La historia moderna de México se halla atravesada por una grieta ininterrumpida de violencia institucional donde el Estado, lejos de garantizar el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos, ha desplegado de forma sistemática su aparato represivo para neutralizar la disidencia, salvaguardar la hegemonía del poder y someter a la población. Este fenómeno, encuadrado bajo la categoría de Terrorismo de Estado, no constituye una serie de contingencias violentas aisladas o excesos individuales de la fuerza pública, sino una estrategia coordinada de dominación que abarca más de cuatro décadas. Desde la masacre de la Plaza de las Tres Culturas en 1968 hasta la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, cada administración gubernamental ha operado mediante la culpabilidad directa en la perpetración de crímenes de Lesa Humanidad o mediante una inacción encubridora y dolosa. En este entramado, la injerencia geopolítica de los Estados Unidos —a través de doctrina de seguridad nacional, adiestramiento militar y financiamiento de operaciones contrainsurgentes— ha funcionado como el motor ideológico y logístico de la represión en el territorio nacional.

El punto de partida del Terrorismo de Estado contemporáneo se cristaliza la tarde del 2 de octubre de 1968 durante el mandato de Gustavo Díaz Ordaz. La matanza de estudiantes en Tlatelolco representó la respuesta autoritaria ante la exigencia de libertades democráticas enunciada por el movimiento estudiantil. El Batallón Olimpia, operando bajo órdenes del Alto Mando, y las Fuerzas Armadas convirtieron la Plaza de las Tres Culturas en un campo de exterminio. Díaz Ordaz asumió abiertamente la responsabilidad política del acontecimiento, encubriendo el número real de víctimas y sofocando la verdad histórica. La intervención estadounidense en este pasaje fue estructural: a través de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el programa LITEMPO vinculó operativamente a los altos mandos del gobierno mexicano —incluidos el propio Díaz Ordaz y su secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez— con la estrategia anticomunista global de Washington, subordinando la seguridad interna del país a las agendas del Bloque Occidental en el marco de la Guerra Fría.

Con la llegada de Luis Echeverría Álvarez a la presidencia (1970-1976), la represión estatal adquirió matices de guerra sucia no declarada. Echeverría inauguró su sexenio con la matanza del Jueves de Corpus el 10 de junio de 1971, donde el grupo paramilitar "Los Halcones", adiestrados por las autoridades mexicanas y financiadas con apoyo técnico derivado del marco hemisférico de inteligencia estadounidense, masacró a estudiantes en la Ciudad de México. Ante la anulación de las vías democráticas, surgieron en el país, movimientos insurgentes rurales e urbanos. En las montañas de Guerrero, la resistencia campesina cobró forma con la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria liderada por Genaro Vázquez Rojas y el Partido de los Pobres encabezado por Lucio Cabañas Barrientos. La respuesta echeverrista fue el despliegue del Plan Telaraña y la puesta en marcha de técnicas de contrainsurgencia violenta en el estado de Guerrero: rastreos militares, detenciones arbitrarias, tortura en campos de concentración como la Base Aérea de Pie de la Cuesta y las primeras prácticas documentadas de vuelos de la muerte, donde campesinos eran arrojados al Océano Pacífico. Echeverría instauró la Dirección Federal de Seguridad (DFS) como un brazo ejecutor de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, al tiempo que la Doctrina de Seguridad Nacional promovida por la Escuela de las Américas de Estados Unidos guiaba el accionar militar sobre las comunidades guerrerenses.

El sexenio de José López Portillo (1976-1982) dio continuidad a la estrategia de la Guerra Sucia mediante la consolidación de la Brigada Blanca, un grupo paramilitar integrado por distintas corporaciones policiacas y militares dedicado a la cacería de militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre y de organizaciones revolucionarias urbanas. López Portillo garantizó la impunidad total para los perpetradores y profundizó los lazos de cooperación en materia de inteligencia con los organismos norteamericanos para interceptar, torturar y desaparecer disidentes políticos en cárceles clandestinas como el Campo Militar Número 1. Durante su administración, la represión campesina continuó silenciando las demandas de redistribución de la tierra y los movimientos sociales obreros que surgían frente a la severa crisis económica.

