El abogado Juan José Hernández Torres, asesor legal de las víctimas del fraude inmobiliario del despacho Punto Legal -que acumula más de 300 personas afectadas- fue privado de la vida, convirtiéndose en el cuarto profesionista del derecho asesinado en menos de nueve meses en el municipio de León.

Estos crímenes han tenido lugar durante una imparable crisis de inseguridad en León, que cerró el año 2023 con más de mil homicidios dolosos -de acuerdo con el conteo del diario AM- colocándolo como el año más violento en la historia reciente del municipio.

El abogado Juan José Hernández Torres, que desde inicios de 2023 figuró como asesor de algunas víctimas de ventas fraudulentas de inmuebles, fue reportado como desaparecido la mañana de este jueves 4 de enero. Su cuerpo fue hallado la mañana del viernes en las inmediaciones de la comunidad de San Juan de Otates con visibles huellas de violencia.

Punto Legal, el megrafraude. Foto: Fabián Sánchez

Un día antes y tras seis meses de receso, se reanudaron las audiencias de vinculación a proceso por el fraude que presuntamente involucra a otros integrantes de la familia del detenido, identificado como Edgar Francisco.

Pero este crimen no es el único que ha azotado a la comunidad de profesionistas del derecho del municipio de León ni del estado de Guanajuato. Apenas en la víspera del año nuevo, el abogado Omar Ramírez Guerrero fue asesinado a balazos en un parque de la colonia Villa Magna, donde se ejercitaba en compañía de su familia.

A decir de los profesionistas del derecho, esta actividad se ha convertido en una de alto riesgo en el estado de Guanajuato y en el municipio de León, donde de acuerdo con el Observatorio Ciudadano local, más de dos terceras partes de los asesinatos se han tratado de ataques directos.

A través de un posicionamiento, la organización colectiva de Abogados Independientes -que agrupa a 372 profesionistas a nivel estatal- condenó el asesinato del abogado Juan José Hernández y exigió a las autoridades condiciones para ejercer su profesión.

Abogado Juan José Hernández Torres

A la par, los integrantes del colectivo hicieron un llamado para reconocer la falta de resultados de las estrategias de seguridad pública, lo que implicaría “la sustitución de los titulares de las dependencias encargadas de seguridad pública y procuración de justicia”.

Ante la ola de violencia y el temor de que sus casos continúen en la impunidad, las víctimas del fraude de Punto Legal convocaron a una manifestación este lunes en punto de las 9 de la mañana, y extendieron la invitación al gremio de abogados para sumarse a la exigencia de justicia por el asesinato de Juan José Hernández.

Sin condiciones para ejercer el derecho

“Al día de hoy sí tenemos miedo la gran mayoría”, lamentó el abogado Roberto Saucedo en entrevista para POPLab, donde enfatizó que el derecho ha pasado de una noble profesión a una actividad de alto riesgo dentro del contexto violento de la entidad.

En los últimos cinco años, al menos siete profesionistas del derecho han sido privados de la vida de manera violenta en el municipio de León. No obstante, los crímenes contra integrantes de este gremio han tenido lugar en municipios como Celaya, Irapuato, Pueblo Nuevo, Comonfort y Guanajuato capital.

“Esta profesión no era de alto riesgo, es una profesión muy noble, simplemente representamos los intereses de alguien que necesita recuperar su patrimonio, recuperar la libertad, regularizar un inmueble, pues básicamente es para poder representar a personas que necesitan un servicio jurídico; entonces no debería de representar riesgo para el profesional”, manifestó Saucedo Pimentel.

Ilustración: Juan José Plascencia

De acuerdo con el abogado y activista, el crimen organizado ha logrado infiltrarse en las instituciones de procuración de justicia, donde buscan la resolución de problemas legales mediante amenazas o actos intimidatorios, lo que genera situaciones de riesgo para los profesionistas del derecho.

“Eso es lo que nos toca a nosotros como gremio, vigilar y tomar en cuenta, pero ahora en la cancha de la autoridad, la profesión se ha vuelto tan riesgosa que en este momento no hay buenas condiciones para poder ejercerla”, dijo.

No obstante, Saucedo agregó que el riesgo se incrementa con los profesionistas que ejercen en el campo del derecho penal y del derecho mercantil -este último por temas relacionados con adeudos y cobranzas-.

Atribuyen violencia a falta de coordinación

En la situación de riesgo de los abogados penalistas coincide el presidente del Colegio de Abogados de León, Víctor Manuel Sánchez Quiroz. Desde esta organización se emitió un exhorto al poder legislativo para endurecer las penas para quienes atenten contra la vida de los profesionistas del derecho tras la ola de ataques letales contra integrantes del gremio.

Para el abogado, el no esclarecimiento de los casos deja además un estado de incertidumbre, pues no existe claridad en cuanto al móvil de los ataques, y si estos están relacionados con la actividad profesional de las víctimas.

“Sí están muy preocupados porque el mensaje que deja es que se trata de un ataque directo a los abogados”.

Para Sánchez Quiroz, el panorama de inseguridad en el municipio es atribuido a “la falta de coordinación entre las autoridades estatales. Federales y municipales”.

Víctor Sánchez Quiróz, presidente del Colegio de Abogados de León

En entrevista, el jurista manifestó que el gremio de abogados que pertenecen al Colegio local mantiene estrecha comunicación con el titular de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, con quien incluso tendrán una reunión la próxima semana para manifestar inquietudes y estrategias de protección.

Entre las estrategias que han sido planteadas desde Seguridad Pública, se encuentran los sistemas de videovigilancia en los despachos con conexión al C4.

No obstante, la mayor cantidad de ataques han sido perpetrados en sitios ajenos a los lugares de trabajo de los asesores legales, incluso en sus entornos familiares.

Además del encuentro con el titular de la SSPyPC, el Colegio de Abogados de León tendrá una reunión con los profesionistas del derecho más propensos a sufrir ataques con motivo de sus actividades laborales.

“Los abogados que se dedican al penal son los que siempre tienen mayor riesgo por el tipo de casos que llevan. También hay que tener cuidado entre los abogados para conocer qué tipo de clientes llevan, quiénes son mis clientes y a qué se dedican”.

Sánchez Quiroz reiteró su confianza en las autoridades para investigar el asesinato del abogado Juan José Hernández, un delito que calificó como “de alto impacto en la sociedad”.

Litigando entre fuego cruzado

El 28 de abril pasado fue asesinada la abogada penalista Marcela Gutiérrez Zepeda cuando viajaba en su camioneta en compañía de su pareja. Ambos fueron privados de la libertad y conducidos a la colonia Vía Alta, donde fueron heridos con arma de fuego. Él sobrevivió.

Este crimen contra una jurista es el único que ha sido resuelto por la Fiscalía General del Estado. El culpable fue sentenciado a 30 años y reveló que el móvil tuvo relación con un litigio por el desalojo de un predio.

En la colonia Héroes de León, el pasado 12 de octubre el litigante José Luis Valenzuela fue privado de la vida a bordo de su camioneta. Su esposa Teresa fue lesionada en el ataque. De este crimen no hay personas detenidas.

Hasta el cierre de esta nota, la Fiscalía estatal no ha notificado la detención de personas relacionadas con los asesinatos de los abogados Omar Ramírez Guerrero y Juan José Hernández.