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La escuela ya no es segura: infancias sufren agresiones sexuales
Solo en 2022 acumulan más de 36 denuncias en planteles de Guanajuato, según datos de la FGE hay investigaciones también en 2020 y 2021 aunque fueron años sin clases presenciales
Comúnmente, el maestro de música del jardín de niños “Lic. Don José Natividad Macías” llegaba a la escuela usando un pasamontañas, cubrebocas, chaleco y sudadera, supuestamente era por este motivo que varios de sus alumnos lloraban al verlo y le tenían desconfianza.
La realidad era otra, el hombre abusaba sexualmente de los niños en los salones; ni la directora, ni las maestras, ni la propia Secretaría de Educación se dieron cuenta.
En los últimos cinco años, de acuerdo con registros de denuncias de la Fiscalía del Estado, se acumulan más de 100 casos de agresiones sexuales en escuelas, aunque desde 2013 está vigente en Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar, así como los protocolos para la detección, prevención y actuación en casos de violencia escolar.
Por testimonios recabados, se sabe que José de Jesús, como fue identificado el profesor de música de unos 45 años de edad, había colaborado en la misma escuela por 12 años. Era cercano a la directora y nunca fue presentado con los padres de familia. Hoy está preso.
Este caso ocurrido recientemente, en el fraccionamiento Valle de San José en Silao, es ejemplo de cómo la cadena institucional falla en la protección a los niños en Guanajuato.
Un depredador sexual se introdujo en un preescolar, maestras y directora del plantel no lo detectaron por descuido, la Secretaría de Educación no le ha dado seguimiento al asunto y la Procuraduría de los Derechos Humanos se presentó un mes después de que ocurrieron los hechos.
Niñas, niños y adolescentes guanajuatenses conviven en un contexto de violencia generada por el crimen organizado; enfrentamientos entre grupos criminales, localización de cuerpos y adentro de los planteles, bullying y otros fenómenos hacen que creen que la escuela ya no es un lugar seguro. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, en 2022 se han presentado al menos 36 denuncias por agresiones sexuales en escuelas en la entidad.
Los registros de 2017 dicen que se presentaron 17 denuncias, 23 en 2018 y 2019. Durante los años epidémicos, también hubo registros pese a la intermitencia en la asistencias de los niños a las aulas.
Los números de la Secretaría de Educación de Guanajuato no coinciden con los de la Fiscalía, pues según su titular, Jorge Hernández Meza, hasta julio de este año, la dependencia tenía documentados sólo 17 casos. La declaración fue como respuesta a la denuncia de diputados de Morena, quienes dijeron tener conocimiento de más de 60 asuntos en la entidad.
Expertos en temas de infancias aseguran que el problema de fondo relacionado a la violencia sexual en centros escolares es la visión adultocéntrica que predomina a nivel social y también la falta de educación sexual integral para niñas, niños y adolescentes.
Mientras tanto en el conservador estado de Guanajuato, en donde el Congreso local se niega a reconocer derechos humanos a grupos vulnerables, organizaciones políticas ligadas a políticos de trayectoria del Partido Acción Nacional hacen campaña en contra de los nuevos modelos educativos que consideran esta información como fundamental para la formación de los alumnos.
Hombre sin rostro, depredador sexual
Había niños que lloraban cuando era hora de que sus madres los dejaran en el preescolar, decían a sus mamás que no querían ir a la escuela por el maestro de música y cuando pidieron explicaciones a la maestra, ella les dijo que se debía a que él iba tapado.
El hombre acostumbraba usar un pasamontañas, cubrebocas y chalecos o chamarras, generalmente oscuras, recuerda madres de familia del Jardin de Niños “Lic. Don José Natividad Macías”, que dieron testimonio de los hechos.
La directora Patricia Rodríguez León y también la maestra Cinthya llegaron a culpar a las madres de que los niños lloraran, pues decían que era el apego hacia ellas o que simplemente estaban “chiqueados”.
Los niños, al menos los del grado inicial, habían tenido un cambio de maestra, pues la suya se había jubilado. En su lugar llegó Cinthya, la cual posteriormente madres de familia acusaron de maltratos físicos y psicológicos.
