El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León decidió ignorar el llamado de la presidenta municipal a reconocer y aceptar los errores que derivaron en la muerte de cinco colaboradores el pasado 13 de noviembre. En una primera reunión de conciliación en la que destacó la ausencia del presidente del Consejo Directivo, Jorge Ramírez Hernández y el director del organismo, Enrique de Haro, los representantes legales del Sapal ofrecieron a las cinco familias una indemnización de 434 mil pesos, a cambio de que se desistieran de la denuncia penal.

A través de sus asesores legales, los deudos de Víctor Ricardo Briseño Rangel, José Salvador Afanador Martínez y Alberto de Jesús Silva Zúñiga hicieron público el acuerdo por el cual la paramunicipal pretendió cerrar el caso, con una indemnización que se encuentra en el tope de lo que las familias podrían obtener por la vía penal. Sin embargo, en entrevista a medios dejaron en claro que el primer objetivo es el esclarecimiento del accidente y el fincar responsabilidades a aquéllos que no hicieron nada por prevenir la tragedia.

Durante la reunión de conciliación, las familias pidieron a los representantes legales del Sapal una postura por el exhorto pronunciado por Alejandra Gutiérrez. Los abogados Irma Lira y Jorge Estrada respondieron que no había postura ni instrucciones de atender el llamado de la primera edil, quien fue enfática en que con “sensibilidad y humanidad” el Comité Directivo del Sapal diera la cara a las familias y aceptara su responsabilidad en las cinco muertes.

De nuevo, la falta de disposición de los titulares del organismo y su afán de intercambiar la indemnización por el desistimiento de la denuncia derivaron en el rechazo de la propuesta por parte de los deudos, que más allá de la cifra, esperan justicia para sus familiares fallecidos.

“Esa es la principal causa por la que hemos emprendido esta demanda, para pedir justicia antes que dinero (...) Si yo hubiera sabido ahora que se encontraron responsables y que Sapal fue el responsable de este crimen, ya no estaría yo peleado en haber aceptado esto”, declaró Víctor Briseño respecto al rechazo a la indemnización.

Según los asesores de las víctimas indirectas, no es la primera ocasión en la que los abogados de Sapal ofrecen una cifra de dinero a manera de indemnización para callar a las familias, con la intención de que abandonen las denuncias.

Este viernes, luego de concluir la primera reunión de conciliación, el Sapal circuló un comunicado en el que reitera su disposición por indemnizar a las familias, pero omitió señalar que la indemnización de ley sería otorgada a cambio de que las familias desistan del proceso.

Víctor Briseño. Foto: Melissa Esquivias

Confiarán en justicia alternativa

Cuestionados acerca de la propuesta de la alcaldesa por resolver el caso mediante la justicia alternativa, los familiares informaron que aceptaron “caminar por esa vía” sin que exista una condicionante ni compromiso por desistir de la denuncia penal.

Esta opción implicaría llegar a un acuerdo entre las partes a través de una sentencia, aunque en dicho punto quedarían sin efecto el resto de los procedimientos contra la paramunicipal. La ventaja, según se explicó, fue que las familias podrían obtener un documento de compromisos firmado por el Sapal, y de no haber cumplimiento podría usarse en su contra en los tribunales.

Los familiares también se mostraron confiados al compromiso de Alejandra Gutiérrez por vigilar que la paramunicipal cumpla con las medidas de no repetición. Entre las acciones, se integrará un grupo que dé monitoreo a las condiciones de la planta.

“Se va a sentar también (Alejandra) con la Secretaría de Trabajo y ver las inspecciones y por qué no se han hecho y por qué les han permitido seguir trabajando. Ampliarlo todo para que haya las condiciones dignas para cualquier trabajador y más en una zona que es de riesgo”, señaló Víctor Briseño.