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“El Comandante Emilio” clama inocencia por secuestro en SMA; reitera que fue torturado para declararse culpable
El ex guerrillero chileno reconoce que con su historial no se puede presentar como una persona "sin mancha", pero afirma que la fiscalía busca condenar a su esposa "para sus fines perversos", fabricando pruebas contra ambos y retrasando su juicio
Con información de Edith Domínguez
Raúl Julio Escobar Poblete y/o Ramón Alberto Guerra Valencia, “el Comandante Emilio”, desde el estrado de los acusados, aseguró ser inocente del presunto secuestro de una mujer franco-americana en San Miguel de Allende, Guanajuato, tras revelar una serie de irregularidades como fabricación de pruebas en su contra y tortura por parte de integrantes de la Fiscalía General del Estado para que se declarara culpable, cosa que no ha hecho.
En su narración, “el Comandante Emilio”, de origen chileno, hoy recluido en el Cereso 1000 de Valle de Santiago, se describió como un “luchador social”, que desde hace 20 años vive en México usando el nombre de Ramón Alberto Guerra Valencia por seguridad personal debido a que el servicio secreto lo perseguía por “mala conducta de mi parte”, misma que salió a la luz pública tras su detención en el municipio de San Miguel de Allende el 30 de mayo de 2017.
Al ser detenido, él fungía como presidente de una Asociación Civil en San Miguel de Allende, sus principales ingresos económicos eran la renta de su casa los fines de semana y de una tienda de artículos de muebles de decoración en la calle San Francisco número 1, cerca del Jardín Principal, que abría de las 09:30 a las 21:00 horas de lunes a domingo. Él vivía con su esposa en la colonia Nigromante.
Sin embargo, "El Comandante Emilio" era buscado por la Interpol por planear y ejecutar un atentado contra el senador Javier Guzmán en Chile en abril de 1991, además de liderar el grupo armado de izquierda radical en ese país, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
Denuncia detención arbitaria
Ayer lunes, en la etapa de desahogo de pruebas de su caso, realizada en la sala del Poder Judicial en Valle de Santiago, Escobar Poblete explicó que desde el 30 de octubre de 2017, día que fue detenido hasta antes de entrar al juicio oral, “ha sido una situación procesal no adecuada. Pasé 10 meses incomunicado en el Cefereso de Ocampo, mi abogado hasta el día hoy no lo dejan entrar, por eso me excedo en permisos. He sido coaccionado por el fiscal Pedro Sierra Hernández, de que si no me declaraba culpable irían contra mi familia; mi defensa ha sido maltratado, se ha violado los principios de igualdad”.
Siguió “¿cómo es posible que se pueda comprobar algo que no es real? En la gasolinera (el día de la detención) aparece un taxista que dijo que a las 10:07 llamó al 911, (describiendo a una persona) moreno, boca grande, nariz afilada, no concuerda, es materialmente imposible. Yo soy detenido entre las 10:00 y 10:05 de la mañana a 50 metros de la gasolinera... me detienen dos policías municipales, entrego mis documentos”.
Después de que la Policía le dijo que esperara y posterior lo detuvieron, lo esposaron y lo subieron a una patrulla, el segundo policía se llevó su camioneta, llevándolo a los separos.
“En mi camioneta no encontraron ninguna huella inclusive mía porque la tenían contaminada” señaló y explicó “esos mismos policías dicen que hice dos llamadas telefónicas del número 41510999 y dije, ¿saquen todo lo del cajón?”, en una segunda, dije, ‘Carlos (su hijo), ¿vayan al departamento y digan que lo tienen detenido?, quiero desacreditar esa falacia, mi hijo estaba en Cuba” en ese momento, argumentó.
Desconoció, también, unas hojas que el agente ministerial José Rafael Téllez le puso en el capó al revisar sus pertenencias “hojas que no reconozco, motivo de la detención en flagrancia”, y explicó que sus pertenencias quedaron en la bolsa de cadena de custodia a las 10:21, pero presentan un peritaje que pasaba a las 10:20 el teléfono estaba en cadena de custodia, (por lo que todo esto) es un montaje, asegura: "la hoja no está, no existe en el peritaje. Luego apareció mágicamente, siempre fue la Policía Municipal quien hizo mi arresto, me esposaron y me metieron a la patrulla, nunca asistió la policía ministerial” y ahora le acusan que hizo esas llamada a las 10:40.
