En fast track y con un Congreso convertido en oficialía de partes del Gobierno Estatal, se aprobaron modificaciones en la estructura de gobierno para el inicio de la administración de Teresa Jiménez Esquivel, de afiliación panista. El sello de su proyecto está marcado por una política de control en los mensajes de gobierno –y la agenda de los medios de comunicación–, la posible pérdida de autonomía en áreas que deben cuidar los equilibrios políticos, y riesgos en el uso de recursos públicos.

Las modificaciones dieron entrada a nuevas dependencias del Ejecutivo, como la Secretaría de Comunicación y Vocería, un área estratégica en los gobiernos de Jiménez, caracterizada por la constante difusión de su imagen pública y el control de los medios de comunicación locales.

También se aprobaron cambios profundos en la forma de operar de diversas dependencias de gobierno, como la concentración de facultades de planeación y ordenamiento territorial en la bautizada en medios estatales como “super secretaría” de Planeación, Participación y Desarrollo. Esta área concentra las facultades, por ejemplo, del mercado inmobiliario, cuyos inversionistas son cercanos a la gobernadora.

Esta reforma ocasionó la eliminación de la participación de un Consejo Ciudadano en la toma de decisiones en asuntos de planeación territorial.

Los cambios legislativos permitieron, además, la apertura de candados fiscales para la utilización de millonarias reservas financieras provenientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado (ISSSSPEA) –obtenidos a través del pago de cuotas de trabajadores del estado–, en proyectos del Gobierno con injerencia de la iniciativa privada; e incluso la posibilidad de concursar para contratar más deuda pública a través de dicho Instituto.

Además se creó el Instituto del Migrante, el de los Adultos Mayores, el Buró de Congresos y Visitantes y la Consejería Jurídica, entre otras.

Por último, se realizaron modificaciones a la estructura de la Fiscalía estatal, entre ellos se encuentra la creación de fiscalías regionales y la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Investigación Criminal. La cercanía con la gobernadora de su titular, Manuel Alonso García, ha sido vista como una injerencia en la autonomía de la Fiscalía.

Cambios en fast track.

La semana que pasó entre la presentación del paquete de reformas para modificar la estructura de gobierno y su aprobación en el Poder Legislativo fue insuficiente para analizar a profundidad los cambios y sus repercusiones, afirma Cuauhtémoc Escobedo, diputado local por el PRD. Los once dictámenes –que concentran al menos diez reformas a leyes locales, expedición de nuevos ordenamientos y creación de dependencias– fueron aprobados sin aceptar ningún cambio y no se analizaron en las comisiones correspondientes.

En general, considera el diputado, no se llevó un proceso apegado a la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

“Hay un proceso fast track que atropella el proceso legislativo. Pasan directamente a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que no tiene facultades para ser la única comisión dictaminadora, por ejemplo, la creación de nuevos organismos descentralizados no está entre sus facultades. Los diputados en el Pleno no pudimos, ni tuvimos la oportunidad de un espacio donde pudiéramos, analizar, remendar, redireccionar. No se aceptó ningún cambio”, explica.

Escobedo agrega que debido a lo atropellado del proceso, hay riesgos de que se presenten controversias constitucionales, por ejemplo, por la eliminación del consejo ciudadano en las decisiones de planeación territorial, pues se trata de un derecho conquistado por la sociedad civil.

Quienes integraban ese consejo en la pasada administración han decidido no hablar públicamente sobre el tema hasta tomar una decisión sobre qué estrategia tomarán.

También existen riesgos en el funcionamiento de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, que en la práctica podría “rebasar sus competencias”, pasando por encima del titular de la Fiscalía.

Pero, en el fondo, la actuación del Congreso se traduce en un riesgo mayor: la falta de equilibrios en el gobierno.

“Se corre el riesgo de que el Congreso se convierta en una oficialía de partes, es decir, que todos los temas sin previo aviso y sin estar sujetos a cambios se aprueben. Eso sería algo lamentable. Los congresos sirven para equilibrar y que no se generen gobiernos dictatoriales o absolutistas. Aquí se corre el riesgo de que esos errores tengan lamentables consecuencias, por ejemplo, si la Agencia Estatal de Investigación Criminal tiene una gran influencia del Ejecutivo, se puede correr el riesgo de que a los opositores políticos se les investigue, se les persiga y entonces eso vulnere el Estado de Derecho”, dice Escobedo.

Por otro lado, a un mes de avalados los cambios, el Poder Ejecutivo no ha solicitado realizar readecuaciones presupuestarias para la operatividad de los nuevos institutos y secretarías, aunque estos ya se encuentran operando.

Y aunque el Gobierno estatal tiene la facultad de presentar iniciativas o reformas de ley ante el Congreso, el paquete de modificaciones fue presentado por Adán Valdivia, diputado panista y ex coordinador de la bancada blanquiazul, mayoritaria en el Congreso estatal. La redacción, sin embargo, deja claro que algunas de las propuestas fueron escritas en las oficinas del Gobierno estatal, a nombre de la gobernadora

Por ejemplo, en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, en el punto cuatro, se puede leer la siguiente frase: “son las modificaciones que ahora propongo”, seguida de “las cuales motivarán a mi gobierno a generar condiciones para un campo productivo”.

