Guanajuato, que ha crecido de manera desordenada en los últimos años, sigue sin un instrumento normativo que regule el desarrollo de la capital del estado, al verse afectados intereses económicos de familias que están ligadas a actores políticos.

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial (Pmduoet) lo trabajaron especialistas durante cuatro años, aunque al llevarlo al Cabildo, ediles aseguraron que votaban en contra por la afectación a ciudadanos que tienen decenas de hectáreas con permiso de uso de suelo habitacional, pero que en el nuevo documento aparecen como zonas de preservación ecológica y agrícola.

La falta de un instrumento jurídico es lo que ha permitido el crecimiento desordenado del municipio, señalaron ambientalistas que se organizaron para exigir a las autoridades que se apruebe un programa que cuide el desarrollo ordenado y sustentable.

El tema del desarrollo de la capital del estado atrae los reflectores por la intención permanente de empresarios que buscan urbanizar zonas de conservación ecológica, además de la falta de un instrumento que regule el desarrollo que se hace en la periferia de la ciudad.

Después de cuatro años de trabajo, de recursos públicos invertidos, la colaboración de especialistas, una consulta pública ciudadana y el aval del Instituto Estatal de Planeación (Iplaneg), el presidente, Alejandro Navarro Saldaña, decidió llevar a aprobación el documento ante el Ayuntamiento, a sabiendas de que sería rechazado porque así lo advirtieron algunos integrantes en mesas de trabajo previas.

En la sesión de Ayuntamiento número 38 del sábado 29 de agosto, Navarro Saldaña presentó el Pmduoet a los integrantes del Ayuntamiento. Con la postura en contra de dos ediles panistas, tres de Morena, una del PRI, el regidor sin partido y la representante del PVEM, el presidente municipal decidió denunciar que por proteger los intereses económicos de políticos se rechazó el instrumento en el que trabajó el Instituto Municipal de Planeación (Implan).

“No vamos a ser rehenes de los regidores, de los miembros del Ayuntamiento, ni mucho menos de las familias que quieren llevar las riendas de la ciudad”, manifestó el alcalde.

Navarro argumentó que el documento no fue presentado a los integrantes del Cabildo antes de enviarlo al Iplaneg para evitar que en una mesa previa se protegieran intereses de particulares como ha pasado durante años en el municipio.

“El 18 de diciembre el Ayuntamiento aprobó por unanimidad instruir al Implan el envío del documento al lplaneg. Lo decidí así, y todos estuvieron de acuerdo, para que nadie pudiera meterle mano, que pasara lo que pasó antes: llegaba el documento y aquí decían que no respetaste al diputado federal, no respetaste a sultano, merengano”, expuso Navarro en la sesión de Pleno del 29 de agosto.

Fotografía de Juan José Plascencia

Familias

La propuesta de Pmduoet que presentó el Implan, y que posteriormente fue avalado por el Iplaneg, generó inconformidad entre empresarios a los que se les impediría construir en zonas que están catalogadas como conservación ecológica o agrícola.

Aunque existen un listado de familias guanajuatenses con grandes extensiones de tierra y empresarios que se inconformaron por el contenido del Pmduoet, también hay cerca de 400 familias que pelean porque se les permita vivir en una zona irregular del municipio conocida como “Presa Guanajuato”, en las inmediaciones de la colonia Astaug.

A través de oficios, desarrolladores inmobiliarios como Isidro Ignacio de la Peña y Luis Antonio de la Peña, además de la familia política del diputado federal por Morena, Miguel Ángel Chico Herrera, pidieron que se respetaran los derechos que ya tenían adquiridos para construir viviendas en zonas que, con el nuevo programa, deberían permanecer como tierras dedicadas a actividades agrícolas y de conservación.

En el caso de las más de 85 hectáreas que tienen los hermanos De la Peña en Noche Buena, el Programa de Ordenamiento original llevado a consulta pública señalaba que eran tierras de uso agrícola, pero los empresarios pidieron que se rectificara el uso de suelo a habitacional y se respetaran los derechos que ya tenían adquiridos para construir. Finalmente, un nuevo acuerdo de la Junta del Implan determinó autorizar una parte del predio para zona habitacional H1, es decir, de baja densidad, aún así, los empresarios ligados al PRI de Guanajuato no estuvieron de acuerdo, al señalar que tenían ya derechos adquiridos en todo el predio.

La familia que presentó mayor número de inconformidades fue la Rodríguez Nieto, parientes de Miguel Ángel Chico Herrera, ahora diputado federal por Morena.

Los Rodríguez Nieto son propietarios de más 85 hectáreas en las inmediaciones del cerro de La Bufa, El Hormiguero, Los Picachos y Lechuguillas.

María Eugenia Rodríguez Nieto, esposa del diputado federal Miguel Ángel Chico, es copropietaria de 70 hectáreas en Lechuguillas, predio que buscan se mantenga con uso de suelo habitacional para desarrollos inmobiliarios.

