juan Carlos Alcántara Montoya en la jefatura de Gabinete en el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez, al recibir más de 200 contratos de diferentes áreas de la administración estatal, incluido Juventudes y el DIF estatal.

Tan solo de Juventudes, obtuvieron 61 contratos por más de 70 millones de pesos, y entre los recursos que entregó el DIF estatal están los 759 mil 850 pesos que salieron de un programa creado para "ayudar a guanajuatenses y sus familias a superar alguna situación emergente o contingente que ponga en riesgo su salud o comprometa su calidad de vida", se señala en las reglas de operación del programa.

De acuerdo con una ficha facilitada por el DIF, ambas proveedoras recibieron los más de 700 mil pesos porque ofrecieron el servicio de alimentos a migrantes provenientes de Centroamérica, luego de una gira del Visitador General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a Guanajuato, quien solicitó al gobierno estatal implementar medidas para salvaguardar los derechos de las personas integrantes de la caravana que ingresó a México por Chiapas, pero que pasarían por el estado.

Sin precisar el número de personas atendidas con el servicio de alimentos de las proveedoras, el DIF generalizó la atención que brindaron para estadías, alimentación, hidratación y atención humanitaria de primer contacto, con un número total de 17 mil 100 personas migrantes.

El monto erogado, 354 mil 200 pesos a Karla Alejandra y 405 mil a María Teresa, fue "exclusivamente para la preparación y distribución de alimentos".

Sin embargo, en las reglas de operación del programa también llamado "Todos Adelante Gto", publicadas en el periódico oficial del Gobierno del Estado el 31 de diciembre de 2018 y que aplicaron para el ejercicio fiscal 2019, no se habla de hacer pagos por alimentos con la partida, que contó inicialmente con 15 millones de pesos.

Los apoyos que podrían salir del programa podrían ser económicos o en especie. Para el caso de los apoyos económicos, se podían otorgar en los siguientes supuestos:

Pago de adeudos por gastos hospitalarios o funerarios, gastos en tratamientos dentales y tratamientos médicos.

Para el pago de servicios, la partida del programa es más amplio el catálogo de conceptos, pero tampoco entran los alimentos:

Horarios médicos por concepto de cirugía o tratamientos.

Gastos hospitalarios por concepto de cirugía o tratamientos.

Gastos hospitalarios por concepto de estudios médicos.

Servicios relacionados con tratamientos médicos.

Servicios relacionados con la fabricación y seguimiento de prótesis.

Servicios de albergue, asilo o alojamiento, y otros servicios accesorios para personas sujetas de asistencia social.

Transporte de personas.

POPLab pidió una entrevista con el director del DIF, Alfonso Borja Pimentel, quien ya había estado en el cargo de 2018 y hasta 2021, pero la respuesta fue que por motivos de agenda no podía atender la solicitud. Tampoco se precisó el motivo por el cual se utilizó dinero del programa de ayuda social para las proveedoras y no se hizo un contrato de servicios.

Tras el escándalo que surgió en 2024, a unos meses de terminar el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez, por la red de contratación para beneficiar a familiares de un asesor de la jefatura de gabinete, la Secretaría de la Honestidad inició una auditoría a Juventudes, por los 61 contratos entregados a Karla Alejandra y María Teresa.

Resultado de la revisión, la Secretaría de la Honestidad presentó seis informes de presunta responsabilidad administrativa ante el Tribunal de Justicia Administrativa, al encontrar irregularidades en la asignación de los contratos, sin que a la fecha se hayan hecho públicos los resultados de los procesos que se promovieron por las conductas irregulares calificadas como graves por el órgano de control interno del Poder Ejecutivo.

El TJA, responsable de analizar la responsabilidad de las proveedoras y de servidores públicos involucrados, también contrató a María Teresa Martínez Sánchez. Ella es esposa de José Luis Guerrero Méndez.

Como proveedora del TJA, Martínez Sánchez cobró poco más de 61 mil pesos por servir un coffee break para 380 personas en el informe de actividades de la presidenta del Tribunal, Guillermina Valdovino Guzmán. 

El contrato se firmó en diciembre de 2018; es decir, cuando José Luis Guerrero Méndez ya era asesor de Juan Carlos Alcántara Montoya.

Denuncia diputada pacto de impunidad

A pesar de que está documentada la red que facilitó contrataciones irregulares desde el Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes para beneficiar a la familia de José Luis Guerrero Méndez, ex asesor de Juan Carlos Alcántara Montoya como jefe de gabinete en el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez, la batería de recursos que ha promovido la Secretaría de la Honestidad se ha dirigido a mandos medios, para librar a personajes como Antonio Navarro Padilla, operador político del PAN y que estuvo al frente de Juventudes.

"En Guanajuato existe un pacto de impunidad que permite a los de siempre usar las instituciones como caja chica para sus intereses personales, privados", reclamó la diputada morenista Hades Aguilar Castillo, al asegurar que la revisión que hizo el órgano de control interno a cargo de Arcelia González se quedó corta frente a la evidencia que podría encuadrar en delitos de corrupción.

Entre 2021 y 2024, periodo en el que estuvo Antonio Navarro como titular de Juventudes, la familia de Guerrero Méndez recibió del instituto 61 contratos por adjudicación directa por 72.1 millones de pesos.

De los procesos promovidos ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) poco se sabe. El organismo ha optado por limitar información; incluso, al solicitar entrevista con la presidenta, Raquel Bajaras Monjarás, quien fue la coordinadora jurídica durante los primeros cuatro años de gobierno de Diego Sinhue Rodríguez, la respuesta fue que la magistrada tiene la agenda llena.

