Con el proceso electoral en puerta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló el llamado "Plan B a la guanajuatense" que se aprobó en el Congreso local con el voto de la mayoría panistas y tres priistas que se prestaron a validar una reforma en fast track que violó el procedimiento legislativo, según la conclusión de ocho ministros y ministras de la Corte.

A contentillo del PAN se modificaron 80 artículos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Guanajuato en apenas siete días, contados a partir de que se presentó la iniciativa y hasta el día que se llevó a votación al Pleno, y aunque en ese momento la priista Yulma Rocha, la emecista Dessire Ángel Rocha y las bancadas del PVEM y Morena advirtieron las irregularidades, la reforma fue aprobada.

Sin considerar que apenas un par de semanas antes la SCJN había declarado inconstitucional la primera parte de la reforma electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por las prisas que derivaron en violaciones al proceso legislativo, en Guanajuato el PAN apostó por imponer sus propias reformas electorales cayendo en las mismas irregularidades.
Incluso, en la sesión del 25 de mayo, cuando se aprobó la reforma exprés, tanto el PAN como el priista Gustavo Adolfo Alfaro lanzaron el reto a la oposición de llevar a tribunales los cambios.

"Es mentira que se esté violentando el proceso legislativo, no hay una sola disposición legal que se esté violentando, y yo los reto no solo a que lo digan, sino que lo prueben a quienes lo han afirmado", dijo el panista Armando Rangel al defender la reforma fast track en esa sesión.

Así fue: tal como lo hizo el PAN a nivel nacional al promover la acción de inconstitucionalidad de la reforma electoral impulsada por Morena, por los cambios aprobados en el Congreso de Guanajuato la dirigencia nacional de Morena promovió la inconstitucionalidad de la reforma a la ley local en materia electoral basada en tres alegatos:

1. Violación al principio de parlamento abierto por no incluir la participación ciudadana en la discusión. Este supuesto se consideró sin fundamento por la Corte, al señalar que el parlamento abierto consiste en la implementación del Observatorio Ciudadano Legislativo, mismo que funciona para evaluar el desempeño de cada diputado y diputada.
2. Morena reclamó que la opinión del estudio que hizo la Unidad de las Finanzas Públicas del Congreso sobre la reforma fue presentada en un corto plazo, lo que se puede traducir en falta de estudio y deliberación. Este supuesto también se declaró infundado pues la Ley Orgánica del Poder Legislativo no establece tiempos para que la unidad entregue opiniones.
3. Difusión del dictamen con menos de 24 horas de anticipación a la votación, sin justificar la premura para dispensar las 48 horas que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con las que se busca que diputadas y diputados conozcan, analicen y discutan la procedencia o no de una reforma. Por este supuesto se determinó la invalidez.

Ahora, el actual presidente del Congreso del Estado, el panista Miguel Ángel Salim, pide dar “vuelta a la página” en un intento por minimizar la resolución de la Corte.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, responsable de presentar el proyecto al Pleno de la SCJN, expuso que en el procedimiento que siguió el Congreso de Guanajuato "no se advierte razonamiento alguno sobre la necesidad de dispensa de 48 horas".

Incluso, recordó que durante la sesión de Pleno en el Congreso de Guanajuato del 25 de mayo, diputadas y diputados denunciaron que no todo el pleno recibió el dictamen para poder leerlo, omisión que intentó cumplirse con la lectura de todo el dictamen durante más de 4 horas.

"La lectura no convalida el vicio detectado, dado que el conocimiento oportuno del dictamen legislativo y los documentos relevantes por parte de todas y todos los representantes populares garanticen las pre condiciones mínimas para una deliberación parlamentaria, y por tanto deben considerarse una garantía orgánica de las condiciones tituladas constitucionalmente de validez de un procedimiento legislativo, pues el conocimiento oportuno permite una reflexión informada", señaló el ministro durante la sesión del 21 de septiembre.