Miguel Ángel Chico y María Eugenia Rodríguez. Fotografía Especial

Ante las solicitudes para que se respetaran los derechos adquiridos para construir casas, la Junta del Implan determinó que solo sería viable construir en 13 mil 373 metros cuadrados de las 85 hectáreas, decisión que no dejó conforme a la familia del diputado Chico Herrera.

También presentó oficios solicitando que se considerara uso de sueloo habitacional para futuras construcciones el empresario Guillermo Alfonso Reyes Reyes, de Grupo Guiar, que después de la inversión que hizo para desarrollar el fraccionamiento El Manantial, en la zona sur de la ciudad, ahora quiere generar un desarrollo habitacional de alta densidad en cerca de 124 hectáreas que se ubican en Ex Hacienda Santa Teresa. Tras la revisión que hizo el Implan se le otorgaría construir en zonas del polígono, pero no todo para alta densidad, algunas áreas media y baja.

Inmobiliaria Tiresias, propietaria de más de 13 hectáreas en Carbonera, donde la empresa ha vendido terrenos para el fraccionamiento Minas de Plata, se inconformó porque los derechos que tienen para poder generar un desarrollo inmobiliario de media densidad. La respuesta del Implan fue que podían construir, pero solo en una parte del polígono porque el resto debería quedar como zona de preservación ecológica y agrícola. Los propietarios de la empresa son el leonés Gerardo Martínez Rodríguez y el italiano Vittorio Ciminari.

A las inmobiliarias que se les negó cualquier cambio de uso de suelos son: Flumen, que pretende construir en Valenciana y Mina de Guadalupe, que busca un desarrollo en Mina de Santa Ana, cerca del Área Natural Protegida Cuenca la Soledad.

Bosques de Encinos es la empresa que tiene la intención de construir en el Barrio de la Presa de la Olla en cerca de 22 mil metros cuadrados, pero la determinación de la Junta del Implan fue conceder solo un pequeño espacio del terreno para zona habitacional de densidad media.

De haberse aprobado el Pmduoet, tanto las inmobiliarias como las familias con vínculos políticos habrían visto frustrada la intención de generar desarrollos inmobiliarios en zonas de conservación y predios considerados para uso agrícola.

Desarrollo en La Bufa

Las intenciones de urbanizar los cerros de La Bufa, Los Picachos y El Hormiguero no son nuevas; sin embargo, con la movilización ciudadana que se generó en 2010 se frenó el desarrollo proyectado por la familia Marcocchio en 38 hectáreas para un conjunto habitacional, turístico y comercial.

En julio de ese año el Ayuntamiento de Guanajuato con el priista Nicéforo Guerrero Reynoso como alcalde, aprobó cambiar el uso de suelo en las inmediaciones de La Bufa para que se pudiera construir, lo que generó inconformidad social porque, además, es un predio donde se realiza una de las fiestas de mayor tradición en la ciudad en honor a San Ignacio de Loyola.

Celebración en honor a San Ignacio de Loyola en la Bufa. Fotografía Especial

En un plebiscito, el primero organizado en el estado, la ciudadanía rechazó la urbanización, ejercicio que llevó al Ayuntamiento a dar marcha atrás al cambio de uso de suelo que había sido autorizado, además de que existió el compromiso de promover la conservación de la zona, que a la fecha no se ha cumplido.

Además de la familia Marcocchio, la familia Rodríguez Nieto tiene grandes extensiones de tierra con permisos de uso de suelo vigentes para la construcción de viviendas.

Desde 2006, con el Plan de Ordenamiento Territorial del Centro de Población, autorizado por el Ayuntamiento que entonces encabezaba el priista Arnulfo Vázquez Nieto, se otorgó a los polígonos de la familia de Miguel Ángel Chico Herrera el permiso de uso de suelo habitacional.

En marzo de 2007, durante la administración del panista Eduardo Romero Hicks, se canceló el Plan autorizado un año antes porque se detectaron vicios como la omisión de la realización de una consulta pública a la que obligaba la Ley de Desarrollo Urbano entonces vigente.

Dos años después, en 2009, la familia Rodríguez Nieto se amparó, recurso que ganó porque el gobierno municipal negó su derecho de audiencia, lo que deja vigente las licencias y permisos de uso de suelo.

Con el Programa presentado este 2020 al Ayuntamiento se quitaba los derechos con fundamento en el artículo 27 constitucional, en el que se establece que se podrá imponer el derecho a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público.

Sin embargo, al no aprobarse el Pmduoet los derechos adquiridos siguen vigentes.

Protegen a particulares

Los argumentos de ocho integrantes del Cabildo para rechazar el Pmduoet versaron en el perjuicio a particulares que tienen derechos de uso de suelo que se cambiarían con el nuevo programa, en la falta de transparencia y en la ausencia de obras y espacios verdes para la zona sur de la ciudad.

De los intereses de particulares que podrían resultar afectados con el Programa, hablaron la síndico panista, María Elena Castro Cerrillo; la regidora de Morena Karen Burstein Campos, la regidora del Verde, Ana Bertha Melo, y la regidora del PAN, Cecilia Pöhls, hizo referencia a la violación al Estado de Derecho.

