Gracias a un segundo amparo, la familia de Leonardo Reyes Cayente, migrante mexicoamericano presuntamente asesinado por elementos del Grupo Táctico de las Fuerzas estatales en 2018, logró una nueva oportunidad para acreditar la participación de los uniformados en la ejecución extrajudicial del joven.

El 5 de septiembre un Juez Primero de Distrito, Ramón Hernández Cuevas, ordenó al Juzgado Penal de San Miguel de Allende reponer la audiencia celebrada en 2020, en la que la Jueza de control Mónica Edith Olmos, determinó archivar la carpeta bajo el argumento de que los policías actuaron bajo legítima defensa.

Con la restitución de la audiencia, la madre de Leo, Guadalupe Cayente y sus asesores legales, solicitarán que un nuevo juez revise las motivaciones de la Fiscalía estatal para negarse a investigar a los seis elementos involucrados en el asesinato del joven migrante. Así lo anunciaron los abogados Mikhail Ornelas y Juan José Padierna, asesores de la familia Reyes Cayente, durante una rueda de prensa este lunes.

En enero de este año, y gracias a un primer amparo, Guadalupe Cayente fue testigo de cómo la Jueza Mónica Edith Olmos rechazó por segunda ocasión reabrir el caso de su hijo, archivado en septiembre de 2020, luego de que en marzo de aquel año la FGE determinó no ejercer acción penal contra los policías estatales involucrados.

Leonardo Reyes Cayente. Foto: Juan José Plascencia

Entre las peticiones que sostiene Guadalupe Cayente a las autoridades estatales, se encuentra el cumplimiento de la reparación del daño que compete a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, dirigida por Jaime Rochín. A casi cuatro años del asesinato de Leonardo Reyes, también la SSP ha eludido el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos en febrero de 2020.

Aunque han transcurrido tres semanas de la sentencia de amparo a favor de Guadalupe Cayente, el Poder Judicial estatal no ha notificado la fecha en la que se repondrá la audiencia. Dentro de las peticiones de la familia Reyes Cayente y sus asesores legales, estará que la audiencia sea celebrada por un juez distinto con la expectativa de esta vez sí ser escuchados.

“Esperamos que una vez que seamos escuchados por la autoridad judicial del estado, vamos a destruir la teoría de los policías y la teoría con la que está justificando el MP. Porque ellos (MP) dicen que existe una legítima defensa de acuerdo a las pruebas que existen, pero más que nada se basa en los testimonios de los policías”, explicó el abogado Juan José Padierna, asesor de Guadalupe Cayente.

Raymundo Sandoval y los abogados Juan José Padierna y Mikhail Ornelas. Foto: Melissa Esquivias

Entre las pruebas aportadas por la familia Reyes Cayente, se encuentran los testimonios de familiares del migrante que tras escuchar las detonaciones, se acercaron al cerro donde Leonardo se encontraba buscando señal telefónica y observaron cómo seis integrantes del Grupo Táctico de FSPE abandonaron al joven aún con vida. Además, el equipo legal de la familia ha detectado anomalías en la elaboración de los informes de criminalística y necropsia.

Las posibilidades de este amparo otorgado a la familia Reyes Cayente se reducen a que el Juez nuevamente confirme el archivo de la carpeta, lo que llevará al equipo legal a presentar un tercer amparo. O por el contrario, que dé la razón al argumento de que la Fiscalía fue omisa y se determine ejercer la acción penal contra los seis elementos implicados por homicidio calificado.

“Vamos cuesta arriba contra todo el Estado, es un crimen de estado, pero estamos convencidos que vamos a lograr encontrar justicia, es un mensaje que manda la mamá de Leo, la señora Guadalupe, que ella sigue en pie hasta encontrar esta justicia por la vida de su hijo”, dijo el abogado Juan José Padierna.

Guadalupe Cayente, madre de Leonardo Reyes. Foto: Juan José Plascencia

Prodheg, sin disposición para las víctimas

Mientras el Poder Judicial valida los supuestos de la Fiscalía estatal para evitar juzgar a los policías del Grupo Táctico, la Procuraduría de los Derechos Humanos ha solapado el incumplimiento de la reparación del daño y ha evitado reabrir el expediente de queja bajo la perspectiva de una ejecución extrajudicial.

El órgano protector de los derechos humanos acreditó en febrero de 2020 -14 meses después del crimen- el uso excesivo de la fuerza ejercido por los policías estatales, así como la violación del derecho a la vida por no brindar atención médica a Leonardo luego de herirlo con armas de fuego. Sin embargo se abstuvo de reconocer que se trató de una ejecución extrajudicial.

Durante la rueda de prensa, el activista e integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, Raymundo Sandoval hizo un llamado al procurador Vicente Esqueda Méndez a reabrir el expediente de queja e investigar de acuerdo a los estándares internacionales que involucran en uso de armas de fuego y una posible ejecución extrajudicial.

Imagen: Pinche Einnar

El académico recordó que a dos años de haber sido emitida, la recomendación de la Prodheg no ha sido cumplida por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato y su titular, Álvar Cabeza de Vaca. La familia y sus abogados tampoco tienen conocimiento del estatus de los procesos administrativos a los que fueron sujetos los seis elementos tácticos implicados.

“La recomendación aún con su bajo estándar no se ha cumplido, no ha habido reparación del daño, desconocemos la conclusión de la investigación interna en los órganos de control en la Secretaría de Seguridad Pública e incluso en la propia Fiscalía, por lo que le pedimos a la Prodheg que reabra el caso”, insistió.

Desde la Plataforma por la Paz se solicitó al procurador Vicente Esqueda brindar un espacio para llevar a cabo la rueda de prensa del caso de Leo Reyes, pero la respuesta fue negativa. Raymundo Sandoval condenó que desde la Procuraduría tampoco ha existido disposición para abrir las puertas a las víctimas directas e indirectas y facilitar la difusión de sus denuncias de manera pública.

“Lamentamos mucho la actuación de la procuraduría no solamente en términos de su investigación, de su estándar de actuación, sino de la poca disposición incluso para prestar los espacios para realizar este tipo de actos”.