El juez segundo civil de partido con sede en Guanajuato condenó a la empresa Telecom Nacional que alberga los canales de televisión de Jorge Antonio Rodríguez Medrano a pagar 111 millones 298 mil 566 pesos al municipio.

Pasaron seis años desde que, obligado por la Auditoría Superior del Estado (ASEG), el Gobierno Municipal de Guanajuato demandó a Telecom el pago por cinco años de uso de la vía pública para la instalación de cableado.

La publicación de una investigación sobre este adeudo, misma que surgió de la sociedad civil, reveló una trama de corrupción que involucra a varias administraciones municipales de Guanajuato, al presentador y empresario televisivo Jorge Antonio Rodríguez Medrano y al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (Simapag).

Los gobiernos priistas de Luis Fernando Gutiérrez Márquez y de Edgar Castro Cerrillo fueron omisos en cobrar a Telecom por el uso de la vía pública para la instalación de cableado, pero además dieron múltiples contratos a Rodríguez Medrano y su familia, sin que existan evidencias de los servicios prestados.

Portada Juan José Plascencia

Tras la revisión que hizo la ASEG por una auditoría de situación excepcional promovida desde la sociedad civil, se comprobó que las administraciones municipales no solo fueron omisas en cobrar el uso de la vía pública a la cablera que alberga TV Guanajuato, propiedad de Rodríguez Medrano, sino que pagaron al menos cinco millones de pesos al empresario y su familia por servicios que no prestaron al gobierno municipal y al Simapag.

Por la investigación y publicación de estos actos de corrupción que también siguen un proceso penal, el periodista Arnoldo Cuéllar y el activista Roberto Saucedo Pimentel fueron demandados por Jorge Antonio Rodríguez Medrano, quien alegó daño moral, pero después de varios años de litigio, un juez local resolvió que no existió tal daño moral al comunicador y se le ordenó al empresario pagar los gastos y costas del juicio.

En marzo de 2019, como parte de las observaciones hechas por la ASEG, el gobierno municipal, con el panista Alejandro Navarro Saldaña como alcalde en su primer periodo, tuvo que promover el cobro a la cablera, aunque los contratos de publicidad para Rodríguez Medrano se mantuvieron durante prácticamente los dos trienios del panista.

Sin embargo, la acción que sí concretó Alejandro Navarro fue eliminar de los conceptos de cobro el uso de la vía pública por instalación de cableado.

La condena que emitió el juez segundo civil de partido especializado en extinción de dominio de Guanajuato corresponde únicamente al adeudo entre 2013 y 2018, sin que al momento se conozca el año en que el presidente municipal panista eliminó este concepto de cobro municipal que pudiera generar nuevos adeudos de la cablera.

A unos días de la jornada electoral en la que el comunicador Jorge Antonio Rodríguez va como candidato de Morena a la alcaldía, cargo que se disputa con la panista Samantha Smith, ahora el alcalde Alejandro Navarro se comprometió a través de redes sociales a cobrar a la cablera el adeudo.

"No me temblará la mano para asegurar que cada peso sea recuperado para el beneficio de todos los guanajuatenses, estoy seguro que esos recursos pueden ser empleados para saldar deudas con las mujeres y comunidades de Guanajuato", dice Alejandro Navarro en la publicación que hizo en redes sociales.

El presupuesto anual que tiene el gobierno municipal de Guanajuato para 2024 es de 878 millones 816 mil 025 pesos, y de cobrar los más de 111 millones de pesos a Telecom Nacional, el presupuesto del municipio tendría un incremento de más del 12 por ciento.

Al tratarse de una sentencia en primera instancia, la empresa cablera tiene el derecho a apelar para que un magistrado civil en Guanajuato revise la resolución del juez segundo, lo que provocaría que el litigio se prolongue durante algunos meses más y toque a la próxima administración cobrar la deuda.

Telecom debe pagar más de 111 millones de pesos al municipio

De la revisión que hizo el juez, determinó que la empresa Telecom ha ocupado 230 mil metros de la vía pública en cableado, sin pagar al gobierno municipal.

Luego de la auditoría practicada por la ASEG, el gobierno municipal de Guanajuato comenzó con el proceso legal para recuperar el adeudo el 27 de marzo de 2019, durante la primera administración de Alejandro Navarro.

La demanda por la vía civil pretendía recuperar la deuda que hasta ese momento se había estimado en 110 millones de pesos, pero luego de seis años, la resolución viene por poco más de 111 millones de pesos.

Telecom, la cablera que adeuda al gobierno municipal, es con la que Jorge Antonio Rodríguez tiene la concesión para transmitir el canal local TV8 Guanajuato y otros canales.

