Un posible daño de casi 170 millones de pesos a la hacienda pública, motivo de 31 denuncias en la Fiscalía Especializada Anticorrupción, han puesto de vuelta en el ojo del huracán a los políticos Luis Alberto y Ricardo Villarreal García, hermanos y ex alcaldes de San Miguel de Allende. Este lunes, el presidente Mauricio Trejo Pureco, acompañado del abogado Pablo González Sierra -quien representa al municipio-, hicieron públicos los casos de presunta corrupción ocurridos en los gobiernos de ambos panistas.

De acuerdo con lo revelado en una rueda de prensa, las supuestas irregularidades comprenden al menos 29 casos de venta de inmuebles por debajo de su valor comercial -con avalúos falsos-, así como la de bienes inmuebles por otros de menor valor con particulares; el desvío de 16 mdp para la compra de vacunas que no fueron adquiridas; y el supuesto fraude por la contratación de un software de seguridad, utilizado para el proyecto del Centro de Inteligencia en Seguridad (CIS), por 14.8 mdp.

Las posibles irregularidades en materia inmobiliaria, ocurridas durante el trienio de Luis Alberto Villarreal y, en su mayoría a pocas semanas de concluir su gobierno, sumarían un daño de 138.5 mdp.

Este lunes, previo a la rueda de prensa, el abogado Pablo González Sierra presentó a nombre del gobierno de SMA las denuncias por posibles actos de corrupción en la Fiscalía Especializada.

Izq: Abogado Pablo González Sierra, Mauricio Trejo Pureco, y la secretaria de Ayuntamiento, Laura González. Foto: Melissa Esquivias

Para perpetrar los “fraudes” inmobiliarios, fueron utilizados, según lo expuesto por el abogado, dos distintos modus operandi. En la primera vía, particulares realizaron una solicitud de compra a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del municipio, la cual ya contenía un avalúo. De manera expedita, las solicitudes fueron avaladas por el extitular de la dirección, Abelardo Quero Inzunza, y por la mayoría del cabildo. Según el abogado Pablo González, un trámite de este tipo puede tardar hasta 2 años en concluir.

Entre los compradores de los terrenos se encuentran las razones sociales denominadas Aurora Developers SA de CV, Corporativo AG de Querétaro SA de CV -con dos compras-, y Alta Cultura Profesional. Dos de los trámites ocurrieron el 18 de diciembre de 2020, mientras que los dos más recientes concluyeron el 11 de agosto de 2021.

“En estos terrenos o predios se suponía que el gobierno tenía la obligación de realizar con ellos actividades en favor de la comunidad sanmiguelense, nadie pensábamos que algún predio pueda ser vendido o entregado a un particular. El municipio no se dedica a vender bienes, el municipio no se dedica a vender terrenos”, explicó Pablo González Sierra.

Exalcalde Luis Alberto Villarreal García durante la presentación de su tercer informe de gobierno. Foto: Especial

Para la permuta inmobiliaria, el gobierno municipal aceptó “intercambiar” predios con desarrolladores al interior de fraccionamientos. En estos casos, se detectó a través de avalúos que los terrenos que el gobierno de Luis Alberto Villarreal accedió a recibir tienen un valor mucho menor a los que por ley, correspondía al municipio recibir dentro de los desarrollos inmobiliarios.

El 3 de octubre de 2021, a una semana del cambio de gobierno, la administración de SMA aprobó permutar un predio dentro del exclusivo residencial Ventanas de San Miguel, con valor de 47.4 mdp, por un terreno con valor de 6.8 millones dentro del fraccionamiento Badesa, un desarrollo actualmente no constituido y sin ningún servicio público.

“El fraccionador mediante una simple solicitud le pide (al municipio) que ese predio que está en su fraccionamiento le sea cambiado por un terreno que está fuera de su fraccionamiento y tiene un valor mucho menor. En otras palabras, el fraccionador le entrega al municipio pesos, y el municipio le entrega centavos”, dijo el abogado.

Permuta en el residencial Ventanas de San Miguel.

Además de la “facilidad” con la que el municipio aceptó permutas que no corresponden con la regulación en materia de fraccionamientos, el abogado Pablo González destacó que la velocidad del proceso deja en duda que se hayan seguido los pasos de manera correcta.

Cualquier permuta debe ser verificada por parte del departamento jurídico del municipio y contar con una serie de avalúos. El análisis de desafectación por parte de la Consejería Jurídica y de Derechos Humanos, el análisis de desafectación y visto bueno de la Dirección de Catastro y Predial, una opinión especializada de la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social, así como el dictamen de la comisión de ayuntamiento correspondiente.

