El gobierno de la panista Teresa Jiménez ha registrado su primer enfrentamiento con la iniciativa privada.

A menos de dos meses de iniciada la administración, la decisión de aumentar en 25% –pasando de 2% a 2.5%– el Impuesto Sobre la Nómina (ISN) para 2023 ha desatado el primer conflicto del gobierno con los grupos de la iniciativa privada, históricamente ligados con el partido blanquiazul a nivel nacional y local.

Uno de los principales factores del conflicto es que, previo a que se diera a conocer en medios de comunicación, la medida no fue discutida con la iniciativa privada, no se consultó y, por lo tanto, no hubo un consenso. Tampoco hay claridad sobre en qué serán utilizados los recursos que provengan del aumento.
Al menos desde los años noventa, en Aguascalientes la relación entre la iniciativa privada y el poder político ha estado ligada. Primero con empresarios como colaboradores de los gobiernos, luego con personajes de la iniciativa privada llegando a altos cargos, como presidencias municipales y la gubernatura, la mayoría de la mano del PAN.

Entrevistados por Poplab, dirigentes de diversos grupos empresariales coinciden en que se sienten engañados, poco tomados en cuenta y consideran que la decisión impactará en la relación futura con el gobierno. Y aunque ha existido diálogo, este no ha tenido los resultados esperados.

Entre los argumentos del Gobierno Estatal para impulsar el aumento –asunto que será llevado el 15 de diciembre al Congreso del Estado en la discusión para aprobar la propuesta económica para 2023 presentada por el equipo de Teresa Jiménez–, está que otros estados de la región como Guanajuato, Querétaro y Zacatecas tienen una carga impositiva mayor, del 3%, además de que la situación económica tanto del estado como del país –y del mundo– promete complicaciones para los próximos meses.

Pero para Juan Manuel Ávila, presidente de la Coparmex, estos argumentos no son aceptables y demuestran poca creatividad económica para allegarse de mayores recursos sin afectar a sectores sociales como el del emprendedurismo o los trabajadores, que terminarán siendo impactados por el aumento; y alerta sobre la posibilidad de ensanchar al mercado informal.

Además, dice, los empresarios confiaron en el discurso del Gobierno estatal durante la presentación del Paquete Económico 2023, en donde Teresa Jiménez, en compañía de su secretario de finanzas, Alfredo Cervantes, aseguraron que no habría mayores impuestos. Ahora la confianza está, por lo menos, dañada.
“No puede ser que la justificación para el incremento sea una homologación fiscal porque en otros lados están más caros que nosotros y entonces nosotros tenemos que estar igual de caros. Yo creo que esa no es una justificación, ¿por qué no es al revés? ¿por qué no estamos más baratos? o sea, ¿porqué mejor no somos más eficientes?”, explica del otro lado del teléfono.

Es martes 22. Ávila adelantó que más tarde, y tras el “albazo” ocurrido tras una declaración de Cervantes en medios locales, el sector empresarial tendrá su primera reunión de diálogo con el gobierno. Luego se sabría que el diálogo se extendió hasta el miércoles, pero al cierre de la discusión no se logró llegar a ningún acuerdo. La administración de Jiménez no abrió la posibilidad de echar para atrás su propuesta.

Cuitláhuac Pérez Cerros, presidente del Grupo Industrial Automotriz MAEN, califica como sorpresiva y lamentable la noticia; añade que el ISN está diseñado para beneficiar a las empresas y no para afectarlas, y explica que será un duro golpe para el empresariado, afectado duramente desde la pandemia.

“¿En dónde pega? Pues que reduces tu nómina, automáticamente reduces tu capacidad y mermas la capacidad de desarrollo que tienes para los proyectos productivos. Este dinero que en teoría era de nosotros o que nos correspondía para seguir inyectando a proyectos productivos o proyectos de innovación tecnológica también se ve mermado, es una afectación que no esperábamos. Va directamente a un gasto que genera la compañía que es la nómina, y si nosotros ya no podemos pagar el 100% de la nómina con todos los problemas que se han acarreado por el Gobierno Federal más la pandemia, pues es lamentable lo que estamos viviendo”, dice molesto.

Elvia Jaime, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, también considera que la decisión es errada; y que las decisiones no deben tener un tono “unilateral”.

“Las Mipymes todavía no logramos recuperarnos de la pandemia y el incremento viene a golpear cada vez más a este sector, no solamente es este impuesto, sino los que vendrán en enero, como el incremento del periodo vacacional. Es desafortunado. Y el hecho es que no hubo un diálogo para opinar y saber qué sentimos en el sector empresarial”.

Mientras que tras el término de las mesas diálogo, Raúl González Alonso, ex presidente de la Coparmex en el estado y actual titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCEA), califica como engañoso el discurso del Gobierno estatal, enfatiza en que no hay aval de la iniciativa privada, explica que en otras administraciones se había transitado de manera más tersa; y adelanta que los grupos empresariales se reunirán este sábado para formular propuestas de recaudación con el objetivo de ponerlas a disposición de la administración de Jiménez y del Congreso Estatal.