En su defensa explicó que el personal de la Fiscalía presentó un peritaje de su número de teléfono “donde se exhibió que mi teléfono no tenía salidas ni entrada de llamadas, el diálogo lo inventó la policía municipal”, acusó.
Momentos de tortura
Luego que los policías municipales dejaron a Raúl Julio Escobar Poblete en los separos de seguridad pública, 30 y 45 minutos después, presuntos agentes ministeriales se lo llevaron y lo torturaron, denunció. Las oficinas de la Policía Ministerial en San Miguel de Allende se ubican frente a la Dirección de la Policía Municipal.
“Hombres vestidos de civil me subieron a un Tsuru de color arena, 'con la cara cubierta', luego lo llevaron a un segundo piso a una habitación donde lo comenzaron a interrogar, "me tuvieron unas tres horas, ahí escuché que me buscaba mi esposa y (los ministeriales) dijeron: 'digan que no está detenido'. No fui asistido por un abogado, (sino) hasta el 1 de junio de 2017, no hice ninguna llamada telefónica, hasta el 31 de mayo a las 23:00 horas me pude comunicar con el abogado”.
“Tortura, malos tratos, me patearon los testículos, me golpearon con sus armas para que me declarara culpable, que tenía que entregar a gente, si no irían contra mi familia. Yo reconocí que era chileno pedí que me dieran asistencia consular, se rieron… No me sacaron una declaración extra judicial, me regresaron con golpes. Todavía tengo marcas en las esposas después de 2 años”.
“Los moretones dijeron que eran porque me había dormido mal, pero el dictamen médico (del Semefo) no corresponde al dictamen de ingreso al Cefereso donde me detectaron golpes, (por eso), puse una queja en Derechos Humanos, llegaron a la misma conclusión, la recomendación llegó hasta (Carlos) Zamarripa que aceptó la queja… Mi detención se trasformó en un secuestro, más que secuestrador, fui secuestrado… de ahí pasé a un periodo de incomunicación”, lamentó el “el Comandante Emilio”.
Dijo que lo relacionan con estos hechos por su “situación de hace 30 años… no soy una paloma blanca”, reconoció.
La versión oficial
Por su parte, Carlos Zamarripa, al dar a conocer la detención, calificó a Poblete como cabecilla de una banda de secuestradores, hoy solo es acusado del presunto secuestro de la mujer franco-americana.
El día de la detención, un testigo, identificado como Marco Alberto, taxista, fue contratado por un hombre de acento extranjero, que no era Poblete, quien le pagó 500 pesos para que entregara una caja a una persona en el restaurante Nirvana en la comunidad de Santuario Atotonilco.
El conductor, al ver que lo seguía una camioneta, se asustó, en ese tiempo habían matado a cuatro taxistas en San Miguel de Allende, por lo que se detuvo en la gasolinera, reportando el hecho a la Policía Municipal. En el paquete, que revisaron después, llevaba el dedo de la víctima, identificada como Nancy, a quien tenían secuestrada desde el 13 de marzo de ese año. Además de eso, la caja contenía una carta escrita en frances, otra en Inglés y una amenaza. Después de la detención de Poblete, Nancy relató a los medios de comunicación que escuchó “ya agarraron a Ramón, ya valió madres” y después fue liberada. En las cartas presuntamente pedían un millón de dólares.
Revisión de la supuesta casa de seguridad
En su narración de los hechos, el detenido recluido en el Cereso 1000 de Valle de Santiago, dijo que hay varios relatos de los agentes de la Policía Ministerial y peritos del Servicio Médico Forense que no coinciden, porque unos dicen que al llegar a la casa de la calle Circuito Azucena que presentan como “casa de seguridad” la patearon para entrar y otros dijeron que estaba abierta. Explicó que el inmueble lo compró en el año 2016 y la puso a nombre de su hijo. La propiedad la metió al circuito de rentas en internet por días, de donde sacaba dinero, hasta el 28 de mayo de 2017 la rentó a una pareja; el día de su detención, la casa estaba vacía.
“La Fiscalía ha presentado imágenes de adentro de la casa, una base de cama la conozco, otra base de cama individual que presenta la fiscalía con un tubo de cortina de baño, figuras metálicas… es un montaje, está viciado y contaminado”, pues las autoridades aseguran que las bases metálicas las usaba presuntamente como “cárcel”.
