Violencia laboral, estrés y discriminación, es el ambiente que prevalece entre los trabajadores del Congreso del Estado, generado por una ola de despidos que comenzó desde el arranque de la Legislatura y de la que empleados responsabilizan al secretario general, Christian Javier Cruz Villegas.

De forma arbitraria y argumentando supuestos compromisos políticos, algunos directores de área han sido despedidos. Sin embargo, sus salidas se han presentado públicamente como renuncias voluntarias.

Las más recientes fueron la directora de Tecnologías de la Información, Patricia Díaz Sánchez y Yesica Ramberg Peña, directora de Recursos Materiales y Servicios Generales.

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Previo a las dos funcionarias, ya habían ocurrido otros despidos de directivos y empleados de diferentes áreas, en todos los casos, el área administrativa solicitó la renuncia, aunque se trataba de salidas no voluntarias, con lo que se ha generado un clima laboral de incertidumbre, hostilidad y violencia en el Legislativo.

Testimonio extraoficiales apuntan a discriminación laboral, pues algunas personas con discapacidad, contratadas como parte de una certificación de inclusión laboral, fueron despedidas.

Otras han conservado sus puestos de trabajo, pero se les cambió su nivel tabular, lo que implica una disminución salarial que la legislación en materia laboral señala como ilegal.

Diputados de oposición confirman que hay un clima de tensión y han recibido testimonios de renuncias obligadas; reconocen que es facultad de la Secretaría General, pero cuestionan las formas en la que se realiza la reestructuración.

Simulan renuncias, pero hay despidos de fondo

Desde noviembre del año pasado, después de la instalación de la actual Legislatura durante el mes de septiembre, el secretario general del Congreso local, Christian Cruz Villegas, anunció una reestructuración integral en el Poder Legislativo.

En aquel momento, supuestamente sólo cuatro personas habrían sido dadas de baja y a nueve más ya no se les renovaron sus contratos. En aquel momento, los movimientos fueron en las áreas de Comunicación Social, Contraloría e Investigaciones Legislativas.

Sin embargo, los trabajadores aseguran que al mes siguiente y durante todo este año han seguido las bajas y que en la mayoría de los casos, los empleados han sido despedidos, pero a la gran mayoría se les ha pedido su renuncia.

Ilustración: Pinche Einnar

En los casos más recientes, la directora de Tecnologías de la Información, Patricia Díaz Sánchez y Yesica Ramberg Peña, directora de Recursos Material y Servicios Generales, dieron testimonio de que fueron despedidas de sus cargos, al tratarse supuestamente de puestos de “confianza” y por supuestos compromisos políticos.

“Me pidieron la renuncia, yo entiendo que hay ciclos, cambié simplemente el prototipo que me pidieron que firmara, por uno que yo redacté y el jueves (de la semana pasada) llegó mi reemplazo”, declaró Patricia Díaz Sánchez.

Ella acumuló 19 años de antigüedad en el Poder Legislativo, se encargó de instrumentar toda la tecnología necesaria para que el Congreso local siguiera operando durante la pandemia, cuando todo el trabajo de los diputados locales se transformó a la virtualidad.

Con la misma modalidad, el pasado lunes, Juan Caudillo Rodríguez, director de Administración, le solicitó su renuncia a Yesica Ramberg Peña, directora de Recursos Materiales y Servicios Generales.

A ella se le indicó que su baja era una instrucción y se le pidió estar consciente de que ocupaba un puesto de confianza.

“Pidiendo mi renuncia haciendo alusión a que es una plaza de confianza. Yo soy una persona de confianza, por lo tanto me tengo que quedar en mi base y como no estoy renunciando, no te pienso entregar una renuncia”, fue lo que respondió la trabajadora al directivo.

La funcionaria se negó a firmar el documento de renuncia y pidió que se reconociera su despido injustificado, como la razón de su salida. Esto ocurrió también con al menos tres empleados de la misma dirección en marzo de este año: Santamónica Aparicio Ortega, Juan Martínez y Carlos Alberto Piña. La primera de ellas era una empleada contratada a través de un convenio con el Instituto Guanajuatense para la Personas con Discapacidad.

Intimidación e incertidumbre distinguen relaciones laborales en el Congreso

Hasta noviembre de 2021 las bajas en el Congreso local eran cuatro, pero luego en enero crecieron hasta más de 30. A través de una solicitud de acceso a la información pública se pudo acceder al listado y se comprobó que de las personas que terminaron su relación con el Congreso al menos 10 fueron despedidas.

De acuerdo con empleados del Congreso, los despidos han continuado, lo mismo que la contratación de personal de nuevo ingreso. Por ejemplo, en febrero se anunció la salida del titular de la Dirección de Administración, Omar Mares Crespo. A él lo sustituyó tras su supuesta renuncia, de forma inmediata, Juan Caudillo Rodríguez.

También se reportó la salida de José Julio González Garza, director de Desarrollo Institucional. Extraoficialmente se sabe que el trabajador sufrió merma en su salud por el estrés laboral y decidió separarse del cargo.

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El área permanece sin responsable hasta la fecha. La incertidumbre ha generado en el Poder Legislativo un clima laboral tenso, porque en la mayoría de los casos, los despidos se les han notificado a los trabajadores el mismo día en que se tiene contemplados.

