Con información de Melissa Esquivias e imágenes de Juan José Plascencia

Periodistas del estado de Guanajuato se sumaron a la movilización nacional del 25 de enero con protestas por los asesinatos de José Luis Gamboa, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, participando de manera virtual o presencial, en actos en memoria de los colegas caídos y desaparecidos en unas cuarenta ciudades del país.

Desde las escalinatas del Teatro Juárez, en la capital del estado, el Arco de la Calzada, en la ciudad de León, y el jardín principal de San Miguel de Allende, periodistas, fotógrafos, editores e incluso, columnistas y activistas, unieron sus voces con la exigencia de justicia, al grito de “Ni silencio ni olvido”.

En las veladas en León y Guanajuato capital participaron decenas de comunicadores, en San Miguel de Allende hubo una participación más simbólica, mientras que en Salamanca, Dolores Hidalgo, Irapuato y otros municipios, hubo protestas virtuales de manera individual.

Sólo en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, según ha documentado la organización Artículo 19 en México, han sido asesinados 28 comunicadores, tres de ellos en lo que va de este año. Dos de las víctimas más recientes, Margarito y Lourdes, ambos en la ciudad de Tijuana, habían solicitado o estaban incorporados al mecanismo de protección a periodistas.

Los ataques contra ellos se perpetraron frente a sus propios domicilios, evidenciando las fallas en estos protocolos, no solo para garantizar su integridad y su vida durante el ejercicio del derecho a informar, también al obstaculizar o, de plano, anular el acceso a la justicia y la reparación del daño.

El director de la organización Artículo 19, Leopoldo Maldonado, habló de otros puntos importantes, como es la prevención y que “Los mecanismos (de protección) serán insuficientes mientras persistan estos niveles de impunidad”, si a los agresores no se les identifica y no se les sanciona. “Mantener a la prensa bajo asedio y amedrentada es bastante redituable para ciertos grupos de interés”.

Guanajuato tiene uno de estos casos ominosos: el de Israel Vázquez Rangel, reportero asesinado en Salamanca en noviembre de 2020 mientras cubría un hecho policiaco, y de 2017 a la fecha, se han documentado al menos 37 agresiones de todo tipo a la prensa local.

Actualmente, según Artículo 19, hay al menos 1 mil 515 beneficiarios del mecanismo federal de protección, entre comunicadores y defensores de derechos humanos. Y Guanajuato ocupa el lugar 10 en agresiones a periodistas, con 23 en 2021.

Leopoldo Maldonado.

Unión entre comunicadores

Es trágico que los periodistas tengan que unirse debido al asesinato de un colega, lamentó la corresponsal de Proceso en Guanajuato, Verónica Espinosa, esto, durante la protesta en la capital del Estado. Que la iniciativa de conocerse entre sí, de tender redes, de impulsar la creación de leyes, su origen sea la agresión a un comunicador, no tendría que pasar pero pasa porque el Estado está ausente.

Durante el acto conmemorativo en León, integrantes del gremio dieron lectura al posicionamiento que acompaña la recolección de firmas en Change.org:

“Vemos con rabia e indignación que los crímenes contra periodistas en el país siguen en la impunidad, matar a un periodista en México, es como matar a nadie: lejos de que haya investigaciones serias por parte de las Fiscalías en los estados y la federal para que sepamos por qué matan a periodistas en este país y haya justicia, la cifra va en aumento”.

“(...) Casos como el de Lourdes Maldonado quien notificó al Mecanismo federal y estatal, que temía por su vida pone en evidencia no sólo la limitada capacidad con la que cuentan los estados para reaccionar de forma pronta, efectiva y expedita e incluso para incorporar las necesidades y contextos diferenciados sino que visibiliza la falta de una perspectiva de protección integral”.

Precisamente sobre esta integralidad se pronunció Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 para México y Centroamérica: recordó que en el caso de Lourdes Maldonado no se investigaron incidentes previos y que resulta desconcertante que después de que la periodista denunciara en la conferencia mañanera hace tres años que temía por su vida y se tuviera este resultado, su asesinato, a pesar de que dicho foro se considera un espacio de denuncia ciudadana del más alto nivel, ante el mismo presidente de la República, sin embargo, su queja no activó al Estado Mexicano.

Hizo notar que el 49 % de las agresiones a las y los periodistas proceden de funcionarios públicos, lo cual no abona a generar confianza para presentar denuncias y ejemplificó con el caso de un reportero agredido por policías municipales o estatales que se integra al mecanismo y recibe para su protección a esos mismos policías.

A esto se suma la gran intolerancia a la crítica por parte de toda la clase política en México, sin importar el partido, “lo que se traduce no solo en la ausencia del estado para prevenir la violencia y proteger a los periodistas en riesgo, sino en leyes restrictivas de la libertad de expresión. Aquí -en Guanajuato- se aprobó el ‘halconeo’ cuando ya había sido declarado inconstitucional por la Corte…”

Durante la manifestación hubo presencia solidaria de ciudadanos y activistas, entre estos, representantes de los afectados por el desalojo de terrenos en Jardines de Capellanía.

