El nuevo golpe a la necesaria independencia de los órganos autónomos en Aguascalientes ocurrió el pasado jueves 1 de diciembre en el Congreso del estado, cuando por mayoría de votos fue elegida como nueva comisionada del Instituto Estatal de Transparencia (ITEA), Mónica Janeth Jiménez Rodríguez, una militante activa del Partido Acción Nacional (PAN), organización política que controla al Poder Ejecutivo, al Municipio Capital y tiene mayoría en el Poder Legislativo.

De los 27 diputados que integran el Pleno, a Jiménez Rodríguez la apoyaron 18. Otros cuatro votaron por Mónica Patricia González Estrada, otra militante activa del PAN y hermana de Arturo González, uno de los operadores políticos de mayor peso en el blanquiazul aguascalentense, que a lo largo de los años ha logrado colocar a sus familiares dentro de la nómina de diversos entes de gobierno, como ocurre con otra de sus hermanas, Martha González, actual síndica de Hacienda en el Cabildo de la capital del estado.

Crédito: Imágenes tomadas del Padrón Nacional de Militantes del PAN.

Crédito: Imágenes tomadas del Padrón Nacional de Militantes del PAN.

Otros cuatro votos fueron para Eva Daniela Moreno Chávez, actual directora jurídica del ITEA; y uno para Jorge Fernando Guel Saldívar, familiar del ex gobernador por el PRI, Francisco Guel Jiménez, y cuñado de la actual diputada local priista, Verónica Romo Sánchez.

La votación, como lo establece el Artículo 145 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo fue secreta, a través de cédula; un proceso que, sin embargo, no está establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado.

Desde el 19 de diciembre de este 2022 y hasta el 18 de diciembre de 2029, Jiménez Rodríguez, que ha sido diputada local por el PAN y es integrante del grupo político de la gobernadora, Teresa Jiménez; será una de las tres personas encargadas de vigilar y garantizar la transparencia en un estado que adolece de contrapesos políticos y con un gobierno caracterizado por la poca transparencia y el control de los medios de comunicación locales. Durante esos siete años, la panista tendrá garantizado un sueldo superior a los 60 mil pesos mensuales netos.

Crédito: Fotografía tomada de las redes sociales de Mónica Janeth Jiménez Rodríguez.

¿Qué pasará cuando la nueva comisionada tenga que pugnar por la apertura de información que su partido o su grupo político se nieguen a transparentar? Incurrirá en un conflicto de interés, previsto en el Artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado, donde se señala que, en ese supuesto, estará impedida para conocer de los asuntos.

De no hacerlo, el Órgano de Control del propio ITEA tendría que revisar el caso, explica Yolytzin Zendejas, diputada local por Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión legislativa de Transparencia y Anticorrupción, encargada de llevar el proceso de elección de la nueva comisionada. Sin embargo, nada garantiza que eso sucederá. En el pasado, Zendejas también ha sido señalada por su cercanía con grupos panistas, específicamente de el ex gobernador Martín Orozco Sandoval.

La diputada local justifica que la militancia en un partido político, o la cercanía con un grupo partidista en el poder, no era limitante para participar de la convocatoria, lo cual es cierto. Y explica, de forma poco clara, qué características hicieron que Mónica Jiménez fuera el perfil más apto para el cargo. La nueva comisionada tomará protesta el próximo 15 de diciembre.

“Entiendo el tema político, el asumir que puede ser un conflicto de interés que una persona que participa en un partido obviamente tenga una tendencia en el ejercicio de la función, sin embargo nosotros nos inclinamos por los perfiles. (...). Ella es una persona que actualmente está en el municipio capital trabajando en temas de transparencia…de igual manera…bueno también ya ha sido legisladora, pero ha estado en otros…su currículum como servidora pública en todos estos temas de transparencia…y también tiene preparación en transparencia. Pero repito, no es la única. Yo te podría decir que todos los perfiles fueron muy buenos”, dijo en entrevista con Poplab.

Además de Jiménez Rodríguez, en la convocatoria para formar parte del ITEA participaron otras 12 personas, algunas relacionadas con partidos políticos, pero también otras provenientes de organizaciones civiles o de la academia, como es el caso de Jesús Reinoso, abogado y catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), con un perfil apartidista y con una larga trayectoria en asuntos relacionados con el ejercicio de la transparencia.

A Reinoso el proceso de elección en el Congreso le pareció opaco y le dejó un “sinsabor” de boca.

“Resulta contradictorio el hecho de que haya sido un proceso tan opaco, porque no se transparentó la forma en que fueron electas las personas que iban a ser seleccionadas. No hubo selección de una terna (como lo marca la ley), mandaron a las 13 personas que estábamos inscritas al Congreso y luego no sabemos cómo el Congreso hizo la selección”.

