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Aumento de violencia contra menores encuentra a Guanajuato sin mecanismos de protección
El estado emplea estrategias del sistema federal dice nueva titular de SIPINNA, quien carece de experiencia en el tema; el diagnóstico, apenas por iniciar
* Con información de Carmen Pizano
La violencia en Guanajuato no perdona a niños, niñas y adolescentes, lo remarcan cifras oficiales que posicionan al estado en el primer lugar en asesinatos de menores de edad (con 98 casos), mientras que las muertes por negligencia o accidentales triplican a las víctimas en otras entidades. Pero igual de preocupante es que no haya para la entidad un diagnóstico específico por la emergencia de seguridad que se vive en últimos tiempos, y que los sistemas de protección pensados para abordar desde otra perspectiva los temas de infancia estén quedando en simples "buenas intenciones".
Además está la inquietud de que estos mecanismos estén siendo utilizados como moneda de cambio para acomodar a funcionarios, como el caso de Sagrario Villegas Grimaldo, ex diputada panista que llegó al máximo organismo de protección a la infancia y adolescencia en el estado en medio de señalamientos de carecer del perfil adecuado y con una trayectoria donde han abundado las polémicas, incluso dentro de su propio partido.
Y si a esto se le agrega que las estrategias preventivas y correctivas tienen poca efectividad por estar basadas en estadísticas federales, y que los dignósticos específicos para el estado apenas van a comenzar a realizarse, los cuales podrían volverse caducos en lo que se aplican y se miden resultados, por la dinámica cambiante de la sociedad, la economía y por supuesto, los auges y caídas en la delincuencia organizada, tenemos la receta del actual coctel explosivo de la seguridad en Guanajuato, ese del que los niños, niñas y adolecentes no deberían beber.
Funcionarias de la "nueva era"
Pese a que la administración de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo cumplió su primer año de gobierno, la renovación de convenios de protección a la infancia y adolescencia, nombramiento de funcionarios e instalación de comisiones, avanza lento.
Así, como titular del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), se nombró hace dos meses a la ex diputada panista Sagrario Villegas.
Villegas Grimaldo fue integrante de la LXIII Legislatura por el Distrito II, en el periodo 2015-2018, participó en las comisiones de derechos humanos, salud y turismo. Previamente fue regidora en el Ayuntamiento de San Luis de la Paz en 2012-2015, encabezado por Timoteo Villa, ahí se le abrieron cinco procesos administrativos por observaciones en el manejo de los recursos públicos para la compra de un terreno, así como por la aplicación de descuentos de impuestos para permisos de feria. En dichos procesos hay otras personas involucradas.
Antes fue directora general del Sistema DIF en ese mismo municipio entre 2000 y 2003, además de Jefa de departamento para el Desarrollo del Potencial Humano en la Delegación Regional de Educación II Noreste.
El año pasado contendió por esa misma alcaldía, San Luis de la Paz, y perdió frente a un priista, Luis Gerardo Sánchez. Luego llegó a SIPINNA, donde, de momento, aplicará fórmulas de la federación, a falta de diagnóstico (cuyo estudio iniciará un tercero, hasta noviembre), pese a que ella misma reconoce que las estrategias, para ser exitosas, deben apuntalarse en la realidad.
¿SIPI... qué?
Para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), en su artículo 125 establece la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y lo dota de facultades que permitan el logro de su objetivo.
Según Rubén Urías, líder del Comité Directivo Municipal del PAN de San Luis de la Paz, Sagrario Villegas en todo momento ha velado por sus propios intereses y no por los de la sociedad en general; sus declaraciones se dieron luego del anuncio de su designación como candidata a la Alcaldía en 2018. Agregó que muestra de ello era el nulo beneficio que había habido en ese municipio durante su periodo como diputada local. En su opinión, Villegas no debería ocupar ningún cargo público de elección popular más. Otros panistas también reclamaron la imposición de su candidatura. Terminó perdiendo.
Y aunque a inicios de octubre, Adriana Ramírez Lozano, presidenta del DIF Estatal, presentó lo que llamó la "Nueva Era DIF", con lo que se espera garantizar (ahora sí) una atención integral a las familias guanajuatenses, lo que especialistas califican como un posible y verdadero beneficio de la niñez es la descentralización de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA), a cuyo frente quedó María Teresa Palomino Ramos, abogada y exregidora en León por el PRI (2006-2009), "con amplia experiencia en litigios de lo familiar, relacionados con los derechos de niñas, niños y adolescentes", según indicó la promoción de su perfil.
