Las omisiones del notario Jesús Luis Vega Castillo, titular de la Notaría 104 de León, llevaron a los integrantes de una familia a ser víctimas de fraude y perder los ahorros que invirtieron en un terreno valuado en 4 millones de pesos, y aunque presentaron una queja contra el fedatario, la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías de la Secretaría de Gobierno resolvió dos años después cuando las irregularidades ya habían prescrito.

Mientras la familia mantiene el litigio en tribunales en busca de justicia por el daño patrimonial y moral, Jesús Luis Vega sigue en funciones; incluso estuvo como presidente de la delegación León del Colegio Estatal de Notarios, justo en el tiempo en que la Secretaría de Gobierno tenía abierta la investigación en su contra.

El fraude inmobiliario ha sido una constante en Guanajuato y ha puesto en la mira al gremio notarial del estado que valida las operaciones con personas que usurpan identidades.

Desde la postura oficial, el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, ha señalado al Instituto Nacional Electoral (INE) por expedir credenciales sin verificar la identidad de quien hace el trámite para obtener una credencial de elector.

"Hemos encontrado, por lo que nos platican los notarios, credenciales expedidas por el INE pero que son falsas. Para el notariado es muy complejo poder distinguir si la credencial está bien expedida pero está suplantando una identidad", justificó el funcionario estatal hace un par de semanas, en el marco del inicio de la campaña "Septiembre, mes del testamento".

Jiménez Lona aseguró que son "bastantes" los casos en los que se utilizan credenciales de elector con identidad suplantada para hacer trámites ante notarios, aunque no precisó el número de asuntos que han llegado a queja o a investigación en la Fiscalía General del Estado.

Adelantó que el Gobierno del estado va a firmar un convenio de colaboración con el presidente de la Junta Local del INE, Jaime Juárez Jasso, para evitar que se realicen trámites oficiales suplantando la identidad de otra persona.

Los fraudes en los que ha participado el gremio notarial de Guanajuato han sido recurrentes, y se concretan por las omisiones de los fedatarios. Como antecedente está el caso en el que se vio involucrado el notario José Ciro Guerrero, a quien tampoco se le aplicaron sanciones por la lenidad de la dirección de la Secretaría de Gobierno responsable de investigar la función notarial en Guanajuato.

Con una credencial de elector falsa, un ayudante del notario Jesús Luis Vega Castillo validó la firma de la supuesta propietaria del terreno que decidió comprar una familia en la colonia Casa Blanca.

El fraude

En 2020, una familia leonesa tomó la decisión de invertir los ahorros que tenía en un inmueble o un terreno, buscó agentes inmobiliarios y uno de nombre Alejandro se comunicó para ofrecerle un predio. El agente inmobiliario llegó acompañado de un hombre que dijo ser el representante legal de la propietaria, quien por su edad avanzada no podía estar presente, y acudieron a ver el terreno.

Convencidos de que sería una buena inversión, acordaron el precio y buscaron al notario Jesús Luis Vega Castillo, con quien ya habían acudido para otros trámites. El fedatario delegó la responsabilidad de revisar toda la documentación al abogado Juan Pablo Zaragoza Ruiz, empleado de su Notaría.

Pasaron algunas semanas desde que inició el trámite en la Notaría 104 de León, hasta Zaragoza Ruiz se comunicó para informar que los documentos estaban en regla para concretar la compra del terreno ubicado en la colonia Casa Blanca, en la zona residencial de Campestre.

A finales de año, en las oficinas del notario Vega Castillo el supuesto representante de la propietaria llegó a los acuerdos con la familia para que una parte del monto acordado se pagara con vehículos y que en la escritura quedara estipulado el precio de venta en 1.8 millones.

Frente a Juan Pablo Zaragoza se concretó el acuerdo y el 11 de diciembre acudieron para la compra-venta. Cuando llegaron advirtieron que el supuesto representante de la propietaria estaba ya en las oficinas de la Notaría acompañado de otras dos personas que se presentaron como los nietos de la dueña.

