El presunto desvío de recursos públicos que debieron destinarse a apoyos sociales, amenazas a servidores públicos y hostigamiento laboral, forman parte de la denuncia que presentaron 19 excolaboradores de la delegación de Programas Integrales de Desarrollo Social del Gobierno Federal en contra del subdelegado Ricardo Gómez Escalante ante la Secretaría de la Función Pública.

Mauricio Hernández, delegado de Programas Integrales de Desarrollo Social en Guanajuato es uno de los 10 superdelegados del Gobierno Federal investigado por presuntos actos de corrupción.

En la denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, de la que POPLab tiene copia, va dirigida contra el subdelegado de la región 5 de la Secretaría de Bienestar, Ricardo Gómez Escalante, en la que se pide al órgano de control interno de la administración de Andrés Manuel López Obrador que se realice una auditoría por presuntos actos de corrupción relacionados con los apoyos sociales que tendrían que llegar a sectores vulnerables de la sociedad como adultos mayores y personas con discapacidad.

En el documento enviado desde agosto pasado a la Secretaría que encabeza Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, también se exponen otras irregularidades como malos tratos, violaciones a la Ley General del Trabajo y amenazas en contra de personal que estaba contratado para hacer el censo de las personas que serían beneficiadas con los apoyos sociales que entrega el Gobierno Federal, los llamados "Servidores de la Nación".

Respecto a las denuncias de las que habló Irma Eréndira Sandoval en su comparecencia en la Cámara de Diputados, tanto Mauricio Hernández como Ricardo Gómez han negado tener una notificación oficial por parte de la Secretaría de la Función Pública.

Para Ricardo Gómez la denuncia colectiva en su contra es un golpeteo político. “Esto se puede resumir a tintes políticos, no es otra cosa que tintes políticos”, acotó en entrevista para POPLab.

Durante la conferencia de la mañana de este viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también habló de las investigaciones a los superdelegados que él nombró en los estados. El mandatario federal dijo que, con la autonomía que goza la Secretaría de la Función Pública, es libre de decidir si la revisión amerita que sean separados de su cargo.

Ilustración Pinche Einnar

Denuncia ante SFP

Ante la Secretaría de la Función Pública un grupo de 19 personas presentaron una denuncia en la que se exponen los excesos con los que, aseguran, se maneja la subdelegación con sede en León a cargo de Ricardo Gómez Escalante.

En el documento fechado el 19 de agosto de 2019 se pide a la Secretaría de la Función Pública que se audite la subdelegación, al señalar que hay personas en el padrón de beneficiarios que fueron ingresados en cuatro o cinco ocasiones; además, se desconoce el destino de al menos 2 mil tarjetas de beneficiarios que no han podido cobrar el apoyo federal.

En el pliego de denuncia, las 19 personas que firman el documento señalaron que Ricardo Gómez Escalante expone la integridad física de los servidores públicos que realizaban los censos al pedirles que identificaran y fotografiaran a narcomenudistas e inmuebles donde se sospechara que vendían drogas en las colonias del municipio de León.

Lo anterior, con el fin de que el propio Ricardo Gómez Escalante llevara a la mesa de seguridad del municipio de León, en la que participa, los lugares donde se presume la venta de sustancias ilegales.

Al subdelegado regional se le acusa de tener vínculos con operadores políticos del PAN, de amenazar a excolaboradores, violentar los derechos laborales y no dar recursos para que pudieran trasladarse las personas encargadas de los censos por el municipio de León.

También hay un apartado en el que uno de los denunciantes expone que después de salir de la subdelegación, recibió un video enviado por Carlos Gómez Macotela, padre de Ricardo Gómez, en el que se ven hombres con uniformes tipo militar y chalecos con las siglas de un cártel del crimen organizado y un hombre semidesnudo. Al preguntarle qué significaba ese video, la respuesta que recibió fue que lo tomara como quisiera.

Sin avance la investigación

Antes de acudir ante la Secretaría de la Función Pública, algunos de los denunciantes presentaron la queja ante el órgano de control interno de la Secretaría de Bienestar, sin éxito.

Una de las denunciantes, comentó en entrevista para este medio que la primera denuncia contra Ricardo Gómez fue ante el órgano de control interno de la Secretaría, pero al no tener respuesta, decidieron ir directamente a la Secretaría de la Función Pública.

Sostuvo las denuncias expuestas en el documento enviado a la Secretaría desde hace semanas, porque dijo, no solo existe corrupción, sino múltiples violaciones a los derechos humanos y laborales del personal, además de que lo vinculan con operadoras del PAN que ofrecen los programas a nombre del Partido Acción Nacional.

“Siempre vivimos bajo amenazas, cada reunión que hacía no era una reunión donde dijera cómo podemos mejorar, cómo tratar a la gente. Siempre fue la amenaza de manera verbal o chisme, si no obedeces te vas, te corro”.

Incluso, no a todos los servidores públicos les llegaban sus pagos mensuales por hacer los censos, sin que a la fecha puedan dar una explicación de por qué no recibieron remuneración a pesar de estar contratados.

“Hay compañeros a los que nunca les llegó su sueldo, nunca supimos por qué, pero sí estábamos obligados a dar cuota de 100 pesos mensuales para mantenimiento de la oficina. Sin la cuota podríamos ser corridos”.

