Con "argucias carentes de fundamento legal", las autoridades estatales y universitarias han frenado desde hace casi tres años la toma de nota de un nuevo sindicato que represente a trabajadores académicos y administrativos de la Universidad de Guanajuato, denunció un grupo de trabajadores universitarios que ante las trabas impuestas por la Subsecretaría del Trabajo del Gobierno estatal ahora busca un amparo de la autoridad federal.

La permanencia de los sindicatos: Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato (Aspaaug) y la Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos de la Universidad de Guanajuato (Astaug) con dirigentes que ceden a la voluntad patronal ha permitido a la UG mantener el control del personal.

Ilustración Pinche Einnar

Si bien había señalamientos y quejas por presuntas irregularidades de la elección en la que resultó ganadora la planilla de Claudia Reyes Montúfar para dirigir Aspaaug, el detonante para que trabajadores inconformes se decidieran a conformar un nuevo sindicato fue el acuerdo al que llegaron los secretarios generales de las dos asociaciones sindicales para crear un "Fondo Auxiliar solidario para el apoyo del pago complementario de pensión que otorga la Universidad de Guanajuato".

El convenio firmado con Rectoría General representa para las personas sindicalizadas un descuento del 8 por ciento adicional al que ya se les aplica conforme a la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.

"Se han eliminado prestaciones y aceptan descuentos adicionales a los salarios de los trabajadores", manifestaron académicos que decidieron renunciar a la organización sindical.

En agosto de 2019, trabajadores universitarios presentaron ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Laborales Universitarios del Gobierno estatal la primera solicitud para conformar el Sindicato Independiente de Trabajadores Académico y Administrativos de la Universidad de Guanajuato (Sitaaug).

Sin embargo, en diciembre del mismo año la Junta notificó al grupo de trabajadores de la UG que se negaba su registro porque no podían pertenecer a dos sindicatos, y en ese momento no habían renunciado a Aspaaug. Y aunque pudieron haber promovido un recurso porque el Sitaaug no tenía todavía el registro para que pudieran estar en dos sindicatos a la vez, el grupo optó por renunciar a la asociación sindical que dirige desde 2015 Claudia Reyes Montúfar.

Así, en enero de 2020 presentaron una nueva solicitud a la Junta Especial de la Subsecretaría del Trabajo del Gobierno de Guanajuato, ahora con un nuevo nombre: Unión Independiente de Trabajadores de la Universidad de Guanajuato (Uitug), pero por las omisiones de un actuario de la Subsecretaría y la resistencia del área de Recursos Humanos de la UG para entregar los documentos que corroboran que los aspirantes a un nuevo sindicato son trabajadores de la institución se volvió a negar el registro. Ante la actuación de las autoridades, el grupo de trabajadores recurrió a la justicia federal a través de un amparo presentado en noviembre de 2020.

"Esa Junta Especial arguye que la razón de la negativa es una falta administrativa imputable al patrón y al actuario nombrado por la misma Junta para compilar al patrón los datos de los trabajadores agremiados a la Uitug", manifestaron a través de un escrito integrante de la unión sindical.

Fondo de pensiones fuera de la Ley

En diciembre de 2017 Claudia Reyes Montúfar y Víctor Jiménez, dirigentes de Aspaaug y Astaug, firmaron con el rector general, Luis Felipe Guerrero Agripino, un convenio para crear un fondo auxiliar de pensiones, con el que se modificaron los contratos colectivos de trabajo disminuyendo el monto de las jubilaciones.

El convenio implica que se haga un descuento adicional que varía dependiendo del salario de cada trabajador, pero que es de alrededor de 500 pesos quincenales, bajo el argumento de que "no existía suficiente soporte financiero para el pago a futuro del complemento de pensión pactado con los trabajadores", compartieron trabajadores que están en la lucha por el reconocimiento del nuevo sindicato.

En entrevista con POPLab, integrantes de la Uitug comentaron que el convenio es "un atentado contra los derechos de los trabajadores y una traición de los llamados 'líderes sindicales'", fuera del marco normativo tanto de la Ley Federal del Trabajo como de los estatutos de Aspaaug.

Con el convenio firmado por Reyes Montúfar se afectan los montos de las pensiones para los trabajadores en activo, a través de la modificación al contrato colectivo de trabajo, y este acuerdo se dio sin consultar a los agremiados en asamblea general, como lo establece la Ley General del Trabajo en el artículo 371 que habla de consulta a los trabajadores mediante voto personal, libre y secreto para la aprobación del contenido de contratos colectivos de trabajo iniciales y de sus revisiones.

