El 21 de noviembre de 2023, fue asesinado Adolfo Enríquez Vanderkam en León, Guanajuato, éste se definía como activista social y participaba activamente en la denuncia de hechos delictivos en dicha ciudad desde hacía varios años. Usaba Facebook, Twitter y Telegram como sus principales plataformas informativas, su fuente de información principal eran las denuncias ciudadanas, pero hay que reconocer que también se alimentaba de datos provenientes de fuentes policíacas.

La ONUDH ha señalado lo grave del asesinato y ha condenado que haya sido víctima de los mismos hechos que pretendía combatir: los homicidios dolosos que se acumulan de manera cotidiana en Guanajuato. Las autoridades en cambio, han utilizado eufemísticamente la frase “perdió la vida” o “murió” para evadir el costo político de un asesinato que debieron prevenir.

Soy testigo de la presión oficial y de las amenazas que Adolfo experimentó desde 2017. Aunque él no se definía a sí mismo como defensor de derechos humanos sino como activista social, es necesario decir que la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos” o Declaración de Personas Defensoras Defensoras señala que se adquiere la calidad de persona defensora a través de la identidad y de la práctica, es decir, que por autodefinición o por las actividades que se realiza, se debe considerar la labor como de defensa de los derechos humanos. Desde esa óptica Adolfo era defensor de derechos humanos y deben seguirse los protocolos para la investigación en ese marco.

Adicionalmente, es importante reconocer que el trabajo de Adolfo se hacía en el marco de la libertad de expresión, al difundir información de interés público y al utilizar las redes sociales, se refuerza también la obligación de utilizar el “Protocolo Homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión” de la FGR. Con el asesinato de Adolfo, se afecta el derecho a saber y a recibir información de la sociedad leonesa. Las muestras de solidaridad no son sólo una expresión del enojo por el hecho en sí mismo, sino por el vacío informativo que se generará con su asesinato.

Finalmente, es importante señalar que tanto la Comisión como Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que: “la impunidad (entendida como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena) propicia la repetición crónica de violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares. La impunidad es una de las causas que posibilita la continuidad de actos de hostigamiento, ataques y asesinatos contra personas defensoras, incrementa la situación de indefensión y desprotección en la que se encuentran y tiene un efecto amedrentador e intimidatorio en ellas, en otros defensores y defensoras, en las personas que acuden a ellos y quienes estén vinculados a su trabajo[[1]](#_ftn1).”

Por lo anterior, me sumo a la exigencia de sanción a los responsables del asesinato de Adolfo, como una manera de no repetición de las agresiones a personas defensoras de derechos humanos en Guanajuato. De los 13 casos de asesinatos documentados por ONUDH, 2 han sucedido en esta entidad, y el primero de ellos, el de Teresa Magueyal sigue en la impunidad.

[1][1][1] Directrices básicas para la investigación de delitos contra personas defensoras de derechos humanos en el Triángulo Norte, 2021