La entidad se encuentra lejos de tener la mejor policía de México, como lo ha prometido en reiteradas ocasiones el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, pues además de las deficiencias en el equipamiento a los elementos y el mal clima laboral, también están ausentes procedimientos que garanticen los derechos humanos y laborales del personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública.

Violatorio a todos sus derechos, una familia fue despedida de la Secretaría de Seguridad por “superiores” que nunca pudieron precisar quién o quiénes eran los que ya no querían que Agustín, padre de familia con 27 años como custodio, además de sus tres hijos: Agustín, Martín y Lorena, siguieran en la plantilla de la Secretaría.

La dependencia a cargo de Alvar Cabeza de Vaca Appendini se brincó todo el proceso que debe seguirse para la baja de elementos, sin dar explicaciones ni permitir la defensa a los implicados.

Lo que motivó el despido de los tres hermanos de la corporación fue la acusación que fincaron en su contra en la secretaría por ser “halcones” al servicio del crimen organizado; sin embargo, la corporación no inició antes una investigación al Consejo de Honor y Justicia, tampoco siguió una investigación de tipo penal para el deslinde de responsabilidades.

Ahora, los hermanos quieren limpiar su buen nombre, después de que en las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado los consideraran “halcones”, sin dar oportunidad a que al menos presentaran argumentos para poder mantener su empleo. Más allá de la liquidación, los exelementos de FSPE pretenden evitar señalamientos de la sociedad en general por las acusaciones de “superiores” sin pruebas e incumpliendo con el debido proceso, pues el caso de la familia no pasó por el Consejo de Honor y Justicia.

Las deficiencias en equipamiento que tienen los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública desde la administración estatal anterior han quedado en evidencia con paros laborales, que luego fueron disfrazados por las autoridades estatales para evitar el escándalo.

El mal clima laboral también se ha hecho público, aunque con reservas por las consecuencias que podría implicar para los elementos que se atrevan a denunciar lo que ha quedado expuesto, como favoritismos para elevar de rango a policías sin experiencias, pero altamente recomendados.

Hace apenas dos semanas Diego Sinhue volvió a insistir en que Guanajuato tendrá una de las mejores policías de México

La relación familiar y las acusaciones

Los tres hermanos fueron dados de baja de la corporación cuando superiores conocieron de la relación familiar que tienen con Héctor, joven de 19 años, que fue detenido en un operativo realizado por el Grupo Táctico de las Fuerzas de Seguridad, pero que luego quedó libre porque se comprobaron abusos por parte de los elementos durante la detención como el allanamiento de morada porque actuaron sin una orden judicial.

Héctor, hermano de los elementos de las Fuerzas, fue detenido el pasado 7 de marzo en la colonia El Edén, en la capital del estado, junto con dos personas más a quienes acusaron de delitos contra la salud, pues según un comunicado de prensa emitido por la Secretaría de Gobierno se les encontró en posesión de 1 mil 740 dosis de cristal y 105 mil dosis de mariguana. Una semana después, el día 14 de marzo, fue liberado porque al presentarse ante el juez en audiencia de imputación, se comprobaron los abusos policiales de los que fueron víctimas, además de que argumentaron que fueron los mismos elementos del Grupo Táctico los que les habían “sembrado” la droga.

Sin embargo, unas horas antes de que Héctor fuera liberado por un juez ante la falta de pruebas por parte de la Fiscalía General y los excesos de los elementos de Seguridad Pública Estatal, a sus hermanos les habían pedido la renuncia en FSPE.

El 14 de marzo por la mañana, Lorena, quien desempeñaba funciones administrativas como responsable del armamento y personal de licencia, fue llamada a la oficina de Juan Chávez Domínguez, comisario general de FSPE, quien le indicó que tenía que trasladarse al área jurídica donde la titular Nayeli Mújica le pidió que firmara su renuncia, después de que conocieran su relación de parentesco con Héctor.

A Lorena la acusaron, verbalmente, de informar a un grupo criminal al que supuestamente pertenecía su hermano, de los operativos que realizan las Fuerzas, además de ayudarlos a que integrantes de la célula delictiva tuvieran licencias para la portación de armas de fuego.

