“El Gobierno del estado, y en lo personal como gobernadora de Aguascalientes, somos provida. Nosotros no podemos obligar a los médicos a practicar ningún aborto, a pesar de que la Suprema Corte ha resuelto que suceda alguna situación en el Congreso”, declaró la mandataria Teresa Jiménez el pasado 19 de diciembre. Una semana después, la gobernadora anunció una estrategia legislativa con la que buscarán obstaculizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a la interrupción del embarazo.

La despenalización ocurrió en Aguascalientes el 14 de diciembre, cuando ocho integrantes del Pleno Legislativo local avalaron, en secreto, la eliminación de las sanciones penales para la interrupción del embarazo, en atención a una resolución –y mandato– de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Se tenía que acatar esa resolución y así lo hicieron algunos diputados, porque no puedo hablar por todos. No fue mayoría, nada más se necesitaban ocho de los 27 diputados. Lo lamento en lo personal”, añadió Jiménez.

Una semana después, el 27 de diciembre, la mandataria, presionada por grupos conservadores –parte importante del electorado de Acción Nacional– que le exigían vetar la despenalización, apareció en un video donde se anunció una reforma al Código Penal y la iniciativa para crear la Ley para la protección a la vida y la prevención del embarazo no deseado para el estado de Aguascalientes.
En el video estuvo acompañada por la bancada panista en el Legislativo local, donde ese partido tiene mayoría.

“Es imposible concebir un estado de derecho si no somos capaces de respetar lo esencial, si no hablamos y actuamos en el marco de una doctrina humanista, que defiende los derechos humanos desde la concepción”, dijo la mandataria.

La iniciativa se recibió en el Congreso Estatal el 26 de diciembre. La propuesta se discutirá hasta marzo, cuando inicie el periodo ordinario de sesiones.

En ella se plantea como pieza central al “Sistema Estatal para la protección a la vida y la prevención del embarazo no deseado”, presidido por la mandataria o, en su defecto, por Rubén Galaviz Tristán, titular de la Secretaría de Salud, que a finales del año pasado propuso la creación de un comité para convencer a mujeres y personas gestantes de no abortar.

“La idea es convencer que no suceda”, dijo Galaviz.

En otros momentos, el secretario de salud ha afirmado que en el estado no hay personal médico dispuesto a realizar abortos. La SCJN, sin embargo, obliga a la entidad a contar con este personal en sus instituciones de salud.

“Conscientes, y en apego a nuestros valores e ideales, la bancada panista presentaremos una nueva iniciativa enfocada en reformar el Código Penal”, agregó en el video la diputada local Jedsabel Sánchez.

Esa reforma, hasta el momento, no ha sido presentada. Para las organizaciones civiles que lucharon por el derecho a la interrupción del embarazo, sería la pieza clave de una política pública que busca combatir el derecho al aborto, entre otras cosas, con fines proselitistas.

Entre los grupos que han presionado a Jiménez, se encuentra el Frente Nacional por la Familia (FNF) en Aguascalientes, grupo cercano al PAN, que anunció que impugnará “la liberación del aborto” y respondió al anuncio de la gobernadora y su grupo parlamentario.

El FNF llamó a las y los legisladores “culpables por omisión y traicioneros a sus principios”. También recriminó a la mandataria haber incluido a las “personas gestantes” en la iniciativa que anunció, y que ésta no promocionara el matrimonio entre hombres y mujeres y les redujera a un “simple objeto sexual”.

Durante los últimos días de diciembre, organizaron manifestaciones y enviaron oficios a Jiménez solicitando oponerse a la resolución de la Corte.

“Seguimos esperando acciones concretas que echen atrás el asesinato de seres humanos en el vientre materno. Demuestren que tienen voluntad política para defender la vida humana. Tienen tiempo y mayoría para remediar este grave error”, solicitó la organización a la gobernadora y al Congreso.

“Quieren obligar a las mujeres a parir”

La Ley para la protección a la vida y la prevención del embarazo no deseado, propone la creación de un sistema en donde participan 13 dependencias estatales de los sectores de salud, educación, economía y comunicación, encargadas de emprender acciones para la “promoción y protección de la vida, y la prevención y protección del embarazo no deseado”.

De acuerdo con la propuesta, para cumplir con sus objetivos, el sistema sesionará sólo dos veces al año. Y además de conferir facultades que las secretarías ya deben cumplir, como la atención integral para mujeres y personas gestantes embarazadas, busca otorgarles apoyos económicos.