Cuentan las madres que cuando el profesor llegaba a impartir su clase estaba “encapuchado'', se encerraba en el salón con los niños y ponía la música a alto volumen. Mientras tanto, de acuerdo con lo que llegaron a mencionar algunos de los niños a sus madres, las maestras tomaban café en la dirección.
“Todo esto desencadenó el 4 de agosto cuando una señora viene (a la escuela) y pregunta la señora, necesito datos porque mi hijo me dice que le tocó el maestro de música… fue señal de alarma, busco a la señora para ver qué pasaba, que le había dicho su hijo”, relata la mamá de una de las víctimas.
El niño pudo explicar lo que le pasaba a través de un dibujo. “De manera muy personal le pregunto yo lo mismo a mi hijo y me refiere lo mismo, que el maestro los tocaba y ya es cuando, en ningún momento, ni la directora ni ningún personal de kínder se acercó con nosotros, para atendernos, porque sabían, estaban conscientes del rumor”.
La madre acudió a presentar una denuncia al Ministerio Público por las agresiones sexuales al pequeño de 4 años y pudo corroborar que 10 días después el profesor fue detenido. Se acumularon en total cinco denuncias por agresiones sexuales.
Pero además administrativamente, en la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación (USAE) se presentaron 29 denuncias por maltrato físico y psicológico contra alumnos del mismo jardín de niños porque recibían jaloneos, gritos o eran etiquetados como “chillones” o mal portados.
Todas estas conductas cometidas por personal docente, consideradas violencia en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que el artículo 46 de esta norma refiere el derecho que tienen a vivir una vida libre de violencia.
A las madres se les ha negado el derecho de recibir información sobre el seguimiento al proceso, pues a la fecha desconocen qué consecuencias hubo para la directora y las cuatro maestras contra las que se presentaron estas quejas. Todo el personal del Jardín de Niños fue sustituido a petición de padres y madres de familia.
Hay preocupación de las víctimas por la complicidad de la directora, Patricia Rodríguez, pues se conoce que tenían una relación de amistad. Tanto ella como el profesor tenían 12 años desempeñando funciones en el mismo preescolar y no se descarta que el agresor haya cometido más abusos porque se sabe que impartía clases en otras escuelas en Silao.
Después de una comparecencia que tuvieron con las docentes en USAE y en la cual se generó un altercado entre una maestra y una madre, ya no hubo acercamiento con las autoridades educativas.
“Vino Secretaría de Educación, se reunió con nosotros, nos prometió dar atención psicológica para la gran mayoría de las victimas que denunciamos abuso psicológico, físico y el abuso sexual, porque todas las maestras abusaban de los niños, les gritaban, los etiquetaban, les llamaban tontos, los jaloneaban, desde ahí ya existe el abuso al menor”, recordó la madre.
La Secretaría de Educación le ha ofrecido atención psicológica a algunas madres, no a todas como lo prometió. Los niños víctimas de abuso, algunos de los cuales presentan afectaciones emocionales (sufren pesadillas), reciben terapia por el DIF, pues ahí los canalizó la Fiscalía del Estado.
Un mes después de que todo ocurrió, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato también ofreció apoyo y abrió un expediente de queja. Tampoco se ha informado sobre su seguimiento.
En una solicitud de acceso a la información realizada por Poplab a la Fiscalía General del Estado, durante este año, la dependencia ha iniciado 36 carpetas de investigación por agresiones sexuales cometidas en escuelas en Guanajuato.
El registro de este año, representa un incremento significativo en los últimos cuatro años. En 2017 se iniciaron 13 investigaciones, en 2018 23 y en 2019 también 23. Durante 2020 y 2021, los registros son bajos aparentemente debido a la intermitencia en la asistencia a las aulas por la pandemia del COVID-19, siete carpetas en 2020 y cinco en 2021. El acumulado da más de 100 en cinco años.
“Los datos que nosotros tenemos de violencia sexual de los ultimos años no ha habido un incremento eso es importante (te podemos pasar la tabla) hay una diferencia si importante en los dos años donde no hubo presencialidad, no había contacto fisico con los niños o poco en el que fue híbrido, pero si tú comparas los últimos dos o tres años de presencialidad, va a la baja”, sostuvo el secretario de Educación, Jorge Hernández Meza.
