La crisis de inseguridad que prevaleció durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, representó una gran oportunidad de negocios para la empresa privada Seguritech, que durante los seis años del priista recibió contratos millonarios de gobiernos estatales ofertando un moderno esquema de videovigilancia y sistemas de inteligencia, con los que podrían combatir la delincuencia en las zonas más conflictivas del país

Por Lorena Lamas, Rosario Mosso, Eduardo Villa Lugo, Ernesto Eslava, Alfonsina Ávila | Semanario ZETA

Diciembre de 2012, el panista Felipe Calderón concluía su encargo como presidente de México, con más de 120 mil homicidios a consecuencia -principalmente- de la fallida “guerra contra el narcotráfico” que impulsó apenas iniciado su gobierno.

Fosas clandestinas, balaceras, narcomantas y cadáveres ensangrentados colgando de puentes o tirados como basura en las vialidades públicas, fue el escenario que se volvió parte de la vida cotidiana en distintas regiones del país.

La sociedad pidió un “golpe de timón” ante la crisis de inseguridad y, por ello, otorgó su voto de confianza al abanderado del partido opositor, el priista Enrique Peña Nieto. Sin embargo, su estrategia no varió mucho a la de su antecesor.

En medio del entorno de violencia del país, surgió la urgencia de modernizar los esquemas de inteligencia y videovigilancia, como parte de la estrategia del combate a la inseguridad.

Es este contexto, apareció en el mapa la empresa Seguritech Privada, S. A. de C.V., fundada en 1995 en la Ciudad de México, como un pequeño comercio dedicado a la venta de alarmas vecinales, pero que bajo el cobijo del gobierno priista, se convirtió en una marca sumamente redituable al monopolizar los contratos de los principales proyectos de vigilancia e inteligencia del país, llamado centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i). Y la promesa, ser una herramienta para combatir la inseguridad y reducir la incidencia delictiva.

Más de 10 unidades C5i fueron inauguradas o se empezaron a construir en el sexenio de Peña Nieto. Las entidades federativas comprometieron presupuestos millonarios en medio de la opacidad, violentaron procesos parlamentarios y requisitos administrativos. Se autorizaba la compra de equipo tecnológico obsoleto con sobreprecio, ocultando información pretextando la protección de la seguridad nacional.

En este proceso, la violencia criminal no fue mermada, el priista Peña Nieto terminó su gobierno con más de 156 mil muertes violentas, un 29% más que su antecesor. 2018, su último año de gobierno, se convirtió en el peor en la historia de México hasta ese año, promediando 100 asesinatos diarios.

En ese esquema, Guanajuato, Estado de México y Baja California se asentaron como las entidades con más violencia criminal. Situación que no ha mejorado en los dos años del presidente Andrés Manuel López Obrador, que suman más de 60 mil asesinatos.

Entre Guanajuato y Estado de México erogaron más de 8 mil millones de pesos en la implementación de los C5i.

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El caso Guanajuato

Días después de que el priista Enrique Peña Nieto asumió el cargo como presidente de la república, el recién nombrado gobernador de Guanajuato, el panista Miguel Márquez Márquez, firmó el contrato SSP/C4/001/2012 para la adquisición del proyecto C5i.

El plan consistió en instalar un moderno esquema de videovigilancia, fibra óptica y arcos carreteros que se convertirían en los “ojos de Guanajuato” y así evitar que la violencia de entidades vecinas como San Luis Potosí, Nuevo León, Michoacán, Querétaro y Jalisco, influyera en la criminalidad.

El proyecto tuvo un costo de 2 mil 727 millones 893 mil 413 pesos a pagarse durante todo el sexenio de Márquez Márquez. El contrato se adjudicó de manera directa y sin llevar a cabo un estudio de viabilidad financiera.

Pese a las múltiples negativas, Semanario ZETA obtuvo una copia del contrato firmado entre el Gobierno del Estado y la empresa Seguritech Privada, en el año 2012.

El documento firmado por Alvar Cabeza de Vaca, Gabriel Anguiano Delgado y Manuel de Jesús Villarreal Romero, por parte de la Secretaría de Seguridad, y por René Bustos Soler, por parte de la empresa, consta de 53 páginas.

