“Es una saña que no tiene precedentes”, denunció Bárbara Botello Santibáñez, al informar públicamente del nuevo procedimiento penal que ha empujado en su contra el área jurídica del Municipio de León y la Fiscalía de Guanajuato. La ex alcaldesa leonesa ha acumulado 56 denuncias en distintas instancias desde que dejó el gobierno municipal, sin embargo, ninguna ha concluído en una sanción del Poder Judicial, por lo que acusa a los gobiernos panistas y a la Fiscalía Anticorrupción de “perseguirla” políticamente.

En rueda de prensa este lunes, y acompañada de sus equipo legal, la política señaló públicamente el uso de órganos como la fiscalía estatal y el congreso local para “perseguir adversarios, luego de que en días pasados fue notificada de una nueva solicitud de prisión preventiva en su contra por parte del gobierno leonés y la Fiscalía estatal.

Sin embargo, Bárbara Botello reiteró que el caso por el cual se ha pedido al Poder Judicial privarla de su libertad, ha sido resuelto con un pago de 580 mil pesos por concepto de reparación del daño.

Iz. Abogado Iván Lozano; centro, Bárbara Botello; der. abogado Jesús Ortega de la Peña Foto: Melissa Esquivias

“Ellos al tener ya la reparación del daño como municipio, lo lógico sería que aceptaran que el asunto concluyera en lo que respecta a la licenciada Bárbara, sin embargo en la audiencia de la semana pasada de manera tajante e injustificada, porque no dieron ningún motivo, ellos simplemente dijeron que no, que no querían que se derivara a mediación. El juez incluso notó esta postura, parecía arbitraria e incluso caprichosa”, explicó el abogado Iván Lozano, defensor de Botello Santibáñez.

La ex alcaldesa de León, que desde hace 8 años ha sido señalada por supuestas irregularidades cometidas durante su administración -entre 2012 y 2015-, declaró que ninguna de las acusaciones ha derivado en sentencias en su contra. Incluso, la propia Fiscalía estatal le emitió una carta de no antecedentes penales el pasado 29 de junio.

Esta vez, la Fiscalía Anticorrupción solicitó prisión preventiva para Botello debido a distintas solicitudes de visado que la ex funcionaria y sus dos hijas realizaron en los últimos dos años. En el mismo periodo, ni Botello ni sus descendientes han logrado viajar a Estados Unidos a causa de una alerta circulada por la Fiscalía estatal, aunque nunca fueron advertidas del motivo. “La alerta también es ilegal porque no hay una orden de ninguna autoridad, no hay ninguna sentencia que me prohíba salir del país”, advirtió Botello.

Carta de no antecedentes penales otorgada por la FGE el pasado 29 de junio. Foto: Especial

La mañana de este lunes, la defensa de Botello Santibáñez presentó un oficio dirigido al ayuntamiento de León en el que solicita, y por indicación del juez Juan José Villagómez Amézquita, que el cabildo en su calidad de cuerpo colegiado sesione y considere llegar a un acuerdo reparatorio con la ex funcionaria. De no llegar a un acuerdo antes del 14 de julio, el juicio por el supuesto delito de fraude por simulación podría alargarse durante varios meses.

“Esperemos que el ayuntamiento de una razón fundada y motivada como autoridad, porque si a otra persona sí se le permitió llegar a un acuerdo reparatorio, ¿por qué a Bárbara no, qué es lo que se pretende?”, dijo el abogado Jesús Ortega.

En entrevista para POPLab, el secretario de Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona confirmó el ingreso de la solicitud de la ex alcaldesa, pero advirtió que no hay certeza de que el Ayuntamiento esté facultado para atender el cierre del caso, pues el caso está a cargo de la Contraloría municipal.

“El proceso no lo lleva el ayuntamiento, el proceso en contra de ella lo lleva la contraloría, si tú le preguntas a un regidor del asunto no te va a saber, porque no es un tema que ellos lleven y tengan atribuciones sobre los procesos que lleva la contraloría”.

De acuerdo con el calendario acordado en octubre pasado, la próxima sesión de ayuntamiento se llevará a cabo el próximo jueves 14 de julio, fecha límite para que las dos partes lleguen a un acuerdo en Justicia Alternativa. Jiménez Lona agregó que la solicitud de Bárbara Botello será atendida "como la de cualquier otro ciudadano".

"Ella pide que se convoque a sesión, imaginate si todos los ciudadanos pidieran que se convocara a sesiones, no tiene atribuciones ella para convocar al ayuntamiento, entiendo que sea un tema importante para ella, pero las sesiones ya están acordadas", declaró.

Justicia y persecución a modo, acusan

“Lo que queremos y denunciamos es que se trate igual”, pidió la ex alcaldesa, y aseguró “tener muy claro de dónde vienen los ataques”, mismos que ahora dijo ahora involucran a sus dos hijas. Además, afirmó que “a diferencia de otros gobiernos panistas”, desde la Fiscalía Anticorrupción se ha perseguido a su gobierno con causas penales y no de manera civil o administrativa.

“Lo que queremos y hemos denunciado es que se trate igual, ¿por qué no se le hizo una auditoría a López Santillana?, es el primer alcalde que dura 6 años. Al señor no le hacen la auditoría, la frenan los diputados (...) En su administración le dan una escolta a una mayor de edad y aparte le dan un vehículo, entonces lo que pido es que se juzgue igual”.

Héctor López Santillana. Foto: Especial

En el mes de febrero, las bancadas de Morena y el PVEM presentaron en el pleno del Congreso local una propuesta para solicitar a la Auditoría Superior del Guanajuato (ASEG), realizar una auditoría integral a los dos trienios de Héctor López Santillana. El tema fue rechazado por la mayoría panista del legislativo.

Desde que dejó la presidencia municipal de León, el político panista Héctor López Santillana ha sido señalado por un puñado de presuntos actos de corrupción avalados por funcionarios de su gobierno. Entre los casos que derivaron en investigaciones internas se encuentra el despojo al kínder Juan Aldama, la millonaria condonación de predial al Club Campestre, y el cobro de “reciprocidades” a particulares por convenios municipales.

Falso combate a la corrupción

En marzo pasado, POPLab documentó que desde su creación y bajo el mando de Marco Antonio Medina Torres, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción estatal se ha posicionado como una de las más ineficientes del país, solo por encima de los estados de Guerrero, Nayarit y San Luis Potosí. De acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la Fiscalía Anticorrupción tiene “congeladas” 38 de las 47 investigaciones iniciadas entre enero de 2019 y mayo de 2020.

Además, el órgano dirigido por Medina Torres -también colaborador cercano del fiscal general Carlos Zamarripa-, resultó reprobado en la mayoría de los indicadores evaluados por el IMCO, entre los que se consideran los recursos materiales y económicos, el marco jurídico, capital humano, procedimientos y resultados.

Marco Antonio Medina Torres, fiscal anticorrupción. Foto: Milenio

Actualmente, se encuentran en el limbo al menos dos denuncias en el aparato anticorrupción de políticos panistas presentadas por integrantes de la sociedad civil. Uno de estas es por los casos que involucran al alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, por el uso de una patrulla para trasladarse a un partido del Club León, la compra a sobreprecio de zapatos de mala calidad, y la pérdida de un inmueble con un valor de 40 millones de pesos en la Universidad de Guanajuato.

Por otro lado, la denuncia que presentaron integrantes del Observatorio Estatal Ciudadano contra funcionarios de la segunda administración de Héctor López Santillana por el despojo de más de 1 mil metros cuadrados de un kínder público en plena pandemia, no ha tenido trámite.