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Tras exoneración de Sosa municipio pedirá a empresario Padilla que regrese terreno del kínder
El extesorero, absuelto por el TJA por segunda vez ahora se presenta como víctima en la Prodheg y acusa haber sido exhibido en medios, “es el colmo del cinismo”, replica síndico leonés
Tras once meses de investigaciones que congelaron toda acción contundente del gobierno municipal encabezado por Alejandra Gutiérrez Campos, el ayuntamiento planteó finalmente hacer valer la palabra del empresario Gabriel Padilla Cordero para revertir la compra-venta del predio que -hasta agosto de 2020- perteneció al kínder Juan Aldama, bajo la tutela de la Secretaría de Educación de Guanajuato.
“Quisiera hacer una propuesta, el ciudadano había dicho y mandó una carta que él devolvía el terreno, pues vamos a aceptar la propuesta y que lo devuelva”, fue la proposición con la cual la segunda síndica, Leticia Villegas Nava -en cuya figura recae la representación legal del ayuntamiento- rompió un año de silencio durante la sesión de cabildo de este jueves.
Las palabras de la edil brotaron ante el cuestionamiento de la fracción morenista del cabildo, luego de que el síndico Arturo Sánchez Castellanos confirmó que el Tribunal de Justicia Administrativa desechó los señalamientos contra el ex tesorero Enrique Sosa Campos, señalado por supuesto abuso de funciones por la Contraloría, que habría cometido durante el proceso de desafectación y subasta de más de 1 mil metros cuadrados de un preescolar en la colonia Mirador Campestre, que se concretó entre 2019 y 2020.
En aquella época, que abarca el segundo trienio de Héctor López Santillana como alcalde de León, Leticia Villegas Nava ocupó la primera sindicatura y presidió el Comité de Adquisiciones, donde se operó el despojo al plantel.
En respuesta a la propuesta de la síndica Leticia Villegas, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez instruyó al secretario de ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, elaborar un análisis jurídico que incluya las posibilidades legales para someterlo a consideración del cabildo.
Fue el pasado martes 16 de agosto cuando el TJA notificó al síndico Arturo Sánchez Castellanos y a la Contraloría del fallo contra Enrique Sosa Campos. En días pasados, el órgano fiscalizador municipal también dio a conocer las inhabilitaciones por 10 meses contra los exfuncionarios Carlos Pimentel Faes -exdirector de Servicios Generales- y José de Jesús Álvarez Navarro -exdirector de Control Patrimonial-, quienes fueron señalados de proporcionar información incorrecta ante el Comité de Adquisiciones y el Ayuntamiento.
Los señalamientos contra Enrique Sosa Campos fueron desechados por el pleno del TJA, integrado por el magistrado presidente Eliverio García Monzón, los magistrados Gerardo Arroyo Figueroa y José Cuahutémoc Chávez Muñoz, Arturo Lara Martínez, así como la abstención por conflicto de interés de la magistrada Antonia Guillermina Valdovino Guzmán, por tener una relación de parentesco con el extesorero de León.
Sin embargo, la resolución del TJA abre camino para que la Contraloría municipal presente un recurso de revisión en un Tribunal Colegiado de Circuito o un amparo indirecto en un Juzgado de Distrito. En ambos juicios, existe la posibilidad de que el primer síndico, Arturo Sánchez Castellanos, pueda acreditar su interés jurídico para continuar en su calidad de edil.
Un fallo decepcionante: síndico
En entrevista a medios, el síndico Arturo Sánchez Castellanos se dijo decepcionado por la resolución del Tribunal respecto a las acusaciones contra Enrique Sosa. El edil manifestó que analizó la investigación y fundamentos que la Contraloría envió al TJA por las supuestas irregularidades en el caso del kínder Juan Aldama, sin embargo lamentó que “los fines extralegales” de los hechos “no fueron analizados”.
“La Contraloría hizo un buen trabajo, hizo una buena investigación, fundamentó muy bien sus argumentos, yo los leí con detenimiento, cuál fue la falta, de quién, a qué nivel, qué fue lo que se hizo, qué fue lo que se dijo, están todas las grabaciones del Comité de Adquisiciones, y bueno, pues es el criterio”.
Cuestionado acerca de la posible protección que desde el PAN y el gobierno estatal se ha brindado a Enrique Sosa, quien desde diciembre ocupa un cargo importante en la Secretaría de Desarrollo Económico, el síndico manifestó que, aunque no podría afirmarlo, “lo que sí puedo decir es que los magistrados que resolvieron todos los nombraron administraciones panistas”.
En el mismo sentido, la síndica Leticia Villegas Nava declaró a este medio que desde su opinión, el pleno del TJA “quedó a deber”.
“Cuando ya pasan a otros niveles tú esperas la respuesta que corresponde y la verdad es que en el fondo la forma en la que se hizo (la subasta del predio) fue la incorrecta, porque al final no es un robo, pagó una cantidad, está ahí, es la que vale, lo que yo en lo personal en un momento dado no estoy de acuerdo es en la forma y en el camino, es el proceso que se siguió lo que pudo haber sido distinto”, declaró.
Acerca del proceso que seguirá el Ayuntamiento para revertir la venta del predio, con el fundamento de la carta enviada por el empresario Gabriel Padilla, la síndica reiteró que “hay que contestarle que aceptamos” a través de otra misiva. No obstante, sin dar más detalles dijo que no será un procedimiento sencillo. “ No es nada más aceptar, se devuelve y se acaba, hay un proceso y hay un caminito, no es tan fácil de que dámelo y te lo regreso”.
Enrique Sosa, la “víctima”
El pasado lunes, a través de una columna de opinión, el periódico Correo difundió que el extesorero Enrique Sosa Campos acudió ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (Prodheg), donde presentó una queja contra el Municipio leonés y quienes resulten responsables por haberlo “exhibido en medios de comunicación” por las supuestas irregularidades de la venta que favoreció al empresario Gabriel Padilla.
De acuerdo con la opinión periodística de aquel medio, la queja fue interpuesta hace aproximadamente dos meses, luego de que el TJA desechó por primera vez las acusaciones contra Enrique Sosa.
En respuesta a la queja, el síndico José Arturo Sánchez Castellanos manifestó que “ya es el colmo del cinismo”, y aseguró que la queja contiene dichos que él expresó en medios de comunicación, y que ya han sido desvirtuados en el informe que desde la Secretaría de Ayuntamiento se replicó a la Prodheg.“Qué les puedo decir, ya se me hace el colmo del cinismo, pero así es la política, en la queja se esgrimen los dichos míos que ya fueron desvirtuados porque siempre hemos respetado el principio de presunción de inocencia, es como querer tapar el sol con un dedo”, declaró.
Fuentes internas revelaron a POPLab que este viernes, tras la sesión de Ayuntamiento en donde se informaron las actualizaciones del caso kínder, el ex tesorero Enrique Sosa acudió a la Prodheg con nuevo escrito, subsecuente de la queja que habría interpuesto en meses pasados.
26 de agosto de 2022, 11:35
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