La gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, cierra su primer año de gobierno con endeudamientos para el estado por 9.8 mil millones de pesos. De esa cantidad, el Congreso Estatal ya aprobó, en fast track, un endeudamiento superior a los 7 mil millones a pagar hasta el 2045, mientras que analiza la retención de recursos estatales por otros 2 mil 800 millones de pesos a pagar hasta el 2050.

En ambos casos, el compromiso de recursos municipales, estatales y federales es a través de Asociaciones Público Privadas, una modalidad que incluye la participación de inversionistas privados y que, de acuerdo con especialistas, es riesgosa para la inversión de recursos públicos, pues facilita evadir la rendición de cuentas.

Los proyectos fueron aprobados por el Poder Ejecutivo a través de una “Comisión Intersecretarial”, que incluye la participación de diversas dependencias del estado, como la de Gobierno, Finanzas, Administración, Medio Ambiente, Obras Públicas, la Coordinación General de Gabinete y la Consejería Jurídica, entre otras.

Las dos propuestas fueron turnadas a la Comisión de Vigilancia del Poder Legislativo, presidida por el panista Jaime González de León.

La deuda por 7 mil 009 millones 706 mil 862 pesos, examinada y aprobada por el Congreso en tan sólo seis días, es para solventar lo que el estado denominó como Proyecto de “Incremento de la Disponibilidad de Agua Sustentable para la Ciudad de Aguascalientes”, que ante la crisis hídrica que sufre la entidad, busca retener agua tratada y potabilizarla en conjunto con el agua de la Presa Plutarco Elías Calles.

Con ello se pretende garantizar el abasto del líquido, principalmente a la capital del estado, durante los próximos años.

De acuerdo con los documentos en poder de Poplab, la propuesta fue recibida en Oficialía de Partes del Legislativo el 5 de diciembre pasado.

Dos días después, el 7 de diciembre, la gobernadora presentó, también ante el Congreso, una solicitud que incluye la readecuación presupuestal y ampliación del costo por 2 mil 800 millones de pesos para un proyecto de eficiencia energética que ha sido duramente cuestionado en los últimos años.

Concebido durante su último periodo como alcaldesa de la capital (2019-2021), el proyecto ahora renombrado como “Programa de Generación, Eficiencia y Consumo Sustentable de Energía”, con un costo superior a los 20 mil millones de pesos, comprometía recursos municipales y federales hasta el 2050 para la construcción de un parque fotovoltaico que dotaría, a partir de 2020, de energía solar a las dependencias del Municipio Capital y también se destinaría a la operación eléctrica de decenas de pozos.

Pero a tres años del proyecto, el parque fotovoltaico aún no funciona. Pese a ello, se le han pagado más de 400 millones de pesos, de recursos municipales, a la empresa Next Energy del Centro, inversionista privada del proyecto y cuyos socios han enfrentado batallas legales en los estados de Baja California y el municipio de Monterrey, en Nuevo León, por actos tildados como presuntas tramas de corrupción, que derivaron en la cancelación de los proyectos.

Ahora, Jiménez Esquivel busca readecuar el contrato, incrementar su costo y comprometer recursos estatales del Impuesto Sobre la Nómina –impuesto que la administración estatal incrementó a finales de 2022, ocasionando molestias en la iniciativa privada– con el objetivo de integrar a las dependencias del Gobierno estatal, al Poder Judicial, y a institutos y órganos autónomos como beneficiarios de la energía solar que todavía no se genera.

De aprobarse en el Congreso, ese sería el segundo incremento presupuestal destinado para el mismo proyecto en sólo tres años. La propuesta aún es analizada por el Legislativo.

“Los diputados ni siquiera conocen bien los proyectos, yo les llamo ‘el cártel de la deuda’. Fue una aprobación ilegal porque para aprobar deuda, para una asociación público privada, se debería de haber conocido a fondo cómo funcionará y qué es lo que se va a hacer, con la participación de especialistas”, considera Martha Márquez, senadora ex panista actualmente afiliada al Partido del Trabajo (PT).

