1.- Los tropiezos del Nuevo Comienzo

La secretaría de estado que representa el nuevo espíritu que quiere imprimir a su administración la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo es, sin sombra de duda, la que encabeza su coordinadora de campaña y principal brazo político, Rosario Corona Amador.

La antigua Secretaría de Desarrollo Social, de la que han emergido las candidaturas de los últimos tres mandatarios de Acción Nacional, hoy se llama Secretaría del Nuevo Comienzo, resumiendo en su nombre todo lo que la primera mujer gobernadora quiere impulsar: empoderamiento de las mujeres, una nueva forma de hacer las cosas, contacto directo con la población y solidaridad con los más desprotegidos.

Es la misma receta desde que Carlos Salinas de Gortari, hace más de treinta años, inventó el programa nacional de solidaridad como una forma de reciclar al PRI. En Guanajuato parece haber llegado el tiempo de idear una fórmula que rescate al PAN de una declinación que ya le obligó a ceder importantes parcelas de poder.

Sin embargo, además de los recursos y el impulso político, hace falta talento y capacidad organizativa, algo que hasta ahora, a cinco meses del arranque del nuevo gobierno, no parece haber mostrado Corona Amador.

Esta semana el tema se convirtió en noticia viral, ante el arranque de la entrega de la tarjeta rosa del programa Aliadas, destinada en una primera etapa a madres de familia de entre 25 y 45 años, cuando el éxito en la difusión del beneficio se convirtió en un búmeran al producir una respuesta masiva que rebasó la logística prevista para proporcionar los plásticos.

El evento fue canalizado en los días siguientes, pero mostró una debilidad preocupante en la estructura de la Secretaría que encabeza Corona Amador cuyos brazos operativos se encuentran en manos de Antonio Navarro Padilla y Marisol Hernández Pérez, subsecretarios de Operación e Inversión.

El primero de ellos no fue seleccionado por su jefa, sino directamente por la gobernadora como pago a sus méritos de campaña, incluso por encima de los señalamientos de malos manejos en su anterior encargo, en el Instituto de las Juventudes y de una auditoría en proceso en la Secretaría de la Honestidad.

La segunda fue designada por Rosario Corona pero proviene del entorno de su esposo, Vicente Esqueda Méndez, con quien Marisol Hernández trabajó durante 15 años como coordinadora administrativa, tanto en el Tribunal de Justicia Administrativa como en la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Tanto Navarro como Hernández carecen de la experiencia para manejar recursos administrativos y humanos de la magnitud de los que se emplean en la dependencia asistencialista por excelencia en el gobierno. Los presupuestos que operaron en sus anteriores encargos no rebasaban los 200 millones de pesos, en tanto que ahora se las tienen que ver con una dependencia que supera los 5 mil millones de gasto anual.

Ambos tienen la encomienda, una desde el aspecto administrativo y financiero y el otro desde la operación en campo, de conformar una estructura que sustituya a la que crearon Aldo Márquez Becerra y Javier Torres Mereles en el sexenio de Diego Sinhue y que fue la responsable de sacar adelante la elección del 2021, ya con serios descalabros.

No es, el primer tropiezo de la secretaria Rosario Corona, quien ya tiene en su haber una confrontación abierta y descarnada con las cúpulas empresariales de León, a las que afectó de palabra y de obra, tras la desaparición del FIDESSEG, tema que hoy se dirime en tribunales y ya ha obligado a una operación cicatriz por parte de Libia Dennise García.

Sin embargo, la gobernadora ha mostrado un gran espíritu de cuerpo y una solidaridad a toda prueba con sus colaboradores, perdonando incluso errores flagrantes. Las consecuencias de esa forma de ejercer el gobierno pueden volverse catastróficas si las curvas de aprendizaje se prolongan y si los funcionarios responsables de la operación en campo se quedan atorados en su nivel de incompetencia.

Rosario Corona puede seguir gozando de la confianza de su jefa, pero si ella a su vez permite que los errores de sus subordinados se repitan o tolera perfiles inadecuados simplemente por razones de solidaridad grupal, las consecuencias podrían ser catastróficas en un futuro no muy lejano.

