A casi tres años de que fue descubierta y denunciada la irregular venta del patio de juegos de un kínder público, en una subasta simulada por el ex tesorero Enrique Sosa para beneficiar al empresario Gabriel Padilla Cordero, el gobierno de Alejandra Gutiérrez Campos no logró concretar la devolución del predio.

La alcaldesa pidió licencia para buscar su reelección a fines de marzo; en su lugar quedó el secretario del Ayuntamiento Jorge Jiménez Lona, funcionario encargado de dar seguimiento al caso y reparar el daño, pero quien se ha visto atado de manos por la alambicada trama ideada por Sosa para despojar a la institución educativa.

En septiembre de 2021, POPLab reveló la operación que durante el segundo trienio de Héctor López Santillana y con anuencia de la SEG, maquinó la desafectación de un predio que formaba parte del patio de juegos de un preescolar público para ofrecerlo como un lote baldío en una subasta pública que pasó por el visto bueno de aquel Ayuntamiento. El terreno fue comprado por un hombre ligado al único vecino del preescolar Juan Aldama, el empresario Gabriel Padilla Cordero, quien de inmediato inició la construcción de la alberca de su residencia ubicada en exclusivo fraccionamiento Refugio Campestre.

Foto: Juan José Plascencia

Mientras que la devolución del predio al Municipio se encuentra detenida por la necesaria escrituración del predio a nombre del empresario, quien se hizo del terreno por medio de un prestanombres y que inició sin permisos la ampliación de su residencia-, los responsables del despojo han escalado en cargos públicos con el respaldo del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Enrique Sosa Campos, que como tesorero hizo pasar el predio por un lote baldío y al kínder como una institución que no iba a “prosperar” para afianzar la subasta, fue inmediatamente rescatado en la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable al finalizar su gestión con el trienio de Héctor López Santillana. En febrero pasado fue nombrado por el gobernador como subsecretario de gobierno.

De la investigación hecha por la Contraloría y las impugnaciones ante el Tribunal de Justicia Administrativa empujadas por el síndico José Arturo Sánchez Castellanos, el extesorero leonés y principal operador del despojo salió bien librado y actualmente ocupa el cargo de subsecretario de gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Sin ser investigado por ninguna autoridad ni mucho menos sancionado por una falta administrativa, el excalcalde Héctor López Santillana fue nombrado por el gobernador Diego Sinhue como director de Grupo Puerto Interior semanas después de concluir su trienio en León. En este complejo el funcionario alquila un piso de edificio G100 -propiedad de Padilla Cordero- como despacho y oficinas.

Enrique Sosa Campos. Foto: Especial

El pasado 22 de marzo, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos se separó temporalmente del cargo para arrancar su campaña por la reelección, y se fue sin haber concretado la devolución del predio pese a la supuesta voluntad manifestada por el empresario en un escrito entregado a la edil en 2022.

Durante los 27 meses que ocupó el cargo, la administración de Gutiérrez Campos respondió por momentos a la presión mediática del despojo, que fue concretado durante el segundo trienio de Héctor López Santillana y que POPLab hizo público en septiembre de 2021.

Por más de dos años, para las vecinas que organizadas se plantaron ante la administración para exigir respuestas y soluciones, el sentir del actuar de la alcaldesa ha estado lejos de la contundencia. “Se lava las manos diciendo que ella no puede involucrarse”, dijo Lupita a este medio.

Los entonces funcionarios subordinados del extesorero, Carlos Pimentel Faes y Jesús Álvarez Navarro, que ocuparon las titularidades de Control Patrimonial y Recursos Materiales, respectivamente, fueron los único servidores sancionados por el despojo. Su falta fue considerada como no grave por la Contraloría, por lo que obtuvieron una suspensión de cualquier cargo público durante un año entre 2022 y 2023.

Héctor López Santillana, sin culpas. Foto: México Industry

En entrevista para este medio, el alcalde interino y ex secretario de ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, reveló que antes de pedir licencia, la exalcaldesa le pidió solicitar por escrito la reescrituración de los poco más de 1 mil metros cuadrados a favor del municipio.

De acuerdo con el edil, el trámite no podría proceder hasta que Gabriel Padilla tuviera a su nombre las escrituras del terreno en el que inició la construcción de una alberca como parte de su propiedad, ubicada en el residencial Refugio Campestre. En 2020 el predio fue adquirido mediante subasta pública por un empleado del propietario de Grupo G100, identificado como Jorge Arnulfo Gutiérrez Álvarez Tostado.