La razón de esta estrategia y el criterio que se adoptó para enviar con tanta premura los cambios al Poder Legislativo tienen que ver con la prisa para iniciar la administración con las modificaciones aprobadas. En entrevista con PopLab, el recién nombrado titular de la Consejería Jurídica, Eduardo Aguilar, encargado de los asuntos de gobierno relacionados con el Poder Legislativo, consideró que está decisión no deriva en ninguna falta a la ley.

“Había dos alternativas: que la presentara un diputado o que la presentara la gobernadora a partir del primero de octubre (cuando tomó protesta). La intención era que fuera un diputado quien la presentara para que el Congreso la aprobara antes (de iniciar la administración), y fuera publicada el 29 de septiembre”, explica Aguilar.

El plan salió perfecto, la reforma fue publicada en el Periódico Oficial el 30 de septiembre pasado, un día antes de la toma de protesta de Jiménez como gobernadora.

Sobre el poco tiempo que tuvieron los diputados para analizar las reformas y sus consecuencias, Aguilar dice que hay que “centrarse en lo positivo y no en lo negativo de la reforma”. Y agrega que, por ahora, “no existe ninguna controversia constitucional por violaciones al proceso legislativo”.

Por su parte, el diputado Adán Valdivia se limitó a decir que hay suficiente confianza con el Poder Ejecutivo, y no respondió a cuestionamientos sobre las propuestas y modificaciones que él mismo impulsó, pero que quizá no formuló en su oficina.

Adán Valdivia, diputado local por el PAN, durante la toma de protesta de la gobernadora Teresa Jiménez. Crédito: Congreso de Aguascalientes

Comunicación, la prioridad del gobierno.

La transformación de la comunicación política del gobierno, antes concentrada en una coordinación, para ser una Secretaría de Estado –robustecida con facultades y presupuesto público– es una de las principales apuestas de Jiménez Esquivel.

“Debe dejar de ser vista como una opción para convertirse en una prioridad”, se indica en la exposición de motivos para dar paso a la nueva Secretaría de Comunicación y Vocería.

Dirigida por Enrique de la Torre, uno de los hombres más cercanos a la gobernadora, la nueva dependencia tiene como objetivo “unificar” los mensajes que provengan de la administración estatal, fungir como la voz oficial de gobierno y ser la fuente de información oficial en temas de diversa naturaleza, “siendo responsable de proyectar y apoyar la construcción de una imagen positiva, así como potenciar las cualidades del trabajo gubernamental”.

Las administraciones de Jiménez son conocidas por su cercanía con medios de comunicación locales –y el control periodístico– a través del pago de convenios de publicidad. También lo son por la poca apertura a responder sobre temas controvertidos, por ejemplo, las acusaciones de casos de corrupción en las dos administraciones municipales que dirigió la ahora gobernadora.

Para esta nueva secretaría el control será prioritario, eliminando, por ejemplo, la diversidad de voces en los medios de comunicación, como lo señala el siguiente párrafo incluido entre los argumentos para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal:

“En cualquier situación de conflicto o crisis se ha demostrado que la diversidad de voces en los medios de comunicación de poco o nada contribuye para resolverlas, más bien las complican y recrudecen; por ello se requiere difundir la información sobre las actividades que en ejercicio de sus atribuciones lleven a cabo las distintas dependencias, pero acorde a los tiempos actuales, de una manera diferente, que con un mensaje claro y unificado logre llegar a los ciudadanos a través de los canales adecuados”, señala la exposición de motivos para la creación de la nueva área.

El diputado promovente de la propuesta, Adán Valdivia, no respondió a la pregunta de qué implicaciones tiene, o qué significa, esa estrategia.

¿Qué otras modificaciones?

Entre las modificaciones también se encuentra la creación de la Consejería Jurídica como brazo derecho de la gobernadora, en conjunto con la Secretaría General de Gobierno, conducida por Florentino Reyes Berlié, que fue prófugo de la justicia tras haber sido acusado de peculado durante el sexenio del ex gobernador, entonces panista, Luis Armando Reynoso Femat (2004-2010).

También se realizaron modificaciones en el sector agroindustrial, en la administración de recursos, la ciencia, la tecnología, y la economía; además de cambios en materia de salud, seguridad pública y tejido social.

A la Contraloría, por ejemplo, se le retiró la facultad de intervenir en procesos de contratación, o celebrar contratos de compraventa, comodato, donación y otros actos respecto del patrimonio del gobierno estatal, asuntos que pasaron a manos de la nueva Consejería Jurídica. También se eliminó su facultad de vigilar el inventario de bienes inmuebles del Estado, que ahora es facultad de la Secretaría de Administración.

Otras modificaciones ocurrieron, por ejemplo, en materia de emprendimiento, que se alineó con las tareas de innovación. En esta materia se abrogó la Ley de Ciencia, Tecnología, Innovación y Sociedad del Conocimiento y creó la Ley de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento, con la correspondiente transformación del Instituto que se encargaba de dichas facultades.

