La impunidad criminal que pesa sobre la desaparición de personas en Guanajuato ha cobrado otras víctimas para las que tampoco hay justicia. La familia Cardona Zavala ha perdido a dos de sus integrantes tras la sustracción violenta del adolescente Yatziri Misael, de 16 años, de su casa en la colonia Villas de San Nicolás en León, el 23 de diciembre de 2019.

Para las cientos de familias que se han integrado en colectivos o que buscan a sus personas desaparecidas por cuenta propia, la precariedad presupuestal de las comisiones de búsqueda y de atención a víctimas del gobierno del estado, así como la falta de garantías para brindarles seguridad ante las amenazas que enfrentan, significan una doble carencia frente a la violencia delincuencial en Guanajuato, que mantiene en alerta a organismos internacionales como la ONU.

Ilustración: Pinche Einnar.

La desaparición de Yatziri convirtió a su madre, Rosario Zavala Aguilar, en una buscadora e integrante de un colectivo con el que recorrió colonias y campos, antes de ser violentamente asesinada casi un año después, al abrir la puerta de su casa.

Y este lunes 27 de junio, un tercer integrante de la familia, Jorge Ulises -hijo de Rosario y hermano de Yatziri Misael- murió de la misma manera que su madre: a balazos en el exterior de su propia casa, refugio y escenario de todos estos delitos.

De esa casa fue sustraído por hombres armados de manera violenta el menor Yatziri Misael Cardona Zavala el 23 de diciembre de 2019, en vísperas de Navidad, sin que su madre Rosario Zavala Aguilar y sus hermanas y hermanos pudieran impedirlo.

El joven fue obligado a subir a un vehículo y desde entonces su familia lo buscaba.

En mayo de 2020, en entrevista con la reportera, Rosario reclamó que la Fiscalía General del Estado hubiera tardado 15 días en activar la Alerta Ámber por la desaparición de Yatziri, a manos de hombres armados que entraron a su casa aparentemente con la intención de robar y quisieron someter a sus hermanas, una de ellas embarazada.

Al intervenir, los sicarios obligaron a Yatziri a irse con ellos, aunque se resistió todo lo que pudo, según narró la mujer, que ese día estaba en la planta alta y bajó corriendo, pero cuando golpeó la camioneta con intención de detenerlos, sus ocupantes hicieron disparos a la casa, que casi la alcanzan.

A la familia le dijeron que al muchacho “lo habían matado y deshecho en ácido” y que les tomarían muestras de ADN para cotejarlas con huesos que presuntamente la FGE encontró.

Sin embargo, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato denunció que aunque la Alerta Ámber por la desaparición del adolescente continúa activa, no hay avances.

“Rosario solicitó en reiteradas ocasiones que la FGE investigara si su hijo había sido reclutado de manera forzada por grupos delincuenciales, sin que esta línea se incluyera en la carpeta, que, como muchas, no cuenta con un plan de investigación alineado al «Protocolo Homologado de Investigación para los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares de la FGR», documento rector en la materia”, señaló la Plataforma en un comunicado.

Rosario perdió el empleo que tenía entonces -en una financiera- y se dedicó a buscar a Yatziri; se integró a un colectivo y participaba en exploraciones de campo en colonias y cerros.

En aquella entrevista del 10 de mayo de 2020, la mujer narró la criminalización de que era objeto por los investigadores de la Fiscalía estatal en la supuesta búsqueda de su hijo. Rosario había estado presa varios años, pero se decía limpia y dedicada al comercio de diversas mercancías, abarrotes, ropa o juguetes en Navidad y Reyes y últimamente, en una financiera para hacer préstamos, actividad en la que su hijo Yatziri la acompañaba a veces como chofer, cuando no estaba repartiendo leche para una empresa. Sin embargo, las preguntas que le hacían iban dirigidas a su pasado, a sus actividades, a las sospechas sobre ella o a sus posibles enemigos.

En ese mes de mayo habían pasado poco más de cuatro meses de que se emitió la Alerta Ámber por su hijo, pero ella apenas había podido ver algunas partes de la carpeta, cuyas copias le eran negadas.