En el PAN saben que de la correcta y eficiente operación de esa secretaría dependen no solo los programas de lealtad de la base social identificada con ese partido, sino esencialmente los resultados electorales, de los que surgirá el próximo Congreso y los alcaldes que acompañarán el último tramo de la gobernadora Libia García.

Es demasiado para dejarlo a la desidia.

2.- Derechos humanos, una terna endogámica

Las tres personas integrantes de la terna desde la cual se elegirá a quien ocupará la titularidad de la Procuraduría de los Derechos Humanos mostraron conocimiento de los temas, lo cual es lo menos que puede esperarse de perfiles que provienen de la propia dependencia.

Karla Gabriela Alcaraz Olvera, Ana Wendy Muñoz Gómez y Efraín Alcalá Chávez tienen formación en el tema de Derechos Humanos y trabajan hasta la fecha en la PRODHEG.

Alcaraz Olvera ha sido subprocuradora en tres regiones de Guanajuato, desde 2005, hasta la fecha, con un paréntesis de 4 años que dedicó al ejercicio privado del Derecho. Sin duda es la postulante de mayor experiencia.

Muñoz Gómez tiene trayectoria electoral, académica y en derechos humanos, y de 2021 a la fecha se desempeñó como directora de capacitación en la PRODHEG.

Alcalá Chávez ha realizado funciones en derechos humanos tanto a nivel federal como estatal. Fue secretario particular del procurador Raúl Montero de Alba y actualmente es responsable de vinculación. Lo afecta su militancia panista, sobre todo después del desempeño de los dos últimos ombudsperson, que cojeaban de la misma pata.

Los tiempos sugieren que la balanza podría inclinarse por una mujer procuradora, algo que no ha habido en los 30 años de la institución. Sin embargo, no deja el mejor sabor de boca que las tres candidaturas provengan de la propia Procuraduría, sin que se acepte la posibilidad de oxigenar la función con visiones de fuera, sobre todo desde la sociedad civil.

Ahora que se han renovado la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General del Estado, con cuadros provenientes de instancias federales, sería necesario apostar a un perfil con gran fortaleza ética y académica en la instancia defensora de los derechos humanos, tarea que es de total y plena responsabilidad del Congreso.

Ya en la pasada ocasión, en 2021, al estrenar su nueva facultad de elegir sin intervención del Ejecutivo, la entonces mayoría panista y sus aliados nos entregaron al peor Ombudsperson de la historia de Guanajuato: un ex mando panista, Vicente Esqueda, que se puso al servicio del fiscal Carlos Zamarripa y del secretario Alvar Cabeza de Vaca.

Esa historia no debe repetirse.

3.- Gatopardismo en la Fiscalía

Casi tres meses después de que concluyó el largo reinado de Carlos Zamarripa Aguirre al frente de la procuración de justicia en Guanajuato, es muy poco lo que ha cambiado al interior de la Fiscalía General del Estado.

Los fiscales regionales siguen siendo los mismos, igual que los especializados, así como el director de la Agencia de Investigación Criminal y el director de la policía ministerial. No solo eso, la directora general jurídica es todavía la cuñada del ex fiscal, Elizabeth Durán Isaís.

Para efectos prácticos, todo está como cuando Carlos Zamarripa se manejaba como señor de horca y cuchillo al interior de la FGE. Incluso se dio el lujo de que la terna para sustituirlo se conformara por dos de sus subordinados y un abierto aliado.

Esta semana, la abogada Durán se presentó en el Congreso del estado para analizar una reforma a la Ley de Movilidad, que pretende un mayor control sobre las motocicletas que circulan por el estado, debido a la alta incidencia de delitos en los que se utiliza ese tipo de vehículos.

Con solvencia y gran seguridad, Durán Isaís les enmendó la plana a los legisladores y desechó sus ideas por inviables, a grado tal que el presidente de la comisión de seguridad, el penjamense Erandi Bermúdez, debió pedirle a la empoderada funcionaria que no les dijera cómo no, sino cómo sí se podría ayudar a controlar el auge delictivo a través de las motos.

Por lo pronto y a todas luces, lo que se vive en la fiscalía de Guanajuato es el zamarripismo sin Zamarripa, lo que deja mucho que desear acerca de la promesa de la gobernadora de que el ex fiscal no tendría cabida en su gobierno.