En julio de este año, aseguró que sólo había 17 casos de abusos sexuales en escuelas en lo que va del 2022, esto después de que legisladores de Morena acusaron públicamente que el acumulado era de más de 60 casos.
Dijo que de los 17 casos que dice conocer la SEG, 14 se cometieron en escuelas de educación básica y tres en prepas. En 10 casos la violencia fue de trabajadores de la SEG a alumnos y sólo en cuatro entre estudiantes.
Depredadores que acechan en la escuela
El informe de la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) “Es un secreto. La explotación sexual infantil en las escuelas” identifica que en el ámbito escolar se han detectado numerosos casos de abuso sexual infantil.
En el mismo municipio de Silao, un par de meses antes de las denuncias en el Jardín de Niños “Lic. Don José Natividad Macías” se hizo público el caso de agresiones sexuales contra pequeños del kínder “José Joaquín Fernández de Lizardi”.
En este centro escolar ubicado en la comunidad Camino Real, un supuesto becario se introdujo como profesor, y cuando comenzó a impartir clases tapó las ventanas del salón con cartones y cortinas.
Fue colocado como encargado de un grupo por la directora Brenda Blancarte Palacios, quien fue identificada como su novia. El hombre abusó al menos de seis niñas de cinco años.
La cadena institucional volvió a fallar, pues madres de familia habrían comentado a la supervisora educativa, Mireya Parra Granados, sobre las agresiones y en lugar de seguir el protocolo, ella puso en antecedente al becario. El hombre fue detenido, pues las familias de los niños presentaron su denuncia de forma directa ante el Ministerio Público.
En el informe de la ODI sobre agresiones sexuales, se verificó con el estudio de casos que los agresores pueden ser directores de escuela, maestros, personal de intendencias e incluso personas con lazos familiares con los trabajadores de los centro educativos.
Los abusos documentados ocurrieron generalmente en baños, dirección, salones o patios. Para realizar el estudio, la organización hizo solicitudes de acceso a la información de a comisiones de derechos humanos y seleccionó 18 casos registrados en siete estados, con características indicativas de que en algunas escuelas operan grupos organizados y hay explotación sexual en línea. Ninguno de estos casos fue en Guanajuato.
También este año, se documentó la agresión a una niña de cuatro años en un preescolar en Irapuato. La violencia sexual ocurrió de parte del intendente, Ricardo “N”, en los baños de la escuela “Alfredo Bernardo Nobel”.
En este caso, la madre acusó que la directora le ofreció dinero y otras facilidades para que no hiciera su denuncia. La mujer y su familia se manifestaron después de esto afuera del plantel, incluso tuvieron que intervenir elementos de seguridad pública porque los manifestantes, supuestamente quisieron ingresar al jardín de niños para linchar al agresor.
También en Irapuato, madres de familias se manifestaron afuera de la escuela primaria “José María Martínez” para evidenciar la presunta violación de un alumno de primer grado por parte de tres alumnos de tercero.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, de los denuncias por abuso sexual contra menores de edad ocurridas en escuelas en los últimos cinco años (2017-2022), el 51% fueron contra niñas, niños y adolescentes de menos de 11 años.
El 23% entre 12 y 14 años, el 19% entre 15 y 17 años de edad y el 5% restante no se sistematizó el rango de edad. Esto quiere decir, que la mayoría de las víctimas 41% fueron de primaria, 30% de secundaria, 11% de preescolar y el 16% alumnos y alumnas de prepa.
Protocolos fallidos y subregistro de casos
De acuerdo con el secretario de Educación, Jorge Hernández Meza, cualquier caso de presunta violencia escolar, incluidas agresiones sexuales, se atienden con los protocolos señalados en el artículo 37 de la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar, así como los protocolos para la detección, prevención y actuación en casos de violencia escolar del Reglamento para la Convivencia en la Paz del Estado.
Los casos, supuestamente se sistematizan en el Centro de Atención “Aprender a Convivir” de la SEG. Se les asigna un número consecutivo por año, mediante la apertura de un expediente denominado Cédula de Registro Único (CRU).
