1.- GTO Leasing: inversión privada para maquillar negocio fracasado

Conforme se comienza a saber la verdad sobre la aventura empresarial de Héctor Salgado Banda, el secretario de finanzas que decidió jugar al hombre de negocios con los dineros de los pensionados de Guanajuato, resulta inexplicable un proyecto al que dio todo su apoyo el ex gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El empleo de 144 millones de pesos del fondo de pensiones del ISSEG para conformar el capital social de una arrendadora que pretendía vender servicios al gobierno estatal y a clientes privados, hoy es considerado por la directora del ISSEG como “un negocio pequeño” que no impacta las finanzas de esa entidad, probablemente ni para bien ni para mal.

Por ello no se entiende el tiempo y el esfuerzo aplicado por el ex director del ISSEG, Ricardo de la Peña Rodríguez, para tratar de convencer a empresarios de coinvertir en la aventura empresarial que se le ocurrió al presidente de su consejo, Héctor Salgado.

¿Cuál fue el objetivo de toda esa maniobra que implicó pago de asesorías a consultores, fiscalización externa por parte de Transparencia Mexicana, reuniones con potenciales inversionistas a lo largo de un año, adquisición de una marca, sesiones de consejo, participación en licitaciones, maniobras para ocultar la información en el registro público, incumplimiento de la ley de transparencia?

¿Se trataba de ahorrar dinero en la compra de vehículos al hacer economías de escala? Se hubiera logrado de igual manera con una estrategia de licitación dirigida a empresas del sector privado.

¿Se trataba de capitalizar mejor a los fondos del ISSEG? No lo cree así la nueva directora de la institución, Judith Juárez Guzmán, quien ve al negocio de GTO Leasing como algo absolutamente marginal.

¿Quería Salgado Banda favorecer a empresarios con quienes le una amistad? Podría ser dadas las molestias que se tomó para tergiversar los fines de una institución que ameritaría el máximo de los cuidados y la mayor de las transparencias por tratarse de dineros que son de los trabajadores estatales y no de sus eventuales administradores.

Al final solo logró convencer a dos familias de empresarios, una de Guanajuato y otra de Celaya, que debieron cubrir su participación en abonos.

Lo principal es que no se sabe con exactitud cuáles eran los objetivos de la empresa GTO Leasing Services que, ni siquiera tiene una página de Internet funcional a 5 años de su creación. Menos se sabe si esos objetivos se cumplieron y si vale la pena seguir con el proyecto.

Al ocultar decisiones de carácter público y actuar con total opacidad, pese a su grado de doctor en Economía de una universidad londinense, pareciera que Salgado Banda actuó en este caso bajo las enseñanzas de su primer protector en las tareas de gobierno: Rafael “el Gallo” Barba.

En el camino de Libia García por recomponer las pesadas herencias recibidas de su antecesor, este es otro de los pendientes que no pueden esperar mucho para definirse.

2.- Cambio de fiscal sin reflexión ni análisis

Una década de crecimiento de delitos como el robo de combustible, el tráfico de estupefacientes, la inseguridad carretera y, como cúlmen de todo ello, el aumento implacable de los homicidios y su peor expresión, las masacres indiscriminadas, no le parecieron relevantes a la clase política de Guanajuato en la coyuntura histórica de designar un nuevo fiscal del estado.

El Congreso y el Poder Ejecutivo ignoraron la relevancia de seleccionar al responsable de combatir la impunidad, desde una institución autónoma que ejerce un presupuesto 5 mil millones de pesos, sólo por debajo de las fiscalías de la República (20 mil mdp) y de CDMX (8 mil mdp) e igual al de Edomex (5.25 mil mdp), que tiene una población 3 veces mayor.

La lista de nueve candidatos sin ningún tipo de selección, donde se mezclaban el tapado oficial con las herencias de Carlos Zamarripa y verdaderas ocurrencias de los diputados, llegó al escritorio de la gobernadora Libia García sólo para ser devuelto en una terna plena de contradicciones.

Dos integrantes de la terna, Zucé Anastacia Hernández e Israel Aguado, son señalados por los propios diputados del PAN, en una filtración mediática, como “inviables” porque su vinculación con el ex fiscal resultaría inaceptable para el “Nuevo Comienzo”.

Lo que lleva a preguntar por qué el PAN solo incluyó candidatos con esa filiación en su quiniela. La propuesta de Hernández provino del PRD, cuya única representante es también panista y se alínea por completo a la estrategia de ese partido.

El tercer miembro de la terna es el propuesto por tres partidos que apenas reúnen 6 diputados: PRI, PVEM y PT, en lo que a todas luces es una maniobra desde el gobierno panista para construir una pluralidad de bolsillo con los aliados maleables de la 4 T y el socio tricolor.

