1.- Nuevo fiscal, entre el dedazo y la componenda

Fiel al estilo de Jorge Espadas, coordinador panista en el Congreso local, el tapado para la fiscalía fue propuesto por la oposición domesticada, esta vez compuesta por una antinatural alianza del PRI, PVEM y PT. El delegado de la FGR, Gerardo Vázquez Alatriste será el ungido para sustituir a Carlos Zamarripa Aguirre.

La gobernadora Libia García, como ha ocurrido con frecuencia, se tomó el tiempo para sugerir a dos fracciones parlamentarias y a una legisladora que se sumaran a la propuesta que seguramente transitará a la terna final y terminará con el ungimiento del abogado originario de Baja California Sur, quien está asignado a Guanajuato como fiscal regional hace menos de dos años.

El PRI incluso incurrió en el dislate de opacar a su candidato original, el experimentado Juan Manuel Álvarez, para sumarse a una propuesta colectiva con aliados de la 4T, algo que sólo puede deberse a causas de fuerza mayor.

Sergio Contreras, del Verde, no tiene problema en convertirse en el correo de la mandataria. Desde anteriores legislaturas su trato con el PAN es fluido y provechoso para sus temas de corto plazo, como la colocación de cuadros en chambas oficiales, incluso en organismos supuestamente autónomos.

Con la suma del PT en Guanajuato queda claro que la Cuarta Transformación sigue quedando a deber frente a las mañas de los aliados prianistas. Incluso no se descarta que en una votación final haya diputados de Morena que respalden la propuesta oficial, disfrazada de proyecto pluralista.

Sin embargo, resulta interesante rastrear el origen de la candidatura de Vázquez Alanís, que no es otro que el acendrado interés del secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, para construir una sólida alianza personal e institucional con el próximo fiscal.

Visto en lo que se está convirtiendo la estrategia de CONFÍA, que parece no recargarse tanto en la inteligencia como en la belicosidad y una declaración de guerra total a la delincuencia, lo menos que puede buscar el jefe policial estatal es un pleno respaldo y cobertura de la fiscalía.

Vázquez Alatriste tiene una larga trayectoria en el ámbito ministerial federal y conexiones políticas en el panismo de viejo cuño. Su paso por el despacho de abogados de Antonio Lozano Gracia le tenderá puentes hacia el panismo. Su disciplina hacia Germán Castilo Banuet, el subprocurador de Control Regional de la FGR, lo conecta con el fiscal de la República Alejandro Gertz Manero, más allá de la simple colaboración formal entre instancias.

La gobernadora, por su parte, podrá ostentar un vínculo de relación con el gobierno federal, sin que el perfil de su elegido la ponga en conflicto con los intereses de su partido.

Sin embargo, todos esos son equilibrios políticos, que deberían quedar atrás en el trabajo sustancial y cotidiano de la Fiscalía General del Estado. Vázquez Alatriste recibirá, de concretarse su designación, una dependencia gigantesca con un presupuesto de 5 mil millones de pesos al año, la cual pese a ello no ha logrado satisfacer la demanda de justicia de los guanajuatenses.

Será un salto cuántico para un funcionario que maneja una oficina cuyo gasto anual es irrisorio.

La concreción del proceso legislativo será frustrante para quienes esperaban que el fin de la era Zamarripa abriera la posibilidad de una corrección profunda en la procuración de justicia a nivel local. No habrá ninguna clase de análisis comparativo entre proyectos, mucho menos debate, tampoco consulta a la sociedad ni prácticas de parlamento abierto.

Serán solo acuerdos políticos bajo la mesa, conveniencias partidistas y vía rápida lo que resuelva uno de los pendientes más urgentes de Guanajuato.

El paso de Vázquez Alatriste por la fiscalía regional federal en el estado y en otras entidades ha sido insulso, cuando no francamente vergonzante. Los litigantes se quejan de inoperancia y corrupción. Hace unos meses se frustró un operativo para sancionar a productores de marcas piratas en San Francisco del Rincón, por una planeación deficiente. Ya veremos si con el enorme aparato de la Fiscalía que recibirá puede dar mejores resultados.

Por lo pronto queda claro que el nuevo fiscal no gozará de la enorme impunidad que le otorgaron a Zamarripa los muchos años en el cargo y la complicidad de al menos tres gobernadores, además de que la exigencia será mayor, tanto de parte del gobierno de Libia Dennise que ha prometido cambios sustanciales, como por el concentrado reclamo social de recuperación de la paz.

2.- Jiménez Lona: tambores de guerra

El siempre conciliador secretario de Gobierno parece haberse contagiado del ánimo belicoso de los nuevos responsables de la seguridad en Guanajuato. Puede ser también que en el alma de cada panista haya siempre un pequeño Felipe Calderón.