Personal de la FGE “le sugirió” que tenía ubicados a los responsables de la desaparición de su hijo, una banda de siete integrantes que habían sido capturados en las colonias El Rosario y El Condado Plus en marzo de ese año 2020. Pero Rosario tenía información que apuntaba a otras personas, otra banda detenida en Irapuato y Silao.

Cinco meses después de esa conversación, el 14 de octubre de 2020, la mujer de 45 años de edad y madre de otros cinco hijos fue asesinada a balazos por un par de jóvenes que tocaron a la puerta de su propia casa y al abrirla, la acribillaron.

“Pese a existir queja en la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) sobre el hostigamiento a Rosario, denuncias ante la FGE y medidas cautelares ante la CNDH, la familia Cardona Zavala no contaba con protección, lo que ha tenido un desenlace fatal”, expresó la Plataforma por la Paz al denunciar el acoso a la familia.

La organización recordó que en julio del 2021, cuatro Procedimientos Especiales de la ONU se pronunciaron porque el asesinato de Rosario fuera investigado desde los más altos estándares (AL MEX 11/2021 ver) sin que el Estado Mexicano ofreciera una respuesta integral.

Y señaló que en específico, se planteó la necesidad de que se aplicara el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas.

“La desaparición de Yatziri y el asesinato de Rosario siguen en la impunidad”, dijo la Plataforma.

Raymundo Sandoval, integrante de la Plataforma, explicó que el Protocolo de Minnesota (por muertes ilícitas) se utiliza fundamentalmente como un estándar de atención e investigación de casos de ejecuciones extrajudiciales o personas asesinadas mientras se encontraban bajo custodia.

Tercera víctima

El lunes 27 de junio, Jorge Ulises Cardona Zavala, otro hijo de Rosario y hermano de Yatziri, fue víctima de homicidio, también en su casa.

Ese día, apenas pasadas las 5 de la tarde, Jorge Ulises se encontraba con otros integrantes de su familia en el exterior de su domicilio en la colonia Villas de San Nicolás, cuando un hombre que ya fue identificado como Ricardo, “El Riki” llegó al lugar en una motocicleta blanca con otro hombre apodado “El Chalán”; El Riki se acercó y disparó.

Hirió a Jorge Ulises, de 27 años; a Jorge Arturo, de 45, y a Juan José, de 42 años, en el brazo derecho.

Jorge Ulises recibió disparos en el tórax. Fue trasladado a un hospital, pero llegó ya sin vida. Tenía 27 años.

“Las omisiones estatales de todos los niveles de gobierno generaron las condiciones para este asesinato”, denunció la Plataforma por la Paz, que por todo esto, exigió al Fiscal Carlos Zamarripa investigar y esclarecer tanto la desaparición de Yatziri como los asesinatos de su madre y su hermano; que ofrezca garantías de seguridad para los otros integrantes de la familia Cardona Zavala, así como para las buscadoras de personas desaparecidas en el estado.

Demandaron al gobernador Diego Sinhue Rodríguez reconocer la grave situación en que se encuentran las víctimas en el estado, y al gobierno federal demandó establecer un Plan emergente de protección para las buscadoras en Guanajuato y atienda lo solicitado por los organismos internacionales como la ONU.

Raymundo Sandoval dijo a POPLab que en Guanajuato han surgido ya cuatro comunicaciones relacionadas con la situación de las buscadoras, en las que se han implicado la Relatora de personas defensoras, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, el Relator sobre reuniones pacíficas y otras instancias de las Naciones Unidas.

Estas comunicaciones se dirigen al Estado mexicano, por lo que es el gobierno federal el que debe responderlas y atender o instrumentar acciones por los derechos humanos.

Existe una marcada preocupación por la situación de las buscadoras. Y en estos casos específicos de Guanajuato, a pesar de que hubo una comunicación expresa por la familia de Yatziri, Rosario y Jorge Ulises, las autoridades mexicanas simplemente no respondieron nunca.