La semana que termina, presenté una queja en línea en la CNDH contra la inacción de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) que, desde hace un año, investiga presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por la Fiscalía de Guanajuato en mi contra. En una reunión llevada a cabo un año antes, la entonces Fiscal especializada en desaparición señaló:

“Manipulas a las víctimas, tienes intereses políticos”

Más allá de la resolución a la que llegué la PRODHEG es interesante analizar qué hay detrás de la afirmación de la entonces funcionaria.

Primero que nada, hay que mencionar que el acompañamiento que se realiza a las familias de personas desaparecidas desde 2018 ha permitido que éstas fortalezcan su acción, lo que tiene un fuerte componente político ya que cuestiona las malas prácticas y las omisiones institucionales del poder establecido. Es decir, las personas defensoras sí tenemos un interés político, en el sentido de cuestionar al Estado que apoya y autoriza la desaparición de personas.

Segundo, desde 2018 se cuestionó la falta de independencia de la Fiscalía a través de un juicio de amparo colectivo que impugnaba la designación del titular. Uno de los argumentos era sus vínculos con el partico político dominante durante varias administraciones. Ese es un interés político-partidista, del que el denominado #FiscalCarnal no se ha podido despegar, incluso se ha afianzado como un suprapoder incluso por encima del propio Gobernador y del Congreso del Estado.

De ese interés político hablaba la exfuncionaria: el partidista, el que se alinea con el poder político del gobierno en turno, como sucede con el Fiscal de Guanajuato. Ese poder no lo hacemos propio las personas defensoras de derechos humanos que nos definimos como apartidistas.

Las personas defensoras de derechos humanos sí tenemos intereses, que van desde el combate a la impunidad, hasta el fortalecimiento de los procesos de organización a incidencia de las familias de personas desaparecidas, en un contexto de revictimización y de campañas de desprestigio. Participamos del proceso en el que las víctimas indirectas se convierten en personas defensoras de derechos humanos, en el que participan en procesos organizativos y de construcción de memoria, pese a la resistencia estatal de reconocerles como parte de identidades y prácticas que no son sólo las de víctimas pasivas.

La descalificación de la entonces funcionaria no es aislada, es parte de una campaña de desprestigio que la Fiscalía ha iniciado contra quiénes acompañamos a las familias de personas desaparecidas. Lo hizo también con una buscadora por las mismas fechas (Ver) lo que constituye un patrón que debe ser analizado desde la responsabilidad institucional.