Texto de Carmen Pizano y Verónica Espinosa

Son ellas: madres, hermanas, hijas y esposas las que lideran la lucha diaria por encontrar a todas las desaparecidas y desaparecidos de Guanajuato. La tragedia por la desaparición forzada de un ser querido las unió, y aunque todos los días se enfrentan a nuevos retos, en los últimos 15 meses han conseguido visibilizar el problema que las autoridades negaron durante años, contar con un marco jurídico armonizado, obligaron al fiscal Carlos Zamarripa Aguirre a firmar compromisos y lograron tener representatividad en el Consejo Ciudadano Estatal en materia de búsqueda de personas.

El gobierno de Miguel Márquez Máquez se negó a reconocer el fenómeno delictivo, pero eso llevó a las familias a conformar los primeros colectivos que obligaron a Diego Sinhue Rodríguez a escucharlas, y ante el Congreso local presionaron hasta conseguir la aprobación de Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado y la Ley Estatal de Víctimas.

La principal resistencia la han encontrado en la Fiscalía General del Estado, a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre desde 2009, cuando todavía se le denominaba Procuraduría de Justicia. La institución se dedicó a negar la existencia de fosas clandestinas, hasta que la realidad se impuso y aceptó el término en el hallazgo que hicieron familiares en Salvatierra, en octubre de 2020.

Organizadas en 12 colectivos por todo el estado, las familias de personas desaparecidas consiguieron que Carlos Zamarripa firmara una serie de compromisos para garantizar el derecho que tienen a participar en las exhumaciones de los cuerpos encontrados en los hallazgos que los mismos familiares localizan; además, está el compromiso de transparentar toda la información, realizar reuniones mensuales y permitir que las buscadoras que están en constante capacitación colaboren con los antropólogos forenses en los trabajos de exhumación para agilizar el proceso.

Para hacerse escuchar han pasado por la revictimización, la represión policiaca, han dormido a la intemperie, organizado decenas de manifestaciones y comenzaron por su cuenta a hacer búsquedas en campo. Ahora, entre los avances como colectivos, tres mujeres buscadoras son parte del recién creado Consejo Estatal Ciudadano en materia de búsqueda de personas.

María Concepción Sierra, Norma Patricia Barrón y Bibiana Mendoza son las tres buscadoras que forman parte del Consejo Estatal Ciudadano, además de las especialistas Matilde Domínguez Cornejo y María de Lourdes Contro Monroy. Como representantes de organizaciones de la sociedad civil quedaron María Elizabeth Navarro y Virginia Irlanda Arellano.

Mientras tanto, en su primera visita efectuada el martes al sitio de búsqueda localizado el 20 de febrero por las propias buscadoras de los colectivos De pie hasta encontrarte Guanajuato y Una luz en tu camino en la comunidad El Sauz de Villaseñor en Celaya, la comisionada nacional de búsqueda Karla Quintana Osuna daba un apunte de la dimensión del trabajo que todavía falta por hacer en este punto:

“Vamos para largo…creemos que va a ser un hallazgo grande”.

Son casi cinco semanas las transcurridas en las cuales representantes de los 12 colectivos en el estado “trabajan” en ese lugar con el personal de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y de la Fiscalía General del Estado, además de la presencia de personal de la Procuraduría de derechos humanos del estado, más en función de atestiguar lo que ahí se realiza.

Predio en El Sauz de Villaseñor. Fotografía Verónica Espinosa

Con las familias sí

Después de ocho días de plantón en el pórtico del Teatro Juárez, las buscadoras de los colectivos Hasta Encontrarte, Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos y Proyecto de Búsqueda Guanajuato lograron tener por escrito el compromiso de Carlos Zamarripa Aguirre de que se permitirá la participación de las familias en los trabajos de exhumación, se informará sobre los hallazgos y se realizará una mesa mensualmente para detallar los avances en la identificación de los restos encontrados en los entierros clandestinos.