La cédula incluye datos como fecha de registro, ciclo escolar, nombre del niño o niña, nombre de la escuela, clave de centro de trabajo, turno, municipio, nivel educativo y si la escuela es pública o particular, hechos y lugar de ocurrencia.
El artículo 40 de la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar indica la responsabilidad que tiene el director de cualquier centro educativo de poner en aviso a las autoridades correspondientes, en casos violencias escolar, incluyendo a la Fiscalía del Estado si se trata de un delito.
El protocolo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla el mismo esquema porque se determinó como la base de los protocolos para las entidades federativas. El documento incluye un capítulo completo sobre abuso sexual infantil y las pautas para su atención en las escuelas.
La guía incluso refiere indicadores de riesgo de abuso, por ejemplo: temor a ir al baño, temor a un adulto en específico, llanto sin explicación, negativa a acudir a la escuela, entre otras. Las pautas consideran avisos inmediatos a autoridades y a la familia de niñas y niños por parte de la dirección, así como la elaboración de un acta.
Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes por la Infancia de América Latina y el Caribe, considera que estos protocolos han resultado fallidos, pues la forma en la que se plantea el abordaje de los casos también permite un subregistro.
“Se establece que se le tiene que notificar al director o directora y que el director o directora tiene que notificar a las autoridades responsables y menciona a la Procuraduría de Protección, que es el DIF; de entrada ahí ya tenemos muchos problemas, porque con mucha frecuencia, esa es la historia que vemos todo el tiempo, son los propios directores o directoras quienes encubren a los agresores”.
“...porque tienen intereses sindicales, porque son adultos y adultas y se protegen entre ellos y porque a las niñas y niños, entre más pequeños se les considera que pueden mentir o dicen que lo que dicen no tiene coherencia y se protegen entre ellos. Hay muchas demandas y denuncias y familias a las que les han impedido ir al Ministerio Público y les piden que lo resuelvan dentro de la Secretaría de Educación Pública y suelen decirles ‘los vamos a correr’ o cosas por el estilo, cuando llegan al Ministerio Público es porque la familia hace las denuncias”, resaltó el defensor de derechos humanos.
Insistió en un patrón de encubrimiento que existe desde la instituciones en el proceso de investigación que altera la cadena de custodia o las evidencias “y lo que se ha podido documentar es que son redes organizadas que incluyen a directivos, maestras, maestros, personal sindicalizado y demás. Entonces estas redes de explotación sexual infantil en las escuelas, además de los propios abusos de los que son víctimas los niños, se presume que hay generación de material de pornografía infantil”, sostuvo.
Consideró que lo que ocurre en las escuelas con los abusos infantiles es similar a las situaciones de violencia sexual que se dan en el hogar y que se encubren por dependencia económica u otros factores, pero en los cuales siempre se termina sacrificando el bienestar de los niños.
El activista insistió sobre el elemento de complicidad e impunidad que se repite en los abusos infantiles en centro escolares y que permite el subregistro de casos: “en gran medida porque la complicidad adulta lo impide o lo bloquea”.
Consideró que este mismo bloqueo impide conocer el porcentaje de casos que no llegan a denunciarse y que se tratan de resolver de manera administrativas en las Secretaría de Educación.
Cultura adulto centrista y falta de educación sexual integral
Expertos en la defensa de los derechos de la infancia coinciden en que hay al menos dos factores que permiten y sustentan el abuso sexual en escuelas, que son la cultura adultocéntrista y la falta de educación sexual integral en la niñez.
La directora Ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Tania Ramírez, sostiene que en México las causas de raíz relacionadas con el abuso infantil no se han atendido. “Pensaría que en primer término, los efectos más nocivos de una cultura adultocéntrica como la mexicana se expresan precisamente en estos casos de violencia sexual ¿y a qué me refiero con esta perniciocidad del adultocéntrismo? pensar que niñas y niños son propiedad o que son objeto y no sujetos.“No reconocerles como titulares de derecho y seguir manteniendo en el mejor de los casos que son objetos de protección o en el peor de los casos objetos de uso o abuso, está detrás de esto”, dijo.