Una de las irregularidades detectadas es que pese a lo elevado del costo se trata de un arrendamiento donde todo el equipo es propiedad del “prestador del servicio”, por lo que debía devolverse en octubre de 2018.

Aunque había una opción de compra si el Ejecutivo Estatal decide comprarlo, para lo que tendría que pagar el 2 por ciento del total, lo que representa poco menos de 50 millones de pesos.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo decidió extender el servicio y a la fecha ha erogado más de 100 millones de pesos.

El acuerdo de voluntades también obliga a la empresa a obtener un seguro de daño, robo o extravío, para el equipo de vigilancia, pero no establece mayores detalles sobre cuándo se haría responsable cada uno en el caso de que esto ocurra.

El auditor especial de cumplimiento financiero de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato respaldó las acciones realizadas por la dependencia a su cargo y aseguró que durante los primeros años se contabilizaron 28 observaciones en torno al contrato y los servicios del proyecto C5i, de las cuales fueron solventadas un 80 por ciento.

“De estas se solventaron el 80% de las observaciones, un 11% están parcialmente solventadas. Digamos que hay una atención muy buena del 90% y queda por ahí un 'saldito' del 10% de las observaciones, como no atendidas o no solventadas”, calificó el funcionario.

Aunque la mayoría de las irregularidades fueron solventadas, las pendientes resultaron ser las más graves, como la firma del contrato sin la autorización del Poder Legislativo.

Por parte de la Auditoría hubo un reclamo pero nunca una sanción del Congreso hacia el Ejecutivo, pese a que se presentó una denuncia administrativa en febrero de 2014.

Los informes de la auditoría también refieren que los arcos carreteros no pueden detectar placas de vehículos robados si transitan por el acotamiento de las vialidades; que los videos captados por el equipo de Seguritech son borrados a los 30 días, por lo que en caso de no solicitarse a tiempo la información de un hecho ocurrido en determinado día, ya no puede ser cotejable; que existen errores en la instalación de los postes donde descansan las cámaras de vigilancia y discrepancia en la tecnología utilizada con la ofertada, entre otras cuestiones.

Tampoco se llevó a cabo un proceso de licitación abierto, ni se establecieron precios unitarios de los bienes arrendados, omitieron compromisos de entrega de obra, al igual que información precisa sobre las sanciones en caso de incumplimiento de contrato.

Las observaciones de la auditoría especial fueron enviadas al Poder Ejecutivo, el cual se dio por enterado en agosto de 2016, es decir, casi 4 años después de asignado el contrato y a dos años de concluirlo.

En esa revisión se detectaron fallas en 46 de los 56 arcos carreteros revisados, solventando la mayoría varios años después de su instalación.

A juicio del ex legislador en Guanajuato, Sergio Contreras, el proyecto fue un fracaso, máxime cuando se registraron las peores cifras de incidencia delictiva durante este periodo y que la tecnología no resultó ser lo que se había prometido.

Contreras aseguró que los informes de auditoría fueron insuficientes porque inicialmente sólo se revisó si se cumplía con lo adquirido, cuando por la naturaleza y complejidad del proyecto era necesario también evaluar la calidad del mismo.

Ineficiente tecnología C5i

Aurora Gutiérrez es una joven profesionista víctima de la delincuencia en Irapuato. Desapareció el 22 de agosto de 2019 en uno de los estados en los que implementó el esquema C5i arrendado por el gobierno de Guanajuato a Seguritech.

Ella estudió criminalística en la Ciudad de México, y se desempeñó como auxiliar en un despacho de abogados. Ese día salió a trabajar y no regresó.

Eduardo Rafael Arroyo Pacheco y su esposa Leticia son padres de Aurora y desde que desapareció han emprendido su búsqueda por medios propios. Ambos tenían la esperanza de que a través de los equipos de alta tecnología de Seguritech les aportaran pruebas para conocer el paradero de su hija.

“La última vez que la vieron salió de mi casa como a las 11:00 de la mañana, según iba al Centro de Reinserción Social (CERESO) pero nunca supieron si llegó o no”, compartió el padre.

