La Fiscalía General del Estado se niega sistemáticamente a investigar el abuso de autoridad que cometieron elementos de la Fuerzas de Seguridad Pública del Estado contra buscadoras en julio de 2020, cuando se manifestaron en contra del nombramiento de Héctor Díaz Esquerra como comisionado de Búsqueda en Guanajuato.

La instancia encargada de perseguir los delitos en el estado sostiene, que según los policías, no hubo un mando superior que les haya girado órdenes sobre cómo proceder en la manifestación y específicamente de detener a las mujeres que participaron en la movilización.

El asunto que derivó de la denuncias de las buscadoras agredidas lleva dos años sin resolverse. La FGE intentó cerrar la investigación, sin responsabilidad para los policías en octubre de 2020 y luego en mayo de 2022.

La represión policial ocurrió en julio de 2020 en la capital

El pasado 14 de diciembre, la dependencia a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre respondió a requerimientos que hizo la jueza de control, Liliana Martínez Sandoval, respecto a aspectos en los que no profundizó el Ministerio Público que dejan ver la intención de volver a dar carpetazo al asunto. Según estos datos, por la temporalidad transcurrida ya no es posible verificar las comunicaciones entre policías estatales para conocer quién dio la orden de las detenciones.

Según este reporte, se entrevistaron a 10 policías estatales más con respecto a los hechos y todos coincidieron con los argumentos de los primeros agentes que declararon no haber recibido órdenes de un mando superior.

Foto: Archivo

Sin embargo, existen testimonios de visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que dicen que las órdenes de actuación en la manifestación fueron dadas por el director de la Policía Estatal de Caminos, Jorge Rodríguez Santibáñez.

La Fiscalía también se ha resistido a investigar al secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, como considerando la cadena de mando y a la que son sujetos los agentes estatales.

Policías se mandan solos, coinciden nadie ordenó represión

Por requerimiento de la jueza de control, la Fiscalía del Estado entrevistó a 10 elementos más de las Fuerzas de Seguridad Pública que estuvieron presentes el día de la manifestación en la Glorieta Santa Fe; todos coincidieron en que no recibieron instrucción de ningún mando superior.

En junio de 2022, después de que la Fiscalía del Estado determinó el no ejercicio de la acción penal en el caso de abuso de autoridad cometido por elementos de la FSPE contra Karla Martínez, María del Carmen Ramírez, Olimpia Montoya y Verónica Durán, la jueza Liliana Martínez Sandoval requirió al fiscal para que cumpliera con cinco tareas.

Pidió solicitar datos conservados y comunicaciones de radio C5i de los policías estatales que participaron en el evento; someter a la víctimas al protocolo de Estambul; entrevistar a más agentes de la policía; investigar la probable identidad del conductor del camión quien según puso en riesgo la integridad de los agentes y a diversas personas que pudieron haber presenciado los hechos.

Ilustración: Pinche Einnar

Además, se solicitó verificar en los Registros Nacionales de Detenciones los motivos por los cuales detuvieron a las víctimas. En la respuesta entregada por la Fiscalía se menciona el nombre de 10 policías estatales entrevistados, adicionales a cinco que presentaron testimonio en 2020.

Cabe resaltar que de acuerdo con la Procuraduría de los Derechos Humanos fueron 140 los agentes que participaron en la movilización contra tan sólo 40 manifestantes. El agente del Ministerio Público señala que los policías testificaron que acudieron a un llamado que se realizó vía radio conocido como C5, donde se reportó una manifestación. Supuestamente los manifestantes cerraron la circulación y los policías se acercaron al lugar a brindar apoyo.

Dijeron que vieron a un policía con uniforme de la Policía de Caminos hablando con los manifestantes, que las personas que hablaban con el agente decían que no se iban a quitar y que cuando llegaron las grúas para quitar los vehículos que obstruían el flujo vehicular fue cuando los manifestantes comenzaron a alterarse.

También sostuvieron que observaron a mujeres y hombres que decían ‘no se dejen’ y empujaban a los elementos antimotines mientras ninguno de ellos estaba armado (sólo llevaban “algunos” casco y escudo) y que algunos resultaron lesionados a consecuencia de las agresiones que sufrieron por parte de los manifestantes.

“La información que brindaron estos elementos no es sustancialmente diferente a la ya brindada por los otros elementos que ya habían sido entrevistados desde un inicio y que refirieron constituirse al lugar porque así lo escucharon vía radio; que no recibieron ninguna instrucción de algún superior jerárquico, que cuando arribaron al lugar no fue para detener a ninguna persona… únicamente fue para liberar la circulación”, dice el documento.

