Este jueves, el ayuntamiento de León enfrentaría una encrucijada al abordar en su sesión ordinaria una recomendación del procurador de Derechos Humanos, Vicente Esqueda Méndez, que convierte al responsable de cercenar un terreno de un kinder público en víctima y a la autoridad que trata de resarcir el despojo, en victimario.

Sin embargo, algo pasó entre lunes y miércoles. El tema no subió a la agenda de la sesión de ayuntamiento y fuentes internas aseguraron que no habría necesidad de votar la aceptación de la recomendación y mucho menos de que el síndico José Arturo Sánchez Castellanos se viera enfrentado a ofrecer una disculpa pública al ex tesorero Enrique Sosa, porque se arregló “vía conciliación”.

Aunque nadie de los involucrados quiso reconocerlo, se supo que existió una operación política a nivel estatal para obligar a Sosa a deponer sus pretensiones, lo que habría quedado en un documento firmado por el ahora funcionario estatal.

La débil argumentación del ombudsperson estatal, el panista Vicente Esqueda Méndez, para forzar un caso de violación de derechos humanos teniendo a Sosa como víctima, obviando olímpicamente el tema del despojo al kínder Juan Aldama, no solo quedó en entredicho, sino que no tendrá efecto alguno.

Foto: especial

El mundo al revés de la PRODHEG

Mientras que el gobierno que encabeza Alejandra Gutiérrez mantiente en el limbo la reversión del predio al kínder Juan Aldama, el primer síndico, José Arturo Sánchez Castellanos, el mayor impulsor de la recuperación del predio, fue señalado por la Prodheg por violar el derecho a la presunción de inocencia del extesorero Enrique Sosa Campos, principal operador del despojo publicado por POPLab en 2021.

En la resolución con fecha del 27 de marzo de 2023, el procurador Vicente Esqueda Méndez determinó que el síndico apartidista transgredió, además, “el derecho humano a la protección de la honra y la dignidad, y el derecho humano a la integridad personal” de Sosa Campos. Las declaraciones utilizadas como prueba fueron vertidas por Sánchez Castellanos durante un programa radiofónico el 24 de agosto pasado, en una entrevista en la que el edil no mencionó expresamente el nombre del extesorero.

Previo a la discusión de la recomendación en el cabildo -agendada para la sesión ordinaria de este 13 de abril- abogados y expertos en derechos humanos han advertido a “POPLab*, que además de carecer de sustento jurídico, la resolución de Esqueda Méndez está siendo utilizada para “callar” las opiniones críticas del primer síndico leonés.

Síndico José Arturo Sánchez Castellanos. Foto: Melissa Esquivias

En entrevista para este medio, el diputado morenista David Martínez Mendizábal -que ha cuestionado en el Congreso local el caso del kínder Juan Aldama- sostuvo que la resolución “tiene una fundamentación débil”, por lo que puede ser interpretada “como un mensaje político para hacer callar a (José Arturo) Sánchez Castellanos.

En el mismo tenor, el abogado y activista Roberto Sucedo Pimentel advirtió que la Procuraduría está siendo utilizada “para callar las voces críticas”, y que en el caso de figuras como servidores públicos, el nivel de tolerancia a los juicios “debe ser mayor”, de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“En la legislación mexicana invocada, se protege la libertad de expresión y el derecho a la información, con un criterio más o menos laxo, en tanto se toleran manifestaciones molestas e hirientes, juicios desfavorables e imputaciones de hechos o actos apegados a la veracidad, siempre y cuando sean de interés público, pero esa tutela tiene su límite en la expresión de insultos, por ser innecesaria para el ejercicio de aquellas libertades, y se atiende al contexto en que se emiten, aunque sin soportar los juicios que son insultantes per se en cualquier entorno (...) Amparo directo 528/2010. Ana Luisa Cid Fernández.

Para fundamentar la resolución, la Pdheg utilizó por principio de analogía el caso Lori Berenson Mejía vs. Perú, en el que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos acreditó que la mujer fue privada de su libertad por la Policía Nacional de Perú y sentenciada en un tribunal militar a cadena perpetua por traición a la patria. Pero el abogado Roberto Saucedo asegura que la comparación es desproporcionada. “Creo que no es aplicable al caso concreto, Lori fue acusada por el Estado, el síndico sólo emitió críticas contra el ex tesorero”.

Desde su llegada al ayuntamiento encabezado por Alejandra Gutiérrez, el síndico José Arturo Sanchez Castellanos se ha mostrado crítico no sólo de las irregularidades de la presente administración, también ha encabezado denuncias contra supuestos actos de corrupción cometidos en otros periodos.

Enrique Sosa Campos, protegido por el gobierno estatal. Foto: especial

En octubre de 2021, con un día en el cargo, el síndico denunció ante la Contraloría municipal la operación que concretó el despojo al preescolar público. En la denuncia fueron señalados, además de el ex tesorero, dos funcionarios de la dirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial.

