Uno de los proyectos inmobiliarios más ambiciosos de Aguascalientes tiene capital político y ha comenzado la preventa de lotes sin siquiera contar con un permiso fundamental: la utilización de agua potable para equipar a las viviendas que ofrece. Además, su construcción tendrá efectos devastadores en la salud ambiental y en la temperatura del estado.

De acuerdo con especialistas consultadas para este reportaje, la construcción de Zitara Ciudad Residencial & Golf, impactará negativamente en los beneficios naturales de la zona cercana al Cerro del Muerto, declarado monumento natural del estado en 2008 y uno de los elementos más identitarios de Aguascalientes.

Ubicación del proyecto, señalado en blanco. Fuente: Redes sociales de Zitara Ciudad Residencial & Golf.

Zitara es un complejo residencial que Grupo Plusvalterra, la empresa que lo edifica, vende como “ciudad residencial”. Además de viviendas, este megaproyecto de 200 hectáreas promete contar con un clúster médico, centro de negocios, zona gourmet y comercial, educación básica, media y superior, iglesia, jardín de eventos, club deportivo y un enorme campo de golf de 18 hoyos.

El 2 de marzo de 2023, Ccapama, el organismo operador de agua potable del municipio capital, respondió a una solicitud de información solicitada por Poplab en donde consigna que Grupo Plusvalterra “no ha formalizado aún” el estudio de factibilidad de agua potable (un estudio técnico que determina si es factible otorgar el servicio) debido a que el desarrollo se encuentra en proceso de autorización…pese a ello –y como si ya tuvieran seguro el permiso– ya comenzó la preventa de viviendas en dos de los conjuntos residenciales con los que contará el complejo: Itza y Cúzama, indica información de las redes sociales del proyecto.

Es decir que venden, por ahora, viviendas a las que no pueden dotar de agua potable. Las más baratas cuestan entre 1.2 y 2.2 millones de pesos.

Información del Registro Público del Comercio, consigna que Grupo Plusvalterra pertenece a la familia Aldana Ramírez. Pero el proyecto cuenta con una promotora de inversión en donde participa la familia Olivares Ventura, jerarcas del PRI en Aguascalientes desde que Enrique Olivares Santana se convirtió en gobernador (1962-1968) y posteriormente en secretario de gobernación, con el expresidente José López Portillo.

Acta Constitutiva de la promotora de inversión para la construcción de Zitara. Fuente: Registro Público del Comercio.

En este estado, de la familia Olivares han salido candidatos a gobernador, diputados locales y federales, senadores, notarios públicos y presidentes municipales, entre otros cargos. Su influencia política y su riqueza son muy conocidas.

La empresa comercializa como un atractivo “total class” un enorme campo de golf de 18 hoyos que planea construir en más de 66 hectáreas, y aunque no existe un consenso sobre cuánta agua se necesita para el riego y mantenimiento de un campo de esas dimensiones, se estima que el consumo oscila entre los 200 mil y 300 mil metros cúbicos al año, es decir, de 200 a 300 millones de litros de agua al año, lo equivalente al agua que necesitan más 300 mil viviendas que cuenten con un tinaco de 750 litros, el promedio para una familia de cuatro integrantes.

En Aguascalientes, lo que menos hay es agua. De acuerdo con información de la Conagua, todos los acuíferos del estado están sobreexplotados y ya no tienen disponibilidad.

Mientras que en México, pese a la crisis hídrica que ha dejado a millones sin agua, los campos de golf tienen permisos de concesión de hasta 200 litros por segundo. Su riego, a través de pozos clandestinos y agua tratada, fue una de las razones por las que en 2022 el estado de Nuevo León sufrió una severa sequía. El tema incluye actos de corrupción, pues los gobiernos han preferido mirar hacia otro lado.

Para Grupo Plusvalterra y sus socios priistas, la falta de agua –y de permisos– no parece ser un problema. Además del campo de golf, planean construir cuatro albercas, una de ellas olímpica. En promedio, dependiendo de la profundidad, este tipo de albercas utilizan unos 2 millones y medio de litros de agua para llenarse, lo suficiente para dotar de la cantidad de agua promedio, durante un mes, a casi 900 personas.

El impacto ambiental.

Ethel Martínez, bióloga, investigadora y ambientalista integrante de la organización Salvemos La Pona; y Elsa Marcela Ramírez, profesora investigadora del Departamento de Bioquímica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), explican que los efectos de urbanizar casi a las faldas del Cerro del Muerto irán desde la destrucción del ecosistema de la zona, la afectación a la flora y fauna, hasta el impacto al escurrimiento natural del agua y efectos negativos en la temperatura de todo el estado.

La zona en donde se pretende construir el proyecto es de escurrimiento natural de agua que viene desde Zacatecas, pasa por la Sierra Fría, se incorpora a la cuenca del Niágara y baja hasta las costas de Jalisco.
Urbanizar y poner asfalto impactará negativamente este proceso y provocará el desperdicio de agua.