Periodistas, entre la plata y el plomo: Artículo 19

Ya por la noche, durante la videocolumna de Arnoldo Cuéllar, Leopoldo Maldonado explicó que la penetración de la criminalidad en la sociedad ha alcanzado a funcionarios públicos, dando origen a “zonas de silencio” que no son cubiertas por los medios de comunicación por falta de protección y sin garantías para el acceso a la justicia, la reparación y la verdad.

Dijo que las autoridades actualmente están prestas para erigirse como víctimas del escrutinio público y la rendición de cuentas, y con ello restringir la libertad de expresión.

También está el asunto del gasto de comunicación social, la publicidad oficial, una forma de censura sutil pues permite negociar la línea editorial dentro de los medios con la asignación discrecional de recursos, algo no regulado, que se suma a la problemática de reporteras y reporteros.

Por su parte, Verónica Espinosa, periodista e integrante del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato, reconoció que dicho organismo “a duras penas hace su tarea” y eso, por la presión de comunicadores y defensores y no por iniciativa del Estado.

También explicó que compañeros de Celaya, Irapuato y otros municipios hubieran querido participar, pero se encuentran trabajando en condiciones muy difíciles, “siempre bajo la sombra de una violencia sin rostro”, a lo que se suman las condiciones precarias en que vive la mayoría de los periodistas, no solo en Guanajuato, en el país.

La corresponsal de Proceso recordó el caso de desaparición de Víctor Manuel Jiménez Campos en Celaya, quien trabaja para el portal de noticias “Rotativa Digital Guanajuato” y fue visto por última vez el 1 de noviembre de 2020.

Por su parte, Raymundo Sandoval, académico e integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia, citó estadísticas de Artículo 19 con relación a Guanajuato: de 2002 a 2020 se han registrado 115 agresiones a periodistas en el estado, y según el consejo estatal, de 2019 a 2021, hubo al menos 37.

Además hay una periodista guanajuatense desplazada por amenazas de la delincuencia organizada, sin que se vean cambios en las condiciones para que pueda volver y otros incidentes que se encuentran en informes de organismos internacionales.

Para el activista, la agresión a Karla Silva en Silao en 2014 fue un parteaguas para el gremio, no obstante, los últimos cinco años quedan marcados por la omisión institucional: se necesita una política de estado donde las autoridades reconozcan su responsabilidad en el problema y el alza en la violencia perpetrado por el crimen organizado.

Destacó que tanto el Congreso como los partidos de oposición deberían estar participando en la conversación y cuestionando el despilfarro, planteando alternativas, para instalar los principios establecidos.

Arnoldo Cuéllar, por su parte, mencionó el hito que representó el asesinato de Javier Valdés en 2017, y del divorcio que parece haber entre las audiencias y las y los periodistas, donde aquellas permanecen ajenas en su mayoría a las problemáticas de estos.

Al respecto coincidió Verónica: se debe hacer notar la valiosa labor del periodista, la función social que se realiza. Raymundo mencionó que “necesitamos una sociedad más solidaria e Involucrar a más periodistas” en este movimiento.

Protesta en Guanajuato capital. Foto: Ramón Caballero

Manifestaciones en CDMX y otras 40 ciudades

En Ciudad de México, por la mañana, un colectivo de Periodistas colocó un memorial en la entrada de Palacio Nacional, algo que se repitió por la noche, frente a instalaciones de la SEGOB, donde colgaron las caras y nombres de las y los periodistas víctimas de la violencia e impunidad, y sobre los muros se proyectaron sus rostros, mientras las y los participantes reflexionaban sobre la necesidad de unión del gremio para la defensa de su integridad y derechos.

Desconsuelo e indignación internacional por la violencia que enfrentan periodistas en México

Gobiernos y asociaciones internacionales se sumaron a la condena por los ataques contra comunicadores mexicanos, como la Delegación de la Unión Europea en México y la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ), organización radicada en Washington.

En el primer caso, la Unión Europea, Noruega y Suiza expresaron su preocupación por la falta de resultados en investigaciones abiertas para esclarecer, no solo el asesinato de Lourdes Maldonado, también los casos de periodistas otros, por ello exhortaron a las autoridades mexicanas a que desplieguen todos los esfuerzos posibles para proteger efectivamente a los periodistas y a investigar para que no haya “zonas de silencio” donde ningún reportero quiera o pueda trabajar.

En tanto que el capítulo de NAHJ San Diego-Tijuana condenó enérgicamente los recientes asesinatos de los periodistas José Luis Gamboa Arenas, Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado López durante el último mes, detallando que Lourdes yMargarito “encarnaron su compromiso con la comunidad de Tijuana al dedicar años en el campo a informar sobre los problemas que afectan a todos los residentes. Si bien la frontera entre Estados Unidos y México separa nuestras dos ciudades, nuestras comunidades periodísticas locales están entrelazadas y las amenazas a una nos afectan a todos".

Otras manifestaciones fueron virtuales y, al filo de la media noche, la petición en Change.org con.la exigencia de justicia rebasaba ya las 40 mil firmas.