La opacidad fue denunciada por el regidor de Morena, Óscar Edmundo Aguayo, quien luego fue señalado por el alcalde al asegurar que el edil se opuso en una sesión previa por la afectación que tendría un particular, sin mencionar nombres.

“Quería meter mano para defender unos intereses”, aseguró en la sesión Alejandro Navarro Saldaña.

María Elena Castro no ocultó que el voto en contra era porque se vulneraban los derechos adquiridos de particulares que actualmente cuentan con permisos de uso de suelo. Aunque no mencionó los nombres de los propietarios, entre los afectados está la familia Rodríguez Nieto y los hermanos Isidro y Luis Antonio de la Peña.

“Pensar que atiende a intereses políticos es una aberración. Se está vulnerando a una persona, a cinco o a 10, es producto de su esfuerzo, de su patrimonio, va más allá de lo político, es para proteger la propiedad privada. Un cambio nunca debe ser en perjuicio de los particulares, todos los planes de uso de suelo deberán ser aplicados. Cuando se realicen cambios siempre deben ser en beneficio de los particulares”.

La regidora de Morena Karen Burstein Campos sostuvo el mismo discurso de respetar en el documento los derechos adquiridos de los particulares.

Ana Bertha Melo, del PVEM, pidió que se analizara el documento “con justicia” para todos los habitantes de Guanajuato.

En el caso de la regidora panista, Cecilia Pöhls, habló de vicios en el procedemiento que violentaría el Estado de Derecho.

“Cada quien tiene su visión, cada quien tiene su punto de vista, cada quien defiende los intereses políticos, económicos de quien cree que lo tiene que hacer. Se vale”, dijo Alejandro Navarro a la negativa de ocho integrantes del Ayuntamiento.

En tanto, la regidora del PRI, María Esther Garza Moreno, argumentó el voto en contra con la ausencia de previsiones para reservar espacios verdes en la zona sur de la ciudad.

Ecologistas

Al asegurar que se deja desprotegido el territorio municipal sin un instrumento que regule el ordenamiento ordenado y sustentable, grupos de activistas ecologistas se sumaron para insistir en la necesidad de que salga un documento que abarque todo el municipio.

El Programa de Ordenamiento Territorial, vigente desde 2012, solamente toma en cuenta la cañada del municipio, sin regular la zona sur, que ha tenido un crecimiento exponencial durante los últimos años y que concentra el 60 por ciento de la población.

Tampoco se considera la zona de la sierra de Santa Rosa, donde empresarios buscan desarrollar, como el caso del diputado federal panista, el irapuatense Sergio Ascencio Barba con el fraccionamiento Cucursola.

Ambientalistas reunidos en diversas asociaciones civiles han manifestado su preocupación por la negativa de ocho integrantes del Ayuntamiento, sin que existan argumentos claros para votar en contra.

Las agrupaciones “Colibríes”, “Consejo Ecologista Guanajuatense”, “Gentiliza”, así como estudiantes y cuerpo académico en Geografía de la Universidad de Guanajuato, convocaron a los 15 integrantes del Ayuntamiento a una reunión virtual para que explicaran el por qué del sentido del voto.

Sin embargo, las regidoras y regidores que rechazaron el documento no acudieron a la cita programada, y solo el alcalde y panistas que votaron a favor se reunieron con los ambientalistas.

“Estoy decepcionado que no haya estado la mayoría”, manifestó Yann Godbert, integrante de Colibríes.

También Enrique Avilés del Consejo Ecologista Guanajuatense, reprobó que integrantes del Ayuntamiento que votaron en contra no se hayan presentado a la reunión virtual para explicar el por qué de la decisión.

“No basta con el video (de la sesión), falta que comparezcan para que expliquen por qué votaron en contra”.

Señalaron que van a seguir convocando a quienes votaron en contra en busca de explicaciones técnicas en las que basaron la decisión de rechazar el programa.

Compromisos por la transparencia

De la reunión convocada por ecologistas se derivaron compromisos del alcalde y regidores para transparentar a partir de ahora las mesas de trabajo de la Junta del Implan para hacer modificaciones al documento.

El presidente municipal, Alejandro Navarro Saldaña, insistió en que los intereses de una familia de Guanajuato se antepusieron al momento de votar el Programa por la defensa que hicieron ocho integrantes del Ayuntamiento.

Sin embargo, dijo confiar en que el próximo año pueda volver a llevarse a votación el documento, una vez que se hagan las modificaciones que promuevan regidoras y regidores, aunque ahora lo tendrán que hacer las propuestas de manera pública, en mesas de trabajo con ciudadanos para que puedan argumentar sus propuestas.

En la reunión también se pactó que el documento original que elaboró el Implan, así como la versión final que se presentó al Ayuntamiento, tras la consulta pública, se harán públicos para ver los impactos de las observaciones que hizo la ciudadanía.

Desde la fracción panista en el Ayuntamiento existió el compromiso de presentar de manera pública los documentos y dictámenes.

Otra de las promesas de Alejandro Navarro fue hacer reformas al reglamento del Implan para que se modifique la conformación de la Junta, que actualmente solo cuenta con tres ciudadanos, el resto son funcionarios municipales.