“Toda el agua de riego, por ejemplo, para ese campo de golf, va a escurrir por la pendiente natural que tiene la zona y lejos de infiltrarse, porque el tipo de suelo no es de infiltración, se va a desperdiciar, se va a evaporar y finalmente no va a llevar agua a la cuenca, ni va a favorecer la formación de humedad en el ambiente. Es un desperdicio total. Y si quitan una superficie de absorción, como son los pastizales naturales de la zona, pues todavía más va a haber un desperdicio mayor”, dice Ethel Martinez.

Como ha consignado Poplab en otros reportajes, el gobierno de la panista Teresa Jimenez ha facilitado las reglas para el crecimiento de la industria inmobiliaria, inequitativamente, lo que tiene graves impactos en el ambiente y el derecho del acceso al agua.

“En Aguascalientes la población tiene cierta cantidad de años de crecimiento y cierta demanda de agua. Entonces, por mucha conciencia del estrés hídrico que tengamos, si el gobierno sigue dando prioridad a la industria inmobiliaria como el único, o como una de las pocas vertientes económicas que hay, estamos acabados. Es un indicativo de que yo como ciudadano no le intereso al gobierno porque el recurso de agua es escaso. El gobierno tiene que priorizar el reparto equitativo, esa debe ser la prioridad: que todo ciudadano tenga acceso”, dice Ethel Martínez.

En el estado, añade la ambientalista, no volverá a llover como antes. La falta de agua, entonces, será mucho mayor.

“No hay una previsión a futuro de que estamos en una región semiárida, aquí no va a llover más, somos población muy vulnerable al cambio climático. Estamos viviendo en un proceso de desertificación, ya no va a haber en un futuro recarga del acuífero. Imagina lo que va a pasar si seguimos con este reparto inequitativo, y si pocos ciudadanos tienen acceso al agua y ese poco acceso se destina a un campo de golf. El agua no tiene que estar adueñada, no tiene que ser una propiedad privada”.

Por su parte, Elsa Marcela Ramírez añade que en esa zona no debería de permitirse la expansión de la mancha urbana, incluso, entre 2004 y 2010, estudios de gobierno establecieron que no era saludable hacerlo. Este proyecto no solo afectará al microclima de la zona, sino que tendrá efectos en la temperatura de todo el estado.

“Esa zona ha ido modificándose un poco, se ve un poco más desértico, pero realmente la riqueza que se tiene ahí tanto de flora como de fauna es excelente.Toda la parte poniente del estado se tendría que preservar para permitir generar un microclima más o menos templado, como lo teníamos antiguamente. Meter concreto a un lugar que puedes tener por un lado emisiones de CO2, pero también son depósitos de CO2, porque hay una gran cantidad de plantas, de animales. (...) Degradan todo el suelo y estamos sintiendo todos los cambios en la temperatura, en el escurrimiento del agua. Lo sentimos en la calle, la ciudad está toda destruida, cada vez hay más y más casas”.

Ricos y con privilegios.

Esta no es la primera vez que la familia Aldana Ramírez construye un fraccionamiento. Lo ha hecho por años, edificando complejos residenciales como Trento, Balandra y Muralia, según consta en información de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

De acuerdo con su acta constitutiva, Grupo Plusvalterra pertenece a María Rebeca Ramírez Colunga y a sus hijos e hija: Rebeca Denisse, Christian Alberto y Julio Andrés Aldana Ramírez.

La dirección fiscal de la empresa es una casona instalada en el fraccionamiento Campestre, uno de los más exclusivos y costosos del estado, mientras que una de sus oficinas se encuentra en otra zona residencial, al norte de la ciudad capital. En sus redes sociales, la familia presume viajes por el extranjero y lujos.

De acuerdo con información de la PNT, a través de argucias legales los Aldana Ramírez han gozado de la condonación del pago por el impuesto del predial en más de una ocasión, y en una de ellas, hasta por más de 800 mil pesos.

Condonación de impuestos. Fuente: Plataforma Nacional de Transparencia.

Y pese a que tienen recursos y una empresa consolidada, han sido beneficiados con dinero público destinado a emprendedores y medianas empresas.

El 15 de febrero de 2021, el Comité de Evaluación del Programa de Proyectos Productivos MYPIMES y emprendedores de la Secretaría de Desarrollo Económico, titulada por Manuel Alejandro González Martínez –quien permanece en ese cargo tras la transición de la administración– le entregó a la empresa 32 mil pesos para la “capacitación e integración de expedientes para fraccionamientos, condominios y desarrollos inmobiliarios especiales”, como empresa integrante de la Cámara Nacional de la Industria (Canadevi).

Entrega de recursos públicos. Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Aguascalientes