Nuevas Secretarías e Institutos.

La creación de nuevas secretarías e institutos ensancharon la burocracia estatal, pero Eduardo Aguilar, el consejero jurídico, afirma que no crecerá el gasto público. La promesa está por verse, el Paquete Económico para 2023 deberá presentarse en unas semanas ante el Congreso Estatal.

Entre las nuevas áreas se encuentra el Instituto Aguascalentense para las Personas Migrantes, dedicado a fomentar la organización entre personas originarias del estado que hayan migrado especialmente a Estados Unidos y darles algunos beneficios.

Esta área es dirigida por la ex contrincante de Teresa Jiménez a la gubernatura, Natzielly Rodríguez, una ex morenista que compitió bajo las siglas del Partido Fuerza por México. Durante las campañas y debates electorales, Rodríguez fue acusada por las demás candidatas de trabajar en favor de Jiménez.

También se creó la Secretaría de Innovación y Gobierno Digital, encargada de la mejora regulatoria y la digitalización de trámites burocráticos; y el Instituto Aguascalentense del Adulto Mayor, conducido por María de Jesús Ramírez Castro, un perfil poco conocido en el estado que durante las precampañas electorales simuló competir contra Jiménez en la contienda interna del PAN a la gubernatura. Eso le permitió a la ahora gobernadora realizar una campaña pre electoral.

Otra área que se creó, y que por ahora se encuentra acéfala, es el Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes, que antes era una oficina de la Secretaría de Turismo y que ahora tendrá libertad financiera, patrimonio propio, y autonomía técnica y de gestión.

“Se consideró como insuficiente el trabajo de la jefatura de Turismo de Reuniones dependiente de la Dirección de Promoción y Atención al Visitante por no contar con las atribuciones indispensables y la libertad financiera para la promoción y contratación de los espacios turísticos”, señala la exposición de motivos para justificar la creación del nuevo órgano de gobierno.

Sus recursos para operar, señala la ley, provendrán del impuesto sobre la prestación del servicio de hospedaje en hoteles, moteles, casas de huéspedes o a través de aplicaciones digitales, con una tasa del 3%. Para este año, la recaudación se estima superior a los 15.7 millones de pesos

Entre sus facultades se encuentra promocionar y comercializar los recintos turísticos con los que cuenta el Estado. La persona que lo dirija, que será nombrada en próximos días, podría venir de otra entidad, pues sólo deberá comprobar una residencia continua de tres años en el estado, y haber “desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa”.

Uno de los cambios relevantes y poco conocidos es la creación de un órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de Salud para concentrar diversos bienes y facultades que antes le pertenecían al DIF. Su nombre es Instituto de Beneficencia Pública, dedicado a administrar, representar y ejecutar los bienes que integran y se destinan a la beneficencia pública.

Las reformas aprobadas a la ley del DIF Estatal y de la Secretaría de Salud no detallan qué bienes pertenecerán a ese Instituto, ni de qué forma serán administrados o entregados a la población. El titular de la Consejería Jurídica afirmó que incluso el gobierno aún no lo ha determinado. Esta nueva área también se encuentra, por ahora, acéfala.

Autonomía en riesgo.

Por último, pero no menos importante, se encuentran las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General. En la exposición de motivos, el diputado Adán Valdivia –o el Gobierno Estatal–, afirman que “se observó una disparidad operativa y funcional” en la Fiscalía y era necesario realizar cambios en su estructura.

Se crearon vice fiscalías de control regional en los municipios, se fusionaron otras áreas y se creó la Vicefiscalía en investigación de delitos de alto impacto y la Agencia Estatal de Investigación Criminal, que en la ley tiene grado de vicefiscalía, es decir, por debajo de quien ocupe la titularidad de la Fiscalía estatal.

Esta nueva agencia debe funcionar como brazo de coordinación operativa “de los servicios auxiliares directos del Ministerio Público”, y tiene bajo su mando a la Comisaría General de la Policía de Investigación (es decir, la policía ministerial), la investigación pericial y el área de análisis de la información.

La persona titular, de acuerdo con la ley, debe ser designada y removida por el fiscal general, pero en Aguascalientes el nombramiento ocurrió durante la presentación del gabinete de la gobernadora, lo que prendió las alertas sobre la posible pérdida de autonomía del fiscal, Jesús Figueroa Ortega –recién nombrado notario público por el ex gobernador Martín Orozco– y la institución que representa.

Incluso, la nueva Agencia figura como integrante del Gabinete en la página oficial del gobierno, y no como dependiente de la Fiscalía estatal.

Para dirigir a la nueva Agencia de Investigación no es necesario comprobar residencia previa en el estado, pero sí experiencia mínima de cinco años en áreas afines a la procuración de justicia, y la actividad policial o pericial.

Esos atributos los reunió sin problema Manuel Alonso García, ex secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Puebla, señalado por trabajar de la mano con un grupo delictivo en aquél estado (que él ha negado) y por generar mayores índices de inseguridad durante su gestión, en 2019.