En Guanajuato, cerca de 60 mil personas menores de 18 años se encuentran en riesgo de ser reclutadas o utilizadas por grupos delictivos. Según un estudio presentado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), las niñas, niños y adolescentes guanajuatenses se desenvuelven en una situación de vulnerabilidad social, sumada al contexto de violencia y criminalidad, sin políticas públicas que atiendan el peligro latente del reclutamiento.

Factores como la pobreza, el rezago educativo y el trabajo infantil, así como la cercanía a un entorno de criminalidad -como las familias delictivas y pandillas-, han posicionado a la entidad en el 5° lugar nacional de riesgo por reclutamiento en este grupo poblacional.

“Este grupo de población representa más del 30% de la población en el país, ¿cómo podríamos pensar que el incremento de la actividad violenta y delictiva en el estado de Guanajuato no tocaría las vidas de niñas, niños y adolescentes si son más de la tercera parte?”, advirtió Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim durante la presentación del estudio Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos.

La aproximación -basada en estimaciones, análisis documental y casos concretos- elaborada por esta red de organizaciones en colaboración con el Observatorio Nacional Ciudadano, reveló que en la entidad 58 mil 020 niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado, cifra que corresponde al 7.3% del total nacional: 250 mil personas menores de 18 años.

Guanajuato se encuentra sólo por debajo de entidades como el Estado de México, con 76 mil 771 personas (9.7%); Jalisco, con 68 mil 196 (8.6%); Chiapas con 64 mil 473 (8.1%); y Puebla, con 62 mil 34 (7.8%).

Tania Ramírez afirmó que el incremento de la actividad delincuencial, agregado al desarrollo industrial de la región complejizan el caso de Guanajuato, donde la disputa territorial no excluye a infancias y adolescencias.

“Hay que observar de la mano con el incremento de la actividad delincuencial, también con el desarrollo industrial. Ciudades más concretamente como León y otras en donde se está viendo la disputa del territorio. Insisto, esta disputa no únicamente sucede en el mundo adulto, si es el territorio, es la vida de niñas, niños y adolescentes”.

Aunque ni en el panorama local ni en el nacional existen datos precisos del fenómeno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015, expuso que 30 mil niños y niñas habían sido captados por grupos delictivos en nuestro país. En 2018 dicha cifra se elevó a 460 mil (CENEJYD, 2019).

Una adquisición redituable

El 12 de julio pasado, dos mujeres murieron asesinadas cuando alguien les disparó a plena tarde en el estacionamiento de una tienda Walmart en León ubicada en el cruce de los bulevares Juan José Torres Landa y Francisco Villa; eran madre e hija. Además, una bebé que estaba con ellas fue herida gravemente.

Aunque medios locales citaron testimonios de que varias personas en un automóvil Aveo llegaron al lugar y participaron en la agresión, ese mismo día se apuntó a un presunto responsable, que fue detenido. Se trataba de un adolescente de 15 años al que autoridades únicamente identificaron con un apodo, “El Mudo”, único detenido y sin que hasta el momento la Fiscalía General del Estado haya informado sobre los otros involucrados o el posible móvil.

El adolescente inculpado fue internado en el Centro de Reintegración Social para Adolescentes.

La sentencia máxima, según la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, sería de 3 años por estos asesinatos.

Las niñas, niños y adolescentes cooptados por el crimen organizado pueden desempeñar casi cualquier labor en los eslabones delictivos de estas células. Desde proveer información a rangos más altos, empaquetadores y distribuidores de droga, hasta “comprobar capacidades” que los involucren en la disputa de conflictos armados y la comisión de delitos de alto impacto, los convierte en elementos que resultan “redituables” para las organizaciones criminales.

La razón, además de la obtención de mano de obra “barata y leal”, es que cuando niñas, niños y adolescentes son detenidos por la ejecución de delitos, las penas son más bajas. Sin embargo, Tania Ramírez advirtió que el endurecimiento de los procesos y sentencias para este grupo poblacional no es la solución del problema.

“Ojo, el llamado no es al incremento de las penas, sino poder ubicar dónde está la carga delincuencial, concretamente a quienes reclutan y utilizan el trabajo de estas niñas, niños y adolescentes. Pero es uno de los factores que hacen que este sea redituable”.

Imagen: POPLab.

Niñas y adolescentes: expuestas a otras violencias

Como otros fenómenos, el reclutamiento de NNA debe ser analizado con enfoque de género, puesto que niñas y adolescentes son “expuestas” al sistema machista, por lo que el riesgo de ser violentadas una vez reclutadas, puede incrementar exponencialmente.

“Son tratadas como esclavas sexuales, como mujeres de los comandantes y miembros de la organización, sometidas a la planificación forzada, incluso a embarazos y abortos forzados”, ejemplificó Tania Ramírez.

Casos concretos analizados para la elaboración del estudio, muestran cómo las mujeres menores de 18 años son obligadas a sostener relaciones sexo-afectivas con integrantes de bajos y altos niveles de las células delictivas.

Entre otras labores, niñas y adolescentes pueden ser utilizadas para desempeñar tareas de halconeo, cuidado y vigilancia de casas de seguridad, secuestros y homicidios.

Al desamparo de la ley

Pese a que desde abril de 2021 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana instaló un Observatorio Nacional de Prevención de del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes por la Delincuencia Organizada, este delito no está tipificado penalmente, sino que forma parte de una modalidad de trata de personas.

El no contar con la tipificación, crea un vacío que imposibilita a las propias autoridades y organizaciones civiles el dimensionar el fenómeno en su totalidad, y por ende, crear políticas públicas que actúen contra el reclutamiento y utilización de NNA.

Por ello desde organizaciones internacionales como la Unicef se ha hecho un llamado a las autoridades judiciales mexicanas a, en primera instancia, dar trato de víctimas a las personas menores de 18 años involucradas en la comisión de un delito bajo cohesión de organizaciones criminales.

“El marco legal en nuestro país es débil, ya que el reclutamiento no está tipificado penalmente y se considera una forma de trata de personas (...) Los niños y niñas acusados de delitos cometidos supuestamente cuando estaban vinculados a grupos y fuerzas armadas, deberán ser considerados en primer lugar como víctimas de delitos, no solamente como perpetradores”.