La protesta surgió después de que personal de la Fiscalía General del Estado exhumaron un cuerpo durante el fin de semana sin la presencia de los colectivos que dieron con el hallazgo en la comunidad El Sauz de Villaseñor en Celaya. Un par de días después, Zamarripa recibió a representantes, y aunque envió una minuta con compromisos firmados, no incluyó todas las demandas de las familias, por lo que se prologó el plantón.

Sin las familias no, es el lema que han abanderado los colectivos de búsqueda para que la Fiscalía reconozca los derechos que tienen como víctimas de recibir información y ser partícipes en los trabajos.

Fotografía Juan José Plascencia

Durante siete noches durmieron en casas de campaña, pese al frío que sentían durante las noches en el pórtico de cantera del emblemático recinto en el centro de Guanajuato, pero con el apoyo de la ciudadanía que colaboraron con comida, ropa y cobijas, resistieron hasta conseguir que Carlos Zamarripa se comprometiera a respetar sus derechos, brindar información y agendar mesas de trabajo mensuales.

"Las necesidades de las víctimas van evolucionando. Hoy es nuestra necesidad esta mesa de identificación forense, pero si un día vemos que los acuerdos no se llevan a cabo, que no se están cumpliendo las cosas como las pedimos para regresar a nuestros familiares, nos vamos a ver en la necesidad de hacer lo que tengamos que hacer para que ellos regresen a casa", expuso Bibiana Mendoza.

Entre los compromisos que firmó Zamarripa está que no se harán exhumaciones de cuerpos sin la presencia de los colectivos, mejorar la comunicación con las familias y una mesa de trabajo la última semana de cada mes para informar sobre los avances en la identificación de los cuerpos que son encontrados.

El compromiso que tienen como familiares por encontrar a sus seres queridos las ha llevado a recibir capacitaciones de organismos internacionales para saber cómo intervenir en apoyo a los expertos al encontrarse con un entierro clandestino, por lo que ahora también podrán participar en los trabajos que haga el personal de la Fiscalía aquellas personas que cada colectivo designe.

Fotografía Juan José Plascencia

"Se va a coadyuvar para hacer los trabajos de exhumaciones más rápido… el fiscal se comprometió a dar luz verde a personas de cada colectivo para que estén de manera más directa no solo en pozos de sondeo. Nos hemos capacitado en antropología forense para hacer una cadena de custodia, conocer el lenguaje de las fosas, el lenguaje de los cuerpos para saber si fueron enterrados vivos. muertos, o cómo cayeron", señaló Bibiana.

Los colectivos decidieron dar un voto de confianza a Carlos Zamarripa de que ahora sí trabajará con las familias de personas desaparecidas, luego de años de negativa y revictimización.

Suman 20 cuerpos y 2 cráneos en fosas de Celaya

En el Sauz de Villaseñor en Celaya se han encontrado, hasta el momento, 20 cuerpos y otros restos, entre estos dos cráneos en una zona de más de 15 hectáreas, informó la comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana.

De las 15 hectáreas previstas, se han limpiado ya de arbustos 6.8. Pero el área intervenida en la que se han perforado ya pozos y se han recuperado restos, apenas representa menos del 2 por ciento del gran total.

En este llano, ubicado en la zona alta al final de la comunidad que está a pie de la carretera Celaya-Salvatierra (a unos 10 minutos de la cabecera celayense) se localiza una edificación que todavía muestra restos de los lujos con que fue construida, y que funcionó como un palenque.

Junto a este enorme antro se extiende la zona de búsqueda.

A pesar de la cercanía con las otras mega fosas (el punto se ubica a 30 kilómetros de Salvatierra, por ejemplo) las condiciones en que han sido encontrados los cuerpos hasta ahora recuperados son muy distintas, por lo que no se ha podido establecer un patrón de estas inhumaciones clandestinas, refirió Karla Quintana.

“La información que tengo es que no coincide con los otros sitios en los que hemos estado, es decir no hay como un patrón que podamos seguir. En Salvatierra eran gente más joven”, mientras que en El Sauz de Villaseñor se ha encontrado a personas de más de 30 años, además de que todos han sido encontrados con ataduras y la mayoría con sus ropas, a diferencia de los hallazgos en Salvatierra o Acámbaro.