A razón de la situación, diputados de oposición solicitaron en Junta de Gobierno la realización de una encuesta de clima laboral, que supuestamente realizará una empresa externa. En el Congreso local se implementó desde 2020 una Política de Prevención de Riesgos Psicosociales, referente al cumplimiento de la NOM-035 emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y que entre otras cosas regula las relaciones de trabajo y busca prevenir la violencia laboral.

Como parte de este protocolo se estableció un Comité de Igualdad Laboral y no Discriminación, supuestamente enfocado a defender los derechos humanos del personal y promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Existe incluso la figura del ombudsman, quien es la persona encargada de garantizar el respeto de los derechos del personal del Poder Legislativo. Actualmente, el cargo lo ocupa la titular de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas, Belén Espinoza Aguirre.

Pero en el lugar donde se elaboran las leyes y deberían respetarse, el ambiente laboral está alejado del respeto a los derechos humanos. El personal se siente intimidado por el responsable de la Secretaría General, hay hostilidad y cargas de trabajo excesivas en algunos casos.

Afirman acuerdo en bajas, diputados lo desmienten

La supuesta renuncia de la directora de Tecnología de la Información, Patricia Díaz, abrió el debate sobre las más recientes bajas en la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el máximo órgano de Gobierno del Poder Legislativo. Y es que a algunos de los trabajadores despedidos, se les argumentó en lo privado como razones de sus salidas, supuestos acuerdos y compromisos políticos. En lo público, la mayoría fueron “razones personales” de cada colaborador.

Durante la Junta de Gobierno, diputados de oposición cuestionaron sobre estas decisiones y sostuvieron que en el caso de la directora de Tecnología de la Información, se trató de una renuncia. Se argumentó que se tratan de puestos de confianza y que es una atribución del secretario general del Congreso local tomar estas determinaciones.

El argumento para justificar los despidos de un momento a otro fue ‘para evitar desgaste'. Cuestionado sobre la bajas más recientes y el acumulado en la actual Legislatura, el diputado del Partido Verde Ecologista, Gerardo Fernández, aseguró que no han recibido información sobre el tema.

“En ninguno de los casos, ni de despidos, que tengo entendido que van un par de ellos y las renuncias que han presentado otros funcionarios del Congreso, en ninguno nos han avisado previo a los funcionarios, no hemos sido informados, la razón, el motivo o si es que existe algo referente a su trabajo”, dijo.

Sin embargo, a los empleados despedidos se les ha argumentado que hay acuerdo y se les ha hecho creer que los diputados están enterados de esta situación. Esto los confirmó la diputada de Movimiento Ciudadano, Dessire Ángel Rocha.

“Esta parte de ‘es tu último día, nos vas a presentar tu renuncia’ entiendo lo que me están comentando las compañeras y compañeros que han vivido esta situación, que les dicen que son puestos de confianza y que estos puesto de confianza, debería de saber que son momentáneos”, explicó la legisladora.

“El punto aquí es qué justificación se presenta de las peticiones de su renuncia para ellos, de no poderte explicar, es porque tu trabajo no tiene el valor que nosotros esperamos o ene cantidad de cosas, pero no las tuvieron, el porqué su trabajo ya no tenía un valor para el Congreso y eso definitivamente no se vale”.

Consideró que con estas condiciones, el Congreso local está violentado la Norma Mexicana 035 de la que supuestamente tiene incluso políticas diseñadas e implementadas a través de comités y figuras de defensoría.

“Se siente un ambiente de mucha tensión en los colaboradores y colaboradoras del Congreso porque no saben si su puesto también es de confianza y entonces ese puesto también tiene que ser entregado”, lamentó.

Y además de todo, discriminación

Aunque por temor a represalias no se puede revelar el nombre, existen también testimonios de empleados a los que se le cambió de área de trabajo de manera reciente y esto resultó en una disminución salarial. La Ley Federal del Trabajo establece restricciones en este sentido.

En algunos de los casos, los motivos han sido por razones de edad o por otras condiciones personales de los trabajadores. Existe el caso de una mujer, a quien por su condición de madre se le movió de un área a otra.

El argumento fue que se requería disponibilidad en horarios y que debido a sus responsabilidades como madre, no podría ofrecerlo. Con razones discriminatorias y sexistas, a ella se le cambió de área y se le redujo el nivel salarial.

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El artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo establece que ningún trabajadores puede ser objeto de discriminación en su centro laboral, ni por su origen étnico o nacional, ni género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra causa que atente contra la dignidad humana.

A otra trabajadora, también una mujer, se le cambió el área y el único argumento que se le dio fue que se necesitaba la plaza para otra persona. Extraoficialmente se sabe que fue para alguien con lazos familiares a un diputado.

Empleados aseguran que se le da poco valor a los empleados con mayor edad porque sus conocimiento serían obsoletos, lo que consideran es claramente discriminación a causa de la edad.

Además se tiene conocimiento de al menos dos despidos de personas con discapacidad: Alma Irais Aranda García, de la Unidad de Transparencia y Santamónica Aparicio Ortega de Recursos Materiales y Servicios Generales.