La pareja ha recibido el apoyo de José Gutiérrez Cruz, criminólogo fundador del movimiento “Sembrando Comunidad” y colectivo “A tu encuentro” en Irapuato, quien revisa las carpetas de investigación de personas desaparecidas e identifica las violaciones a derechos humanos, así como documenta los errores que comete la fiscalía en sus indagatorias.

José calificó el proyecto Escudo, en Guanajuato, como un negocio que en ninguna de las 60 carpetas que tienen abiertas por casos de desaparecidos los han podido ayudar.

El criminólogo explicó que en un inicio la familia no tenía información de cómo desapareció Aurora, solo que salió de su casa y no regresó.

Sin embargo, comenzaron a buscar entre conocidos y fue así como recibieron la información de que su hija se subió a un camión colectivo y que probablemente fue en un asalto donde se la llevaron.

Comentó que este caso es un ejemplo de lo útiles que pueden ser los equipos de primera tecnología para esclarecer una investigación y poder dar una respuesta a las familias que siguen esperando un resultado.

En el caso de Aurora, el SECOM, que es el centro donde están las cámaras, su ordenador solo graba por 30 días.

“Aurora desaparece el 22 de agosto de 2019, entonces, la fiscalía bajo el oficio 66-4-2019 pide las cámaras pero las pide el 8 de octubre, es decir, Aurora tenía un mes 16 días desaparecida y entonces lo piden el 8 de octubre y el mismo 9 en SECOM les contestan no les podemos dar esos videos, tal cual dice, ya que el servidor de la misma respalda solamente 30 días...”, detalló el activista.

Confesaron que la información es irrecuperable aunque es vital para una investigación porque permite identificar vehículos, placas o rutas.

Lo correcto, de acuerdo con el activista, es que se cumpliera con los protocolos y la información se transformara en resultados positivos para la comunidad.

Por lo general la fiscalía hace los trámites y solicita el material filmográfico de las cámaras como un requisito en el proceso, pero no se establecen rutas de interés como lo marcan los protocolos.

“Piden (videos) pero no saben cómo les van a servir, y no saben cómo establecer la ruta de interés en la investigación, entonces, como no saben, lo agregan a la carpeta y dicen yo cumplí, pero esos videos cómo los van a transformar en una investigación criminal adecuada”, concretó el criminólogo.

¿Quienes son Seguritech Privada?

La proveedora Seguritech Privada fue fundada en el año 1995 en la Ciudad de México y su propietario es el empresario Ariel Zeev Picker Schatz.

Según el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, la empresa registró el nombre de C5i como propio, por lo que ahora ningún sistema de videovigilancia que no pertenezca a Seguritech puede utilizar el nombre.

El origen de la empresa es mucho más humilde, pues de ser una pequeña empresa dedicada a la venta de alarmas vecinales, actualmente es uno de los proveedores de tecnología más importantes del país, teniendo como su principal periodo de crecimiento durante las administraciones priistas, sobre todo durante la presidencia de Peña Nieto.

El consorcio también incluye a filiales Comunicación Segura, Picorp S.A. de C.V. y Tres10 S.A. de C.V, entre otras, las cuales se alternan de forma indistinta, logrando así monopolizar los grandes contratos de videovigilancia y modernización de los proyectos C5i del país.

ZETA llevó a cabo una revisión de las empresas a través de las plataformas digitales disponibles en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, pero ninguna aparecía directamente en la consulta.

Sólo una logró ser identificada: la empresa llamada Tres10 S.A. de C.V. cuya creación data del año 2019, teniendo como propietarios a Comunicación Segura S.A. de C.V. y Seguritech Privada.

Su fundación tiene como objetivo brindar el servicio de C5i al Estado de Tamaulipas, gobernado por Francisco García Cabeza de Vaca, quien fue coordinador en la Frontera Norte de la A.C. Amigos de Fox, agrupación que buscó recursos para la campaña del expresidente guanajuatense, en el año 2000.

El proyecto costó 2 mil 619 millones 415 mil 991 pesos y tuvo como representante legal a Alaín Ramos Padilla, exjefe del Departamento Jurídico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, durante la administración priista de Rubén Moreira, en el Estado de Coahuila, hermano de Humberto Moreira, gobernador acusado de un millonario desfalco a las arcas estatales de aquella entidad, el cual incluso fue detenido en enero de 2016 en España, y liberado semanas después.

