Por: Macaria España

Cada año, cuando llega el 8 de marzo, las instituciones producen comunicados, campañas y actos públicos para reiterar su compromiso con la igualdad de género. Es un ritual que se repite: discursos, pronunciamientos oficiales y mensajes de solidaridad. Sin embargo, detrás de esa narrativa institucional persiste una pregunta que Guanajuato sigue sin responder con claridad: ¿por qué, pese a reformas legales y campañas públicas, la violencia contra las mujeres continúa siendo una constante estructural?

Esta semana el estado volvió a enfrentarse con una escena dolorosamente conocida. Durante los primeros meses del año fueron localizadas sin vida doce mujeres que contaban con reportes de desaparición en distintos municipios de Guanajuato entre 2024 y 2026. De acuerdo con registros del Protocolo Alba y reportes públicos de las autoridades, nueve de estas localizaciones ocurrieron entre el 3 y el 21 de febrero, presuntamente en dos fosas clandestinas ubicadas en el municipio de Juventino Rosas. Seis de las víctimas eran originarias de Celaya: Amairani, Daniela Guadalupe, Alondra Rubí, Mónica, Melanie Berenice y Alexa Melissa. Las autoridades estatales han señalado que los procesos de identificación genética continúan para dar certeza a las familias, mientras la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones.

Este no es un fenómeno nuevo.

Hace más de una década, cuando comenzaban a hacerse visibles algunos de los primeros patrones preocupantes en el estado, escribí un texto que iniciaba con la historia de una mujer llamada María. Había sido reportada como desaparecida. Su fotografía apareció en carteles pegados en avenidas y circulaba en redes sociales mientras familiares y conocidos pedían ayuda para localizarla. Una semana después fue encontrada sin vida: su esposo la había asesinado. En aquel momento, su caso era uno de los feminicidios registrados en Guanajuato, mientras las autoridades aún discutían la dimensión real del problema.

Poco tiempo después, en 2014, desarrollaba una investigación titulada Se buscan mujeres, centrada en el incremento de desapariciones femeninas en el estado. Datos de la propia Procuraduría señalaban entonces al menos 48 mujeres desaparecidas en Guanajuato. La pregunta que guiaba aquella investigación era inquietante: cómo estaban desapareciendo y qué patrones comenzaban a repetirse.

Ese seguimiento periodístico formaba parte de un proceso de investigación más amplio impulsado por la organización latinoamericana de periodismo investigativo CONNECTAS, dedicada al desarrollo de proyectos periodísticos de largo aliento sobre fenómenos estructurales en la región.

En mayo de 2011 el feminicidio había sido tipificado como delito autónomo en el Código Penal del estado de Guanajuato, con penas de hasta 35 años de prisión para quien asesine a una mujer mediando violencia extrema. La reforma representó un avance jurídico importante, pero con el paso de los años se hizo evidente que las modificaciones legales, por sí solas, no transforman las realidades sociales.

Durante mucho tiempo, las respuestas institucionales frente a la violencia contra las mujeres han privilegiado campañas simbólicas y mensajes públicos de concientización. Hace algunos años, por ejemplo, las carreteras del estado se llenaron de espectaculares rosas con el acróstico “Más Unidad Justicia Equidad Respeto”, como parte de una campaña gubernamental contra la violencia de género. El mensaje buscaba proyectar compromiso institucional frente al problema.

Pero la violencia contra las mujeres no se combate con eslóganes.

Se combate con políticas públicas sostenidas, con sistemas de procuración de justicia que investiguen con perspectiva de género, con instituciones capaces de acompañar a las víctimas sin revictimizarlas y con estrategias de prevención que reconozcan que la violencia no aparece de manera espontánea, sino que se reproduce dentro de estructuras sociales profundamente arraigadas.

Uno de los debates más complejos en torno al feminicidio en México, y particularmente en estados como Guanajuato, ha sido la disputa alrededor de las cifras. Las estadísticas oficiales suelen diferir de los conteos realizados por organizaciones civiles, en parte porque no todos los asesinatos de mujeres son tipificados como feminicidio. En esa diferencia técnica también se juega la dimensión política del problema: reconocer un feminicidio implica aceptar que la violencia contra las mujeres tiene características específicas que requieren respuestas específicas.

En otras palabras, no se trata únicamente de contabilizar muertes, sino de comprender qué condiciones sociales permiten que estas violencias se reproduzcan con persistencia.

Desde hace más de una década distintos periodistas, investigadoras y colectivos han intentado documentar este fenómeno en Guanajuato. En ese proceso también han aparecido tensiones institucionales alrededor del acceso a la información y de la manera en que estos casos se investigan y se hacen públicos. Investigar desapariciones de mujeres en el estado no siempre ha sido una tarea sencilla.

Hoy, frente a la localización de estas doce mujeres, conviene recordar algo simple: cuando un problema persiste durante tanto tiempo, deja de ser una coyuntura y se convierte en un síntoma.

El 8 de marzo no debería ser únicamente una fecha conmemorativa. También tendría que ser un momento de evaluación pública.

¿Qué ha cambiado realmente en la última década?

¿Qué políticas han demostrado ser efectivas?

¿Qué instituciones están respondiendo a la altura del problema?

Responder estas preguntas implica ir más allá del discurso institucional y asumir que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno excepcional, sino un indicador profundo de las tensiones que atraviesan a una sociedad.

Guanajuato ha construido en los últimos años una narrativa pública de compromiso con la igualdad. Pero las narrativas no sustituyen a las transformaciones estructurales.

Y si algo nos ha mostrado la historia reciente es que la violencia contra las mujeres en el estado no puede seguir siendo tratada como un episodio aislado. Porque cuando una sociedad normaliza la desaparición de las mujeres, el problema ya no es solo de seguridad, es de memoria, de justicia y de responsabilidad pública.

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Macaria España es escritora, periodista e investigadora cultural. Ha desarrollado proyectos de investigación y crónica sobre memoria social, violencia y cultura en Guanajuato. Su trabajo ha participado en iniciativas de periodismo investigativo en América Latina y actualmente se dedica a la escritura, la investigación histórica y la promoción cultural.