Señaló que otra causa de raíz tiene que ver con la ausencia de una educación sexual integral, porque muchas prácticas sexuales de las personas no puedan ser desarrolladas libremente y todos estos tabúes, hacen vulnerables a los niños por no poder recibir la información necesaria para identificar una agresión.
“Se encuentran en ese estado de vulnerabilidad de niñas y niños que pueden estar al cuidado de las personas en las escuelas, presas fáciles por decirlo, a su actividad depredadora. Pero otro causa de raíz puede estar incluso en el propio abuso sexual que estar personas podrían haber sufrido cuando eran niñas y niños; sabemos que este puede ser un patrón, la violencia que se vivió a veces se convierte en ciclica”, explicó.
En su diagnóstico sobre las infancias y adolescencias en Guanajuato, Redim logró identificar que en 2021, cuatro personas de uno a 17 años fueron atendidas en hospitales de Guanajuato por violencia sexual en escuelas. El 100% de estos casos correspondían a mujeres.
Ese año, Guanajuato fue la tercera entidad con más casos de niñas, niños y adolescentes atendidas en hospitales por violencia sexual en la escuela. Las víctimas de violencia sexual en la escuela de uno a 17 años en Guanajuato disminuyeron de 7 en 2020 a 4 en 2021, durante la pandemia y con escuelas cerradas.
En términos generales, fueron atendidas en hospitales de Guanajuato 362 personas de uno a 17 años por violencia sexual. El 90.6% de estos casos correspondían a mujeres (328 en total).
Ese año, Guanajuato fue la sexta entidad con más casos de niñas, niños y adolescentes atendidas en hospitales por violencia sexual. Guanajuato además fue la segunda entidad con más casos de violencia familiar atendida este año.
Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes por la Infancia de América Latina y el Caribe, coincide con estos factores y la formación que se promueve respecto a que el adulto tiene más valor que un infante.
“Los niños y niñas son considerados objetos de los intereses del mundo adulto, ya sea la familia, las maestras y maestros o cualquier persona adulta; se les considera sujetos de propiedad familia, objetos de protección, pero también con mucha facilidad, se cruza la frontera para considerarlos objetos de agresión sexual”.
Pérez García también respalda la hipótesis respecto a la falta de acceso a educación sexual para niñas, niños y adolescentes, pese a que constitucionalmente este derecho está previsto.
Guanajuato conservador: organizaciones se oponen orientación sexual
Desde la organización civil Valores y Más, Maru Carreño, esposa del exgobernador Miguel Márquez Márquez, se opone al nuevo modelo educativo, que contempla educación sexual para niñas y niños.
La expresidenta del DIF declaró hace algunas semanas en una manifestación de esta organización en León que “un niño todavía no tiene madura la parte frontal de su cerebro, que es donde toma la conciencia y las decisiones”.
Por esta supuesta carencia en el desarrollo de las infancias, ahora como activista, Maru Carreño sostienen que la educación sexual debe impartirse sólo en casa para que no se introduzca en la escuela “ideas que no traen".
"No estamos de acuerdo en que haya ideología en la enseñanza. Esta parte que dicen ellos que se encapsula en una educación sexual y que les van a dar herramientas para que no haya embarazos, que tienen derecho a conocer que tienen órganos sexuales y para qué sirven. Esa educación se tiene que dar en casa”, subrayó.
Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, dice sobre la educación sexual integral que hay una responsabilidad de estado, no sólo para atender, sino para responder y prevenir las agresiones sexuales a los infantes.
“Ahí está la clave, el tabú se genera en lo no dicho y el trauma se engrandece ante lo no atendido, no reconocido, no hablado y no visto. Cuanto más apertura, diálogo y educación haya en esta materia estaremos ahorrándole rincones oscuros para la realización patológica de las prácticas sexuales patológicas, predadoras, victimizantes”, enfatizó.
“No se trata nada más de decir, yo decido qué le enseño a mi hijo y qué no, y la educación sexual no va a pasar por aquí. Ahí hay un deber de estado por parte de las instituciones de educación para poder hacerse cargo en la importancia y la relevancia que tiene, no es algo que se debe de dejar ni a la libre voluntad de las agendas conservadoras, ni a la libre voluntad de madres, padres de familia, sino que tiene que ser parte de una estrategia de atención y prevención de la violencia sexual, contra niños y niñas en nuestro país”, dijo.
