Mucho se ha criticado a la actual administración federal, por crear una serie de programas de apoyo a los sectores más desprotegidos de la sociedad, personas de la tercera edad -adultos mayores en plenitud- jóvenes, y en general personas que se encuentran en el umbral de la pobreza, la crítica principal es que se identifica a este tipo de apoyos con el despectivo mote de “populismo”, se acusa de que los programas gubernamentales son clientelares, porque crean una base de votantes para que en futuras elecciones, el partido en el poder lo conserve.

Es probable que un efecto secundario de este tipo de programas sea efectivamente el crear un voto duro, así lo observamos durante las décadas que gobernó el Partido Revolucionario Institucional, y así también lo observamos en el Estado de Guanajuato, donde por más de 30 años el Partido Acción Nacional ha seguido el mismo patrón, de crear grupos clientelares, inyectando ingentes cantidades de recursos públicos para ganarse la simpatía de quienes menos tienen, sin embargo seamos francos, las dádivas que reciben estos grupos sociales son “migajas” y no desaparecerán, porque se encuentran muy arraigados dentro de la cultura política mexicana; actúan de esta forma los gobiernos municipales, los estatales y el federal.

Ilustración: Pinche Einnar.

Para quienes habitamos en el Estado de Guanajuato no es ningún secreto que los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional cogobiernan con grupos fácticos, tales como la poderosa iglesia católica pero sobre todo, con los grandes empresarios. Muchas de las políticas públicas se diseñan con el visto bueno de los hombres del dinero, estamos hablando de empresarios con una capacidad económica alta, no de los medianos, pequeños, ni de los microempresarios.

Estos grupos empresariales se han disfrazado de ciudadanos de a pie y forman parte de la gran mayoría de los consejos "ciudadanos", en donde se toman decisiones administrativas y políticas, los observamos en una gran cantidad de organismos descentralizados, como por ejemplo el SAPAL en León, pero también están en aquellos organismos que diseñan los planes y el desarrollo de las ciudades, como los Institutos Municipales de Planeación, y en gran cantidad de otras entidades que simulan la participación ciudadana, pero que en realidad están controlados por el propio gobierno; es muy remota la posibilidad de que en este tipo de organismos se encuentren representantes de la sociedad civil que no pertenezcan a este gremio, o al menos que cuenten con el aval de esta clase empresarial, sin ser empresarios, ejemplo de esto último lo tenemos en el Comité de Selección del Comité de Participación Ciudadana.

Después de todo este preámbulo paso a referirme al caso más reciente, que considero prueba mi hipótesis: el pasado 25 de agosto fue dado a conocer a través de diversos medios de comunicación el inicio de la construcción de la “Torre Bajío Concamin” en Guanajuato, que será sede “para aquellos organismos empresariales que no cuenten con un espacio para su operación” (sic), será un edificio moderno de 8 pisos, con un centro de inteligencia y salas de capacitación, la inversión estimada es de $30 millones de pesos, pero no todo el dinero será invertido por los propios empresarios, el Gobierno del Estado aporta la cantidad de $12 millones de pesos a fondo perdido, es decir, que este regalo millonario no tendrá un retorno para las arcas públicas.

Según el Boletín Oficial, “La gestión para contar con esta torre ha sido una constante del Coordinador de Concamin Bajío, Ismael Plascencia Núñez, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado (SDES) de Guanajuato. Cabe señalar que la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) Bajío destaca como el organismo de representación de los sectores industriales y actividades económicas de alta trascendencia en la región para el desarrollo de México”.

Con la intención de transparentar el por qué de ese tipo de apoyos a los que más tienen, se efectuó una consulta de acceso a la información, en la que se pidió conocer ¿Cuál es el marco legal para otorgar este tipo de apoyos económicos?, la respuesta se sustenta en las “reglas de operación de fortalecimiento a las micro pequeñas y medianas empresas para el ejercicio fiscal 2022”, también se pidió conocer cómo será el aprovechamiento el edificio, la respuesta es que será el propio CONCAMIN nadie más podrá tener ningún tipo de intervención en la administración del inmueble, su regularización quedará a cargo del propio organismo empresarial y será destinado conforme a sus propios estatutos, la justificación política se sustenta en que "es un apoyo que contribuye a fortalecer la presencia y participación de los organismos y cámaras empresariales de Guanajuato, es una inversión para impulsar a los distintos sectores económicos del Estado de Guanajuato, las cámaras y organismos empresariales contribuyen a su vez a alcanzar los objetivos de desarrollo económico, impulsando la productividad, competitividad y mejora regulatoria, este tipo de apoyos que otorga la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable es necesariamente a través de cámaras y organismos empresariales para la atracción de inversiones y/o de proyectos estratégicos”.

Más allá del cuestionable impacto en la atracción de inversiones, que no se ha traducido en bajar los índices de pobreza en Guanajuato, pues seguimos siendo un polo de atracción de inversiones por tener mano de obra barata y calificada, la realidad es que los objetivos empresariales no se traducen en bienestar para el resto de la sociedad, mantenemos una brecha enorme entre los más ricos y los cada vez más pobres, pero de este tema no se trata esta aportación, sino de analizar la justificación del Gobierno del Estado para seguir invirtiendo y apoyando a quiénes más dinero tienen.

El primer cuestionamiento que no se transparenta es precisamente que el organismo empresarial no justifica la necesidad de recibir $12 millones de pesos en forma totalmente gratuita, es de elemental entendimiento que los apoyos se dan a quienes realmente lo necesitan y en el caso concreto, no existe algún análisis o justificación para pedir y recibir este apoyo, por lo que estamos entonces ante un acuerdo cupular entre empresarios y gobierno, en el que no se justifica la necesidad.

El segundo cuestionamiento es que se está aportando dinero público para beneficio exclusivamente de particulares y no existe un control gubernamental para que se pueda fiscalizar -una vez terminada la obra- que efectivamente el edificio será para los fines del objeto social de esta asociación civil, el gobierno entrega el dinero y pierde el control, lo que nada impide que el día de mañana este edificio de oficinas pueda ser explotado mediante la renta de los espacios, obteniendo un lucro, y sobre este tema no existirá ninguna regulación.

El tercero y último cuestionamiento: ¿De qué manera se garantiza que esta aportación millonaria se traducirá en conseguir los objetivos del desarrollo económico que se ha planteado el Gobierno del Estado?, ¿cómo se podrá comprobar que este tipo de inversiones en realidad se traducen en un mayor incremento de la competitividad y productividad en el estado? La respuesta es que no hay forma de demostrarlo, la justificación dada por el Gobierno del Estado es simplemente dogmática, se asevera en el discurso que esto será para bien de todos, el problema es que no hay forma de verificarlo.

En Guanajuato se pregona una lucha contra el populismo que aparentemente lleva a cabo el Gobierno Federal, el problema es que aquí la ecuación es a la inversa, quienes reciben los mejores apoyos son los que más tienen, y queda nuevamente la interrogante, ¿cómo se le llama en forma peyorativa, a este contubernio entre el gobierno y los grandes empresarios?