“Son tan buenos que adivinan el futuro, encontraron un ticket días después, justificaciones vagas y absurdas. No coincide nada, cómo van a demostrar lo que no es verdad”
Escobar Poblete denunció que solicitó los videos de las cámaras de vigilancia en vía pública y de los negocios en el lugar, pero se los negaron.
“Estudie 4 años de fotografía, (por ello sé que) es un montaje, presentan 50 fotos de un video, pero no el video. Porque estamos jugando con la vida de la gente, prestándose para buscar culpables, puedo entender con mi historia de 30 años no me puedo presentar como una persona sin mancha, pero no, para sus fines perversos, de buscar a mi esposa, la condenaron fabricando una llamada que no existió.
“El comandante Emilio” no quiso contestar preguntas de la Fiscalía “por la manera en la que se han comportado con tanta falsedad, no lo voy a dar”.
El 2 de octubre de 2017 este tuvo una videoconferencia, donde le pudieron entregar una cuchara y un plato y lo dejaron ver a su abogado. Antes de eso no tuvo audiencia, “aislamiento total, no podía hablar con nadie, no podía hablar por teléfono, hasta 5 meses después de su detención. El cónsul fue a visitarlo después. El Cefereso de Ocampo, para evadir la responsabilidad, dijo que había un homónimo del abogado".
Violan Protocolo de Estambul, asegura
En el caso del recurso procesal de violaciones al Protocolo de Estambul (el conjunto de normas internacionales para documentar la tortura y sus consecuencias), el acusado explicó que hubo una “sistemática intromisión constante de la autoridad” porque cada vez que se iba iniciar el juicio pasaba algo. Ejemplificó que el 6 de diciembre de 2017 desapareció todo el material que había. El 12 de octubre de 2018 había una entrevista pero los equipos que proporcionó el Cefereso de Ocampo fallaron por tercera ocasión. El 6 de diciembre de 2018 el equipo que proporcionó el Cefereso de Ocampo estaba descompuesto.
Las amenazas del representante de la fiscalía, Pedro Sierra Hernández siguieron, “se aparecía a coaccionarme, si tenía pruebas porque me presionaba” y de la audiencia del 2 de octubre de 2017 le dijo “que estaba a su cargo la carpeta, no se movía ningún papel sin su permiso, si no se contaba con su consentimiento”
El abogado defensor del chileno ingresó el parte de novedades de seguridad pública del municipio del día de su detención. Pero no logró ingresar una documental privada porque los jueces no advertieron procedente la manera en la que el defensor la quiso ingresar.
Debido a las supuestas constantes llegadas tarde del abogado defensor del acusado Raúl Julio Escobar Poblete y que en esta etapa de desahogo de pruebas no fue excepción, la Jueza Gloria Esther Hernández le impuso dos multas, una por mil 680 pesos y una segunda por 3 mil 769 pesos. Además le advirtió que de llegar una vez más tarde lo multaran con 60 unidades de medida, debido a que estos retardos afectan a otros tribunales.
Recomendaciones de DDHH, “como llamadas a misa”
La autoridad está en su derecho de aceptar o no las recomendaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos del estado de Guanajuato, pero, en cambio, está obligada a trabajar para evitar que sigan sucediendo estas terribles prácticas, sin embargo en Guanajuato la tortura se vuelve común.
En la época de Federico Chowel Arenas, procurador de Justicia, dos agentes ministeriales fueron cesados por torturar a un detenido, después, en febrero de 2009 Arenas anunciaba su renuncia por ir a buscar la candidatura a la alcaldía del PAN, que a la postre perdería.
Así llegó Carlos Zamarripa a cubrir el puesto “provisionalmente” se indicó, sin embargo en la era de la actual Fiscal General la historia no cambió, sigue habiendo evidencia de lo que son capaces los agentes de la Policía Ministerial para obtener un culpable. Aunque los casos públicos son contados.
Uno de ellos terminó en una recomendación de la Procuraduría General de los Derechos Humanos de Guanajuato (PGDH) a cargo de Raúl Montero, al Fiscal General, por tortura y abuso sexual, contra tres ciudadanos, dos de ellos padre e hijo. Los tres fueron sustraídos a la fuerza de su hogar por policías ministeriales para pasearlos, golpearlos, torturarlos y violar a uno mientras se le exigía se declararan culpables del secuestro de los 7 desaparecidos en la comunidad de Cerro Gordo en el municipio de Salamanca, desaparición que hoy sigue impune.
28 de mayo de 2019, 03:42
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