El trabajo que esta procuraduría realice será de gran relevancia para la sociedad, sobre todo por los polémicos casos de la Ciudad de los Niños en Salamanca, la Casa Hogar del Niño Pobre en Celaya y la de los sacerdotes católicos vinculados con abuso sexual de menores de edad.
Temas de seguridad no solo corresponde a la Policía: REDIM
Especialista a nivel nacional, Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de REDIM (Red por los Derechos de la Infancia en México), considera que ha sido un acierto la descentralización de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA), ya que aquellas que permanecen integradas al Sistema DIF corresponden a políticas de asistencia social, en cambio, la autonomía constituye "una diferencia importante a la forma tradicional en que el Estado Mexicano abordaba los temas de infancia" y permite que su articulación con otras áreas del estado sea directa (y no mediada por el DIF, que está volcada en otros enfoques que no son la restitución de derechos). Coahuila es un caso de autonomía con éxito.
La responsabilidad del PEPNNA "que está mandatada para representar jurídicamente a los niños, niñas y adolescentes víctimas, incluso si no están su padre o su madre, para lograr la restitución de derechos"; todos aquellos menores víctimas tienen derecho a tener una respuesta institucional, representada por por esta procuraduría, para ayudar a vincularlos a programas públicos, becas o transferencias y facilitarles el acceso a la salud, a la escuela y mantener su vículo familiar.
La tendencia es que esta autonomía también alcance a los SIPINNA estatales (lo que ya se trabaja en Guanajuato) para que la distancia permita una articulación tanto política e institucional, como son las secretarías de Gobierno.
Y con la constitución de los SIPINNA (con versiones en los 3 niveles de gobierno), se espera, dijo, que la coordinación de mecanismos de protección sea a alto nivel, presidido, en el caso del estado de Guanajuato, por el Gobernador, quien es el primer encargado de articular los esfuerzos para desarrollar acciones específicas para los niños guanajuatenses, en un contexto de violencia.
Pérez García destacó que en el SIPINNA Nacional existen diferentes comisiones que suelen ser reproducidas a nivel estatal, como la Comisión de Atención y Prevención de violencia contra niños y niñas, que coordina la Secretaría de Seguridad Pública federal, mas en Guanajuato "hasta donde tenemos conocimiento no existe aún esta visión específica".
"Cualquier tema de seguridad (o de violencia) corresponde no solo a la Policía, sino a todas las instancias del estado, es decir, tienen que participar Salud, la Secretaría de Educación (estatal), el área de Desarrollo Social, por supuesto las autoridades vinculadas a seguridad y de manera muy importante: las organizaciones de la sociedad civil (OSC)".
El director de REDIM aseguró que esto ayudaría a que cualquier estrategia promovida para frenar o reducir el impacto de la violencia en escenarios de crimen organizado en la vida de los niños, niñas y adolescentes de Guanajuato fuera efectiva. "Por ahora eso no estaría sucediendo", de ahí las cifras oficiales sobre homicidios de este rango de población, a la que se suma otra preocupación: el incremento del reclutamiento de menores por parte del crimen organizado. REDIM, a la fecha, no ubica públicamente ni información ni acciones en la materia por parte de las autoridades guanajuatenses.
Una búsqueda hemerográfica de POPLab arrojó que aunque en las últimas semanas se han instalado varias comisiones del SIPINNA, como la de Primera Infancia para la Consolidación de Políticas Públicas Integrales y la de Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en el Estado, con la participación de titulares de diferentes áreas del gobierno estatal, aunque no aparece (al menos, no públicamente) la vinculada a los temas de violencia contra NNA.
Ahora, el reto está en qué tanto respaldo político tendrá la Secretaría Ejecutiva para lograr la coordinación entre autoridades y qué papel tendrán en ello las OSC, para protección de la niñez y adolescencia de Guanajuato, concluyó.
Gastan en políticas públicas sin análisis
Sin diagnósticos que ayuden a focalizar las violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes, el Gobierno del Estado ha gastado recursos en políticas públicas que no pueden ser medibles por la ausencia de estudios que reflejen la situación de los menores de edad en la entidad.