“Definitivamente es un tema que debe quedar resuelto, es un tema que yo veo ya de voluntad y estaremos tomando la palabra él ofreció”, declaró.

Alejandra, distante

A inicios de marzo, Alejandra Gutiérrez se reunió con vecinos del residencial Refugio Campestre, quienes le externaron la necesidad de aumentar la altura de las bardas perimetrales por cuestiones de seguridad. La entonces alcaldesa además se comprometió a reactivar el área de donación que corresponde al residencial y que comparte con la colonia Mirador Campestre.

Vecinas de la colonia Mirador intentaron acercarse a la política con el objetivo de conocer el estado de la devolución del predio al kínder, así como para hacer de su conocimiento incidentes de seguridad ocurridos en la zona, pero de acuerdo con una de las vecinas, Gutiérrez Campos no mostró disposición a escucharlas.

“Ese día la buscamos para que se acercara con los del comité o ver qué sigue hacer, no se puede quedar todo olvidado, si están esperando a que se olvide, no sé, no le vi a la presidenta mucho interés en meterse en lo del kínder muy a fondo”, lamentó Lupita en entrevista para este medio.

Lupita es una de las vecinas que ha persistido en la exigencia de que se devuelva el predio al preescolar, pese a la campaña de lavado de imagen que hizo el propio empresario al remodelar el plantel con sus propios recursos. Para muchos padres de familia que han preferido no dar declaraciones, Gabriel Padilla es ahora una especie de benefactor.

Imagen: Juan José Plascencia

Desde 2020, cuando sin permiso de la dirección de Obra Pública el empresario comenzó el trazado de lo que sería la ampliación del patio de su casa, la comunidad de niñas y niños de Mirador Campestre no ha podido utilizar un aula de usos múltiples que forma parte de su área de donación. La zona ha estado ocupada por material, escombro y una letrina para los veladores de la obra que fue detenida en 2021.

Antes de aquella fecha, ahí se llevaban a cabo talleres y otras actividades para infancias y adolescencias de esta colonia que ha resistido en condiciones desiguales respecto a sus vecinos del residencial Refugio Campestre.

No obstante las desiguales condiciones de vida de ambas colonias y que el kínder Juan Aldama permanezca sin concluir, ni las vecinas ni el comité de Mirador Campestre han tenido atención directa por parte de Alejandra Gutiérrez, quien dejó el seguimiento del caso a cargo del Jorge Jiménez Lona.

“Ella debería tener comunicación para hacernos saber qué sigue con ese asunto, que lo dé a conocer, que sea público, ella se lava las manos diciendo que no puede involucrarse y ya casi se va y sigue con el argumento de que ella no tuvo que ver nada”, reclamó Lupita Ramírez.

Un mensaje de impunidad

“A mi se me hace que es un mal mensaje, porque la irregularidad que se cometió está acreditada, tan es así que el bien inmueble se va a regresar al municipio, y creo que obviamente el haber de alguna manera protegido o cobijado al servidor público no es una buena señal, aún y cuando los tribunales hayan determinado un opinión pues creo que los hechos son irrefutables”, dijo en entrevista para este medio el primer síndico, José Arturo Sánchez Castellanos, quien al inicio de la actual administración denunció ante la Contraloría el despojo al kínder Juan Aldama.

En septiembre de 2022, la Contraloría promovió un amparo ante un Tribunal Colegiado de Distrito luego de la determinación del Tribunal de Justicia Administrativa que dejó libre de sanción al extesorero Enrique Sosa Campos.

Desde su salida del municipio con el fin de la administración de Héctor López Santillana, el funcionario navegó en distintos cargos en la Secretaría de Desarrollo Económico del estado, pese a estar sujeto a una investigación administrativa. En un inicio, fue nombrado director de prospección laboral y posteriormente escaló a la subsecretaría de empleo y formación formal.

José Arturo Sánchez Castellanos. Foto: Melissa Esquivias

En 2022 y tras ser exonerado por el Tribunal de Justicia Administrativa, Enrique Sosa se presentó como víctima ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde el procurador Vicente Esqueda acreditó que el funcionario fue agraviado por los dichos de servidores públicos del municipio leonés. En medios de comunicación incluso declaró ser blanco de una persecución política, mientras que la Contraloría pelea un amparo para sostener su resolución, que acreditaría como grave la falta cometida por Sosa Campos.

Los movimientos políticos de este año electoral, favorecieron a Sosa Campos; con la salida de José Luis Manrique de la subsecretaría de gobierno, el extesorero fue designado para esta encomienda nuevamente con el respaldo del gobernador Diego Sinhue Rodríguez.