“Si tenemos que pagar más impuestos por las fuentes de empleo que estamos creando, entonces nos vamos a limitar. Es demasiado aunado a toda la carga que traeremos para el siguiente año, como un incremento en los salarios que seguramente rotará entre un 8 y un 10%, eso por sí solo genera una mayor base de cálculo para el impuesto sobre la nómina y eso repercute directamente en una mayor contribución de parte nuestra y una mayor captación del Estado. Faltó sensibilidad por parte de la administración para abordar el tema previo a darlo a conocer en los medios de comunicación”, explica.

Y añade: “Algunos empresarios se sienten defraudados porque en campaña se manifestó por parte de la entonces candidata que no se incrementarían impuestos. Ahorita lo que buscan es tener algunas frases engañosas, dicen que no se dijo eso sino que no habría nuevos impuestos, pero a nosotros en particular nos aseguraron que no habría incremento tampoco. Dicen una cosa en campaña, llegan a la administración y se comportan de forma distinta, eso genera desconfianza”.

El empresario dice que en el diálogo también participa el Grupo de Industriales, que son las empresas más grandes en la entidad y también son poco mediáticas, y asegura que este grupo de grandes empresarios coinciden en el desacuerdo con la decisión de la administración.

Por su parte, el Gobierno Estatal no respondió a la solicitud de entrevista.

La afectación para las y los trabajadores

En medio de la discusión llevada ya al terreno mediático, quienes han sido poco escuchados son la base laboral de la entidad, los sindicatos.

Rogelio Padilla, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Sector Automotriz, asegura que quienes pagarán la factura del aumento serán las y los trabajadores, además de que se complicarán las negociaciones con las empresas.

“No es tiempo de incrementar impuestos, al contrario. Deben enfocarse en cómo fortalecer a la industria y mantener la plantilla de personal. Estas situaciones no las quieren facturar a los trabajadores, las empresas nos empiezan a restringir en las negociaciones que estamos llevando para incrementar salarios y beneficios. Lo mismo pasa con el incremento de las vacaciones, nos lo quieren facturar”.
Padilla añade que, sobre todo el sector automotriz –principal actividad económica en la entidad– ha vivido duros golpes financieros desde el inicio de la pandemia por Covid-19, en 2020, y, sin embargo, no han registrado grandes recortes de personal.

“Aquí el Gobierno no está siendo solidario con una situación crítica, adversa, que existe en el sector productivo”, considera el líder sindical. Agrega que analizarán la situación al interior de los grupos sindicales para sumar esfuerzos y apoyar la postura de la iniciativa privada.

La historia del ISN y una recaudación multimillonaria

En Aguascalientes, el Impuesto Sobre la Nómina (ISN) se impuso por primera vez en el sexenio del entonces panista Luis Armando Reynoso Femat (2004-2010), con un objetivo claro: el desarrollo económico de la entidad.

En aquellos años, explica Alberto Aldape Barrios, Director del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial (CIDE), se recaudaban alrededor de 600 millones por año. Ya en el sexenio que acaba de concluir, del también panista Martín Orozco Sandoval, la recaudación por ese impuesto superó los mil millones de pesos anuales.

“En el arranque del impuesto se desarrollaron parques industriales, se dieron incentivos para la atracción de inversiones, se generaron programas de capacitación, asistencia técnica y certificación para los empresarios. Ya en la siguiente administración, el ingeniero Carlos Lozano de la Torre (PRI), al no tener certeza sobre las participaciones federales, decide destinar un 30% de los ingresos del ISN a un fondo de contingencia, otro 30% se fue al desarrollo de infraestructura productiva y el otro 30% a programas de incremento en la productividad y competitividad de los empresas locales. Con el contador Martín Orozco siguió esa misma distribución, pero en el año 2021 una parte de lo que era el Fondo de Contingencia se utilizó para apoyar a las empresas y a los trabajadores con recursos para que las primeras no cerraran y los segundos pudieran mantener un ingreso, y así poder sobrevivir en esos momentos de crisis”.

Esta no es la primera vez que aumenta el Impuesto Sobre la Nómina en Aguascalientes. Los empresarios recuerdan que la última vez ocurrió, precisamente, durante el sexenio recién concluido de Martín Orozco Sandoval, pero a diferencia del momento actual, en aquél incremento sí hubo un consenso: que el incremento sería solamente por dos años y que, de alguna forma, el dinero regresaría en apoyos y/o beneficios para el sector productivo.

Aldape Barrios agrega que en medio de toda la discusión, lo fundamental es saber en qué se va a invertir lo recaudado con el incremento y cómo se realizarán esas inversiones, asunto que no ha quedado claro. Y explica que entre los atractivos económicos del estado se encuentra, principalmente, que la carga impositiva es menor que en otras entidades.

“Un factor de competencia es precisamente la carga impositiva que tiene cada uno de los estados, y Aguascalientes durante muchos años no tuvo impuesto sobre la nómina y eso le hizo también ganar inversión. El hecho de que ahorita esté en el 2% y sea uno de los más bajos dentro de la Región Centro Occidente pues era un factor de competitividad que tenía el Estado a la hora de presentarse ante los inversionistas tanto nacionales como extranjeros”.