POPLab acudió con Sagrario Villegas Grimaldo, secretaria ejecutiva del SIPINNA estatal, quien reconoció que las actuales estrategias del sistema se han basado en estadísticas federales, pese a que Guanajuato supera con mucho los promedios nacionales de homicidios dolosos y culposos.
Al no contar con un diagnóstico de la entidad para identificar los lugares donde son recurrentes las violaciones y el tipo de violencia en cada sector, el Sistema que actualmente forma parte de la estructura del DIF estatal pero que pasará a la Secretaría de Gobierno, pagó por el estudio a la fundación Save the Children México, aunque no especificó el monto que se va a erogar por los trabajos que inician en noviembre.
Con ello “podremos tener cifras, diagnósticos de las diferentes situaciones en lo general del estado, para lo que se plantean políticas públicas”.
Comentó que actualmente trabajan en programas coordinados con la Federación, pero no funciona para todos los estados.
“Mucho del éxito en las estrategias es cuando le apuntalas a lo que en realidad diseñas, estrategia que vaya enfocada con la problemática real”.
La titular del SIPINNA también firmó un convenio de colaboración con la fundación World Vision para “sensibilizar” a las autoridades estatales y municipales sobre la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
En entrevista, Sagrario Villegas Grimaldo apuntó que al pasar SIPINNA a la Secretaría de Gobierno se abre la posibilidad de fortalecer el Sistema desde el ámbito presupuestal y de vinculación con otras áreas gubernamentales.
“Mi trabajo es que podamos coordinar las acciones, esta desconcentración nos va a permitir fortalecerla, estaría de manera adscrita al Secretario de Gobierno, le damos mayor fortaleza y mayor prontitud y cercanía con los titulares de las dependencias. Mi trabajo es vincular, vigilar, evaluar las estrategias y políticas públicas que están llevando a cabo en cada dependencia y los municipios. También es proponer”.
Pasado gris, reto mayúsculo: Raymundo Sandoval
El académico y activista de derechos humanos Raymundo Sandoval destacó la importancia de la labor de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, puesto que es la encargada de la coordinación del Sistema de Protección, principalmente de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, sin embargo, "Sagrario Villegas no cuenta con el perfil para realizar ese trabajo, su tránsito por el DIF municipal de San Luis de la Paz fue todavía con el paradigma de control social de la niñez".
Como la Secretaría Ejecutiva debe proponer el Programa Estatal y coordinarse con la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para establecer diagnósticos y planes de restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, resulta difícil pensar que Sagrario lo lleve a buen puerto, pues "como diputada más bien tuvo un pobre desempeño tanto en la Comisión de Derechos Humanos como en la de Salud Pública".
Al haberse aprobado la autonomía de la PEPNNA, comentó Raymundo Sandoval, esta debería tener el máximo apoyo de la Secretaría Ejecutiva para establecer una política de protección integral a más de un millón de niñas, niños y adolescentes, "cuestión fuera de las capacidades de Villegas".
El también doctor en ciencias políticas y sociales comentó que tampoco ve "que tenga capacidades para construir un sistema de indicadores y evaluar la política pública sobre derechos de la niñez".
"Nombrarla como Secretaría Ejecutiva es más bien un premio de consolación porque el PAN no impulsó verdaderamente su candidatura para la presidencia municipal de San Luis de la Paz en 2018", concluyó.
Violencia contra menores, grave violación a DDHH: NIMA
En lo que va del año (enero a septiembre), en Guanajuato se han registrado 315 muertes violentas de menores de edad, de ellas, 98 fueron intencionales, además de 2 feminicidios (según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP), lo que se traduce en un promedio de al menos 3 menores de edad asesinados a diario en la entidad, ligeramente superior al que se registra a nivel nacional.
Al respecto, NIMA Centro de promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en Guanajuato, comentó que dichas cifras hablan del contexto de violencia en el que niños, niñas y adolescentes (NNA) están creciendo, como condiciones totalmente contrarias a lo que sus derechos humanos establecen y que el Estado mexicano no está garantizando.
"En el caso de Guanajuato (este nivel de violencia) tiene que ver con los enfrentamientos y las disputas del territorio entre los grupos de huachicol y narcotráfico que hay en nuestra entidad, construyendo así una violencia generalizada que está gravemente afectando a niñas, niños y adolescentes. Las respuestas que se han dado desde el gobierno federal y estatal no han sido suficientes para frenear la ola de violencia que ha ido incrementando.