Sobre el requerimiento de solicitar los datos conservados y comunicaciones de radio C5i de los policías estatales que participaron en el evento, la Fiscalía informó que solicitó a la empresa Radiomóvil Dipsa S.A de C.V (Telcel) la información y que mediante oficio respondió que que el sistema no puede procesar información que exceda los 24 meses, “...es un evento que ya aconteció hace más de dos años, ya no se cuenta con los registros almacenados de dichas comunicaciones…por lo que esta fiscalía considera que se agotó dicho requerimiento”, señala el Ministerio Público.

Niegan ministerio público daño a víctimas

La Fiscalía concluyó que ninguna de las víctimas detenidas en junio de 2020 tuvo ningún tipo de daño psicológico o físico a causa de los eventos, esto tras realizar la evaluación del protocolo de Estambul ordenado por la jueza de control.

El ministerio público describió que citó a las cuatro víctimas para realizar las diligencias, quienes acudieron al requerimiento el 9 de septiembre del año pasado, a excepción de María del Carmen por ya no residir en México.

En el informe se menciona que Verónica y Olimpia concluyeron la evaluación del protocolo, pero no Karla ni María del Carmen.

“Sobre este asunto se determinó que no existe concordancia entra la historia de síntomas físicos y discapacidades agudas y crónicas, con las quejas de malos tratos, de igual manera no existe concordancia entre los hallazgos físicos del examen con el método de tortura descrito por Verónica Durán Lara, concluyendo que no se observan discapacidades como resultado del presunto maltrato recibido”, menciona el reporte.

Foto: Especial

Y concluye el agente que las víctimas no sufrieron ningún tipo de daño psicológico o físico, “aunado a que su narrativa se ve muy forzada para tratar de sostener la versión de que la manifestación era pacífica y los policías las golpearon, situación que se mencionó no coincide con las grabaciones de dichos eventos”.

También cuestionan la falta de interés de una de la víctimas que decidió no acudir a las citan, lo que supuestamente “denota un desinterés o ya una carga para continuar con el asunto, misma situación de María del Carmen esto debido a que ya vive en Estados Unidos”.

Durante la última audiencia, el representante legal de las buscadoras, Roberto Saucedo, aseguró que existe evidencia en video de que las detenciones fueron realizadas por varios elementos y no de manera individual, como ellos lo sostuvieron.

La resolución de la Fiscalía contradice la recomendación que emitió la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado a la Secretaría de Seguridad Pública en julio de 2021, pues concluyó que se violó el derecho de las buscadoras a la seguridad jurídica y libertad personal, integridad física y seguridad personal en la modalidad de tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como el derecho a la manifestación.

Intenta Fiscalía dar uso político a relación de liderazgos

Ya en dos ocasiones, la Fiscalía ha determinado el no ejercicio de la acción penal y todo apunta a que busca llegar a la misma conclusión. En el reporte, notifica la entrevista a cinco integrantes de colectivos de personas desaparecidas y los supuestos choferes de las grúas que acudieron a movilizar los vehículos el día de la manifestación.

El ministerio público informó sobre la plena identificación del chofer de la camioneta que supuestamente intentó lesionar a los policías estatales, esto en noviembre de 2022.

Presuntamente se trató de José Gutiérrez Cruz, representante de un colectivo de búsqueda de personas en Irapuato. Se hace mención del vínculo de este hombre con el partido Morena y supuestos cobros que realizaba a las familias por la representación legal relacionada con sus desaparecidos.

Los testimonios que se recabaron hacen mención en varias ocasiones de personas relacionadas con Movimiento de Regeneración Nacional y supuestos apoyos que recibió la movilización por parte de funcionarios ligados a este partido. La Fiscalía pretende exponer supuestos intereses políticos relacionados con el movimiento de buscadoras.

Desde el inicio del proceso, cuando las mujeres fueron detenidas y presentadas en el ministerio público, la Fiscalía ha apuntado a tres delitos diferentes; primero acusó ataques a las vía de comunicación, después comisión de delitos de lesiones y también señaló la falta de autorización para manifestarse.

El abogado de las víctimas, Roberto Saucedo, ha advertido de forma reiterada la falta de fundamentación y motivación en los argumentos por los que ha determinado en dos ocasiones el no ejercicio de la acción penal.

Saucedo Pimentel ha evidenciado la falta de exhaustividad de la Fiscalía y la afectación del derecho a la justicia de las denunciantes por la falta de información suficiente sobre los hechos y, de fondo, una intención de favorecer a los agentes implicados.