A lo largo de seis años, el área jurídica del municipio dio seguimiento a la demanda. Después de desahogarse las diferentes etapas, finalmente en juicio oral se dictó la sentencia favorable para el municipio el día 22 de mayo, aunque la notificación oficial se hizo un par de días después, el día 24 de mayo.

Los 111 millones 298 mil 566 pesos que adeuda Telecom son la suma de los 58 millones 944 mil 166 pesos por el uso de la vía pública para la instalación de 230 mil kilómetros de cableado entre 2013 y 2018, y otros 52 millones 354 mil 400 pesos de recargos, por disposición del juez.

Comunicador debe regresar a las arcas otros 5.5 mdp

El resultado de la auditoría de situación excepcional, promovida desde la sociedad civil, evidenció la serie de irregularidades en la adjudicación de contratos a la familia Rodríguez Rocha por más de 5.5 millones de pesos, además de que dos de los hijos de Jorge Antonio Rodríguez y Silvia Rocha, exregidora, estuvieron en la nómina sin registro del trabajo que hicieron en la administración.

Mientras estuvieron en la nómina del gobierno municipal, Héctor Alejandro Rodríguez Rocha y Jorge Alberto Rodríguez Rocha, hijos del matrimonio de Jorge Antonio y Silvia, no registraron asistencia a sus labores, resolvió la ASEG después de solicitar al gobierno municipal que entregara comprobación de que acudían a su trabajo.

Héctor Alejandro se desempeñó en la administración municipal como jefe de departamento de la Unidad de Comunicación Social del 2013 al 2015, luego estuvo en el mismo cargo, pero dependiendo de la oficina de Síndicos y Regidores y finalmente se desempeñó como Coordinador B en la dirección de Promoción Económica y Atracción de Inversiones.

Tras su salida en el 2017, se incorporó al Simapag, siempre teniendo como jefe inmediato al actual presidente del Consejo del organismo operador del agua, Juan Sebastián Ávila Victoria.

En el caso de Jorge Alberto, estuvo como jefe de departamento B en la Unidad de Comunicación Social y después como Coordinador B en la dirección de Promoción Económica y Atracción de Inversiones.

Aunado a la omisión de cobro por el uso de la vía pública a favor de la cablera donde transmite la señal las empresas de Rodríguez Medrano y mantener a sus hijos en nómina, la ASEG resolvió que se entregaron contratos para la producción y transmisión de spots y elaboración de videos sin que el gobierno municipal constatara que ofrecía los mejores precios y calidad.

Al requerimiento que hizo la Aseg, la entonces titular de la Unidad de Comunicación Social, María del Carmen Yáñez González, respondió que se contrataba al proveedor porque contaba con los medios técnicos y tecnológicos, siempre presentando presupuestos de manera verbal.

La ASEG observó el pago de 2 millones 220 mil pesos a Jorge Antonio Rodríguez Medrano por la elaboración y transmisión de spots y videos, montajes de escenografía, entre otros, sin que exista evidencia documental de los servicios que habría prestado el dueño de la televisora al municipio.

Al Simapag se le observó por no asegurar las mejores condiciones en la contratación que hizo de los servicios que prestó Jorge Antonio Rodríguez y su hijo Jorge Alberto Rodríguez por servicios de publicidad.

Otra observación para el organismo operador del agua recae en los pagos que se hicieron a la familia por concepto de publicidad, producción de videos, asesoría, campañas publicitarias y capacitación, sin que existieran contratos de por medio que establecieran el importe a pagar, los entregables y garantías.

La ASEG advirtió daños al erario por pagos que suman 2 millones 913 mil pesos a favor de Jorge Antonio Rodríguez Medrano y Jorge Alberto Rodríguez Rocha por servicios de publicidad y difusión, al no acreditarse la entrega íntegra de los servicios contratados.

Otros pagos observables para la Auditoría fueron por tres contratos a la familia por 356 mil 600 pesos por diversos servicios de publicidad de los cuales el Simapag tampoco tiene testigos.

En este caso, la ASEG requirió también a los contratados: Jorge Antonio Rodríguez, Jorge Alberto Rodríguez y María Fernanda Denisse Uribe, esta última esposa de Héctor Alejandro, cuyas respuestas fueron que los testigos del trabajo realizado se entregaron en tiempo y forma al Simapag y ellos no tienen archivo histórico de los videos.

Además, la ASEG observó pagos a favor del dueño de la televisora por 52 mil 200 pesos la difusión y elaboración de un video para el Simapag, pero el video que se entregó a la ASEG como evidencia forma parte de los testigos que el organismo operador del agua presentó como parte del cumplimiento del contrato anual que celebró con Rodríguez Medrano en el 2015.