Jorge Jiménez Lona salió ayer, en el marco de la inauguración de la Feria de León, a defender los operativos recientes de la Secretaría de Seguridad Estatal, donde se han generado verdaderas batallas contra grupos de presuntos delincuentes.

“La fuerza del estado se tiene que aplicar”, dijo el funcionario citando a la gobernadora. Para ello se armará mejor a las policías estatales, con calibres más altos, en acuerdos tomados con la Secretaría de la Defensa Nacional.

Lo preocupante es que la “fuerza”, en este caso, no sea la del derecho, ni la herramienta sea la de los operativos que busquen detenciones sin echar mano a las armas. Lo que se está respaldando es la confrontación directa y brutal, lo que nos trae a los tiempos de “la guerra contra el narco”, de tan infausta memoria.

El tema es explicable, además, por la entrega de la Secretaría de Seguridad y Paz a elementos provenientes de la extinta Policía Federal Preventiva, que generó un modelo a partir de la confrontación y las ejecuciones extrajudiciales.

Lo que hay de testimonios con respecto a esa experiencia, durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, es el crecimiento exponencial de la violencia, de las desapariciones y de las víctimas colaterales.

Preocupa sobremanera, que un funcionario de carácter civil y de vocación negociadora, como Jiménez Lona, que viene de una trayectoria impecable en funciones de asistencia legislativa, de gobernanza judicial y de negociación en el principal municipio, asuma este discurso, pues de alguna manera da idea de que los equilibrios están rotos y la visión que ha ganado es la guerrerista.

¿Es la única salida?

Ya en el pasado un gobernador, Miguel Márquez, ofreció blindar el estado con multimillonarias inversiones en tecnología. La promesa se volvió humo en medio de una fuerte sensación de corrupción.

Otro gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, ofreció un golpe de timón, el rescate de Santa Rosa de Lima, en Villagrán, y la construcción de una escuela de policías en ese lugar. No hay escuela, la comunidad sigue siendo de alta peligrosidad y antes de irse, Sinhue le asignó 600 millones al constructor José Luis Infante para completar una tarea que se sigue antojando como imposible.

Ahora nos dicen que no es la tecnología ni la obra pública, sino el poder de fuego, lo que ayudará a combatir la violencia en Guanajuato. Perdonen, pero el escepticismo no es gratuito.

3.- Derechos Humanos, ¿habrá contención?

La nueva concentración de poder en torno a Mauro González, que se anota una importante victoria al colocar a su recomendado en la Fiscalía estatal, le otorga mayor relevancia a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, si en verdad se quiere garantizar un gobierno mínimamente respetuoso del estado de derecho.

El control de Carlos Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca logró hace cuatro años, ante la indolencia de Diego Sinhue Rodríguez y la sumisión de los diputados coordinados por Jesús Oviedo, colonizar la PRODHEG con Vicente Esqueda Méndez.

El panista, hoy en un dulce semiretiro como magistrado administrativo, disminuyó las recomendaciones a niveles históricos e inauguró el expediente de no dirigirlas a los titulares de las instancias violentadoras, sino a los niveles operativos, vulnerando con ello la fuerza moral de la institución, la única con la que cuenta.

Frente a la decisión del estado de declarar una guerra directa al crimen, la instancia de vigilancia de los Derechos Humanos debe constituirse en un dique a los excesos que propician las estrategias belicistas, pues hay que recordar que los combates se realizan en calles y comunidades donde habitan inocentes que corren el riesgo de ser víctimas directas o colaterales de la delincuencia y los excesos policiales.

Ya hay una lista de aspirantes a ocupar la responsabilidad de Ombudsperson en Guanajuato, muchos tendrían que ser descartados por su cercanía al poder y dejar una terna sólida con credibilidad y peso moral.

Si bien el PAN bajo la conducción de Jorge Espadas no es más que un instrumento del Poder Ejecutivo, le queda a las oposiciones la oportunidad de entregarle a los guanajuatenses un instrumento de defensa frente a la concentración de poder en las áreas de seguridad.

No hacerlo repetirá lo que tanto se ha criticado a Morena con la ratificación de Rosario Piedra Ibarra. Aunque ya sabemos que a los panistas no les molesta en absoluto hacer donde son gobierno lo que critican cuando les toca ser oposición.

De poco servirá que la gobernadora Libia Dennise García haya creado una Secretaría de Derechos Humanos en su gabinete, si le regatea a los ciudadanos la posibilidad de una instancia de defensa independiente y creíble en la procuraduría de ese mismo ramo.