En un despacho privado, el empleado del notario les dijo que estaba todo en orden y listo para la firma de escritura. La familia entregó dos cheques que sumaban 1.1 millones de pesos y otros 690 mil pesos en efectivo para cubrir el monto de 1.8 millones que quedó en la escritura.

El mismo abogado Zaragoza presentó el contrato de compra-venta por el resto del dinero pactado, fue entonces que se entregaron los vehículos para cubrir parte del pago.

El supuesto representante legal informó que la dueña del terreno se encontraba en un vehículo en el estacionamiento de la Notaría, que no había llegado a las oficinas por seguridad al tratarse de una adulta mayor y estaba la pandemia por COVID-19.

Por esa razón, el ayudante del notario acudió al estacionamiento para recabar la firma de la dueña, quien se encontraba en el asiento trasero del vehículo. Es decir, quien dio fe de la identidad de la supuesta propietaria fue un empleado de la Notaría y no el fedatario Jesús Luis Vega.

Para hacer los trámites, se presentaron ante la oficina del notario las copias de la credencial de elector de la propietaria, acta de nacimiento, CURP, constancia de situación fiscal y la escritura del terreno de 2019 otorgada por el notario público número 18 de León, José Antonio Junquera Pons.

Aunque la compra se había concretado en aparente legalidad, con la intervención del despacho del notario 104 de León, en marzo de 2021 recibieron el citatorio para testificar en un proceso por el delito de usurpación de identidad, ante la unidad especializada en delitos patrimoniales de la Fiscalía Regional A. Otro de los testigos fue el propio Jesús Luis Vega Castillo.

En los documentos que expuso el notario ante la Fiscalía General del Estado mostró como antecedente la escritura pública del predio del 15 de noviembre de 2019, pero en la escritura original de la que dio fe el notario José Antonio Junquera Pons la fecha es distinta, el 20 de junio de 2019.

Es decir, el notario Jesús Luis Vega Castillo, quien previamente había delegado la revisión en un empleado, validó el trámite de escrituración sin corroborar que los documentos que presentó el supuesto representante eran reales.

En agosto de 2021, mediante un juicio ordinario civil, se declaró inexistente la compra que había hecho la familia del terreno, y con ello perdieron los ahorros que tenían.

Conductas irregulares prescritas

Luego de perder sus ahorros, la familia presentó en diciembre de 2021 la queja formal ante la Secretaría de Gobierno por el actuar del notario 104 de León, Jesús Luis Vega Castillo.

La dirección general de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías tardó ocho meses en aceptar la queja. Fue hasta agosto de 2022 que se formalizó el expediente: SG.SSSC/4.3/227.1-033/2022. Pero la parte quejosa fue notificada hasta diciembre de ese año.

En mayo de 2023, el notario Jesús Luis Vega Castillo rindió protesta como presidente del Colegio de Notarios en León. En el evento estuvo acompañado del entonces secretario de Gobierno, Jesús Oviedo Herrera.

Al frente de la delegación León del Colegio Estatal de Notarios y con una queja en su contra en curso, el notario público 104 cerró filas con el panista Miguel Ángel Salim, entonces diputado local, para impulsar una reforma legal para establecer sanciones más severas a notarios que incurrieran en alguna irregularidad.

"No somos tapadera de los notarios, ni la mamá de los niños... si alguno se porta mal, son traviesos, ladrones o falsificadores, que son algunos pocos, sí hay prietitos en el arroz y nosotros hemos iniciado al interior del Colegio los procedimientos que han derivado en sanción", declaró Vega Castillo en la rueda de prensa de junio de 2023 que registró el diario am.

La reforma se concretó en diciembre de 2023, al agregar a la Ley del Notariado nuevas causales para revocación del fiat como que el protocolo, su apéndice e índice, el libro de ratificaciones, su apéndice e índice, el sello, hojas de testimonio, hologramas y folios sean utilizados fuera del domicilio de la Notaría Pública sin causa justificada; así como por tener folios sin texto y sin inutilizar, habiendo utilizado los subsecuentes; y actuar fuera del lugar de su adscripción, salvo los casos permitidos por la Ley.

