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Derechos humanos no es prioridad: PAN retrasa proceso para elegir ombudsperson
Espadas Galván asegura que no hay plazo legal, al cumplirse 4 años de elección del anterior procurador; “desastre” gestión de Vicente Esqueda, califican activistas, piden perfil no oficialista
La gobernadora Libia Denisse García apostó por crear una secretaría “de Derechos Humanos” que atienda a los grupos históricamente vulnerados, pero la Junta de Gobierno del Congreso del estado, encabezada por Acción Nacional, ha dilatado el nombramiento de la próxima persona al frente a la Procuraduría de los Derechos Humanos, pese a que la institución es dirigida por un secretario en funciones de ombudsperson interino.
La institución vive una crisis: han caído las recomendaciones emitidas, pese al incremento sostenido de violaciones a derechos humanos; Vicente Esqueda fue el primer ombudsperson afiliado al PAN y se mantuvo cercano al gobierno de ese partido; finalmente, dejó inacabada su gestión al abandonar el cargo por una magistratura, en medio de una crisis de violencias cometidas desde el Estado.
“Fue un desastre el último periodo de la Prodheg. No se hizo lo que se tenía que hacer, no se atendieron los temas coyunturales, se sigue diciendo que Guanajuato es un lugar muy tranquilo cuando estamos rodeados de asesinatos y desapariciones”, dijo en entrevista para POPLab Sergio Arellano Rabiela, académico y director del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos.
A solo seis semanas de que venza el plazo de ley para designar al la persona titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Jorge Espadas Galván, no ha iniciado el proceso para nombrar a la próxima ombudsperson, que ocupará el cargo durante los próximos cuatro años.
En su artículo 14, la Ley para la Protección de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, establece que “ el Procurador durará en sus funciones cuatro años, y podrá ser ratificado por el Congreso del Estado exclusivamente para un segundo período, previa solicitud de su órgano de gobierno y dictamen de la comisión legislativa que determine la Ley Orgánica del Poder Legislativo”.
Desde junio pasado, el organismo quedó acéfalo luego de que el ombudsman panista, Vicente Esqueda Méndez, fue colocado por el exgobernador Diego Sinhue en una magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
Cuestionado por POPLab, el coordinador panista Jorge Espadas Galván, presidente de la Junta de Gobierno, dijo que el tema “será revisado la próxima semana” y negó que la ley marque un plazo de cuatro años para la designación de la persona titular que vencería el próximo 15 de diciembre.
“Ese plazo no viene en ley según yo, pero es parte del análisis. Sin embargo, si la ley marca eso que tú señalas, hay que cumplir”, respondió a esta reportera a través de un mensaje de Whatsapp.
Mientras que a cargo de la Prodheg quedó el secretario general, Eliseo Hernández Campos, quien ha compartido trayectoria con Esqueda Méndez desde hace más de una década, organizaciones civiles y personas defensoras han exigido que el proceso de designación sea un ejercicio de escucha en el que prevalezca el perfil y la experiencia en materia de derechos humanos que exige el organismo. Pero también, la independencia del partido en el poder.
“Lo mismo que se está proponiendo para la CNDH aplica para la Prodheg, que es la ausencia de conflicto de interés o prácticas que puedan generar corrupción, independencia política y partidista, independencia religiosa o ideológica e independencia del ejercicio de sus funciones. En Guanajuato no queremos a una persona ligada al partido gobernante a cargo de la Procuraduría”, dijo en entrevista para POPLab el académico e integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia, Raymundo Sandoval.
En 2021, POPLab documentó la “empanización” de la Procuraduría tras el nombramiento de Esqueda Méndez, periodo en el que fueron contratados en el organismo defensor de derechos humanos al menos ocho funcionarios militantes de Acción Nacional en altos puestos sin cumplir con el perfil requerido.
La salida del ombudsman trajo como consecuencia movimientos en los altos cargos de la Prodheg. La panista Marisol Hernández Pérez, hasta hace unos días secretaria administrativa del organismo, fue nombrada subsecretaria de Inclusión de Inversión para el Desarrollo Social en el gobierno de Libia García. Dicha área pertenece a la Secretaría del Nuevo Comienzo, antes Desarrollo Social y Humano, y que es encabezada por Rosario Corona Amador, funcionaria del círculo cercano de la gobernadora; Rosario y Vicente Esqueda son esposos.
Asimismo, el exalcalde de Yuriria y político panista Artemio Torres Gómez, quien fue director del archivo general de la Prodheg, fue nombrado director general administrativo del Congreso local.
Ambos funcionarios, junto con el encargado de despacho de la Prodheg, Eliseo Hernández Campos, han permanecido cercanos a Vicente Esqueda desde su época como magistrado titular de la segunda sala en el TJA, entre 2010 y 2017.
Piden ONGS designación transparente
Para Raymundo Sandoval, académico y defensor de derechos humanos, la designación de Vicente Esqueda Méndez en 2020 marcó un precedente de opacidad en el proceso que establece la Ley de Derechos Humanos. El voto discrecional de los legisladores y la poca transparencia de los criterios que motivaron la elección del panista como ombudsman, son aspectos que no deberían repetirse.