El especialista agrega que la administración no ha considerado, por ejemplo, la generación de nuevos empleos y el aumento salarial del próximo año, que aún sin aumento al ISN, repercutirá en mayor recaudación para el estado.

Poder político y poder económico: La dupla en Aguascalientes

Para Andrés Reyes Rodríguez, historiador, catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y analista político; la estrategia de la administración de Jiménez de no acordar con la iniciativa privada el incremento, políticamente, no estuvo tan errada. Apostar primero permite llevar el mando de las negociaciones.

Y el mensaje que se envía es claro: El Gobierno es el que decide; aunque durante años se ha mantenido un equilibrio para beneficiar al sector empresarial en el estado.

“El asunto es que en términos reales los empresarios están recibiendo menos dinero y si les aumentan el impuesto esto se va a poner un poco tenso. Sin embargo, la historia de los últimos 30 años demuestra que terminan poniéndose de acuerdo”, dice.

-La administración estatal apenas cumplirá dos meses de haber iniciado, ¿crees que es pronto para enfrentar un conflicto así?

-Si va haber una afrenta tiene que ser ahorita, después ya no porque es difícil cambiar la dinámica, los gobiernos dan sus golpes fuertes al principio, ahora habrá que ver cómo lo administran, porque se les puede salir de las manos. Tu avientas un tiro y si no te resulta tendrás que regresar no solo al origen, sino a mejorar la relación (o los beneficios), explica Reyes.

El historiador agrega que, históricamente, en Aguascalientes –como en el resto del país– el poder político y económico han trabajado de manera estrecha, pero en esta entidad la iniciativa privada ha tomado parte activa de la política y ha logrado posicionarse en altos cargos, como la presidencia del Municipio Capital y el Poder Ejecutivo, gobernados en diferentes administraciones por panistas que tenían su origen en el empresariado local.

“Fernando Salmerón, un académico muy serio, escribió un libro en los noventas que se llamó Intermediarios del progreso, donde demuestra el tipo de relación que había entre los empresarios y los gobernantes. Él decía que los gobernantes de Aguascalientes habían logrado un proceso relativamente exitoso porque le daban continuidad a la actividad económica del gobierno anterior, a diferencia por ejemplo de San Luis Potosí, que en aquellos años tuvo gobiernos opuestos entre sí. En ese proceso, en Aguascalientes, siempre estuvieron presentes los empresarios”.

Reyes platica que, originalmente, en el estado los empresarios eran colaboradores del poder político.

“Había una reciprocidad, una recompensa en la alianza, los políticos recibían apoyos de los empresarios en campaña y después les daban a los empresarios proyectos de comercialización o de inversión. Era una fórmula muy complementaria”. Pero luego la clase empresarial, a nivel nacional –con la llegada de Manuel Clouthier como candidato presidencial del PAN en 1987, siendo empresario– incursiona de manera más activa en la toma de decisiones.
“Y eso empieza a convertirse en un ejemplo, sobre todo entre los políticos del PAN, porque empiezan a ver que el empresariado ya no puede ser solamente un aliado o un subordinado, sino que dicen: Para qué me quedo con una parte del pastel si lo puedo tener todo. Entonces se abre un período en donde los empresarios se empiezan a concebir como protagonistas de la política, ya no como observadores privilegiados o beneficiarios de la política; y entonces es cuando en Aguascalientes se incorporan, primero, en la presidencia municipal de la capital. Con el gobernador Miguel Ángel Barberena, que le toca presenciar el avance de Clouthier, Carlos Ortega de León se convierte en candidato a presidente municipal de Aguascalientes siendo empresario, después viene Alfredo Reyes, empresario que gana la alcaldía capital (en 1995). Luego viene Felipe González como gobernador (1998-2004), que es un empresario, y Luis Armando Reynoso (presidente municipal primero, después gobernador) que también es un empresario”.

Por aquellos años, agrega, “en Aguascalientes lo que se hizo para mantener un equilibrio en el gobierno local fue que el PRI le daba la presidencia un trienio a un político y un trienio a un empresario. Se volvió una costumbre para mantener el equilibrio y no dejarle todas las canicas al PAN, y entonces se tuvo que replantear la relación con los empresarios y algunos que no participaban en el PRI empiezan a ser seleccionados como candidatos, aunque siguen dominando los políticos, el empresariado se fue fundamentalmente al PAN”.

La relación del empresariado con los gobiernos, sin embargo, es “un poco vergonzosa”, dice Reyes Rodríguez. “La ven como normal, aunque sea fraudulenta”, añade.

“Por lo menos los de Coparmex se han planteado como el lugar de reclutamiento de la clase empresarial que colabora con el PAN. No sé si decir que el PAN es la filial política de Coparmex o Coparmex es la filial empresarial del PAN. Uno puede hacer la relación de cuántos miembros de Coparmex en Aguascalientes han sido diputados, presidentes municipales o gobernadores y han sido muchos, nunca se oculta, está documentado”, dice el historiador.