Autores:
En riesgo 294 plazas de personal de salud federal en zonas marginadas del estado
Debido a la no adherencia de Guanajuato al IMSS Bienestar trabajadores permanecen sin basificación desde hace una década y corren el riesgo de perder empleo o ser adscritos a otra entidad
Pese a que prestan servicios indispensables de salud para derechohabientes en zonas de alta marginación en Guanajuato, el personal de salud del Gobierno Federal acumula años en un limbo laboral y corre el riesgo de quedar desprotegido hasta que autoridades estatales y federales lleguen a un acuerdo en los próximos meses.
Médicos generales, enfermeras, auxiliares de enfermería, nutricionistas y profesionales de la psicología, algunos con más de una década de experiencia en la Secretaría de Salud de Guanajuato, no han logrado obtener el beneficio de la basificación debido a que forman parte del sistema federal. El lunes pasado, salieron a protestar en León después de que fueron notificados sobre la terminación de sus contratos y de una probable reubicación, fuera de la entidad.
Los servicios de este personal son tan imprescindibles que el pasado lunes, durante las manifestaciones, hubo unidades en comunidades alejadas del estado como en San Miguel de Allende o Jerécuaro, que no prestaron servicios a los derechohabientes porque no se cubrieron turnos completos.
El IMSS-Bienestar sostiene que no puede ofrecerles esta prerrogativa debido a que Guanajuato es una de las ocho entidades que decidió la no adherencia al convenio nacional de salud, esta es la principal razón por la que las y los trabajadores no han sido basificados.
“Los 23 estados federalizados han entregado bases permanentes a los trabajadores que tenían contrataciones precarias, sin estabilidad laboral, sin prestaciones, sin seguridad social”, informó la dependencia federal en una tarjeta informativa.
Según el mismo documento, en los 23 estados se han basificado a 25 mil 492 trabajadores de la salud y en 2024 se pretende eliminar cualquier contratación eventual para llegar a una basificación de 71 mil 944 personas. Por otro lado, el gobierno estatal ha priorizado la basificación del personal contratado con recursos propios.
De esta manera, el que se presume como el mejor sistema de salud de México según las autoridades estatales, podría quedarse en los próximos tres meses sin 294 colaboradores que atienden en Unidades Médicas Primarias, denominadas UMPAS, o en unidades móviles ubicadas en zonas remotas del estado, lo que causaría la desprotección de los guanajuatenses que dependen de estos servicios.
Por ahora, el único acuerdo es que el gobierno federal pagará la nómina del personal por un trimestre más, pero ha advertido a los gobiernos estatales no adheridos al IMSS-Bienestar que deben buscar alternativas para basificar a estos trabajadores o, de lo contrario, quedarán sin empleo.
Excluidos y sin derechos, la realidad de personal federalizado
El 1 de abril, el personal médico del programa Atención a la Salud fue convocado a una reunión en el Hospital Regional de Alta Especialidad en León. Allí, un representante de Recursos Humanos del IMSS-Bienestar informó a los empleados sobre la terminación de sus contratos a partir del 31 de marzo. Las personas fueron citadas en grupos para recibir esta notificación.
En un video se muestra un momento en el cual el representante comunica la decisión y asegura que su objetivo es garantizar la continuidad laboral de todos hasta el 31 de diciembre, manteniendo las mismas condiciones de trabajo, aunque se planteaba la posibilidad de reubicación dentro o fuera del estado. Sin embargo, el nombre del representante no fue revelado.
Durante la grabación, se ve cuando el personal expresa preocupaciones sobre las condiciones laborales que han enfrentado en los últimos años, señalando la falta de derechos laborales como permisos de salida y días festivos.
También surgió el tema del trato desigual recibido por parte de la federación, debido a la decisión del gobierno del estado de no adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).
"La situación nunca ha sido equitativa. Aquí en Guanajuato no nos han tratado igual que en otros estados que sí se han adherido al IMSS-Bienestar desde el principio. No es nuestra culpa para empezar", mencionó una mujer, a lo que el representante respondió: "Nosotros tampoco".