El PAN, cuyo líder defendió a sus candidatos aduciendo en un debate radiofónico que su paso por la larga época zamarripista no había manchado su plumaje, dará un giro de 180 grados para conducir al fiscal federal Gerardo Vázquez Alatriste a encabezar una poderosa institución que ni en sus mejores sueños imaginó dirigir.

Como próximo fiscal de Guanajuato, el funcionario de origen sonorense y recién avecindado en la entidad, ejercerá un presupuesto que es la cuarta parte del que dispone la Fiscalía General de la República, donde nunca pasó de un nivel modesto.

Vázquez Alatriste llegará a aprender en todos los terrenos: desconoce las entrañas profundas de Guanajuato e ignora la dinámica de la Fiscalía estatal con sus fortalezas y debilidades. Y lo principal, nunca ha manejado una nave de ese calado, ni de cerca.

Con 80 ministerios públicos y 70 policías ministeriales, además de otros 250 empleados, la delegación estatal de la FGR apenas inicia 4 mil carpetas al año, contra las 400 mil que maneja la Fiscalía del Estado, con sus casi cinco mil empleados, de las cuales por cierto solo judicializa poco más de 12 mil al año.

Desde luego, no es el volumen lo que importa. La Fiscalía de Zamarripa apenas contaba con 5.1 fiscales investigadores por cada 100 mil habitantes, la mitad del promedio nacional y el segundo peor estado solo por debajo de Guerrero.

El nuevo fiscal deberá lidiar con una estructura monstruosa pero debilitada en la tarea sustancial de combatir los delitos jurídicamente. Habrá que ver el equipo con el que arriba Vázquez Alatriste, pues solo tiene dos subdelegados de su confianza: Omar Bazúa en León y Marco Antonio Jaime en Celaya, ninguno de los cuales destaca en su desempeño.

Lo más probable es que el nuevo fiscal termine ratificando a sus compañeros de terna, con lo que la sombra de Zamarripa seguirá campeando en la etapa por venir de la Fiscalía, agregando a lo que no ha funcionado hasta ahora, la curva de aprendizaje de un nuevo titular con una currícula más bien modesta.

Los diputados y la gobernadora habrán cumplido en la forma, pero nada en esta solución permite esperar un cambio sustancial y una mejora en la procuración de justicia en Guanajuato, tras 16 años que pueden calificarse de perdidos.

Habrá que decirlo: El “Nuevo Comienzo” no hizo la tarea.

3.- Maquillaje de cifras de seguridad al descubierto

Como trató de hacerlo en su momento Carlos Zamarripa, el inefable zar de la impunidad, el nuevo secretario de Seguridad y Paz del estado, Juan Mauro González, intentó sorprender a la opinión pública del estado con cifras maquilladas del conteo de homicidios en el estado.

Los ex policías federales que copan las áreas de mando de la dependencia donde se enseñoreó Alvar Cabeza de Vaca por dos sexenios, tuvieron la ocurrencia de anunciar una baja en las muertes violentas durante los primeros 100 días del gobierno, con más afán publicitario que informativo.

La maniobra deja en entredicho uno de los compromisos más claros de la gobernadora Libia Dennise García en la presentación de la estrategia CONFIA, la de ser transparentes en el manejo informativo, donde llamó a comunicar con claridad: “porque la gente merece saber lo que hacemos para garantizar su seguridad".

Con una opinión pública y medios bien entrenados en descubrir las triquiñuelas de Zamarripa a lo largo de los años, la maniobra del nuevo zar securitario no duró mucho, pero ya había hecho mella pues hasta funcionarios de ordinario cautos, como el secretario de Gobierno Jorge Jiménez Lona, cayeron en el expediente de festinar las cifras manipuladas.

Después de que el diario A. M. exhibió la inconsistencia de la pretendida baja de homicidios en el primer trimestre del nuevo gobierno, que no era tal ni comparada con el mismo periodo del año anterior ni con el anterior trimestre del mismo año, salió a relucir que la “”metodología” de las áreas de inteligencia y análisis de la SSP había separado los homicidios “producto del crimen organizado”, del resto de los asesinatos, con criterios que solo ellos conocen y que resultan bastante arbitrarios.

En la intención se adivina el objetivo de quedar bien frente a la gobernadora y dotar de armas propagandísticas a su equipo de comunicación social. La intentona, arriesgada y contraproducente, cayó por su propio peso en cuestión de días.

Nadie está apresurando a Mauro González y a su camada de ex federales para que resuelvan a matacaballo el arraigado problema de la violencia en Guanajuato. Cierto, se esperan resultados paulatinos por el cambio de enfoque, pero sería un error mayúsculo recurrir a la manipulación de información y el maquillaje de cifras para tratar de ganar tiempo.

Sobre todo, porque una actitud de esa naturaleza impacta en la línea de flotación a la apuesta del gobierno de Libia García de reconstruir la confianza entre gobierno y ciudadanos.