La organización civil Valores y Más podría estar ligada al Partido Acción Nacional por la relación que tiene Maru Carreño con este instituto político a través de su esposo.
Contextos hacen inseguro el entorno escolar
La escuela debería ser un lugar seguro para las niñas y niños, pero activistas consideran que ya no lo es. Esto es porque estos espacios de convivencia, están supeditados al contexto de sus comunidades.
En un estado donde la violencia del crimen organizado es una constante y esto ha influido en los vínculos humanos, entre personas adultas con las infancias y en la convivencias entre los menores de edad, la escuela parece un lugar poco seguro.
“Deberían ser el lugar más seguro después de la casa; lamentablemente hay al menos tres elementos que nos las hacen seguras, la primera es que no son entidades aisladas, las escuelas están en los contextos de sus comunidades y lamentablemente cada vez tenemos más presencia de los grupos criminales y hacen que la escuela sea un lugar de riesgo”, sostuvo el activista Juan Martín Pérez.
Mencionó que no es fortuito que en las escuelas se escuche con mayor frecuencia sobre enfrentamientos entre grupos criminales, cuerpos localizados y al interior sobre el bullying y el uso de armas: “la violencia se está filtrando dentro de las escuelas”.
Tania Ramírez de Redim es más optimista, considera que la mayoría de los centros educativos son seguros para los niños, pero también resaltó el contexto de violencia que vive Guanajuato y la preservación que se tiene que hacer de la escuela como un espacio de protección para las infancias.
“Desde Redim nos gustaría pensar y en parte es así, las escuelas pueden ser un espacio de protección, hemos estado observando frente a realidad como reclutamiento, las desapariciones, trata, permanentemente sostenemos que las escuelas son espacio de protección para la niñez y en la mayoría de los casos así es, o más bien tendríamos que pensar que así es como debe ser, las escuelas tiene que ser espacios de protección, espacio de confianza, espacios donde las personas cuidadoras, tiene un deber y una obligación”.
Escapan violentadores a castigo; prevalece impunidad
Aunque la sistematización de las sentencias no son competencia de la Fiscalía General del Estado, la instancias informó a través de una solicitud de acceso a la información que de las carpetas de investigación de los últimos cinco años, se tiene conocimiento de la emisión de 8 sentencias por abusos contra menores en escuelas.
Además informó sobre 23 personas vinculadas al proceso por la misma causa. La FGE también detalló que en la fase de indagatoria consideró que en 42 casos era procedente el ejercicio de la acción penal, en 21 el no ejercicio de la acción penal, en 22 otro tipo de determinación ministerial que no se especificaron y 22 más continúan en etapa de investigación.
Por otro lado, la Secretaría de Educación tiene el registro de 40 servidores públicos que derivado de conductas de connotación sexual o por omisión a la aplicación del protocolo, fueron separados definitivamente de sus cargos en los últimos cinco años. Esto lo informó la dependencia a través de una solicitud de acceso a la información.
“Al margen de las consecuencias penales, las de nosotros son de marco laboral y en todos los casos donde ha habido algún caso se han cesado a los maestros que han hecho de forma incorrecta u omitido algún proceso importante, se han cesado cuando los casos son de gravedad o han tenido una mala nota en su expediente, que es lo que marca el reglamento”, declaró el secretario de Educación, Jorge Hernández Meza, respecto al tema.
El funcionario también aseguró que el protocolo de atención de violencia escolar está en proceso de actualización y esta tarea se está realizando con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
En el Congreso local, recientemente la diputada priista Yulma Rocha Aguilar exhortó a la Secretaría de Educación a que establezca una política pública para prevenir, detectar, atender y erradicar la violencia sexual en el entorno escolar.
Además, legisladores de Morena se pronunciaron por la destitución del titular de la SEG debido al acumulado de casos de abuso en escuelas, esto luego de darse a conocer las agresiones ocurridas en dos jardínes de niños en Silao.
El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo pidió al Congreso modificar la legislación para endurecer las penas contra agresores sexuales.
30 de octubre de 2022, 15:26
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