Posteriormente, el personal médico reunido cuestionó al representante por evadir las preguntas como parte de su rol institucional, y luego él se desligó del tema, indicando que la reunión no era para discutir asuntos políticos. La reunión transcurrió en ese tono.
Después de este encuentro, las y los empleados se organizaron para salir a protestar, tomaron la carretera León-Silao y demandaron a las autoridades que les otorguen ya una base, pues muchos de ellos tienen más de 10 años laborando.
“En Covid fuimos héroes y hoy desempleados”, señalaron en algunas pancartas durante la protesta en la que evidenciaron la falta de soluciones, tanto del gobierno federal como del estado. Dijeron que durante el sexenio de Diego Sinhue se ha basificado a personal con muy poca antigüedad “por favoritismo”.
Algunas de las 294 personas trabajadoras que forman parte del programa Atención a la Salud en Guanajuato acumulan hasta 13 años de servicio en estos roles. Este programa tiene sus raíces en el programa Oportunidades y, posteriormente, en la creación de Prospera, impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto.
En un principio, al menos 510 trabajadores colaboraban en este esquema en la entidad, pero a partir de 2021, la cifra ha ido disminuyendo gradualmente, llegando a 460 en un principio, luego a 311 y finalmente a los 294 trabajadores que están vigentes actualmente, según datos de la Secretaría de Salud del Estado.
El personal está distribuido en las ocho jurisdicciones sanitarias del estado y en un Centro Regional de Desarrollo Infantil, llamado Ceredi, ubicado en la capital. Incluye 115 médicos generales, 120 auxiliares de enfermería, dos enfermeras generales, 30 nutricionistas y 27 especialistas en psicología clínica.
"Yo llevo 9 años trabajando aquí. Inicialmente fui contratada por ISAPEG y luego nos trasladaron a esta parte del INABI sin previo aviso", comentó una nutrióloga de Manuel Doblado, municipio perteneciente a la jurisdicción VIII.
Desde el inicio de su contratación, se les ofrecieron contratos anuales, que en algún momento se convirtieron en semestrales. Pero desde hace dos años, con el IMSS-Bienestar, los contratos se han vuelto trimestrales.
"La decisión de Guanajuato de no adherirse al IMSS-Bienestar complicó aún más nuestra situación, la verdad... nos dejaron de lado por la federalización. Siempre hemos estado muy excluidos, desde que nos cambiaron a estos contratos, a pesar de que todos trabajamos para el mismo estado", lamentó la nutrióloga.
Recordó que cuando el Gobierno del Estado comenzó la basificación del personal, como parte del compromiso del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se priorizó a los colaboradores contratados por la SSG.
"Fuimos ignorados en favor de darle contratos a su propio personal financiado por el estado. Se desentendieron y nos dijeron que debíamos ser basificados por el gobierno federal, pero nos dejaron en el limbo", lamentó la nutrióloga.
Nutriólogas, enfermeras y médicos de otras jurisdicciones entrevistadas por PopLab tienen antigüedades que van desde nueve hasta 13 años en unidades de la SSG, sin cambios en sus condiciones laborales.
A nivel nacional, el personal médico afectado suma mil 908 personas de los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Yucatán, Durango y Jalisco; los primeros cinco son gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN).
Durango es gobernado por el priista Esteban Villegas Villareal, quien asumió el cargo con la Alianza Va por México en 2022, mientras que Jalisco, cuyo gobernador es Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano, decidió no adherirse al INSABI en su momento.
Les prometen base, pero no les cumplen
Según datos publicados en las obligaciones de transparencia, la Secretaría de Salud de Guanajuato atiende a 3 millones 766 mil 094 personas en 648 unidades distribuidas en los 46 municipios del estado.
