Este 25 de mayo el Cabildo de la Capital aguascalentense designó a trece personas para integrar al primer Consejo “Ciudadano” del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), un organismo público descentralizado. Las designaciones, aprobadas por mayoría, están rodeadas de señalamientos por la cercanía de los nuevos integrantes con partidos políticos y ex funcionarios polémicos; sumado a la falta de participación de organizaciones que han sido críticas con los gobiernos.

“El agua seguirá privatizada y la participación ciudadana seguirá siendo simulada, como se acostumbra. El consejo directivo del MIAA, que debería de tener un carácter ciudadano, se integró en su mayoría por cámaras y colegios que tienen intereses particulares. En el reglamento no se consideró a los usuarios domésticos, como los comités de colonos, que marca la ley. Los nuevos integrantes del Consejo tienen en su mayoría intereses económicos y no la defensa del derecho humano al agua, dejando de lado a organizaciones civiles que hemos trabajado en este tema por varios años”, dice en entrevista Alejandro Larios, integrante de la organización Conversa Sur que mantiene una lucha legal contra el Código Urbano, documento que ha sido calificado como un regalo para la industria inmobiliaria.

MIAA es el nuevo sistema por el que la capital aguascalentense remunicipaliza el servicio de agua potable tras una complicada relación con Veolia, la empresa que durante 30 años fue concesionaria del servicio. El Cabildo capitalino aprobó el nuevo modelo a mediados de abril pasado y comenzará a operar en octubre próximo.

La remunicipalización es prácticamente una copia del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL). Incluso, Jorge Ramírez Hernández, ex presidente de ese organismo entre 2019 y 2022, acusado –entre otras cosas– de presunta corrupción, asesoró al Municipio de Aguascalientes para avanzar hacia el nuevo modelo. Ramírez Hernández es asesor del Gobierno Estatal, administración que se ha negado a informar cuánto gana y qué otros proyectos asesora pese a que se la ha solicitado por transparencia.

Los nuevos integrantes, que no gozarán de sueldo y durarán en el cargo tres años, fueron aprobados por once de los 16 miembros del Cabildo. La única que votó en contra fue Alejandra Peña, regidora por Morena; mientras que otros cuatro regidores no asistieron a la sesión: el síndico Hugo Aguilera Cordero, los panistas Alejandro Serrano y Patricia García; y el priista Carlos Ortega.

Cuotas políticas, inmobiliarias y exclusión.

De los trece integrantes del Consejo de MIAA, seis están relacionados con los partidos PAN-PRI y PRD, los mismos que llevaron a la gobernadora Teresa Jiménez –a cuyo grupo político pertenece el alcalde panista de la capital, Leonardo Montañez– al poder durante las elecciones del año pasado; y con ex servidores públicos acusados de sendos casos de corrupción, como el ex gobernador panista Luis Armando Reynoso Femat, aliado político de Jiménez y quien ha mantenido su fortuna a través de negocios inmobiliarios.

Ese es el caso de Francisco Buenrostro Gándara, un empresario del sector textil que fue designado como presidente del organismo que dirigirá los trabajos de MIAA. Buenrostro Gándara fue director de Desarrollo Económico durante un periodo del sexenio de Reynoso Femat (2004-2010) y formó parte del Comité Técnico del FIADE, un fideicomiso discrecional utilizado para desviar recursos públicos.

La nueva posición de Buenrostro es clave para los negocios inmobiliarios, pues el estudio de factibilidad de agua potable, que será ahora responsabilidad del MIAA, es fundamental para cualquier construcción.

De acuerdo con el Registro Público del Comercio, el empresario es accionista de una decena de empresas en Aguascalientes relacionadas con la producción y comercialización de ropa, de cartón y productos publicitarios, una productora agrícola, otra dedicada al tratamiento de basura, desechos y reciclaje en general; una sociedad para prestar dinero y otorgar créditos, y una empresa de asesoría a otras empresas registrada en Ciudad Juárez, Chihuahua. Su suplente en el Consejo es Roberto Rangel, gerente y propietario de Herramientas Hecort S. A. de C. V.

El nuevo presidente del Consejo rehuyó a las preguntas sobre la relación de las y los integrantes con los partidos políticos, y afirmó que lleva buena relación con diversos gobernantes, entre ellos Reynoso Femat.

“Aquí no hay política, hay trabajo, hay ciudadanización y participación. No tengo más comentarios en ese sentido, todos somos ciudadanos. (Los integrantes) también tienen derecho de participar en una contienda o representar a partidos, pero definitivamente no es un trampolín político. Yo con todos los ex gobernadores tengo mucha cercanía, son mis amigos todos”, declaró en entrevista colectiva.

En 2005, cuando era funcionario, Buenrostro Gándara fue señalado por mantener a 40 personas en condiciones de semiesclavitud en el rancho Monte Prieto, de su propiedad. En aquél año, el periódico nacional La Jornada informó que las personas fueron traídas desde Hidalgo con engaños, y que entre ellas había niños, adolescentes y ancianos.

