La titular del Instituto Aguascalentense de las Mujeres (IAM), Patricia Cárdenas, ha sido acusada de violencia laboral por trabajadoras de la dependencia. Los señalamientos incluyen graves deficiencias en la operación del Instituto, como la falta de personal, experiencia, presupuesto y proyectos sin planeación, lo que ha provocado un mayor riesgo para las mujeres que son víctimas de violencia en un estado que encabeza cifras nacionales.

Las trabajadoras aseguran que sufren presiones para atender fuera de su horario laboral, hasta altas horas de la noche, sin protocolos de por medio, pago ni medidas de seguridad, a mujeres violentadas en las “zonas seguras” de la FNSM, donde ya se registró un asesinato y diversas riñas. De no hacerlo, las amenazaron con despedirlas.

Las actividades forman parte del programa “Te quiero segura”, que el Gobierno Estatal anunció con bombo y platillo sin tener personal para ejecutarlo.

Este ha sido el comienzo de una serie de señalamientos que la plantilla laboral ha hecho, haciendo estallar una bomba sobre lo que ocurre al interior del IAM, en un gobierno por primera vez paritario y conducido por una mujer que presume llevarlo con perspectiva de género. Pero no es así.

“Se está complicando mucho porque nadie quiere apoyar y Paty está muy enojada. Va a rodar cabeza para quienes no vayan, ya se caldearon los ánimos y probablemente haya despidos después de esto”, dice en un audio de whatsapp –que las trabajadoras guardaron como prueba– una coordinadora del IAM.

Asesinato en las inmediaciones de la FNSM. Fuente: RRSS

Mientras las trabajadoras denuncian trabajo excesivo y malas condiciones, en un video de 35 segundos, tomado durante una fiesta privada en un antro tras la presentación de la cantante Belinda en la Feria Nacional de San Marcos (FNSM), aparece Patricia Cárdenas, la directora del IAM, discutiendo entre una trifulca de personas que exigen entrar, al tiempo que lanza una bebida en un vaso de cristal. En el video se escucha a un hombre, aparente organizador, pidiendo que la saquen.

Las trabajadoras, que solicitaron resguardar su nombre por miedo a represalias, aseguraron en entrevista para POPLab que el acoso y la violencia laboral se han vuelto constantes desde el inicio de la administración de la gobernadora Teresa Jiménez, a cuyos eventos políticos son forzadas a asistir aunque para hacerlo tengan que cerrar los centros de atención a mujeres ubicados en colonias y municipios.

Además, aseguran que la falta de experiencia de Cárdenas en la atención a mujeres violentadas, y los pocos recursos que otorga el estado para el Instituto y sus programas; ponen en riesgo a las víctimas en un estado que ocupa el tercer lugar en el país en llamadas de emergencia relacionadas con violencia de pareja, el cuarto en emergencias por casos de violencia familiar y el sexto en presuntos casos de mujeres víctimas de corrupción de menores, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Tan solo de enero a marzo de 2023, en Aguascalientes se han registrado más de 7 mil llamadas de emergencia de mujeres víctimas de violencia, mientras que el estado rebasa la media nacional (4.46) en casos de presunta violación, con una tasa de 6.44 por cada cien mil mujeres.

De acuerdo con datos del Secretariado, la violencia contra ellas incrementó en el primer trimestre de 2023, en comparación con el mismo periodo de 2022. Por ejemplo, se han registrado el doble de denuncias por hostigamiento sexual, pasando de 22 el año pasado a 56 este año. Las denuncias por violación simple y equiparada pasaron de 85 a 96, y los casos de violencia familiar denunciados fueron de 550 en 2022 a 776 este año.

La publicidad antes que las víctimas.

Lo que la administración de Jiménez –y la coordinación de Cárdenas– ha hecho, es destinar mayores esfuerzos a la promoción de la imagen de ambas políticas y anunciar programas que no tienen suficiente planeación ni personal para llevarlos a cabo, ocasionando mayores riesgos para las mujeres que ya sufren algún tipo de violencia.

Ejemplo de ello son las llamadas “casas rosas”, un programa anunciado por la gobernadora –implementado desde su paso por el Municipio Capital– para suplantar a los Centros de Atención y Prevención de la Violencia (CAPIV), ubicados en los municipios de la entidad.

Las casas, pintadas de un rosa casi fosforescente, son poco seguras para las víctimas pues pueden ser ubicadas con facilidad por los agresores. Algunas no tienen techo –o el que tienen es de lámina– ni consultorios para atención, tampoco personal suficiente y están construidas con materiales baratos. La poca gente que ahí labora es en su mayoría pagada con recursos federales, de acuerdo con el testimonio de las trabajadoras.