En sus ocho jurisdicciones, el sistema de salud local emplea a 5 mil 48 trabajadores en áreas médicas, considerando únicamente al personal de medicina general, enfermería, nutrición y psicología. Sin embargo, en términos generales y de acuerdo con datos de transparencia, la plantilla completa de salud está conformada por más de 22 mil empleados.
La Secretaría de Salud recibe recursos federales y estatales. Su mayor fuente son los recursos estatales, que este año corresponden a más de ocho mil millones de pesos. Como recursos federales, tiene asignados 4 millones 604 mil pesos del esquema IMSS-Bienestar; 4 millones 645 mil pesos del Fondo de Aportaciones de Servicios de Salud (FASSA) y 372 millones de pesos de proyectos Q, que incluyen programas como Planet Youth, combate al dengue, accidentes, implantes cocleares, implantes mamarios y medicamentos para pacientes trasplantados de riñón (inmunosupresores).
Con el gobierno de López Obrador, el estado dejó de recibir 280 millones de pesos del Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados (AFASPE).
Con los recursos federales, la SSG sí recibe dinero para el pago de los salarios de algunos trabajadores federalizados, a excepción del personal del programa de Dengue y el de Atención a la Salud, explicó Fernando Reynoso Márquez, coordinador general de Administración y Finanzas de la dependencia estatal.
Detalló que anteriormente, la secretaría sí pagaba el salario de los colaboradores de este último programa con los recursos que se enviaban del gobierno federal. Sin embargo, en 2021, cuando había más de 520 trabajadores, se recortó el pago.
El estado asumió el gasto y pagó por seis meses la nómina de este personal, a lo que destinó alrededor de 190 millones de pesos. Se logró un acuerdo y la federación siguió pagando al personal.
En 2022, desde el sistema de salud federal se solicitaron los expedientes completos de los trabajadores y se dejaron de enviar los recursos para el pago de la nómina de los empleados. Además, enviaron dos coordinadores para que a través de ellos se trabajara y, mientras tanto, el número de personal fue disminuyendo hasta llegar a los 294 que son hoy.
A partir del momento en que las autoridades federales asumieron las responsabilidades del pago de los trabajadores del programa Atención a la Salud, sus contratos comenzaron a ser trimestrales. Hubo recortes y descontento; el gobierno federal les ofreció una base laboral que nunca se les otorgó, únicamente los registraron en los servicios de seguridad social del ISSSTE.
Por otro lado, el estado comenzó con la basificación de personal a nivel local, pero en este proceso tampoco fueron incluidos. El coordinador general de Administración y Finanzas de la SSG informó que hasta la fecha se les ha otorgado este beneficio a más de 6 mil 400 trabajadores de 9 mil 900 que no tenían esta certidumbre laboral.
Reynoso Márquez dijo que aún quedan 3 mil 100 empleados pendientes de basificar según el compromiso del gobernador, pero tampoco están considerados los 294 colaboradores de Atención a la Salud en este último bloque de posibles regularizaciones.
"Su financiamiento es 100% federal, no me llega, no lo veo, no sé cuánto les pagan, si es acorde a lo que nosotros estamos pagando tanto a nivel estatal como federal. Por ser un contrato 100% federal, no están en la lista del estado para las bases; para esto se considera a las personas con contratos estatales o federales que nosotros financiamos a través del programa que ahora se llama IMSS Bienestar", subrayó el funcionario.
El pago de la nómina de los 294 trabajadores de Atención a la Salud podría implicar un gasto de 115 millones de pesos anuales para el estado. La Secretaría de Salud del Estado ha reconocido que la posibilidad de perder a este personal afectaría principalmente la atención en centros de salud. Esto se mencionó en una ficha informativa enviada a través del área de Comunicación Social de la dependencia.
Durante las protestas del personal médico, el pasado lunes hubo unidades en comunidades alejadas del estado, que no prestaron servicios a los derechohabientes porque no se cubrieron turnos completos, según el testimonio de los mismos trabajadores.
Como ejemplo, se cancelaron los servicios en dos unidades médicas móviles en San Miguel de Allende, ambas pertenecientes a la jurisdicción sanitaria número II, asignadas a dos comunidades diferentes en zonas alejadas de la cabecera municipal.