Y añade: “afecta en más de un sentido, afecta primero en la no independencia de criterio, que implica que ya está teniendo sesgos la información que se va a proporcionar a toda la población, o incluso la información que se va a utilizar al interior del Instituto de Transparencia; entonces ya empezamos a dudar de que sea auténticamente transparente y de que sea auténticamente verificable por todos los usuarios. Implica también que los sujetos obligados tendrán distintas cargas cuando no sean del partido favorecido y esto también nos lleva a pensar que se va a utilizar como un instrumento político para favorecer a unos y desfavorecer a otros”.

Por su parte, Erick Monroy, integrante de la Barra de Abogados de Aguascalientes y ex presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, afirma que lo que sucede en Aguascalientes no es muy distinto a lo que pasa a nivel nacional, donde el presidente morenista Andrés Manuel López Obrador controla a otros poderes, como el Legislativo, escapando de los contrapesos.

“Los gobiernos se llenan la boca diciendo que son anticorrupción y que son transparentes y que no van a tomar un peso del presupuesto para desviarlo en asuntos personales o para sus cuentas bancarias, sin embargo, no dan muestra de ello al momento de dejar que los órganos autónomos, que fiscalizan precisamente el manejo de los recursos públicos, lo hagan de manera transparente, por ciudadanos no comprometidos con ningún partido político, con ningún grupo político, con ningún personaje político; porque en la elección de ayer, tú ves redes sociales, que ahora desnudan a todo el mundo, y ves como la persona que le operó a esta mujer para llegar al puesto aparece en fotografías y aparece con la gobernadora. Entonces creo que el gobierno debiera de deslindarse, de desmarcarse de dar línea al Congreso”.

La Barra de Abogados impulsó a Elizabeth Zúñiga, contadora pública y licenciada en derecho, para ser comisionada de transparencia. En entrevista con Poplab, ella afirmó que acepta el resultado y negó tener alguna crítica sobre el proceso.

En contraste, para Elizabeth Pérez Chiqué, investigadora del CIDE Región Centro, aunque lo deseable es que los órganos autónomos estén integrados por perfiles que no participen de la política partidista, o de algún grupo político, esto es complicado de lograr; cuando se logra, frecuentemente las personas son bloqueadas para ejercer su trabajo. El reto, dice, es que quienes lleguen a estos puestos, sea por cuota partidista o por algún acuerdo político, trabajen en mantener su lealtad en el objetivo del cargo y no en intereses propios.

Órganos anticorrupción, cooptados por el PAN

Además del Instituto Estatal de Transparencia, otros órganos creados para la lucha anticorrupción en el estado también son controlados por el Partido Acción Nacional.

Ese es el caso de la Fiscalía Anticorrupción, que hasta el pasado 15 de noviembre fue titulada por Jorge Mora Muñoz, un hombre cercano al ex gobernador Martín Orozco y cuyos familiares laboraban al interior de la pasada administración estatal. Mora Muñoz ha sido señalado por diversos sectores sociales, como la iniciativa privada, por haber realizado un trabajo mediocre en las investigaciones de casos de corrupción en el estado.

Pese a la experiencia, la actual titular de esa fiscalía tampoco promete independencia. Tras la salida de Mora Muñoz fue designada como nueva titular, María Gema del Rocío Montero Valencia, un perfil traído desde Puebla y cercana al también poblano Manuel Alonso García, recién nombrado titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y que se ha convertido en uno de los hombres más cercanos a la gobernadora, Teresa Jiménez.

La nueva fiscal anticorrupción fue directora de Seguridad Pública en el municipio de San Andrés Cholula; también fue agente del Ministerio Público en la ex Procuraduría General de Justicia (PGJ) y directora de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos en Tlaxcala.

Además de esta Fiscalía, el Órgano Superior de Fiscalización (Osfags), encargado de fiscalizar el buen ejercicio de los recursos públicos estatales, también es dirigido por un perfil cercano al PAN. Su titular, Francisco Martín Muñoz Castillo, ha sido señalado por ser “compadre” de la gobernadora Teresa Jiménez y su hijo, Francisco Muñoz “junior”, es director en la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Aguascalientes, gobernado por el panista Leonardo Montañez, también integrante del grupo político de Jiménez.

Crédito: Fotografía tomada de las redes sociales de Francisco Muñoz “junior”.

En 2020, cuando el actual auditor estatal fue designado, su nombramiento fue impugnado tanto por el Comité Ciudadano Anticorrupción, como por otros concursantes de la convocatoria y por la Coparmex. Todos alegaron que Muñoz Castillo no cumplía con los requisitos ni tenía los conocimientos necesarios para el cargo, pero logró mantenerse.

Ser el encargado de fiscalizar los recursos públicos a cargo de su propio hijo podría derivar en un conflicto de interés.

Crédito: Fotografía tomada de las redes sociales de Francisco Muñoz Castillo.

En la lista también se encuentra la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, dirigida por Aquiles Romero González, un hombre cercano al ex gobernador panista Martín Orozco, y ex secretario general del Congreso estatal, un cargo que suele entregarse a perfiles cercanos al partido que logra la mayoría, en este caso el PAN.

Romero González fue designado para el cargo en agosto de 2018 y concluirá con su encargo el 20 de agosto de 2023.