“El Congreso debe establecer una convocatoria que incluya un parlamento abierto y la participación amplia de todos los sectores, que haya deliberación al momento de las entrevistas, que la sociedad civil en vivo tenga oportunidad de preguntar y poner estudios de caso para las personas candidatas”, explicó.
A nivel nacional, el proceso de selección de la persona titular de la Comisión de Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha servido para que personas defensoras y organizaciones civiles establecieran características sustantivas para la valoración de perfiles que, de acuerdo con Raymundo Sandoval, deben ser referentes para las designaciones de los órganos de derechos humanos en los estados.
En el caso de Guanajuato, el académico plantea además una evaluación del trabajo del exprocurador, Vicente Esqueda Méndez.
“Fue un procurador que tuvo una actuación totalmente parcial con el gobierno del estado, sobre todo con la Fiscalía de Carlos Zamarripa, y aunque no ocupó un cargo partidista en los últimos cinco años, sí fue un militante panista y dirigente del partido en Guanajuato”, señaló.
En los tres primeros años de Vicente Esqueda como procurador, la Prodheg inició 1 mil 62 expedientes de queja contra la Fiscalía General del Estado, de los cuales sólo 38 casos concluyeron en recomendaciones al fiscal Carlos Zamarripa. Las cifras pueden compararse con el periodo del exprocurador José Raúl Montero de Alba, que con 854 expedientes iniciados, emitió 216 recomendaciones.
Procuración con mirada partidista
Para Verónica Cruz Sánchez, defensora y directora del Centro Las Libres, desde la creación de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Guanajuato, el organismo no ha contado con un titular que cumpla con el perfil de “ser un contrapeso hacia el poder, pero sobretodo una personas defensora de la gente indefensa frente a los abusos del poder, del gobierno y de sus actores”.
Por el contrario, la activista sostuvo que existe una tendencia para designar a personas afines al partido en el poder. La Prodheg fue creada por iniciativa de ley en 1992, durante el gobierno de Carlos Medina Plascencia, quien fue el primer gobernador de Acción Nacional en la entidad.
“Aunque en sus primeras designaciones intentamos las organizaciones plantear los mejores perfiles, siempre ha sido el gobierno del estado y sus respectivos gobernadores quienes terminan eligiendo a quien dirige esa procuraduría, entonces sus resoluciones no van a ser contundentes, independientes, y no van a ser precisamente para defender a las víctimas, sino seguir cubriendo muchas violaciones a derechos del propio Estado”.
Pese a contar con una oposición consolidada en el Congreso local que arrebató la mayoría a Acción Nacional, Verónica Cruz compartió a POPLab que el grupo conformado por las bancadas de Morena, el PT, Partido Verde y Movimiento Ciudadano en el legislativo guanajuatense han mostrado “tibieza y desconocimiento de los procesos legislativos que implican la defensa de los derechos humanos”.
“Siempre van atrás o solo reaccionando tarde, sin proponer realmente cosas que vayan abanderando un avance más progresivo, se van quedando en los límites y en lo que les va dejando hacer el PAN; si fueran una oposición mucho más avanzada, progresista, no tendríamos que estar discutiendo ésto, porque estarían dando la batalla en el Congreso”, declaró.
Respecto a la gestión de Vicente Esqueda Méndez, Verónica Cruz criticó la renuncia anticipada del ombudsman, quien dejó el cargo por una magistratura en el TJA en junio pasado, y declaró que el exprocurador demostró “cero compromiso” con la defensa de los derechos humanos al abandonar el cargo a seis meses de concluir su encomienda. Y reiteró que las resoluciones emitidas durante el periodo del ahora magistrado “pasaban por el tamiz” del gobierno en turno, consecuencia de la alianza orgánica de Esqueda Méndez con Acción Nacional.
Prodheg: en declive
Para Sergio Arellano Rabiela, quien en 2020 fue aspirante para convertirse en titular de la Prodheg, la cercanía de Vicente Esqueda con Acción Nacional evidenció nuevamente cómo el organismo es utilizado como trampolín político y para sus procuradores. Pero también, cómo el organismo se ha quedado en el camino de ser un “contrapeso real” a los abusos del gobierno y sus instituciones.
“Tenemos un organismo que con un buen presupuesto se dedicó a hacer cursos y otras actividades. Nunca se trabajó una política preventiva que pudiera ayudar al gobierno a actuar en consecuencia de sus acciones. Sólo demostró la incapacidad del titular para alcanzar un avance importante en el estadio en materia de derechos humanos”.
El investigador apuntó finalmente que “la intromisión” del titular del Ejecutivo estatal y la alineación del Congreso para nombrar a perfiles afines al gobierno, ha quebrado la confianza de la ciudadanía en las instituciones y de las personas expertas que han aspirado a estos cargos para participar en los procesos de designación.
30 de octubre de 2024, 12:03
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