Inauguración de la Casa Rosa en el municipio de Tepezalá. Fuente: Gobierno de Aguascalientes.

“Tienen proyectadas más y todavía no han comprendido cómo se tiene que ejecutar un proyecto federal, cómo tienen que operar los centros de atención y cómo atender un resguardo de alguna mujer en situación de riesgo. No pueden disponer sólo de personal pagado con presupuesto federal, tiene que haber personal pagado también del municipio o del estado. Piensan que con tres personas que contraten del federal van a poder sostener todo. De hecho ya ahorita está ocurriendo una situación en un municipio, querían un resguardo de 72 horas pero no hay nada, no hay condiciones para el alimento, no hay cambios de ropa, nada. Las casas rosas son básicamente la pura imagen de que sí existen, pero no pueden operar”, dice una de las trabajadoras.

Otra añade: “La de Tepezalá es una bodega en la que hasta parece una simulación de película. No tiene techos. Hay un consultorio de psicología, sí, pero sin techo y de tabla roca. Igual para la asesoría jurídica y de trabajo social. Luego dicen que se están dignificando los espacios y pues no, no es verdad”.

Las “casas rosas” agregan, no cuentan con infraestructura para atender, por ejemplo, a mujeres con algún tipo de discapacidad. No hay rampas ni ninguna otra facilidad.

“El espacio de resguardo es un cuarto que salvo una cama, no tiene nada más. Y el mismo centro de atención está ahí, si hay un resguardo ahí se queda encerrada la usuaria las horas y las horas en ese cuarto mientras la gente trabaja. Imagínate estar 72 horas encerrada con niños y niñas mientras es horario de oficina, con todo lo que pasa ahí. Que esté pintada de rosa y que todo el mundo sepa en dónde es, es peligroso. En algunos municipios están llegando hombres a la casa a preguntar, cosa que no nos pasaba antes, cada vez es más evidente para los agresores”, añaden. En la mesa hay cuatro mujeres y un hombre que han ofrecido su testimonio.

Otro programa estatal estrella son las “agentes rosas”, líderes de colonia –que en realidad son operadoras del voto– a quienes el Estado pretende delegar la responsabilidad de acompañar a vecinas que son o han sido víctimas de violencia, sin protocolos de seguridad o atención psicológica.

“La capacitación que se les da es de 2 horas, sin seguimiento, contención ni garantía de seguridad para ellas. Es muy delicado porque son mujeres que viven en las mismas colonias que los presuntos agresores y les están delegando un trabajo de gobierno, es esta falsedad de seguridad que están vendiendo. No puedes delegar la responsabilidad del Estado a las mujeres bajo el argumento de que entre nosotras nos apoyamos. Además no es muy claro cómo se eligen”, explica Angélica Contreras, integrante de la organización Cultivando Género.

"Agentes rosas" posan junto con la gobernadora Teresa Jiménez. Fuente: Gobierno de Aguascalientes

La activista añade que la titular del IAM también ha buscado canalizar a víctimas para que sean atendidas en las organizaciones civiles, en lugar de que el Estado sea quien les provea lo que necesitan.

“Las organizaciones ya estamos saturadas, tenemos lista de espera. El contexto real es la violencia que se está dando en el Instituto y la falta de operación y operatividad en los programas que gestiona”, dice Contreras.

Lo que sucede en el IAM pinta de cuerpo entero a Patricia Cárdenas, que en la actual administración estatal obtuvo, por primera vez, un cargo de primer nivel en la política aguascalentense. Comunicóloga de profesión, con maestría en comunicación social por la Universidad Regiomontana, situada en Monterrey, Cárdenas dirigió el colectivo 50+1, creado por mujeres interesadas en la política y desde donde, junto con otras integrantes, favoreció a la campaña de Teresa Jiménez durante las elecciones de 2022, cuando se convirtió en la primera gobernadora del estado.

Patricia Cárdenas, directora del Instituto Aguascalentense de las Mujeres.

Pero su currículum, que incluye cargos públicos en instancias federales, no contiene datos que permitan corroborar su experiencia en la atención a mujeres y las violencias que éstas viven. Su actual cargo, en apariencia, es el pago de favores político-electorales.

“Estos puestos no solamente son los que tienen menor presupuesto, sino que siguen siendo para pagar cuotas sin especializar a las personas. Nos ha costado mucho dar esa crítica en esta administración porque ya tienen mujeres, hay un gabinete paritario, pero no necesariamente esas mujeres son las más preparadas para estos puestos. Y no vamos a avanzar jamás en la prevención si seguimos dejando que a quienes dejan de titulares sean nada más por cubrir cuotas políticas. Necesitamos especialización”, agrega Contreras.