Las nuevas disposiciones no podrían aplicarse al notario 104 de León por la queja que presentó la familia afectada, pues las modificaciones se dieron cuando ya había iniciado el proceso en la Secretaría de Gobierno.

El 23 de enero de 2024, la dirección general de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías emitió un acuerdo en el que determinó que había indicios de que el notario Vega Castillo incumplió con lo señalado en la Ley del Notariado.

Pero fue hasta julio de 2024 cuando Jesús Oviedo Herrera, como secretario de gobierno, emitió la orden de visita 002/2024 para seguir con la investigación. La diligencia se llevó a cabo el 30 de agosto y pasaron casi cuatro meses más, hasta el 19 de diciembre, cuando salió la resolución de la queja.

La resolución se dio ya en el gobierno de Libia García Muñoz Ledo, y fue firmada por Juan Hinojosa Diéguez como director general de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías de la Secretaría de Gobierno.

La Secretaría de Gobierno ignoró que el notario delegó las funciones en un empleado, quien fue el encargado de recabar la firma de la supuesta dueña del predio.

En la resolución solo advirtieron dos conductas irregulares que habrían ameritado una amonestación por escrito:

No haber revisado que las escrituras que presentó el supuesto vendedor estuvieran inscritas en el Registro Público de la Propiedad  y Comercio

No determinó la ubicación, superficie, medidas y landeros del terreno, pues en la escritura original se establece que la medida al sur era de 96.96 metros, pero en la que elaboró y que terminó en fraude se estableció que la medida era de 36.96 metros.

Al emitir la resolución hasta diciembre de 2024, tres años después de que sucedieron las conductas irregulares del notario, las sanciones quedaron prescritas. En el segundo párrafo de la fracción VI del artículo 121 de la Ley del Notariado establece que las sanciones prescriben en dos años a partir de la fecha en que se realice la conducta motivo de la infracción. 

En entrevista con Juan Hinojosa, director de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías, justificó que no se impongan sanciones al gremio notarial por ser partícipes en fraudes con el argumento de que las personas afectadas no siempre presentan las quejas en tiempo.

"En algunas ocasiones, y no estoy refiriéndome a algún caso en particular, pero en algunas ocasiones lamentablemente el usuario se percata de alguna irregularidad, sobre todo en estos casos que comentas donde hay afectación de su patrimonio, tiempo después de que se realizó el acto, cuando el inmueble ya fue enajenado y en ocasiones excede ya este tiempo que se tiene para poder terminar acciones de fiscalización".

Para evitar que la dirección general de Registros Públicos y Notarías los pueda sancionar, los notarios argumentan el criterio de prescripción de la acción. "Obviamente pues sí nos limita en nuestro proceder; sin embargo, esto no significa que el notario quede sin ninguna responsabilidad", agregó.

La opción que queda a las personas afectadas es recurrir al derecho penal y civil para buscar la reparación del daño, mientras los notarios señalados siguen en funciones.

En este caso, la tardanza de la investigación a cargo de la Secretaría de Gobierno y la impunidad en el caso para el notario, llevó a la familia a inconformarse a través de una demanda de nulidad de la resolución del 19 de diciembre ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

Con la demanda buscan que se acredite la responsabilidad de Jesús Luis Vega Castillo por las irregularidades en el ejercicio de la función notarial y que se obligue a la dirección general de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías a revocar el fiat del notario público 104 de León.

Además, en caso de que se acredite que las conductas se encuentran prescritas, se condene a la dirección general de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías al pago de los daños y perjuicios que se ocasionaron a la familia por dejar que prescribieran las irregularidades que cometió el notario público.

La demanda de nulidad está en curso ante el Tribunal de Justicia Administrativa.