Desde el pleno de Congreso y ante un silencio imperioso de su contraparte panista, los grupos parlamentarios del Partido Verde y Morena presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), y a su titular Javier Pérez Salazar, a revisar de manera exhaustiva los ejercicios fiscales que comprenden la segunda administración del ex alcalde panista Héctor López Santillana en el municipio de León.

Esto, luego de las investigaciones internas que la Contraloría municipal ha iniciado contra ex servidores públicos involucrados en presuntos actos de corrupción, como el despojo del terreno de un kínder público, la condonación del impuesto predial al Club Campestre y el cobro y almacenamiento irregular de “reciprocidades” entre proveedores de servicios y la dirección general de Desarrollo Institucional.

Las intervenciones de la oposición en el pleno estuvieron acompañadas de un mutis absoluto entre los integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, que representa la mayoría en el Congreso local.

Los puntos de acuerdo fueron turnados a la comisión de Hacienda y Fiscalización, presidida por el diputado panista Víctor Zanella Huerta, para su estudio y posible dictaminación. No obstante, el diputado presidente no tiene un plazo estipulado en la ley orgánica del Congreso para presentar los puntos, por lo que podrían entrar en la congeladora.

Diputado Gerardo Fernández Foto: Congreso del Estado de Guanajuato

Al hacer uso de la voz en el pleno, el diputado del PVEM Gerardo Fernández González presentó la propuesta con punto de acuerdo para ordenar a la ASEG la práctica de una auditoría integral a la administración pública de León en los ejercicios fiscales que abarcan el periodo de octubre de 2018 hasta octubre de 2021 bajo los siguientes parámetros:

“La revisión legal, económica, financiera, administrativa y contable del ingreso y gasto público abarcando todos los aspectos relativos a la situación financiera, presupuestal, patrimonial y programática de la administración pública municipal. Así como a la deuda pública, la obra pública, el manejo de fondos y valores, la adquisición de bienes, la contratación de servicios y la administración de los recursos humanos”, enuncia el punto.

En su justificación, el legislador advirtió que pese a que el municipio más poblado del estado ha sido distinguido por funciones y servicios que han sido “ejemplo nacional”, el crecimiento acompañado de una amplia responsabilidad operativa que en los últimos años se ha puesto en tela de juicio.

“Siendo presidente municipal Héctor Germán René López Santillana, administración que ha sido manchada por acciones y decisiones que a la luz de las denuncias públicas se puede presumir corrupción, egos, ideologías, conflictos internos”, dijo.

Diputada Alma Alcaraz Foto: Congreso del Estado de Guanajuato

En el mismo sentido, la diputada morenista Alma Alcaraz propuso el punto de acuerdo para analizar todas las partidas presupuestales de los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021 que no han sido revisadas en auditorías previas. La legisladora sostuvo que el municipio leonés, al ser el más poblado de la entidad, es el que ejerce mayor presupuesto. Según lo expuesto en el pleno, durante el segundo trienio de López Santillana fueron ejercidos más de 19 mil millones de pesos.

Entre el presupuesto destinado para León, la legisladora criticó el uso de más de 259 millones de pesos durante el citado trienio para la partida de comunicación social, ejercidos de manera discrecional “para construir una imagen” de honestidad de la administración municipal.

"Lejos de que el ejercicio de estos recursos haya sido pulcro existen actos de corrupción que han salido a la luz pública.(...) Para que una administración de un color le saque cosas a la otra administración del mismo color es que está muy grave el asunto”, declaró Alcaraz, respecto a las investigaciones desarrolladas desde la llegada a la alcaldía leonesa de Alejandra Gutiérrez Campos.

La propuesta de exhorto al titular de la ASEG, el abogado Javier Pérez Salazar, deberá incluir además de observaciones, las responsabilidades civiles, penales o fiscales sobre los servidores públicos que resulten responsables por irregularidades administrativas.

Ilustración: Pinche Einnar

A más de cuatro meses del cambio de administración, el ex tesorero Enrique Sosa Campos rompió el silencio en una entrevista exclusiva en un diario local. El ahora funcionario de la Secretaría de Desarrollo Económico, declaró al Periódico AM que la práctica de reciprocidades ocurría “desde antes” de la llegada de Héctor López Santillana. Es decir, este sistema habría sido importado por el entonces director de Desarrollo Institucional del trienio de la alcaldesa priista Bárbara Botello Santibáñez, figura política férreamente perseguida y criticada por Acción Nacional por supuestos actos de corrupción ocurridos durante su gobierno (2012-2015).

Cobijo partidista

El dirigente estatal de Acción Nacional, Eduardo López Mares, defendió la práctica de reciprocidades entre proveedores y el municipio durante la administración de Héctor López Santillana y aseguró que según el código civil fueron convenidas de manera legal.

"Un convenio es un acuerdo de voluntades para dar contraprestaciones, derechos y obligaciones, es lo que define el código civil al día de hoy. De tal forma que si las partes acuerdan ciertas cláusulas, por supuesto que es legal. Tú puedes pactar todo lo que quieras siempre y cuando sea lícito, y es tan así que está en los convenios”, sostuvo el panista durante una rueda de prensa este lunes.

Aunque se pronunció a favor de la transparencia, López Mares respaldó a nombre del partido la honorabilidad del ex alcalde, y declaró que los partidos de oposición están en su derecho de lanzar el exhorto de auditoría, aunque desde la bancada panista “se respetarán los tiempos” y las investigaciones por presuntas irregularidades que ya existen en la contraloría municipal.
El dirigente descartó que desde el PAN se solicitará la renuncia de los funcionarios implicados y que ahora laboran en gobierno del estado, pues significaría “culpar a alguien sin elementos”.

Diputado Rolando Alcantar y Eduardo López Mares durante rueda de prensa Foto: CDE PAN

En rueda de prensa de este lunes, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez aseguró que todas las áreas de la administración han sido revisadas desde el proceso de entrega recepción ante el cuestionamiento de los medios de comunicación sobre posibles réplicas de convenios de “reciprocidad” en otras dependencias.

Sin embargo, al ser cuestionada acerca de la necesidad de una auditoría en la tesorería municipal, luego de que su titular sea investigado por irregularidades puntuales, la alcaldesa reiteró que no habrá información hasta concluir el proceso en la Contraloría.

En el caso del kínder Juan Aldama, con dos investigaciones internas y una radicada en el Tribunal de Justicia Administrativa, la primera edil dijo que será durante el mes de febrero que concluya el caso en la Contraloría y que “quede en los mejores términos” para los afectados.