Ante las acusaciones, Lorena que tenía cuatro años dentro de las Fuerzas de Seguridad Pública, certificada con los exámenes de control de confianza, respondió que ella no había cometido tales actos y que antes de pedirle que firmara la renuncia la investigaran.

Momentos después llegó a la misma oficina su hermano Agustín, con 10 años en las Fuerzas como suboficial, con cinco exámenes de control de confianza aprobados, a quien también acusaron de ser cómplice de su hermano Héctor. Acto seguido también le pidieron renunciar.

Ambos se negaron a firmar el documento que les presentó el área jurídica y a cambio le ofrecieron que se abriera una investigación, como lo establece el reglamento, incluso dejaron a disposición de las autoridades sus teléfonos celulares, sin éxito.

La misma noche del 14 de marzo, su hermano Héctor fue liberado por falta de pruebas y el abuso de autoridad, por lo que creyeron que regresando a trabajar un día después les permitirían la entrada, al salir libre su hermano.

La respuesta de los jefes inmediatos es que habían sido dados de baja por sus superiores, incluso su hermano Martín estaba en las mismas circunstancias, pero como él se encontraba en periodo vacacional le notificarían a su regreso.

Cuando intentó regresar, Agustín grabó el momento exacto en el que se le impide la entrada diciéndole que había sido dado de baja de la corporación, sin que nadie pudiera explicarle quién había dado la orden.

El caso de Martín, el tercer hermano, fue distinto, porque a dos semanas de lo ocurrido nadie le ha avisado en qué estatus está su situación laboral, simplemente no lo dejaron entrar al cuartel el día 25 de marzo, cuando se suponía tenía que regresar a labores, una vez concluido su periodo vacacional.

Martín llevaba cerca de siete años como suboficial de las Fuerzas de Seguridad Pública, era un elemento en activo al que llegaron a enviar a operativos como el llamado “Golpe de Timón”, iniciado en los primeros días de marzo en la comunidad Santa Rosa de Lima del municipio de Villagrán.

“Nos están destruyendo"

Los tres hermanos tocaron distintas puertas para defenderse de acusaciones sin fundamento desde los primeros días de que impidieron su entrada al trabajo, pero se toparon con la negativa de los “superiores”, pues solo les prometían agendarles una cita para darles oportunidad de exponer su caso.

“Nos dejaron manchados”, “¿Quién nos va a quitar el desprestigio?”, “Nos están destruyendo”, expresaron los tres hermanos luego de la lucha legal que han iniciado para, al menos, dejar en evidencia el abuso de autoridad al interior de la corporación responsable de velar por la seguridad de los habitantes de Guanajuato.

Agustín, Lorena y Martín han tocado las puertas de Martín Octavio Luque Lucio, subsecretario de Seguridad, y la del secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, sin que les hayan permitido tener una cita con ellos.

Ilustración: Pinche Einnar.

En los casos de Agustín y Lorena han presentado queja ante el Tribunal de Justicia Administrativa por el despido injustificado y no respetar el debido proceso para su baja.

En el caso de Agustín quedó asentado en el expediente 531/2019. El expediente de Lorena es el 530/2019.

Martín es un caso excepcional, pues a él ninguna autoridad le ha dicho que fue dado de baja, ni se le ha acusado de nada, solo tiene conocimiento de los hechos a través de sus hermanos y porque el 25 de marzo le impidieron el acceso al cuartel.

El cauce legal en el caso de Martín es distinto, aquí se ha pedido un amparo para que le permitan regresar a sus labores, al no haber sido informado de una baja.

Las decisiones de las autoridades de la Secretaría de Seguridad también impactaron de manera directa al padre de los hermanos, Agustín, quien después de 27 años como custodio se vio obligado a renunciar a petición de sus jefes.

A unas semanas de tener derecho a jubilarse, Agustín papá firmó el pasado jueves la renuncia a su trabajo como custodio.

En la Secretaría de Seguridad Pública, como en otras instancias de la administración estatal, esperaban tener un cambio con la llegada de Diego Sinhue Rodríguez, pero se encontraron con la permanencia de titulares como Alvar Cabeza de Vaca, pese a los señalamientos en su contra de elementos estatales.