Durante la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), el Terrorismo de Estado mutó hacia la intimidación, el espionaje político generalizado y la violencia contra la libertad de expresión, a medida que se implementaban las primeras reformas estructurales de corte neoliberal. El asesinato del periodista Manuel Buendía en 1984 por agentes de la propia Dirección Federal de Seguridad puso de manifiesto el contubernio entre las altas esferas del gobierno, las fuerzas de seguridad y el crimen organizado emergente. En este periodo, la administración de la Madrid colaboró de forma subordinada con la estrategia geopolítica de Estados Unidos en Centroamérica, utilizando el territorio nacional como plataforma de paso para operaciones encubiertas de la CIA en apoyo a la Contra nicaragüense, mientras internamente la violencia estatal se encubría mediante el silencio institucional y la inacción ante las ejecuciones de activistas y campesinos.

Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) llegó al poder marcado por la ilegitimidad del fraude electoral de 1988 y profundizó el modelo violento del Estado para sostener el proyecto económico de libre comercio impulsado por Washington. Durante su mandato se registraron más de 500 asesinatos de militantes y simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de organizaciones indígenas que oponían resistencia a las reformas al Artículo 27 constitucional. El 1 de enero de 1994, la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas expuso las profundas deudas históricas del Estado mexicano. Salinas respondió enviando al Ejército a la Selva Lacandona, cometiendo ejecuciones extrajudiciales en la masacre del mercado de Ocosingo. Para mitigar el conflicto de manera velada, inició el desarrollo de grupos paramilitares en la región bajo la supervisión de mandos formados en manuales de contrainsurgencia de Estados Unidos.

El gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) agudizó las tácticas de guerra de baja intensidad y represión masiva. Bajo su administración ocurrieron algunas de las masacres campesinas más lacerantes del México contemporáneo: la masacre de Aguas Blancas en Guerrero (1995), donde la policía estatal ejecutó a 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur; la masacre de Acteal en Chiapas (1997), donde el grupo paramilitar Mascara Roja, impulsado por la estrategia contrainsurgente militar, asesinó a 45 indígenas tzotziles pacifistas, la mayoría mujeres y niños; y la masacre de El Charco en Guerrero (1998), donde el Ejército masacró a campesinos e indígenas reunidos en una escuela. Zedillo promovió la inacción judicial y la protección a altos mandos implicados, al tiempo que formalizó el incremento de la presencia militar en la vida pública nacional mediante la creación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y el fortalecimiento del adiestramiento del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) por parte de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos en Fort Bragg.

La transición política del año 2000 con Vicente Fox Quesada (2000-2006) no significó el fin del Terrorismo de Estado, sino su continuidad revestida de un discurso democrático. Fox no solo garantizó la impunidad de los crímenes del pasado mediante la creación de una fiscalía especial desmantelada desde el poder, sino que recurrió al uso desproporcionado de la fuerza represiva ante los movimientos sociales. En mayo de 2006, la intervención federal y estatal en San Salvador Atenco conllevó ejecuciones, tortura física y violencia sexual sistemática contra decenas de mujeres perpetrada por las fuerzas del orden. Ese mismo año, la represión contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) derivó en ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias cometidas por las fuerzas federales. En el plano internacional, Fox alineó por completo la agenda de seguridad interna a las exigencias de la Iniciativa de Seguridad del Hemisferio Occidental post-11 de septiembre dictadas por la administración Bush.

La escalada de la violencia estatal alcanzó niveles imprevistos con Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), quien militarizó de forma masiva el país bajo la cobertura de la denominada "Guerra contra el Narcotráfico" para legitimar su cuestionada victoria electoral. La estrategia calderonista transformó las calles de México en zonas de combate donde la frontera entre la delincuencia organizada y las fuerzas armadas quedó difuminada. Bajo el pretexto del combate al crimen, el Estado cometió graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos, masacres, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Hechos desoladores como la masacre de Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez (2010), donde catorce jóvenes fueron ejecutados por un comando armado y calificados sumariamente por Calderón como "criminales", o la masacre de Allende en Coahuila (2011), donde la omisión dolosa del Estado permitió la destrucción de un pueblo entero, evidenciaron la complicidad estatal. El gobierno de Calderón operó en alianza abierta con Washington mediante la Iniciativa Mérida, acuerdo bilateral que inyectó miles de millones de dólares en equipo bélico, inteligencia y asesoría militar, al tiempo que la operación encubierta "Rápido y Furioso", orquestada por la agencia ATF de Estados Unidos, introdujo miles de armas de alto calibre que terminaron alimentando las masacres y la zozobra de la población mexicana. ¿Qué se resolvió? Nada. ¿Se acabó el narcotráfico? No.