La primera parte de la votación se dio hace una semana, con la participación de 8 ministras y ministros, cinco votaron a favor de declarar la invalidez de la reforma y tres en contra. Por la ausencia de dos ministros y una ministra, la presidenta, Norma Lucía Piña propuso esperar hasta el jueves 28 de septiembre para dar salida al asunto y que las tres personas que faltaban pudieran votar.

Así, enlistado en el primer punto del orden del día de la sesión del jueves 28 de septiembre, los dos ministros y la ministra que no habían votado una semana antes, se pronunciaron por la invalidez de la reforma.

"El oficio emitido por el secretario general del Congreso donde se notificó la aprobación por parte de la Junta de Gobierno y Coordinación Política sobre la dispensa de trámites a la iniciativa omitió absolutamente cumplir con la obligación constitucional de fundar y motivar la condición de urgencia, razones suficientes para declarar la invalidez de la ley combatida", aclaró el ministro Alberto Pérez Dayán, al votar a favor de la invalidez de la reforma electoral de Guanajuato.

Alejandro Arias, Gustavo Adolfo Alfaro y Christian Cruz. Los dos primeros diputados priistas, el último secretario general del Congreso. Fotografía especial

Alcances de la resolución

Si bien, la SCJN resolvió que por las irregularidades en el proceso legislativo se tenía que declarar la invalidez de la reforma, decidieron conservar los tiempos electorales por dos razones: la primera porque Morena no solicitó el cambio de fechas al promover la acción de inconstitucionalidad y la segunda para no generar mayor incertidumbre jurídica.

Uno de los propósitos del PAN con la reforma era aplazar el inicio del proceso electoral programado, previo a las modificaciones fast track, para la primera semana de septiembre. Con las modificaciones a la legislación local se pudo ampliar el plazo para la última semana de noviembre.

El cambio de fecha para el inicio del proceso electoral benefició, principalmente, a Libia García Muñoz Ledo, aspirante a la candidatura del PAN a la gubernatura, al poder mantenerse en el cargo de secretaria de Desarrollo Social y Humano, lo que denunció la oposición cuando se aprobó la reforma.

Tras la discusión en la SCJN se mantiene la fecha del 25 de noviembre para el inicio del proceso electoral, y en el informe que mandó a la Corte la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) explicó que diversas actividades se ajustaron a los tiempos establecidos en la reforma.

"Tomando en consideración que el accionante (Morena) no impugnó esa modificación en particular, advirtiendo que no será posible revivir la norma vigente con anterioridad a la emisión del decreto impugnado y a fin de evitar generar una situación de mayor incertidumbre jurídica… se determina que la invalidez detectada no debe surtir efectos inmediatos sobre esa norma, a efecto de mantener la fecha para el inicio del proceso electoral 2023-2024 hasta que haya concluido el proceso electoral", explicó el ministro Pardo Rebolledo.

Aunque la ministra Norma Lucía Piña y el ministro Luis María Aguilar se pronunciaron por la invalidez total de la reforma, incluyendo el inicio del proceso electoral apostando a que el IEEG estableciera los nuevos tiempos, la propuesta no fue aprobada por la mayoría del Pleno.

Fechas establecidas para el proceso electoral. Imagen Juan José Plascencia

Entre los temas que sí quedan sin efecto por la resolución de la Corte está la modificación al artículo tercero de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales que propicia, de acuerdo con la diputada Yulma Rocha Aguilar, mayor permisividad para realizar actos anticipados de campaña.

Con las modificaciones que ya fueron invalidadas por la SCJN se hacía más laxa la norma para evadir sanciones por actos anticipados, porque los diputados locales habían agregado que para considerarse como actos anticipados, las expresiones de aspirantes tenían que contener directa y explícitamente los llamados al voto en contra o a favor.

También quedó sin efecto la eliminación de las Juntas Ejecutivas Regionales del IEEG. El PAN pretendía eliminar dichas juntas, pese a la resistencia del órgano electoral local, pero con la acción de inconstitucionalidad seguirán operando.