La empresa Seguritech y sus filiales cuentan con un número importante de representantes legales.

René Bustos Soler aparece como representante legal en los millonarios negocios de Seguritech Privada con las alcaldías de Álvaro Obregón, Tlalpan, Valle de Bravo, además de representar a PICORP de México, en los padrones de proveedores de Colima y Puebla.

Otros personajes como Francisco Javier Zubiate Nava, Emanuel Antonio Cárdenas Rojas, Juan Guerrero Mandujano, Raymundo Arriaga Aragón, Ernesto Valdés Cordero, Alaín Ramos Padilla y Lorena Ángel Zayas, aparecen indistintamente representando a las empresas

En una transmisión en vivo realizada en 2017, el Gobierno de Sinaloa hizo público un proceso de licitación para adquirir un proyecto de modernización de los sistemas de vigilancia de aquella entidad.

René Bustos Soler se identificó como representante de Seguritech, mientras que por parte de Comunicación Segura y Picorp de México participaron Francisco Javier Zubiate Nava y Juan Guerrero Mandujano, respectivamente.

Un año después, todos ellos fueron representantes legales del contrato en Baja California según consta en el documento de la Junta de Aclaraciones del contrato de Seguritech en Baja California, y establecieron el domicilio LAGO BOLSENA # 277 1ER.PISO COL. ANAHUAC C.P. 11320, en la Delegación Miguel Hidalgo, donde se ubican las oficinas de Seguritech Privada.

Entre los representantes se encuentra Ernesto Valdés Cordero, que según el portal Corresponsabilidad del Gobierno de México, es encargado de una asociación civil Fundación en Movimiento, que comparte domicilio con Seguritech, y que es dirigida por Eduardo Ricalde Medina, padre de Eduardo Ricalde Alarcón, ex esposo de la canciller en la administración de Enrique Peña Nieto, Claudia Ruiz Massieu, sobrina del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Ricalde Medina es también director de la Fundación Teletón, organismo respaldado por la empresa Televisa.

La asociación civil establece como su principal objetivo el combate al acoso escolar en diversas modalidades, además de incursionar en temas como la violencia familiar y otros temas de carácter social.

A través de pláticas y cursos otorgados en escuelas primarias y secundarias, capacita a niños, jóvenes y padres, sobre las conductas antisociales.

En su página de internet, Fundación en Movimiento hace públicos a todos los integrantes del consejo, donde destaca Arturo Ancona García-López, ex director de Propiedad Intelectual de la PGR y titular de la dependencia encargada de la distribución Libros de Texto Gratuito en el Gobierno de Peña; Guillermo Bustamante Manilla, ex funcionario de la administración panista del guanajuatense Vicente Fox Quesada, impulsor de la campaña peñista; el ex diputado panista José Julio González Garza, director de Control Patrimonial del Poder Ejecutivo de Guanajuato en el gobierno de Márquez Márquez; Guido Belsasso Prister, ex comisionado nacional contra las adicciones, también en el gobierno foxista; Francisco Ricalde Alarcón, ex esposo de la canciller, Claudia Ruiz Massieu; y Lorena Ángel Zayas y Ernesto Valdés Cordero, representantes de Seguritech.

Según la página oficial de donaciones del Servicio Administración Tributaria (SAT) disponible en su página de internet, la asociación civil recibió millonarias donaciones del sector privado, y según lo dicho por el propio Ricalde Medina, en un informe anual en poder de ZETA, la mayor parte de sus gastos son cubiertos por Seguritech Privada.

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ZETA solicitó en múltiples ocasiones entrevistas con representantes de la empresa Seguritech Privada, desde el mes de diciembre, con el objetivo de obtener su versión, pero esta oportunidad fue negada.

Lo único que se pudo obtener es una conversación informal con un directivo, el cual rechazó poder incluir cualquier información en este reportaje. Esto se encuentra sustentado en múltiples correos, respuestas, llamadas telefónicas y mensajes vía WhatsApp, en poder de este medio de comunicación.

Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers. El reportaje completo se puede leer en este enlace.