Aunque buscaron exponer ante Mauricio Hernández, el superdelegado, las recurrentes violaciones a los derechos de los trabajadores, éste nunca recibió a los grupos de servidores públicos que pedían audiencia con él.

Para los denunciantes, existe complicidad de Ricardo Gómez con Mauricio Hernández, no solo en el tema de las violaciones a los derechos de los trabajadores, sino por la falta de entregas de los apoyos sociales.

“Ricardo presume que no le van a hacer nada, se siente protegido, a él no le pueden hacer nada”.

De acuerdo con los testimonios, es el mismo Mauricio Hernández el que llega a las comunidades rurales a hacer promesas de entregar apoyos, sin que cumpla con los ciudadanos.

“Al 40 por ciento de la población o un 50, no le ha podido llegar el apoyo, es algo raro porque solo a unos cuantos les llega”.

En la denuncia también señalan que son los amigos de Rodrigo Gómez los que han mantenido en su poder tarjetas, para después ser ellos mismos los que las activan y cobran el dinero que debería llegar a los sectores más vulnerables.

“Los amigos de Ricardo traían un puño de tarjetas cobrando, el adulto mayor solo cobra una vez, la respuesta de Ricardo es que no está llegando el recurso porque hay fraudes y desvío de dinero”.

De acuerdo con la entrevistada, a la Secretaría de la Función Pública entregaron testimonios de personas que no han tenido acceso al apoyo social, acompañados de las copias de credenciales de elector y fotografía de la tarjeta de Bienestar.

Denuncia con tintes políticos: subdelegado

Ricardo Gómez dijo desconocer la denuncia en su contra, al asegurar que no ha sido notificado por la instancia federal. Además, negó que se haga mal uso de los recursos públicos destinados a apoyos sociales y los malos tratos de los que habla la denuncia.

Sin entrar en más detalles, porque insistió, no ha sido notificado de un proceso en su contra, Gómez Escalante consideró que se trata de un golpeteo político.

“Estamos en un terreno difícil. Lo que sí te puedo asegurar es que tenemos años en está situación, hemos tenido una trayectoria limpia, además el terreno es difícil, es complejo, esto se puede resumir a tintes políticos, no es otra cosa que tintes políticos”.

Respecto a las personas que no han podido cobrar los apoyos sociales, Ricardo Gómez aseguró que se ha tratado de errores administrativos, al momento de levantar el censo porque existen adultos mayores con el mismo nombre y apellido, así que el sistema solo arroja el pago a uno, o porque el nombre no quedó registrado de manera correcta.

Detalló que los retrasos que existen en el pago de los apoyos corresponden únicamente a asuntos relacionados con la administración, no porque se haga mal uso de los recursos públicos.

De acuerdo con información proporcionada por el subdelegado, tan solo en el municipio de León existen alrededor de 150 mil beneficiarios de los diferentes programas sociales, y de ellos solo 600 no han cobrado en tiempo por los errores administrativos.

Guanajuato, una de las 10 entidades investigadas

Irma Eréndira Sandoval reveló, ante diputados federales, que la Secretaría de la Función Pública tiene abiertas 12 investigaciones a 10 superdelegados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Los estados en los que se ha abierto una investigación son: Guanajuato, Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora.

Durante su comparecencia en San Lázaro, la titular de la Secretaría de la Función Pública detalló que se trabaja en la investigación de 12 denuncias.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su Artículo 17, los delegados tienen la encomienda de coordinar los programas, supervisarlos, siempre bajo el mandato directo del Presidente.

‘A la 4T le ponen piedras’, asegura AMLO

Cuestionado sobre las investigaciones que tiene abiertas la Secretaría de la Función Pública a 10 de los superdelegados que él nombró, López Obrador manifestó que no son las únicas denuncias que tiene la Secretaría, sino que son cientos, pero que por la figura que representan fue la nota en los periódicos.

Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Secretaría de la Función Pública es libre, autónoma, y también tiene la facultad de decidir si mientras se realizan las investigaciones es necesario separar del cargo a los superdelegados.

Dijo no cubrir a nadie, pero tampoco pediría a la secretaria Irma Eréndira Sandoval que pida la separación del cargo de los delegados bajo investigación.

“Que se investigue, impunidad para nadie, que se actúe, sobre si se tienen que separar del cargo lo tiene que recomendar la misma SFP… Si ella (Irma Eréndira Sandoval) considera porque es autónoma, libre, independiente, si considera que son asuntos graves, que los separe del cargo y profundizar en la investigación”.

A pregunta expresa de si las denuncias son para “ponerle el pie” a la entrega de programas sociales, López Obrador afirmó que no es el pie, sino piedras de buen tamaño las que le han puesto.

“No, no me están poniendo el pie, me ponen unas rocas, unas piedras de buen tamaño para que no avance la Cuarta Transformación, pero no pasa nada. Este tipo de cosas no son asuntos complejos, porque sencillamente yo no protejo a nadie, no soy cómplice, no voy a encubrir a nadie”.

Consideró que son los adversarios los que intentan frenar la 4T, porque se vive una etapa de libertad que con otros gobiernos no existía.