El día que se firmó el convenio para la creación de un fondo auxiliar de pensiones en la UG. Fotografía Especial

De acuerdo con profesores consultados, con el convenio se reduce la jubilación al 93 por ciento, el 70 por ciento otorgado por ISSEG, pero del 30 por ciento que le corresponde a la UG queda en 7 por ciento menos. "La rasurada va desde los 2 mil hasta los 5 mil pesos al mes, dependiendo del sueldo que tenía la persona".

"Las actuales dirigencias de los organismos sindicales están coludidas con la patronal (UG), en los conflictos que se suscitan entre trabajadores y la Universidad. Recientemente se coludieron para disminuir el monto de pensiones y jubilaciones sin que realmente se sometiera a consulta y votación de todas las bases".

Incluso, acusaron a la dirigencias sindicales de hacer proselitismo en favor del patrón, pidiendo a los trabajadores que aceptaran la propuesta patronal de la disminución del monto de las pensiones, por una parte, y persiguiendo y hostigando a quienes no estaban de acuerdo en aceptar las pretensiones que les perjudicaban a ellos y beneficiaban al patrón.

De acuerdo con el grupo de trabajadores consultados por POPLab el trasfondo de la modificación a las jubilaciones deviene de que "los funcionarios de alto nivel al jubilarse se adjudicaban conforme al Contrato Colectivo de Trabajo un salario mayor al que actualmente detenta el presidente de la República y, por ello, se obligó a los trabajadores académicos a cooperar para la creación de un fondo auxiliar de pensiones".

Lucha en tribunales por un nuevo sindicato

La primera respuesta que recibieron los trabajadores de la Universidad de Guanajuato de la Subsecretaría del Trabajo para frenar la conformación de un nuevo sindicato es que quienes presentaron la petición todavía estaban afiliados a Aspaaug, de ahí que decidieron renunciar a la asociación sindical y volver a presentar la solicitud.

Son poco más de 20 trabajadores los que firmaron la petición presentada ante la Junta Especial de Conciliación, aunque aseguran son más personas interesadas en unirse a la Uitug, pero por temor a la persecución que la misma Claudia Reyes ha iniciado en contra de los disidentes optaron por esperar la toma de nota para renunciar a Aspaaug.

La solicitud para la conformación de la Unión Independiente de Trabajadores de la Universidad de Guanajuato que lo mismo busca representar a personal de Aspaaug que de Astaug, fue presentada ante la Junta Especial el 29 de enero de 2020, pero la negativa fue notificada hasta el 1 de octubre de ese año; es decir, ocho meses después, "violando el periodo establecido en la Ley para dicho trámite, además de que si el órgano registral se excede de dicho plazo, la Ley prevé que el registro se da por realizado, lo cual también es transgredido por la Junta Especial".

El artículo 366 de la Ley Federal del Trabajo establece que si la autoridad ante la que se presentó la solicitud de registro no resuelve en un término de 60 días naturales los solicitantes podrán requerir para que dicte resolución, y si no lo hace dentro de los tres días siguientes a la presentación de la solicitud, se tendrá por hecho el registro para todos los efectos legales, quedando obligada la autoridad, dentro de los tres días siguientes, a expedir la constancia respectiva.

El argumento legal para negar el registro a la Uitug fue que la Universidad de Guanajuato, a través de Recursos Humanos, no entregó al actuario documentos que acreditaran que las personas solicitantes laboran en la UG.

Marco Antonio Rodríguez, subsecretario del Trabajo del Gobierno del Estado; Luis Felipe Guerrero, rector general, y Víctor Jiménez, dirigente de Astaug. Fotografía Archivo

Ante las omisiones y el retraso, quienes integran la Uitug interpusieron un juicio ante la autoridad judicial federal, mismo que fue desahogado el 3 de noviembre de 2020 y que actualmente sigue en trámite.

"No solamente hemos encontrado dilación en la resolución, sino que además violaciones flagrantes en los acuerdos emitidos por el juzgado de distrito, al grado de confundir los agravios, por lo cual se presentó ante el Tribunal Colegiado de Circuito una queja".

Lo anterior, porque el juzgado de distrito pretendía resolver la impugnación a partir de los alegatos de la primera negativa para el registro de la asociación sindical que llamaron Sitaaug, y no a partir de la negativa de la segunda organización por las omisiones en las que incurrió la UG y el actuario de la Subsecretaría del Trabajo.

De acuerdo con sus integrantes, la Uitug ha cumplido a cabalidad con los requisitos que establece la Ley Federal del Trabajo, pero con argucias carentes de fundamento legal es que se ha retrasado el registro.

"Las argucias legaloides de la Universidad de Guanajuato en contubernio con la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Guanajuato, el Gobierno del Estado y las dirigencias sindicales, han dilatado de sobremanera la resolución en definitiva de los amparos".