La organización destacó que "es necesario incorporar el enfoque de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, desde la mirada de los instrumentos internacionales, reconocer que la seguridad pública no es únicamente una cuestión de la presencia de grupos policíacos, sino que se tendría que construir políticas públicas que garanticen la integridad de NNA, desde la educación, salud, alimentación, recreación, cuidados y crianzas de calidad, etc., reconociendo que el Estado es el principal garante de lo anterior y no una responsabilidad exclusiva de las familias, como se reproduce en los discursos, (y...) colocar en el centro la cohesión social, que atienda a las necesidades y derechos que no se están atendiendo".
En cuanto a las lesiones, entre intencionales, accidentes y negligencias (con arma de fuego, arma blanca u otro objeto, en accidente de tránsito, entre otros) ha habido 1,680 casos en los primeros 9 meses del año.
NIMA lamentó que los golpes y castigos corporales sigan siendo una opción de crianza para muchas familias en Guanajuato, normalizando así la violencia contra NNA, tanto en los espacios privados como en los públicos, por lo que toca al Estado fortalecer programas de cuidados y crianza desde el enfoque de derechos humanos.
En uno de sus proyectos, “Agenda pública: infancias y adolescencias en Guanajuato 2018-2024”, la organización exhortaba a los gobiernos a cumplir con la principal prioridad para NNA que es garantizar la seguridad en el espacio público y así estos ejercieran su derecho al juego y esparcimiento.
Pero además, denunció que el Estado Mexicano carece de mecanismos para transparentar los sistemas de información, lo que refleja la carencia de un enfoque de derechos que tome como referentes el acceso a la verdad, justicia y reparación del daño.
Urgente, un cambio de paradigma
NIMA lamentó también que en el centro de la discusión se mantenga "el papel que se le sigue asignando a niños, niñas y adolescentes, como objetos de pertenencia de las familias, en tanto que son las/os únicos responsables, esta visión contraria a los derechos humanos se continúa reproduciendo, sin reconocer la principal responsabilidad del Estado". La transición hacie al modelo de restitución de derechos ha sido lenta, reconoce.
Sobre el perfil de la nueva secretaria ejecutiva y cualquier otro cargo en el SIPINNA, dijo que "es obligación de todo funcionario/a pública tener una formación en derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así como estar en constante capacitación que fortalezca los conocimientos, (y) herramientas en materia" de sus derechos.
Y aunque "más allá de establecer"o generar el diagnóstico estatal y el plan estatal del SIPINNA, el reto será ejecutarlo, priorizando las principales problemáticas que afectan a este segmento de la población, como son los homicidios y el tráfico de menores: Guanajuato hasta julio de 2019 ocupó el 2.º lugar a nivel nacional con mayor índice de este delito, (datos del SESNSP), así como de corrupción de menores (4.º lugar a nivel nacional de acuerdo con la misma fuente).
NIMA dijo que corresponde a la sociedad en su conjunto indignarse frente a lo que está pasando, "y organizarnos para conseguir la paz que los niños, niñas y adolescentes merecen vivir, así como exigir a las autoridades respuestas eficientes". Pero sobre todo, escuchar la voz de ellos e incorporarla en todas las decisiones que se estén tomando sobre su vidas, reconocerles como sujetos de derecho y políticos que son capaces de participar en los procesos de sus vidas.
"El problema no es que no hablen o no opinen, el problema es que las y los adultos seamos capaces de escucharles, sin miradas adultocéntricas".
CIFRAS
La población de menores de edad en el estado es de poco más de 2 millones; el año pasado 2 mil 259 fueron víctimas de algún delito del fuero común. Guanajuato registró entonces 116 homicidios intencionales de niños, niñas y adolescentes (2.º lugar nacional, según SESNSP). Este año ocupa ya el primero, con 98 víctimas, en el periodo enero-septiembre.
Otro ominoso rubro en que destaca la entidad, son las lesiones dolosas: en los primeros 9 meses de 2018, hubo 1,409 víctimas. Este año los casos ya superaron los de 2018: van 1,677 víctimas. Y si bien, el Estado de México registra el primer lugar nacional de este delito en niños, niñas y adolescentes, Guanajuato ocupa un cercano segundo puesto, triplicando, al menos, los casos de Jalisco, la tercera entidad en la lista.
27 de octubre de 2019, 16:13
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