En 2023 el IAM recibió un recurso estatal de 32.7 millones de pesos, la mitad de lo que se etiquetó para la nueva Secretaría de Comunicación y Vocería, que recibió casi 68 millones. Junto con la Defensoría Pública y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto es de las dependencias con menor presupuesto en el estado.

El asedio laboral.

El pasado 13 de abril, en un evento que incluyó DJ y un robot parlante en una gran pantalla, Teresa Jiménez presentó su Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027. A ese evento, afirman las trabajadoras entrevistadas, desde la dirección del IAM se les obligó a asistir y a llevar a dos acompañantes con ellas. Eso implicó que durante esa tarde se cerraran los centros de atención para las mujeres, con el único objetivo de que la Plaza Principal de la capital del estado luciera abarrotada para el evento de la gobernadora.

Las entrevistadas afirman que no es la primera vez, que en otras ocasiones se les ha obligado a asistir a eventos políticos pese a que no hay suficiente personal para cubrir las operaciones del IAM. De hecho, dicen que durante todo el mes de enero no se atendió a ninguna víctima, por falta de personal y de presupuesto.

“Desde que conocimos a Patricia utiliza frases como: “necesito ver quién está en el proyecto de la gobernadora”, pero nunca se refiere a lo que hacemos, sino a los eventos. O sea, es muy claro que cuando usa ese tipo de frases se refiere a que nos quiere ver en sus eventos o en las presentaciones de los proyectos, pero nunca nos ha preguntado: ¿Qué haces? ¿Cuál es tu función, o qué se necesita adentro?. En muchas ocasiones sentimos que ni siquiera se toma en cuenta. La gente deja de hacer sus funciones por ir a esos eventos, cosa que no se debería de hacer porque trabajamos con mujeres de alto riesgo, no se les pueden dejar”.

Por su parte, Angélica Contreras, de Cultivando Género, dice que de acuerdo a estudios de seguridad pública, las mujeres solicitan ayuda con mayor frecuencia durante la noche o los fines de semana, y el IAM no cuenta con todo el personal necesario para atenderles.

“Quieren cumplir con tener horarios 24 horas, pero en lugar de incrementar el personal para que pueda tener garantías durante todo el día, en condiciones dignas laborales, extienden los horarios del poco personal que tiene el Instituto”.

La lista de quejas es larga. El personal tanto operativo como administrativo sufre intimidaciones, jornadas laborales extenuantes sin pago de horas extra, falta de acompañamiento psicológico para quienes atienden a personas en situación de violencia, daños a su salud mental, falta de planeación para los proyectos y trabajan sin las herramientas necesarias. Además, se les presiona para atender a muchas mujeres sin importar la calidad de la atención, buscando reflejar números altos.

Y agregan que Cárdenas, su directora, ha solicitado datos de las credenciales de elector de mujeres que habitan en ciertas zonas del estado, sin dejar claro por qué les obligan a registrar información que podría ser utilizada en alguna campaña política.

Las trabajadoras dicen que se sienten intimidadas por una posible vigilancia del C5, el organismo de seguridad pública que opera cámaras de seguridad y programas de vigilancia. También temen por probables represalias al interior del IAM, tras hacer públicas sus exigencias.

Hasta el momento, cuatro personas han renunciado a su cargo. Las trabajadoras se organizaron para escribir un texto y difundirlo en redes sociales. El documento describe la violencia laboral con la que trabajan, que incluye vigilancia excesiva a través de cámaras de seguridad con capacidad para grabar audio en los pasillos, la cocina u oficinas del IAM…mientras que los centros de atención a las mujeres no cuentan con este tipo de tecnología.

“(Patricia Cárdenas) suele recurrir a prácticas de asedio laboral dentro de la Institución, haciendo uso de la intimidación y la vigilancia como abuso de poder, exigiendo al personal administrativo y operativo jornadas laborales en fines de semana, poner dinero del mismo personal para cubrir las demandas de sus proyectos y laborar en un ambiente de vigilancia con la puesta de cámaras con sonido excesiva y sin sentido dentro de las oficinas centrales, sin importar las condiciones de las madres de familia, mujeres embarazadas o cualquier otra condición. Se vale del lema "No los corro, pero quiero ver quien apoya" o de la frase "quien no participe en el proyecto de la gobernadora, se va" con sus empleadas y empleados”, señala el texto.

Aunque se solicitó entrevista a la Secretaría de Comunicación y Vocería sobre los señalamientos, hasta la publicación de este texto no se obtuvo respuesta.