El síndico José Arturo Sánchez ha evitado posicionarse respecto a la resolución, debido a que ésta no está dirigida a su persona, sino al ayuntamiento como cuerpo colegiado. Esta omisión del procurador Vicente Esqueda Mendez impide al funcionario responder la recomendación de manera individual. “Está atado de manos, y éso también es violatorio a sus derechos humanos”, afirmó el abogado Roberto Saucedo.

Prodheg, emisaria política

El diputado David Martínez, quien preside la Comisión de Derechos Humanos del congreso local, señaló que mientras el asunto de fondo -que implica la devolución del predio al municipio- no ha sido resuelto, la Procuraduría de Vicente Esqueda Mendez ha priorizado “defender al funcionario acusado” de esta irregularidad, lo cual deja de lado el interés superior de la niñez como una prioridad fundamental para el organismo estatal.

“La primera arista es que el terreno no ha sido devuelto al kínder, todavía se puede apelar a la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa, porque el fondo del asunto es el derecho de las niñas y niños a tener satisfechas las condiciones básicas mínimas para desarrollarse adecuadamente”, declaró.

El morenista manifestó que, aunque desde el partido han tenido desacuerdos con el síndico, éste se ha convertido en “una voz crítica” al interior del ayuntamiento, por lo que la resolución puede tener como objeto “descafeinar” sus intervenciones en el cabildo y dentro de la administración municipal. “Yo leí la recomendación y no veo ninguna falta grave a la honra de esta persona, lo que está diciendo Sánchez Castellanos es que se clarifique el asunto y se responsabilice a todas las partes”.

Ilustración: Juan José Plascencia.

Al igual que Roberto Saucedo, el legislador declaró que la justificación de la resolución no es aplicable para el caso en concreto. En el documento, además, el procurador hace un llamado a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas para ingresar a Enrique Sosa Campos al Registro Estatal de Víctimas.

“Me parece una fundamentación jurídica débil la que emite la Prodehg porque el caso no tiene nada que ver, pienso que sería más útil que se preocupe por resolver de fondo el asunto en vez de preocuparse por desacreditar a Sánchez Castellanos y defender a Enroque Sosa”.

David Martínez aseguró que a través de la tribuna del congreso local emitirá un pronunciamiento dirigido al procurador Vicente Esqueda Mendez, con el objeto de que éste clarifique el papel de la Prodheg en la defensa de niñas, niños y adolescentes.

Un golpe para el debate público

Roberto Saucedo Pimentel, abogado y activista anticorrupción cuestionó la esencia de la resolución contra el primer síndico de León, y aseguró que la recomendación sentará un precedente como otro mecanismo de censura contra la crítica dirigida a personajes políticos y servidores públicos. Incluso, el litigante comparó la respuesta de la Prodheg con las demandas por daño moral y las denuncias por violencia política.

“Ya tenemos tres bozales, entonces el debate público se va a limitar. Lo que pienses te lo vas a tener que guardar, y eso no es sano para una democracia. No recuerdo un caso similar, creo que es algo inédito. Yo no había visto nunca esta proactividad de amarrarlos a todos”, declaró.

En 2020, Saucedo Pimentel y el periodista Anroldo Cuéllar ganaron una demanda por daño moral, interpuesta por la familia Rodríguez Medrano, propietaria de un medio televisivo en Guanajuato Capital, empresa señalada e investigada por recibir contratos de prestación de servicio y pagos irregulares por el gobierno capitalino. Respecto al criterio de la CIDH utilizado para fundamentar la resolución contra Sánchez Castellanos, el abogado reiteró que en calidad de servidor público, Enrique Sosa “debe aceptar la crítica”.

David Martínez Mendizabal y el procurador Vicente Esqueda Mendez. Foto: especial

“Éste es un caso totalmente diferente, esta jurisprudencia se refiere a un tema penal, lo que hizo el síndico fue criticas, al final de cuentas Enrique Sosa sí tomó decisiones que afectaron el destino del kínder, y es válido que se le critique (...) De acuerdo con la SCJN se toleran manifestaciones mordaces e hirientes, juicios desfavorables o imputaciones de hechos o actos apegados a la veracidad, siempre y cuando sean de interés público”.

El abogado también cuestionó que en el papel, la resolución no esté dirigida al síndico, sino al ayuntamiento como cuerpo colegiado, lo cual considera violatorio a los derechos de Arturo Sánchez Castellanos, pues “no le están dejando opción de tomar esa decisión”.

“Sí se está utilizando la Procuraduría para golpear, es curioso, yo no diría que (Sánchez Castellanos) es adversario, porque está en ese puesto por el partido Acción Nacional, pero se ha vuelto crítico, entonces digamos que sí funciona para callar las voces críticas. Para éso está siendo utilizada la Prodheg”, concluyó.