Karla Quintana dijo haber efectuado esta visita para verificar las condiciones de trabajo y la coordinación que habría podido alcanzarse ya entre el personal de las tres instancias, tras los roces con la Fiscalía general y las múltiples quejas de los colectivos por los diversos obstáculos impuestos por ésta para agilizar la recuperación e identificación de los cuerpos encontrados.

“Evidentemente hubo una tensión al principio por una metodología distinta, ustedes recuerdan hace unos meses decíamos que faltaba un equipo especializado de la Fiscalía, de antropólogos, arqueólogos. Ahora ya los tienen, traen una metodología que quiere implementar la propia fiscalía. Hubo sí, tensiones entre la forma nueva de trabajar y esto fue superado”, aseguró.

Fotografía Verónica Espinosa

Esto ha llevado, según la comisionada, “a poder tener un método único en Guanajuato que mezcle la experiencia, tanto la que tenemos las comisiones, como esta nueva propuesta que está haciendo la fiscalía…Las familias están ahí directamente observando el trabajo, a pie de fosa, literalmente para poder observar que todo se realice con la mayor transparencia”.

Karla Quintana no dejó de recordar que todas las autoridades involucradas tienen la obligación de incluir, atender y escuchar a las familias. Y acabó admitiendo que una de las gestiones que tiene en puerta, tanto para la propia Comisión como ante la petición expresa que le hicieron los colectivos, será enviar un nuevo oficio al Fiscal Carlos Zamarripa Aguirre para que le proporcione la información sobre todos los cuerpos identificados y entregados de cada una de estas fosas localizadas, porque al día de hoy no se cuenta con ella.

La Comisión Nacional ni siquiera cuenta con la identidad o la información sobre los cuerpos de tres personas que el personal de este mismo organismo exhumó en enero en un predio contiguo al que fue intervenido por la Fiscalía estatal en Cañada de Caracheo, Cortazar.

“Esto lo necesitamos para tener un registro más concreto”.

Opacidad, revictimización y negación, la marca de la FGE

Luz María García Sierra desapareció el 8 de enero de 2018 afuera de su casa en Juventino Rosas. Desde ese día María Concepción Sierra, madre de la joven, ha dedicado su tiempo y esfuerzos a encontrar a su hija, pero en el transcurso le tocó ser revictimizada en más de una ocasión por las autoridades de Guanajuato.

"Primero me decían que mi hija se había ido con el novio, que no la buscara, no me aceptaron la denuncia hasta después de 72 horas, entonces saqué coraje para hacer mi propia búsqueda… Me decían que mi hija desapareció porque andaba en malos pasos".

Concepción Sierra fue una de las madres buscadoras pioneras en Guanajuato que tocó puertas, alzó la voz y exigió a las autoridades reconocer el fenómeno delictivo y leyes para la protección de las víctimas, ahora está al frente del colectivo "Luz y Justicia" en el que participan alrededor de 51 personas que buscan a sus seres queridos.

El Congreso del Estado aprobó este jueves que Concepción Sierra sea una de las tres representantes de familiares de personas desaparecidas en el Consejo Estatal Ciudadano.

"Ha sido un calvario y yo busco que se haga escuchar la voz de las familias, porque nosotras somos las que vivimos en carne propia. Andamos en búsquedas sin un peso en la bolsa, vamos con un vaso de leche porque para nosotros lo primordial es buscar a nuestros familiares", comentó frente a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Derechos Humanos donde se analizaron los perfiles para la integración del Consejo de Búsqueda.

Norma Patricia Barrón Núñez también es representante de las familias ante el Consejo, ella busca a su hijo Kevin Damián Martínez y a su pareja Juan Rodríguez, quienes fueron secuestrados el 1 de junio de 2019, y aunque pagaron el rescate, ellos no regresaron a casa.

La sensibilización de las autoridades es primordial para seguir con el trabajo de encontrar a todas las personas que están desaparecidas en Guanajuato; además de que se reconozcan los derechos que otorga la legislación a las víctimas para participar en las estrategias, planeación, organización y coordinación de las búsquedas que realizan las autoridades.