Freno político

La Uitug postula a Ricardo Alejandro Rodríguez Lara como secretario general, académico docente en la División de Ciencias Económico-Administrativas (DCEA). Rubén Tapia Ruiz, responsable del área de cómputo en el Departamento de Matemáticas, funge como secretario de Organización. El músico de la Osug Fidel Berrones Goo es secretario de Salud y Acción Deportiva. Juan Manuel Mendoza Silva, secretario de Conflictos, Relaciones Laborales y Seguridad Social. Óscar Coreño Alonso como coordinador de procesos legales en el seguimiento de la unión sindical, investigador de la División de Ingenierías del campus Guanajuato, entre otros profesionales que laboran para la institución educativa.

De acuerdo con quienes integran la Uitug la negativa por parte de la autoridad laboral de Guanajuato, que depende de la Secretaría de Gobierno, podría obedecer al "juego de intereses que se han construido entre los actores: Junta Especial, UG, Aspaaug, y muy seguramente los juzgados federales que participan interesados en resolver este proceso de manera contraria al legítimo derecho de los trabajadores".

La percepción de que desde la misma autoridad federal se busca frenar el registro parte del retraso con el que ha actuado el juzgado de distrito que conoce del asunto.

Actualmente el amparo radicado con número 709/20020-II sigue en el juzgado federal. "Las autoridades federales también han actuado con lentitud en el desahogo del proceso argumentando la presencia de la pandemia por COVID-19".

La constante negativa de la autoridad laboral en Guanajuato para la toma de nota de la nueva unión sindical ha llevado a sus integrantes a concluir que el Gobierno del Estado ha hecho un pacto con las autoridades universitarias para que el control del personal lo conserven dos asociaciones sindicales que sirven a los intereses de Rectoría General.

"Las autoridades del Gobierno del Estado de Guanajuato no desean que haya sindicatos independientes que estén comprometidos con los legítimos derechos e intereses de los trabajadores que les concede la Ley Federal del Trabajo".

Para los trabajadores que buscan el reconocimiento de un nuevo sindicato, el freno corresponde más a un asunto político que jurídico.

Una de las integrantes, quien prefirió mantenerse en el anonimato, manifestó que poniendo nombre y apellido de las autoridades universitarias que se han involucrado para evitar el registro de un sindicato independiente serían: el rector general, Luis Felipe Guerrero Agripino, y en su momento Jorge Romero Hidalgo, su secretario de Gestión y Desarrollo que recientemente dejó el cargo.

Fotografía Especial

"Hay muchos intereses de por medio en la Universidad, muchos intereses desde la parte de cómo se manejan los recursos, la poca transparencia que hay de los recursos".

Recordaron que durante los periodos en los que estuvo Carmen Cano Canchola al frente de Aspaaug se consiguieron mayores beneficios para el personal académico y administrativo, pero denunciaron que con Claudia Reyes ahora se responden a los intereses patronales.

"Es muy fácil de entender, al menos para nosotros, porque la Aspaaug ha estado a la orden de lo que es Rectoría General. Representa 'un peligro', por así decirlo, para Rectoría que estemos fuera de (la asociación sindical), quiere decir que no estamos de acuerdo cómo se manejan las cosas, en segundo lugar poner en evidencia la inconformidad al interior de la Universidad".

Derechos violentados

Personal académico inconforme con el manejo que ha dado Reyes Montúfar de Aspaaug han sido hostigados y perseguidos, llegando a castigarlos hasta con 20 años sin derechos sindicales a través de la Comisión de Honor y Justicia que, de acuerdo con los entrevistados, no tiene las facultades estatutarias para imponer las sanciones, sino que deberían darse por acuerdo de la Asamblea General.

"Estamos etiquetados como los profesores disidentes, aquellos profesores que no estamos de acuerdo con el sistema que se ha establecido y la alianza que se ha hecho del Aspaaug con la Rectoría de la Universidad de Guanajuato".

Además, violentando lo que establece el artículo 396 de la Ley Federal del Trabajo, desde enero de 2020 las personas que renunciaron a Aspaaug dejaron de recibir las prestaciones acordadas con la Universidad de Guanajuato en el contrato colectivo de trabajo.

El citado artículo de la Ley federal dicta lo siguiente:

Las estipulaciones del contrato colectivo se extienden a todas las personas que trabajen en la empresa o establecimiento, aunque no sean miembros del sindicato que lo haya celebrado, con la limitación consignada en el artículo 184.

El artículo 184 habla de que las prestaciones se extenderán al personal de confianza, y solo quedarán fuera si en el contrato colectivo se consigna que no tendrán esos derechos.