En el caso de Jerécuaro, en la localidad de San Isidro (a unos 15 kilómetros de la ciudad) la Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) permaneció cerrada por un turno completo porque todo el personal médico es parte del programa federal.
De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, en las ocho jurisdicciones sanitarias hay personal del IMSS-Bienestar prestando servicios, principalmente de primer nivel en unidades médicas primarias y móviles, estas últimas ubicadas en zonas en las que no se han construido consultorios fijos.
Acuerda extensión de contrato por tres meses; no hay solución definitiva
A través de una tarjeta informativa, los Servicios de Salud IMSS-Bienestar dieron a conocer el martes 2 de abril que contratarán al total del personal del programa durante el segundo trimestre del año, esto en los ocho estados que no están adheridos al convenio federal.
Sin embargo, en el comunicado, la dependencia hace un llamado a los gobiernos de estas entidades para que ofrezcan una propuesta para la basificación definitiva de los trabajadores.
Al mismo tiempo, se anuncia que se les darán a conocer a los afectados las ofertas institucionales para obtener una base en unidades médicas federales, en sus estados o en otras ciudades, siempre que ellos y ellas estén dispuestos a reubicarse.
Personal entrevistado después de una reunión realizada en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y encabezada por el líder Martín Cano Martínez, aseguró que algunos de ellos se registraron un día antes con personal de Recursos Humanos del IMSS-Bienestar para aceptar una reubicación. Esto ocurrió cuando aún no se había dado a conocer la extensión de la contratación por un trimestre más.
Desde hace dos años, el personal médico federal se encuentra trabajando a través de contratos trimestrales, sin certeza jurídica y con incertidumbre para su familias: “no sabemos si de un momento a otro nos podemos quedar sin trabajo o si nos tendremos que ir a otro estado, ¿hasta dónde nos tendremos que ir? y es volver a empezar de cero”.
Por la zozobra que tienen en sus empleos, algunas trabajadoras no han podido llevar a cabo proyectos familiares, se les ha complicado incluso la adquisición de una casa o crédito. También se les complica ahorrar porque en ocasiones los contratos que se les otorgan se interrumpen, lo que afecta su antigüedad.
“No tenemos derecho a absolutamente nada, más que el sueldo”, sostuvo una empleada, quien asegura que hasta el goce de periodos de vacaciones es una complicación por las condiciones laborales.
La ficha informativa del IMSS-Bienestar expone que los estados que no se sumaron al IMSS-Bienestar decidieron no participar en el proceso de basificación y conocieron de forma oportuna sobre la imposibilidad de seguir recibiendo apoyos federales en materia de recursos humanos, infraestructura, medicamentos y equipamiento médico, con la expectativa de recibirlos directamente. Es decir, que el gobierno de Guanajuato sí conocía sobre estas consecuencias.
La Secretaría de Salud en su postura oficial afirmó que fue una sorpresa la decisión del gobierno federal de terminar el contrato del personal del programa Atención a la Salud. Sostuvo que no hubo notificación ni advertencia previa.
“Es un programa federal que sirve para fortalecer estrategias en los centros de salud…es lamentable lo que está sucediendo y vemos que es una situación que se repite en diversos estados no adheridos y entendemos, porque es personal muy valioso que ha colaborado siempre y nos ponemos en sus zapatos”, refirió la secretaria de salud, Ligia Arce, en el comunicado.
El secretario de gobierno, Jesús Oviedo Herrera, hizo el compromiso de buscar caminos para encontrar soluciones a la situación. Los 294 empleados tienen sólo asegurado el sueldo de los próximos tres meses, mismo plazo que tendrá el gobierno estatal para solucionar la basificación de los colaboradores o prescindir de sus servicios y, en todo caso, desde la federación se les reubique en otros lugares.
8 de abril de 2024, 14:05
Explora más contenido de este autor
Descubre más artículos y perspectivas únicas