"No queremos el Servicio Médico Forense (Semefo) lleno de cuerpos sin identificar, queremos que los que se están encontrando se entreguen a las familias. Primero, propongo la sensibilización de las autoridades, la sensibilización de la sociedad civil y saber escuchar a las familias. Los familiares de quienes desaparecen tienen información oportuna para podernos decir cuál fue el modo que se lo llevaron, el contexto, porque hay colonias donde se repite la práctica, tenemos que focalizarlo para que no se repita".

Durante las entrevistas a aspirantes para el Consejo, Bibiana Mendoza Negrete, quien busca a su hermano Manuel desaparecido el 8 de enero de 2018, recordó que antes de que se unieran las víctimas para formar los colectivos, las búsquedas era más difícil por las constantes omisiones de la Fiscalía General del Estado en la investigación.

Bibiana, del colectivo Hasta Encontrarte, señaló que ha sido en la Fiscalía donde han encontrado la mayor resistencia de escuchar a las familias que tienen las "perspectivas más amplias".

"Este año decisivo. Si queremos que se frene la violencia tenemos que hacer visible el tema de la desaparición, empezar a concientizar, apoyar a las familias que no han puesto denuncia, enseñarles que el miedo no es el camino."

Consejo Estatal Ciudadano

Además de las tres representantes de familiares de personas desaparecidas, el Consejo Estatal Ciudadano en materia de búsqueda de personas, nombró a dos especialistas y dos representantes de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

De acuerdo con el artículo 39 de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato establece las funciones que tiene el Consejo Estatal Ciudadano, cuyas integrantes tendrán el cargo honorífico; es decir, no recibirán remuneración económica por el trabajo.

Entre las funciones se encuentran:

1. Proponer medidas para acelerar o profundizar sus acciones
2. Proponer acciones a los servicios periciales y forenses
3. Proponer acciones para mejorar el funcionamiento de los programas, registros y herramientas
4. Proponer y, en su caso, acompañar las medidas de asistencia técnica para la búsqueda de personas
5. Solicitar y acceder a información generada por la Comisión Estatal de Búsqueda
6. Dar vista a las autoridades competentes sobre las irregularidades en las actuaciones de los servidores públicos relacionados con la búsqueda e investigación de personas desaparecidas
7. Emitir recomendaciones sobre la integración y operación de la Comisión de Búsqueda
8. Evaluación y seguimiento de la Comisión de Búsqueda
9. Establecer mecanismos de comunicación con organizaciones de la sociedad civil organizada, familiares de personas desaparecidas y sociedad civil en general; entre otras.

Al Congreso del Estado, encargado de la designación de las siete personas que integran el Consejo, llegaron 10 expedientes, seis de familiares, dos de especialistas y dos de activistas.

Así, diputadas y diputados solo tuvieron margen para elegir a las tres representantes de las familias y aceptaron que se quedaran las dos especialistas y las dos activistas que se postularon.

En el proceso además de María Concepción Sierra, Norma Patricia Barrón y Bibiana Mendoza, participaron como representantes de familiares: Remedios Cervantes, Sandra Beatriz Mercado y Margarita Conejo.

Las dos especialistas que forman parte del consejo son: Matilde Margarita Domínguez, doctora en ciencias sociales y humanidades, además de licenciatura en antropología física, con 10 años de trabajo con la sociedad civil organizada, actualmente colabora con los colectivos en las búsquedas de campo. La segunda especialista que forma parte del consejo es María de Lourdes Contro Monroy, licenciada en sociología y responsable del programa de Derechos Humanos de la Universidad Ibero en León.

La sociedad civil organizada queda representada por María Elizabeth Navarro, postulada por la asociación civil Victoria Díez; además de Virginia Irlanda Arellano, quien reconoció que "apenas me estoy empapando del tema en Guanajuato", pero que quedó como parte del consejo porque además no hubo otra representante de la sociedad civil que se postulara.