La futura Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, cuyo titular será José Merino, no sólo establecerá las políticas de inclusión digital, gobierno digital y telecomunicaciones de la administración pública federal, sino también las correspondientes a la radio y la televisión, es decir, de los medios públicos federales.

De acuerdo con la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, enviada la semana pasada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados, la nueva dependencia tendrá entre sus facultades “Elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del Gobierno Federal” (artículo 42 Ter, fracción III).

De esta manera, la súper agencia digital podrá definir la ruta de Canal 22 y Radio Educación, adscritos a la Secretaría de Cultura; de Once TV y Radio IPN, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas (SRCI), del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Lo mismo puede ocurrir con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) y el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), como órganos descentralizados de la administración pública federal, no sectorizados y con autonomía de gestión, pero en todo caso dependientes del gobierno federal.

La facultad que se trasladará al nuevo ente actualmente la tiene la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en el artículo 36 de la ley citada. La iniciativa presidencial propone la derogación de ese texto para dar congruencia a la misión encomendada a la agencia.

La SICT, antes SCT, no ejerció su atribución en radio y televisión. En la práctica, las decisiones más importantes o estratégicas de los medios públicos federales eran tomadas en la oficina de comunicación social de Presidencia en coordinación con las personas titulares de las dependencias y en su caso órganos descentralizados que operan las concesiones de ambos medios electrónicos.

¿Esto cambiará? Suponemos que sí. De lo contrario, no se habría propuesto la reforma en esta materia.

José Merino tendrá así la enorme responsabilidad de llevar a cabo los ejes generales (las políticas) sobre el futuro de los medios públicos federales, en cuanto a cobertura, reorganización administrativa, convergencia tecnológica, entre otros. Para ello se requerirá un diagnóstico profundo sobre la situación actual de estos medios de comunicación y cómo llevarlos al segundo piso de la transformación de la mano con las políticas inherentes a la conectividad, con el propósito de “garantizar el uso de la tecnología al servicio del pueblo de México”, como se describe en la iniciativa.

DEL IFT A LA SICT

Y mientras se dictamina la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, paralelamente se trabaja en la reforma constitucional que busca desaparecer órganos autónomos.

Como se sabe, las facultades regulatorias del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pasarían a la SICT.

De concretarse la reforma en estos días, como lo anunció el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, la agencia digital será la responsable del diseño y ejecución de las políticas públicas en telecomunicaciones, inclusión digital y radiodifusión exclusivamente del gobierno federal, mientras que la SICT será la autoridad reguladora de todo el sector de radio, televisión y telecomunicaciones: concesiones de frecuencias, de redes, competencia económica, calidad de los servicios, aspectos técnicos, etc., así como de la tutela de los derechos de usuarios y audiencias.

Vendrá un debate intenso sobre la pertinencia de extinguir al IFT. Aquí hemos comentado que esa reforma no es a nuestro parecer la más adecuada y que se pudo fortalecer la institución con una reorganización administrativa, austeridad en el uso de los recursos públicos, procedimientos más rigurosos en la elección de los comisionados para evitar conflictos de interés, entre otras acciones. Sin embargo, todo parece indicar que no habrá reversa.

CEPROPIE REGRESA A SEGOB

Otra decisión estratégica en la iniciativa presidencial consiste en regresar a la Secretaría de Gobernación (Segob) el control del Centro de Producción de Programas Informativos Especiales de México (Cepropie), encargado de la producción de la conferencia mañanera y de realizar el registro audiovisual de las actividades de la Presidencia de la República y otras dependencias.

En el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, Cepropie fue incorporado a la Oficina de la Presidencia de la República. Sin embargo, de acuerdo con el Informe de Gestión Gubernamental 2018-2024 de ese órgano, tal medida generó un problema administrativo durante varios, que no se resolvió:

“Derivado de la entrada en vigor del Reglamento Interior de la Segob vigente, a partir del 31 de mayo de 2019, la transferencia de recursos y facultades del Cepropie a favor de la Oficina de la Presidencia de la República no se ha concretado”, dice el documento.

Posteriormente se buscó reubicar en Segob a través de una modificación al Reglamento de dicha dependencia, pero también se mantuvo pendiente la reforma. “Dicho escenario -dice el informe- representa un impedimento normativo y administrativo, que imposibilita a este desconcentrado tener una sectorización definitiva”.

Con el cambio a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal el problema no sólo quedará resuelto, sino que dará más poder a la Segob, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, en cuanto a la conducción de las políticas de comunicación social del gobierno federal.

Recordemos que con base en la ley, esta dependencia también es la responsable de conducir “las relaciones con los medios masivos de información”, administrar el tiempo que dispone el Estado en radio y televisión (salvo en los procesos electorales), así como autorizar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Asimismo, es la encargada de “vigilar que las publicaciones impresas y las transmisiones de radio y televisión, así como las películas cinematográficas y los videojuegos, se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito, perturben el orden público o sean contrarios al interés superior de la niñez”.

Todas estas facultades, poco ejercidas en la administración anterior, tendrán hasta donde sabemos un empuje en el nuevo gobierno, con el fin de tutelar de manera más efectiva los derechos humanos y mejorar sus estrategias de comunicación con la ciudadanía.