Pero Terrorismo de Estado, también es echar a la calle a 44 mil trabajadores de la Compañía De Luz y Fuerza, aunque los hayan liquidado. Los echó a la calle y dejó en la zozobra a muchas familias. Y por supuesto que no faltó la represión a varios comunicadores que fueron despedidos de sus medios

El ciclo histórico del Terrorismo de Estado desembocó en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), caracterizado por la perpetuación de la estrategia bélica militarizada, la corrupción sistémica y la violencia punitiva contra los sectores marginados y disidentes. En junio de 2014, el Ejército Mexicano ejecutó de manera extrajudicial a un grupo de personas en Tlatlaya, Estado de México, que ya se habían rendido, intentando encubrir la masacre mediante la alteración de la escena del crimen. Poco después, en enero de 2015, fuerzas federales masacraron a civiles desarmados en Apatzingán, Michoacán.

El punto culminante del Terrorismo de Estado en esta época sobrevino la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, con la desaparición forzada de los cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. En este crimen convergieron todos los hilos históricos de la represión estatal: la persecución histórica a las normalistas rurales fundadas en la tradición de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, la colusión orgánica entre policías municipales, estatales, fuerzas federales, el Ejército Mexicano (a través del 27° Batallón de Infantería) y los grupos del crimen organizado, y la elaboración de una versión oficial fraudulenta conocida como la "Verdad Histórica" diseñada para deslindar la responsabilidad de los altos mandos políticos del Estado. Durante la crisis de Ayotzinapa, la inacción dolosa, el encubrimiento institucional y la manipulación de pruebas demostraron que la desaparición de los jóvenes no constituyó un hecho aislado de corrupción local, sino un crimen de Estado perpetrado por una estructura represiva consolidada y tolerada históricamente. La injerencia de Estados Unidos se mantuvo mediante los esquemas de financiamiento continuo de la Iniciativa Mérida y el uso de tecnologías de espionaje masivo de fabricación extranjera que el gobierno mexicano empleó para vigilar y acosar a los familiares de los 43 desaparecidos y a las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Desde Tlatelolco en 1968 hasta Ayotzinapa en 2014, la evolución del Terrorismo de Estado en México demuestra que la violencia institucional no ha sido una disfunción del sistema político, sino una de sus herramientas fundamentales de control social y político. La complicidad de los presidentes a lo largo de este periodo de cerca de medio siglo se manifiesta tanto en la orden explícita del despliegue de la fuerza como en la inacción, la simulación de la justicia y la garantía de impunidad para las corporaciones armadas. Respaldada e influida por los intereses geopolíticos y militares de Estados Unidos, la maquinaria estatal mexicana operó de forma continua para sofocar las demandas sociales, dejando como saldo una estela ininterrumpida de masacres, fosas clandestinas y ausencias que continúan definiendo la historia contemporánea del país.

Tlatelolco y Ayotzinapa están separados por cuarenta y seis años, pero los une la pretensión de que el Estado pueda administrar la verdad de la violencia en la que sus agentes están involucrados. Entre ambos se encuentran campesinos, indígenas, estudiantes, migrantes y familias que no aceptaron esa potestad. Su lucha demuestra que la memoria es una exigencia política: identificar a los responsables materiales, investigar las cadenas de mando, abrir los archivos, buscar a los desaparecidos y someter el poder armado a controles efectivos. Un gobierno no resuelve una masacre cuando cambia de vocero, destituye a un funcionario o anuncia una indemnización. La resuelve en la medida en que establece lo ocurrido y rompe las condiciones que permitieron cometerla. Mientras eso no suceda, la impunidad seguirá siendo una autorización disponible para la siguiente violencia.

arqueolobocarlin@hotmaíl.com

“Lo que escribo tiene la intención de provocar reflexión;

No lo hago para agradar, y mucho menos para dogmatizar”