Un proyecto hídrico ambicioso, aprobado en fast track

El proyecto “Incremento de la Disponibilidad de Agua Sustentable para la Ciudad de Aguascalientes”, es un ambicioso plan presentado a la gobernadora –de acuerdo con la información del Ejecutivo– por Evaristo Pedroza, titular del Instituto del Agua del Estado (INAGUA), apenas el pasado 6 de noviembre.

En él se propone potabilizar el agua residual que se vierte en el Río San Pedro y aprovechar, para uso urbano, las aguas de la Presa Plutarco Elías Calles, la más grande del estado, concesionada a productores agrarios a través del Distrito de Riego 01; y aprovechar un volumen de 63 mil millones de metros cúbicos al año.

El proyecto, que ocupará terrenos federales y pasará por cinco municipios, tendrá un costo de mil 535 millones de pesos para la construcción de una Planta Potabilizadora y de 6 mil 055 millones para dar mantenimiento a plantas de tratamiento, construir plantas de bombeo, dotarlo de energía eléctrica y gastos señalados como “otros”, dando un total superior a los 7 mil millones de pesos.

El costo se pagará afectando tres bolsas presupuestales hasta el 2045: el 20% de las participaciones federales del Fondo General de Participaciones, los ingresos que recaude la entidad por el concepto de Derechos de Control Vehicular como fuente alterna y/o garantía de pago, y los ingresos municipales del recién creado Modelo Integral del Agua de Aguascalientes (MIAA).

Con ello, el INAGUA pretende “prevenir y atender el tema del agua para el estado y no llegar al día cero; y resolver la sobreexplotación de los cinco mantos acuíferos de la entidad”.

De acuerdo con el dictamen, el Gobierno tiene como plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para formalizar el proyecto y adjudicarlo, a través de una licitación pública, a un inversionista privado que realizará las obras de construcción de infraestructura, equipamiento, conservación y mantenimiento. Este último se prevé que tenga un costo de 625 millones 250 mil 629 pesos.

De acuerdo con los documentos revisados, el Congreso aprobó a la administración de Jiménez Esquivel destinar 455.4 millones en 2026, el último año de su administración, para comenzar con el proyecto y crear un fideicomiso. Y adherir, en el futuro, a los municipios de la entidad.

Entre los riesgos descritos por la propia administración estatal se encuentra la posibilidad de que el costo del proyecto aumente, que se aplace por falta de permisos o se ralentice por trámites burocráticos; y que esos factores dañen su factibilidad.

Además, el estado tiene el reto de asegurar agua para los productores agrarios del Distrito de Riego 01, y convencerlos de ceder sus títulos de concesión de la Presa Plutarco Elías Calles.

“En primer lugar, el agua que se pretende utilizar para este proyecto es el agua residual, que antes fue agua potable, o sea, es agua que igual viene del acuífero, esa es su fuente original. Además, el agua residual que descarga en el Río San Pedro y se convierte en federal, va a dar hasta Jalisco y esto puede derivar en un conflicto interestatal porque esa agua ya no va a llegar; se necesita hacer un acuerdo de distribución que incluya a los estados que están en la cuenca, como Zacatecas, Nayarit, Guanajuato y Colima, entre otros”, añade Saúl Flores, especialista hídrico y catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).

La votación en el Legislativo fue casi por unanimidad. Sólo dos legisladoras morenistas votaron en contra: Ana Laura Gómez Calzada y Leslie Figueroa, además de Juan Carlos Regalado, diputade por el mismo partido, que consideró como inconcebible la aprobación de la deuda.

La autoridad ejecutora del gasto, señala el dictamen, es principalmente el INAGUA. El panista Gabriel Ortiz Macías, coordinador general de ese Instituto, fue designado como administrador del proyecto.