Una vez que termine el proceso electoral, los plazos para iniciar los próximos procesos electorales en noviembre quedarán inválidos.

Prevaleció la soberbia para sacar la reforma: oposición

La reforma electoral de mayo pasado fue la primera que salió sin el consenso de todas las fuerzas políticas en el Congreso local, por la premura y la falta de interés de la mayoría panista de socializar los cambios de última hora.

La iniciativa se presentó el 18 de mayo, apenas 12 días antes de que venciera el plazo para que una reforma pudiera ser aplicable al proceso electoral, y para el 25 de mayo ya la habían aprobado.

"¿Para qué sirvió entonces la prisa, el atropello, la falta de diálogo, acuerdos, y hasta el engaño?", cuestionó la diputada de Movimiento Ciudadana, Dessire Ángel Rocha, tras la resolución de la SCJN.

Luis Ernesto Ayala y Alejandro Arias, coordinadores del PAN y PRI en el Congreso local

La diputada Yulma Rocha Aguilar, la única de la bancada priista en oponerse a la reforma, recordó que la resolución de la Corte está fundamentada en todo lo que ella expuso en tribuna el día de la votación porque no solo se vulneró el proceso legislativo, sino que fue un documento mal hecho con errores de fondo y forma.

"La verdad es que es vergonzosa la exhibida que la Corte le ha puesto al estado de Guanajuato por estas mayorías mal entendidas, que justo las entienden para avasallar, en lugar de construir. Y hoy la realidad democrática exhibe a esta mayoría, solapada por tres diputados del PRI", señaló.

Rocha Aguilar aseguró que las personas responsables del desastre tienen nombre y apellido, porque al no hacerse las modificaciones necesarias a la legislación con el tiempo y el consenso, ahora tendrá que ser el IEEG el que emita acuerdos para subsanar las deficiencias en la norma.

Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario del PVEM, Gerardo Fernández González, reconoció que como Congreso local no se tuvo la capacidad para hacer las reformas electorales necesarias para dar claridad a la contienda para garantizar espacios a grupos vulnerables y todo tendrá que suplirse por acuerdos tomados desde el IEEG.

"Es muy lamentable ver que no estamos cumpliendo con la más importante de nuestras obligaciones que es la de legislar, parece que estamos más ocupados en la grilla y en los procesos electorales que en lo que nos toca”.

PAN pide dar vuelta a la página

Al reconocer que violentaron el proceso legislativo, el diputado panista Miguel Ángel Salim Alle, pidió que se de "vuelta a la página" y anunció que pasando el proceso electoral presentarán una nueva iniciativa para modificar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Imagen Juan José Plascencia

El también presidente del Congreso del Estado aseguró que son respetuosos de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Lo que se hizo se hizo, está el resultado, le damos vuelta a la página, sabemos que los tiempos de precampaña que marca ahí la Ley son en el mes de noviembre, es un tema importante y todos los demás artículos que se derogaron hay que revisarlos, pero así es, yo te digo en concreto lo mismo, la Ley es la Ley, se respetan las instituciones, vamos a darle la vuelta a la página y a lo que sigue”, insistió.

En tanto, el secretario general del Congreso, Christian Cruz Villegas, confirmó que veían venir la resolución de la SCJN, porque además no existieron los consensos entre los diferentes grupos y la representación parlamentaria.

Además, dijo que es la oportunidad precisa para que se clarifiquen en la Ley Orgánica del Poder Legislativo cuestiones que no son parte de la normativa interna del Congreso en cuanto al proceso que debe seguirse.

"Perfeccionar no solamente el proceso legislativo, sino ponerle atención a las prácticas parlamentarias y en su momento y aprovechando que la Ley Orgánica está en revisión integral, creo que valdría la pena hacer ahí algunos ajustes conforme a esta resolución", consideró.