“Se deshicieron a través de avalúos falsos de los mejores terrenos con los que contaba el municipio, y las fechas las vieron, muchas a menos de 60 días de dejar la administración pública sin cumplir con ninguno de los requisitos que la ley marca”, declaró el alcalde Mauricio Trejo.

Cuestionado por los medios de comunicación acerca de su confianza en la investigación que deberá realizar la fiscalía anticorrupción, encabezada por Marco Antonio Medina Torres, Mauricio Trejo manifestó "confiar plenamente".

Un software fallido

En diciembre de 2016, durante el gobierno de Ricardo Villarreal García, el Ayuntamiento de SMA aprobó la compra por adjudicación directa de un software de seguridad a la empresa Vens Consultores SC, propiedad del exgobernador Carlos Medina Placencia. Sin embargo, las seis licencias incluidas en la compra en realidad eran propiedad de la empresa Protoss SA de CV. De acuerdo con el abogado Pablo González Sierra, esta fue una de las primeras irregularidades.

En aquel momento, el software prometió reducir la impunidad gracias a su interconexión con distintos municipios del país y bases de datos de detenciones y vinculaciones a proceso. Sin embargo, sólo eran cinco municipios.

"Tenía varias características que prohíben su uso", dijo González Sierra, quien explicó que según el artículo 124 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, "los municipios no podrán contar con sistemas alternos o paralelos al Sistema de Información de Seguridad Pública".

"También está prohibido que una base de datos generada de este sistema esté en poder de un particular, es decir el proveedor, quien además dijo ser propietario exclusivo de las licencias de software. Cuando vimos las licencias de este sistema advertimos que el verdadero propietario es una empresa que se llama Protoss SA de CV", advirtió.

Esta compra, que representaría un perjuicio patrimonial por más de 14.8 millones de pesos, también fue denunciada por el actual gobierno de SMA.

Ricardo Villarreal García, exalcalde de SMA y actual diputado federal por Acción Nacional. Foto: Especial

El ex gobernador Carlos Medina Plascencia defendió en un comunicado la operatividad de la empresa Vens, y replicó que el sistema de inteligencia fue contratado en diciembre de 2017 -durante el trienio de Ricardo Villarreal- e inicio operaciones a inicios de 2018. De acuerdo con la respuesta del panista, el Centro de Inteligencia en Seguridad de SMA fue presentado en mayo de 2019 ante el C5i, por lo que el estado y la Secretaría de Seguridad de Guanajuato "tienen pleno conocmienot de sus actividades".

Vacunas fantasma

En marzo de 2021, previo al arranque de su campaña por la reelección, Luis Alberto Villarreal anunció a la población sanmiguelense que destinaría 16 millones de pesos del recurso municipal para la compra de vacunas anticovid. El anuncio implicó un movimiento en el ejercicio fiscal 2021 para generar la cuenta 8531, creada para la compra de las dosis.

El 1 de septiembre, un movimiento en la cuenta creada meses atrás reflejó que los 16 millones de pesos se habían esfumado. Con ello se acumula otra denuncia contra el ex alcalde panista por parte de la actual administración.

"Jurídicamente era imposible realizar esa compra", explicó el representante legal del municipio. Fue el 25 de enero de 2021 cuando la Secretaría de Salud federal autorizó a las entidades hacer la compra de vacunas, pero este decreto excluyó a los municipios. La validez del decreto fue reconocida apenas el 15 de junio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Exalcaldes responden a señalamientos

A pocas horas de la rueda de prensa encabezada por Trejo Pureco, el diputado federal Ricardo Villarreal respondió a través de sus redes sociales y de un comunicado a las denuncias presentadas en su contra. En el escrito, el exalcalde calificó como "injurias y delirios" los señalamientos del priista, y manifestó que su administración, que abarcó el periodo 2015-2018, fue auditada por el Estado y por la Federación sin observaciones por solventar.

El panista presumió haber liderado "uno de los gobiernos más transparentes y exitosos de Guanajuato", y haber construido durante su administración uno de los Centros de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) más modernos del país.

Villarreal García refirió que el "ataque" del alcalde priista coincide con la reciente vinculación a proceso que la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado emitió contra Pureco por presunto peculado.

Más tarde, Luis Alberto Villarreal difundió un comunicado en el que comparte la postura de su hermano, y asegura que responderá legalmente a las acusaciones en las instancias correspondientes.