Luego de que tres peones huyeron y contaron los hechos, la policía detuvo a dos de los encargados del rancho. Gándara nunca fue investigado.

Las cuotas políticas entre las y los vocales del Consejo también son visibles. En esa lista se encuentra Evaristo de la Torre Sifuentes, quien fue impulsado por la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), que concentra a los empresarios del sector inmobiliario, industria en la que el nuevo vocal tiene negocios a través del Consorcio Inmobiliario de Aguascalientes.

De la Torre Sifuentes fue secretario de finanzas durante el trienio del panista Juan Antonio Martín del Campo en el municipio capital, entre 2014 y 2016. Martín del Campo es uno de los perfiles panistas con mayor peso en el partido y con mayor número de cuadros colocados en los gobiernos municipal y estatal.

Otro de los integrantes es Carlos Magallanes García, propuesto por el Colegio de Contadores y quien fuera secretario de finanzas durante un periodo de la administración del ex gobernador panista Martín Orozco. Magallanes García es socio retirado de De La Paz Costemalle, una firma de contadores públicos. Su suplente es Víctor Manuel Ortiz García, un empresario del sector agropecuario.

Por otro lado, Filemón Medina Silva, propuesto por el Colegio de Ingenieros Civiles, fue Director de Obra de la Secretaría de Obras Públicas del Estado entre 2016-2017, durante la administración de Orozco Sandoval.

Como presunta cuota del PRI a través de Lorena Martínez, la ex alcaldesa que actualmente es titular del Instituto de Educación de Aguascalientes, está Patricia Muñoz de León, propuesta por el Consejo Coordinador Empresarial. Muñóz de León fue candidata del PRI a una diputación federal en 2009 y en 2011.

“Sí fue candidata pero está infundado que algún grupo político haya influido para que fueran postuladas estas personas, yo no recibí una sola llamada o un solo mensaje de algún político pidiéndome que posultara a alguna de estas personas”, se defendió Raúl González, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Por parte del PRD está Isabel Jiménez Maldonado, propuesta por REMAC, una asociación civil que no tiene registro oficial pues no está inscrita en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Jiménez Maldonado es especialista en estudios de género y laboró como docente-investigadora de la Universidad de Zacatecas, estado donde también fue registrada como suplente de María Luisa Sosa de la Torre, una perredista que fue diputada local entre 2007 y 2010.

“Así como estamos acompañados de ciudadanos comprometidos, también nos acompañan propuestas que aunque pueden aportar difícilmente podemos separar sus vínculos políticos y fraternales con las cúpulas políticas, poniendo en duda así el actuar de todo un Consejo. MIAA no es y no debe convertirse en un organismo que atienda intereses políticos. (...) hay quienes incluso tienen cuentas pendientes de aclarar ante el Órgano Superior de Fiscalización por el uso de recursos públicos”, señaló durante la sesión Alejandra Peña, regidora por Morena.

La funcionaria afirmó que el dictamen no permitió votar a cada uno de los perfiles, sino que tenía que ser en bloque.

“Es una pena que por la manera en que fue presentado el dictamen no se nos permita votar propuesta por propuesta, sino a todos en conjunto, sin particularidades, lo que me orilla a votar en cuenta de extraordinarios perfiles ciudadanos propuestos para este Consejo. Pareciera que pusieron por encima los intereses políticos sobre los intereses públicos”, agregó.

El resto de los integrantes del Consejo son Arturo Salomón Rodríguez Villalobos, propuesto por la Asociación Mexicana de Hidráulica y quien trabajó en la Comisión Nacional del Agua (Conagua); Mercedes Urzúa González, ingeniera industrial propuesta por la Universidad Panamericana, una institución cercana al PAN; Francisco Javier Avelar González, ex rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes e investigador en temas hídricos, propuesto por esta casa de estudios; Iván Alejandro Hernández Zavala, perito en diseño urbano propuesto por el Colegio de Urbanistas; Virginia Hernández Montoya, profesora investigadora de ingeniería química, propuesta por el Instituto Tecnológico de Aguascalientes (ITA); José Arteaga Niepmann, director de la empresa La Huerta, propuesto por el Grupo de Industriales de Aguascalientes, y Clemente Villalobos, empresario del ramo de hidrocarburos e inmobiliario como propuesta de la Coparmex.

Al Consejo del MIAA no fueron invitadas organizaciones civiles en defensa del medio ambiente y los derechos humanos que han sido críticas con los gobiernos y diversas políticas públicas que benefician únicamente a sectores económicos, como Conversa Sur, Salvemos La Pona o Movimiento Ambiental, entre otras.

“Lamentamos que la participación sea un mero discurso y que se le tenga miedo a hacer procesos amplios y reales de participación. Debería haber un verdadero esfuerzo por identificar a las personas y organizaciones realmente preocupadas de que se atiendan los problemas de desabasto de agua o que enfrentan estas problemáticas. Existe un cansancio y hartazgo por parte de la sociedad civil de que la ciudad y sus recursos sigan privatizados en complicidad con el poder político, y hablamos de todos los partidos”, dijo Alejandro Larios, integrante de Conversa Sur.