También solicita la puesta en marcha de campañas para evitar el aborto “(...) dirigidas a las personas adultas y adolescentes, para motivarles a asumir su responsabilidad ante un embarazo”, señala el documento en atención a las autoridades en materia “social y cultural”, a quienes también se les pide fomentar “la promoción de valores”.

A las autoridades de educación, se les faculta para “implementar programas educativos de información sobre temas de: sexualidad integral, fertilidad y reproducción sexual” a estudiantes de educación básica, algo que el propio PAN ha buscado obstaculizar, por ejemplo, con la aprobación del llamado PIN Parental.

“La lectura real es un sistema que te está obligando a parir. Algo que nunca nombraron en la iniciativa son los motivos por los que surge la propuesta y también, muy importante, no explican que está entendiendo el Estado por prevención del embarazo no deseado y por protección de la vida. Ahí tenemos una ausencia de conceptos”, considera Angélica Contreras, integrante de la organización Cultivando Género, que en conjunto con otras asociaciones civiles locales y con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), ganaron el amparo en la SCJN que obligó al Congreso a despenalizar.

Pese a que habla de la creación de programas para “incentivar el autoempleo a través de apoyos económicos” y de “promover esquemas de ampliación del número de guarderías y sus horarios, acordes a las necesidades laborales y educativas de las mujeres”, la propuesta no incluye ningún presupuesto para cumplir con sus objetivos.

“O sea, ¿estás dándole dinero a cambio de que las personas entren al trabajo de parto y tengan a hijos que no quieren tener? ¿Qué política humanista es esa? ¿Qué política pro vida, repitiendo las palabras de la misma gobernadora, es esa, que te están condicionando el llegar al término de un embarazo a cambio de dinero? Me parece que son puras palabras porque no tiene forma, no tiene fondo y además no tiene presupuesto”, añade Contreras.

La iniciativa promueve, aunque sin especificar qué acciones implementarán, la adopción, aunque el Sistema DIF en el estado se ha visto rebasado en el cumplimiento del cuidado de las infancias, y ha sido acusado por el Poder Judicial de violencia infantil.

“Estás hablando de planeación familiar, pero ¿de qué tipo, si estás metiendo a cada rato a grupos anti derechos a qué opinen sobre tu política de educación, tu política de salud, tu política de prevención? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Y claro, hay un tema electoral detrás”, añade Contreras.

La activista agrega que, de acuerdo con información que ha trascendido en el Legislativo, la reforma al Código Penal que presentará la bancada panista buscará insistir en la protección de la vida “desde la concepción”, algo que el Congreso ya había aprobado en 2021 y que la Corte invalidó en 2022.

“La Suprema Corte ya ha señalado que las disposiciones que buscan proteger la vida desde la concepción realmente no tienen el impacto de impedir que se pueda realizar el aborto. Empezando por ahí, me parece que es una iniciativa o un intento que no tendría un impacto en el acceso al derecho de las mujeres a abortar”, considera Melissa Ayala, coordinadora de litigio de GIRE.

La iniciativa de Ley dejó de lado la NOM-046, que aboga por la interrupción inmediata del embarazo en casos de violación sexual, uno de los delitos que registró un aumento durante 2023, superando a las cifras de 2022.

Niega estado aborto a niña de 13 años

De acuerdo con un medio de circulación local, tras la despenalización del aborto en Aguascalientes una niña de 13 años habría solicitado la interrupción de su embarazo en el Hospital de la Mujer, pero la solicitud le fue negada porque tenía más de 12 semanas de gestación.

“Hasta ahorita recibimos sólo una paciente para la Interrupción Legal del Embarazo, pero tenía 28 semanas de embarazo, por lo que no cumplía con el criterio establecido y por lo mismo no se realizó el procedimiento”, habría declarado Jaime Reyna Cruz, director del Hospital de la Mujer.

Para Contreras, de Cultivando Género, el caso debe ser analizado por el Ministerio Público.

“Lo que me queda claro de esta nota es justamente la insistencia del gobierno de seguir demostrando que en Aguascalientes no se van a practicar abortos. Ese es el contexto. Me parece que están utilizando el caso de una niña de 13 años para seguir demostrando que no se va a practicar y, al contrario, culparla. Es un caso que deberían de estar investigando, son muy delicadas las palabras del director del Hospital de la Mujer”, explica la activista.