Ante la escasa información que hay de los resultados de la auditoría realizada por la Secretaría de la Honestidad, la diputada Hades Aguilar solicitó al órgano del control interno del Ejecutivo que envíe al Congreso local el informe de resultados; además de que precise el estado administrativo y procesal de las denuncias.

"Resulta indispensable conocer si la Secretaría de la Honestidad investigó el probable cohecho o alguna otra falta administrativa grave atribuible a José Luis Guerrero Méndez, por presuntamente haber participado, por sí o mediante su vínculo con Antonio Navarro Padilla, en la asignación directa de contratos para empresas relacionadas con su esposa, su cuñada o personas señaladas como prestanombres", señala el punto de acuerdo que presentó Hades Aguilar.

La legisladora de Morena también pidió al Tribunal de Justicia Administrativa que resuelva con máxima diligencia e imparcialidad.

Aguilar Castillo estimó que los contratos que recibió la familia del exasesor de Alcántara Montoya pueden encuadrar en el tipo penal de cohecho, porque como alto funcionario en el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez, José Luis Guerrero se benefició con los contratos que recibieron razones sociales ligadas a su familia.

"La Secretaría de la Honestidad no encontró lo que es muy evidente: el probable cohecho de José Luis Guerrero Méndez, el probable abuso de funciones de Toño Navarro, por generar un beneficio para su amigo, con quien mantenía vínculos partidistas y profesionales. Nuevamente, la secretaria Arcelia no hizo su chamba".

Hades Aguilar Castillo aseguró que los resultados de la revisión entregados por la Secretaría de la Honestidad revelan un pacto de impunidad para quienes estuvieron y para quienes siguen en la nómina del gobierno estatal.

Antonio Padilla, quien estuvo al frente de Juventudes cuando se hicieron los contratos hoy señalados por irregularidades, sigue en la administración estatal como coordinador de Políticas Públicas y Seguimiento Estratégico de la Secretaría de Gobierno con sueldo de subsecretario; es decir, con ingresos de casi 88 mil pesos.

Mientras que Sandra Ramírez Barajas, exdirectora de Finanzas de Juventudes, a quien se le señala en los procedimientos como presunta responsable, está en la plantilla del CECyTE con sueldo de poco más de 30 mil pesos.

La legisladora aseguró que uno de los asuntos ante el TJA contra Sandra Ramírez es por desvío de recursos. Mientras tanto, Antonio Navarro, de acuerdo con información que él mismo brindó a POPLab, enfrenta dos procesos con observaciones por 7 mil 911 pesos.

Luego del pronunciamiento de Hades Aguilar, la Secretaría de la Honestidad señaló que todas sus acciones, ya sean auditorías o investigaciones, se realizan con estricto apego a los principios éticos y normativos. "Sin prejuicios ni tratamiento mediático alguno".

A consulta de POPLab, la Secretaría de la Honestidad compartió que, de los hallazgos, sin desestimar otras líneas de investigación que aún se llevan a cabo, se iniciaron seis expedientes de presunta responsabilidad administrativa, de los cuales dos ya se encuentran en etapa de resolución ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

"Respetamos todas las opiniones sobre el quehacer de la Secretaría, pero los asuntos de nuestra competencia deben atenderse con evidencia, debido proceso y responsabilidad. En el Gobierno de la Gente hay cero tolerancia a la corrupción: en Guanajuato hay fiscalización y rendición de cuentas sin simulaciones", agregó.

Ingreso de Sandra Ramírez a CECyTE fue por su experiencia

En los procesos que promovió la Secretaría de la Honestidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa, se señala como presunta responsable a Sandra Ramírez, quien fue la directora administrativa de Juventudes, y quien con el cambio de gobierno estatal fue  contratada como responsable de compras en CECyTE.

De acuerdo con una postura enviada por la titular del CECyTE, Esther Angélica Medina, la incorporación de Sandra Ramírez se realizó a través del Banco de Talentos del Colegio, mecanismo institucional para identificar perfiles con experiencia técnica y especializada.

"Fue considerada por su trayectoria de más de 20 años en la administración pública estatal, particularmente por su conocimiento en operación administrativa, gestión documental, procesos internos y normatividad vigente en el Estado de Guanajuato".

La función de Ramírez Barajas es la de gestión documental, seguimiento de procesos administrativos y cumplimiento normativo.

"Entre sus responsabilidades se encuentra apoyar en la coordinación, revisión y validación de procesos operativos del área administrativa, procurando que cada etapa se realice con apego a la normatividad aplicable y a los estándares institucionales de calidad".

En el escrito, el CECyTE señala que durante su función

Ha mantenido un desempeño institucional favorable.

No se tiene registro de incidencias administrativas internas.

En procesos de revisión, auditorías del Sistema de Gestión de Calidad y auditorías financieras, su trabajo ha sido atendido conforme a los procedimientos establecidos.

Sobre los procesos en su contra, señaló que "al momento de su incorporación, la colaboradora cumplió con los requisitos establecidos para el ingreso al servicio público, incluyendo la presentación de las constancias correspondientes de no antecedentes penales y antecedentes administrativos".

Hasta este momento, el Colegio no cuenta con notificación oficial de sanción, resolución firme o impedimento legal que limite su derecho al trabajo o el desempeño de sus funciones.

"El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato reitera que los procesos de admisión, permanencia y desempeño del personal se realizan conforme a la ley y a los procedimientos institucionales aplicables, promoviendo entre sus colaboradoras y colaboradores un ejercicio laboral responsable, profesional y honesto".