Patricia ha recabado cuanta información le ha sido posible sobre la desaparición de su hijo y su pareja; ha presentado audios y videos como evidencias; ha visitado casas de seguridad y ha presentando testigos y aún así, en tres años y seis meses, la carpeta relacionada con este caso no ha tenido avances en la Fiscalía del Estado de Guanajuato.

En el estado, integrantes de los colectivos se han convertido en investigadores que arriesgan sus vidas para obtener pruebas, pero la Fiscalía no da resultados, lo que demuestra el desinterés que tiene en atender a las víctimas, incluso cuando se han emitido pronunciamientos de la ONU para proteger a las familias.

Por "cuestiones de agenda", Carlos Zamarripa Aguirre falló una vez a una reunión programada con una de las víctimas que cuenta con acciones urgentes del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU: Norma Patricia Barrón Núñez. Sin embargo, ha faltado ya a otras dos reuniones programadas tras la reunión con representantes internacionales el 24 de noviembre del año pasado.

Acompañada por integrantes del colectivo Una luz en mi camino, la buscadora se negó a recibir un desaire más. Esperando ser atendida por el fiscal, pasó la noche afuera del edificio blindado en San José de Cervera y se fue con el compromiso de que el próximo 26 de enero ahora sí estará presente el funcionario.

Acuerdo roto causa indignación

El 24 de noviembre de 2022, familias de personas desaparecidas con acciones urgentes emitidas por la ONU se reunieron con el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre. En aquella ocasión, el funcionario acordó con ellas tener reuniones particulares para analizar a detalles su casos. Los encuentros se programaron para las primeras semanas de enero de 2023.

El año comenzó y también llegaron las fechas de las reuniones. La primera semana, Carlos Zamarripa recibiría a las primeras víctimas, pero no llegó. La segunda fecha tampoco se hizo presente y llegó el turno a la buscadora Norma Patricia Barrón, con ella tampoco hizo actos de presencia.

El hijo de Patricia y su pareja sentimental, Kevin y Juan, desaparecieron en junio de 2019 en Irapuato. Tres años y seis meses después no hay avance en su carpeta de investigación, esto a pesar de que ella ha entregado datos de prueba, testimonios y otros elementos a la Fiscalía para capturar a los responsables de la desaparición de sus seres queridos.
Patricia llegó a la reunión acompañada de otras familias, que se han integrado a la carpeta pues se presume que los responsables del secuestro de su hijo y su pareja podrían estar relacionados con otros casos: 26 homicidios, un secuestro más y extorsiones. La cita fue a las 10 de la mañana.

A las 10:30 se presentó el secretario particular del fiscal, para informarles que sería él quien los atendería y revisaría los casos. Las víctimas decidieron no aceptar el diálogo, pues el compromiso había sido que el fiscal de forma personal se entrevistaría con ellos.

"¿Qué estamos esperando si al fiscal no le interesan las víctimas, si no le interesan las desapariciones? porque claramente se ve cómo sigue mintiéndole a las víctimas, mintiendo en acordar una reunión y no está presente, porque tiene apretada su agenda, precisamente le dimos el tiempo necesario, dos meses, para que él pudiera estar presente para que nos pudiera escuchar", comentó Patricia.

El funcionario enviado por Zamarripa no ofreció ninguna fecha para reprogramar la reunión; sin embargo, los integrantes del colectivo decidieron plantarse afuera del edificio de la Fiscalía a esperar una solución y desde las 10:30 de la mañana las horas transcurrieron. El fiscal no apareció

Agenda ocupada, víctimas no ceden

La justificación para no estar en la reunión con víctimas, según lo mencionado por el secretario particular, es que el fiscal tiene una agenda muy apretada. Las actividades diarias del fiscal no son públicas.

Los colectivos permanecieron afuera de la fiscalía toda la tarde y pasaron la noche en un campamento ahí mismo. Durante esas horas y pese al frío que se sintió ya por la tarde, convocaron a una marcha para exigir la atención de Carlos Zamarripa.

Patricia Barrón, recordó que en el colectivo se acumulan más de 100 carpetas de investigación, 30 por desaparición y un número más amplio por homicidios, pero muy pocas de ellas resueltas.

“Si a ti te desaparecen, después quitan tu carpeta de desaparición y la meten a homicidio, pero ni un delito se esclarece: ni la desaparición, ni el de homicidio, mucho menos los 30 que tenemos en desaparición; parece que las carpetas se archivan, no avanzan…”, lamentó.

En el caso de su hijo y su pareja, la buscadora ha hecho labores de investigación, recabando datos con comunicaciones que establecieron con ella personas que secuestraron a sus familiares y le pidieron un rescate de un millón de pesos.

En labores de búsqueda ya estuvo en casas de seguridad en las que se localizaron cuerpos, pero ninguno fue el de su hijo o su pareja.

Tres años después sigue la búsqueda, pero en medio de amenazas a su vida que ha hecho del conocimiento de autoridades y aún así no hay detenciones de las personas responsables.

“Nos están persiguiendo a nosotros como víctimas, recibimos amenazas, se ponen en la esquina de la casa, nos tuvimos que cambiar. Nos vulneran nuestro derecho, queremos que se accione la justicia, que hagan su trabajo y que ejerciten la acción penal porque ya hay elementos suficientes; eso es lo que estamos exigiendo, las órdenes de aprehensión, porque los delincuentes siguen generando desapariciones, homicidios, es una situación de verdadera impunidad”, señaló.

Después de volver a tomar las calles como ocurrió hace más de dos años en un movimiento que culminó en una situación de represión policial, los integrantes del colectivo Una luz en mi camino lograron un compromiso del fiscal.

“Ya nos cansamos de tomar café en cada reunión presencial, lo que queremos son acciones, queremos resultados y si él no va a ejercitar una acción penal en contra de todos, los tomos de investigación entonces se los daremos a conocer a la opinión pública, ya no queremos más impunidad. No vemos el interés del fiscal por mi caso en concreto, ni por el mío ni de otras familias, que es lo más triste en Guanajuato”, concluyó.

Como defensora de derechos humanos, Patricia vive amenazada. Actualmente cuenta con medidas por parte del Mecanismo de protección y la Fiscalía se comprometió a evaluar otras para garantizar su seguridad y la de su familia.